Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 11759 2019
Expte. Nº 11759. -
Autos: POLIREDES S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO y otro/a S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS. -
Mercedes, de Febrero de 2019. -ES
Estos autos caratulados "POLIREDES S.A.C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO y otro/a S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS" , expediente Nº 11759, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 32/40 se presenta el Sr. Hector Ratti, en su carácter de presidente de la firma constructora "POLIREDES S.A.", con el patrocinio letrado del Dr. Francisco R. Greco Fernández y del Dr. Fernándo Pérez Veloso, iniciando demanda contra la Municipalidad de Moreno y contra "Unir para Crecer Cooperativa Limitada", por la suma de $ 16.849.344,00 con más sus intereses, gastos y costos del juicio.-
Comienza su relato diciendo que en virtud de la Ordenanza N° 156, de fecha 8 de enero de 1998, el Concejo Deliberante de Moreno facultó al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución de la ampliación de las redes domiciliarias de gas natural en el Partido de Moreno; declarando la Utilidad Pública de dicha ejecución de obra, con ajuste a la aplicación de toda la normativa vigente contenida en las Leyes de Obras Públicas N° 6021, Ordenanza General N° 165/73 y sus Modificatorias .-
Expone que por Decreto Municipal N° 621, de fecha 27 de marzo de 1998, se autorizó a la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda "UNIR PARA CRECER" a realizar las gestiones tendientes a una eventual ejecución de las obras de extensión de las redes de gas natural a realizarse en el Partido (según dice, conf. artículo 1°). -
Continúa diciendo que, mediante el Decreto Municipal N° 986 (de fecha 11 de mayo de 1998), se reglamentó la Ordenanza Municipal N° 156/1998, indicando que las obras serán encaradas por la cooperativa que se designe como 'tercero interesado', la que llamará a licitación pública para adjudicar la ejecución de las mismas (artículo 2°).
Pone de resalto que, en dicho acto, se dispuso que los propietarios de los inmuebles beneficiarios de la ejecución de las obras, estarían obligados a contribuir en razón directa del precio de los trabajos, y hasta el monto que surja de la respectiva licitación. Asimismo, se previó que "hasta el pago total de la contribución que afecte a cada inmueble, no podrán ser otorgadas escrituras, ni transferencias de dominio o constitución de derechos reales o, en general cualquier modificación o limitación del derecho de propiedad sin la previa certificación de la oficina respectiva y del contratista, en su caso, en la que conste que el bien se encuentra exento de deuda, debiendo el profesional interviniente, retener el saldo si lo hubiere y abonarlo al contratista ( ... )" (conf. artículos 3°, 4° Y 5°).
Sigue relatando que, por Decreto Municipal N° 992, (de fecha 13 de mayo de 1998), se designó a Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda "UNIR PARA CRECER", como tercero interesado, a los efectos de la ejecución de la Obra, encomendándose a la citada Cooperativa, el llamado a Licitación Pública para la selección de los ejecutores de la obra.-
Por Decreto Municipal N° 2626, (de fecha 23 de octubre de 1998), el Intendente Municipal aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones para los respectivos llamados a Licitación Pública y que en fecha 4 de febrero de 1999 se procedió a la Apertura de las Licitaciones Nros. 01, 02 y 03 relativas a la Obra de la referencia.-
Arguye que luego de ello, y con su posterior publicación en el Boletín Oficial, la empresa que preside, resultó adjudicataria de las obras citadas, suscribiéndose, en fecha 12 de julio de 1999, el "Contrato de Locación de Obra" entre la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda "UNIR PARA CRECER ltda.", en carácter de Comitente, y la firma Poliredes S.A., en carácter de Contratista, en el carácter -y lo resalta- de "tercero interesado". Dice que, a partir del mismo, el Comitente le encomendó a la firma que representa la ejecución de la obra denominada "Red de Gas Natural en Trujui, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires" .-
Manifiesta que en el contrato, se pactó que la obra a ejecutarse se pagará mensualmente al contratista, conforme a la recaudación generada por el total de la contribución de mejoras pagada por los contribuyentes, de acuerdo a la forma de pago en que ello se materialice, incluido el interés punitorio.-
Luego de lo expuesto, inicia un capítulo dedicado a la relación entre el Municipio y la Cooperativa "UNIR PARA CRECER Ltda."
Así las cosas, dice que si bien la Municipalidad no participó del acto de perfeccionamiento del contrato de obra pública, la cooperativa fue creada por la Municipalidad, y actuó en todo momento bajo su exclusiva dirección, y respondió por cada una de las medidas adoptadas frente a ella.
Luego de ejemplificar casos en los que resalta -a su criterio- el interés del Municipio en la obra en cuestión, dice que en fecha 14 de diciembre de 1999, entre la Municipalidad, la Cooperativa y Gas Natural Ban, se procedió a suscribir un acuerdo en el que, se estableció expresamente que la Cooperativa, ejecutará a través del contratista habilitado, Poliredes S.A., los proyectos para habilitar la prestación del servicio de gas por redes en la Localidad de Trujui, Partido de Moreno, los cuales serán ejecutados por etapas, según lo disponga LA COOPERATIVA respetando las posibilidades técnico operativas que indique GAS NATURAL, acordándose también que Gas Natural Ban ejercería la supervisión técnica de la obra y que, desde la fecha de habilitación parcial o total de la misma, quedaría incorporada a su patrimonio.-
Finalmente señala que, en fecha 12 de marzo de 2002, mediante acta de transferencia suscripta entre representantes de la Municipalidad, la Cooperativa, Gas Natural Ban S.A. y Poliredes S.A., las obras ejecutadas por la firma que representa, pasarían -automáticamente- a formar parte de la propiedad de la empresa Gas Natural Ban S.A., quien asumiría la explotación, operación y mantenimiento de cada tramo construido, a partir de la habilitación de los mismos.
En cuanto al incumplimiento contractual, continúa haciendo mención que conforme las ordenanzas y decretos mencionados, obligan no solo a la Cooperativa y a Poliredes, sino que además a la Municipalidad. Ello, dice, en atención a que conforme las licitaciones que se aprobaron por el Decreto 2626/98, se establece mediante el artículo 1, la forma de pago de la obra ejecutada, el que será conforme el ingreso de los pagos de los vecinos frentistas, y para el caso que la recaudación de los pagos fueran insuficientes, los saldos serán pagados contra emisión de certificados de obra ejecutada y aprobada.
Refiere que, a medida que se concluye la obra y en función de lo recaudado conforme los planes acordados con los frentistas, se va cobrando con el fin de poder obtener fondos para continuar la obra, ya que la inversión inicial es de la empresa, que va recuperando los fondos en la medida de los pagos antes referidos.
En cuanto a la obra en sí, expone que esta se realizó en los plazos y condiciones legales, conforme surge plano de obra, aprobado por el contralor Gas Natural Ban S.A., recibiendo el Municipio la obra el 9 de enero de 2003, conforme Acta celebrada ese día y firmada por el Jefe de Redes y en aprobación publica el respectivo Edicto Municipal, que obliga a los vecinos a presentarse en la Cooperativa a los fines de pagar la obra, además se hace entrega de la misma a Gas Ban conforme surge del acta de transferencia de obra.-
Entonces, dice que ante la "falta de cobro" por parte de los frentistas, y dado que la Cooperativa le suministró el listado de deudores a la Municipalidad; es obligación de la Municipalidad firmar y entregar los certificados de obra ( la que según dice ya fué entregada y terminada) para su cobro, cosa que esta no hizo, a pesar de los sucesivos reclamos remitidos vía carta documento. Entonces, dice que por esa razón, decidió suspender la obra y ante el incumplimiento municipal de no entregar los certificados, inicia la presente demanda.-
Luego de ello, solicita daño emergente. Al respecto, dice que Poliredes ha irrogado una importante suma de capital utilizado como inversión para hacer frente a la obra descripta, puesto que al momento que se hizo la misma la economía estaba dolarizada.-
Dice que al no poder conseguir la amortización del capital invertido, se produce dentro de la empresa un serio problema financiero, porque el incumplimiento en el transcurso del tiempo, trae aparejado un efecto cascada, ya que los pagos de las deudas que por el natural devenir de una empresa se programan en el tiempo conforme los ingresos; y que si estos fallan, trae por consiguiente nuevos incumplimientos y renegociaciones de la deuda, siempre incorporando intereses de servicio de deuda y multas.
Agrega que, sumado a esto, se da el gasto improductivo que se ha generado durante todo ese periodo, con las graves connotaciones que eso conlleva para el desarrollo comercial de la empresa, lo que generó que la empresa fuese llevada al borde del colapso, por lo que reclama la suma de $16.849.344, fijando como fecha de mora el establecido por la propia demandada cuando aceptó la obra ejecutada, esto es el 9 de enero de 2003, o el monto que en más o en menos surgirá de la pericia a realizarse en base al costo denunciado en las licitaciones aprobadas.
Concluye su peticion diciendo que la misma es por el pago integral, por lo que el mismo debe ser actualizado abarcando el lapso comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo de pago estipulado contractualmente y la del efectivo pago.
II. Que a fs. 64/67 se presenta a contestar demanda la Dra. Silvina Ledesma, en carácter de apoderada del Municipio de Moreno. Primeramente, opone excepción de falta de legitimación pasiva como defensa de fondo.-
Inicia su defensa diciendo que su mandante no posee legitimación para ser demandado, en atención a que no ha participado del contrato suscripto con la actora, no resultando entonces ni adjudicante ni adjudicatario, puesto que la adjudicante claramente ha resultado ser la cooperativa Unir para Crecer, lo que surge del decreto 2626 de fecha 23 de octubre de 1998.
Refiere que en el mentado decreto -el que según dice no fue impugnado por la accionante.- en el artículo 2° establece en forma concreta que su mandante resulta un tercero en el proceso licitatorio, razon por la cual, está excluida de responsabilidad.-
Asimismo, dice que las obras como las cuestionadas, son regidas por la Ordenanza General 165/1973, norma que en su artículo 9° autoriza la construcción de obras públicas municipales por el sistema de contratación directa entre Vecinos y Empresas Constructoras, como la que se llevó adelante por la actora.-
Entonces dice que, al no ser su mandante la adjudicante, ni contratante, ni haber participado de la licitación y no haberse obligado de ninguna manera al pago, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, con costas a la actora.-
Luego de ello, procede a contestar demanda, realizando una negativa pormenorizada de los hechos e iniciando un capítulo referido a la realidad de los hechos.-
Al respecto, dice que mediante Ordenanza N° 156/98 el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Moreno, facultó al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución de la ampliación de las redes domiciliarias de gas natural en el partido de Moreno ante el Ente Nacional Regulador de Gas y declarando de utilidad pública las ampliaciones de la red de gas natural, reglamentandose la ordenanza mediante Decreto n° 986.-
Dice que el articulo 2° de la reglamentación, expone que tales obras, serán encaradas por la cooperativa que se designe como tercero interesado, la que se establecería con el llamado a licitación.
El artículo 3°, según dice, establece que la contribución a la que estarán obligados los propietarios de los inmuebles afectados, estará en razón directa del precio de las mismas, sea cual fuere el plan de pagos por el que opte cada propietario, refiriendo que con ello, en este artículo se encuentra el sujeto obligado al pago y el sujeto beneficiado, quien se encuentra bajo la persona del propietario del terreno que ha sido beneficiado con la obra, surgiendo que no es su mandante quien se beneficia.-
Refiere que esto se complementa claramente con el art. 9 de la ordenanza Gral 165/73, donde establece la contratación directa por vecinos con la empresa, dejando apartada a la Municipalidad.-
Expone que el artículo 7° dice que las constancias de deudas serán confeccionadas por el contratista y emitidas por la Municipalidad, y que para la emisión, la Municipalidad suministrara el padrón de contribuyentes y planchetas catastrales. El contratista confeccionara el padrón de cuentas y prorrateo, el que una vez visado por el Departamento Ejecutivo, emitirá los títulos ejecutivos. Por este artículo mencionado, dice que se refuerza la postura de que quienes resultan sujetos obligados al pago son los propietarios, correspondiendo a su mandante solamente emitir los certificados de deudas, previo cumplimiento por parte de los contratistas.
Luego de referirse a manifestaciones efectuadas por la empresa actora en su escrito de inicio, dice que por medio de la ordenanza n° 1594 de 2004, se autoriza al Poder ejecutivo a realizar' gestiones ante la Distribuidora de Gas Natural Ban SA y el Enargas, tendientes a la redefinición de las condiciones contractuales, resaltando que en aquella su mandante actúa como mediador y no como parte.-
Por último, manifiesta que la obligación que recaía sobre su mandante "era una obligación de hacer y no una obligación de dar como pretende argüir el accionante", debiendo la actora pedir que se cumpla en su caso con esa obligación y no con una obligación de dar.-
Finalmente, ofrece pruebas y peticiona.-
III. A fs. 91/93, el actor contesta el traslado conferido del planteo de falta de legitimación pasiva. Al respecto, dice que la demandada reconoce expresamente que la única obligación a su cargo consistía en una "obligación de hacer y no en una obligación de dar", lo que -según manifiesta- no se contrapone con lo que oportunamente expresado por su parte sino que lo refuerza, pues precisamente del incumplimiento de la obligación de hacer, (la cual consiste en la obligación de firmar de los certificados de deuda), es que deviene el reclamo dinerario efectuado.-
Por otra parte, dice que si bien es verdad que en principio son los frentistas los obligados al pago, es imposible la ejecución de las deudas de dichos propietarios cuando la demandada se ha negado a firmar los certificados de deuda y ni siquiera ha contestado las cartas documento enviadas intimándola a hacerlo.
Luego de efectuar otras consideraciones al respecto, peticiona se rechace la misma.-
IV. A fs. 162/165 se presenta a contestar demanda Hilario Roque Primerano, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de Unir para Crecer Cooperativa Limitada, con el patrocinio letrado del Dr. Juan F. Radrizzani.-
Al respecto, reconoce como correcto el relato de los hechos efectuado por la parte actora, incluida la relación existente entre la Municipalidad de Moreno y la Cooperativa, pero manifiesta que la misma debe ser clarificada, al punto de no poder ser demandada en autos.
Así las cosas, dice que la relación de la Municipalidad de Moreno y la Cooperativa es de GESTION, y que ese contrato exige la rendición de cuentas del gestor al comitente, es decir la Municipalidad, y no a terceros, en este caso Poliredes S.A.
Luego de ello opone excepción de falta de legitimación pasiva. Al respecto, dice que en Julio de 1999 se firmaron por parte de la Cooperativa, tres contratos de locación de obra con POLIREDES S.A., pero que esta sabía que la función propia de la Cooperativa era de gestión a favor de la Municipalidad y no propiamente contratista directa de la Obra, diciendo que la omisión material en el que se incurre, al firmar esos contratos de locación, sin reiterar explícitamente en los mismos contratos que la Cooperativa lo hace como gestora y no como titular de la misma, se debe a que la Cooperativa firmó los mismos sin un asesoramiento propio.-
Dice que si la Cooperativa contrató con POLIREDES S.A. como gestora, no está obligada ante ella. y en consecuencia no puede ser demandada de responsabilidad civil o patrimonial por hechos ocurridos entre quienes si contrataron, a saber la MUNICIPALIDAD DE MORENO Y POLIREDES S.A, aunque la Municipalidad lo haya hecho a través de la Cooperativa.-
Asimismo, dice que la Cooperativa cumplió con lo que debía hacer, pagando a POLIREDES S.A. el porcentaje que le correspondía, no pudiendo hacerse responsable de la falta de firma por parte del Municipio de los certificados de obra.-
Refiere que este comienzo de ejecución de contrato se vio interrumpido en razón de la suspensión unilateral de los plazos (y de las obras) desde enero 2002 efectuado por POLIREDES SA por la modificación legal a la que hace mención el Documento E) que acompaña y también por falta del pago, sea voluntario de los vecinos obligados, sea coactivo por la ejecución judicial de los certificados de obra firmados por el Sr. Intendente.
Aduce que, como gestores de la Municipalidad saben que dichos certificados nunca fueron firmados por la Municipalidad ni entregados por su gestión a POLIREDES SA, puesto que están en su poder, ofreciendolos como prueba, sin acompañarlos por su importante volumen.-
Afirma que la Cooperativa es depositaria de la totalidad de los Certificados de Obra emitidos por la Empresa POLIREDES SA que no fueron firmados por el Sr. Intendente de la Municipalidad, exponiendo diferentes razones por los cuales los mismos no fueron entregados.-
Al respecto, dice que el nudo del conflicto surge en la reunión habida en la Municipalidad en el mes de Marzo de 2004 sobre el tema, donde se reconoce la obligación de entregar los certificados firmados a Poliredes SA, pero se aclara que existe un problema político social grave que es la posible reacción de los vecinos más necesitados ante la inminencia o concreción de los juicios ejecutivos, para lo que -según dice- se propone una entrega secuencial, es decir que no se entregarán todos los certificados a la vez, sino que se estudiarán quienes pueden afrontar el pago y quienes no, lo cual genera distintas categorías de vecinos.
Agrega que a esa dificultad socio-política, debe agregarse la dificultad económico-financiera surgida de la traumática salida de la dolarización con el cambio de valores y de los precios, la ley de emergencia y el Decreto provincial 2113/03 permitían modificar y re-determinar precios fijados anteriormente, lo cual origina un documento donde se retiran -según expone- los certificados de Obra de la Municipalidad para su re-elaboración.
Dice que tener certificados de obra con los valores originales, modificarlos actualizándolos a valores de entonces y reclamarlos a los vecinos dice que era Misión Imposible, y si se entregaban a una empresa privada los Certificados de Obra firmados para ejecutar, con valores actualizados, la ejecución hubiera llegado a tocar los derechos fundamentales de comer y vivir bajo techo de una multitud de vecinos, y eso a su vez hubiera generado tal situación de agresión social, puebladas, manifestaciones violentas, protestas sociales, más el obvio alejamiento de los propios electores en las diferentes elecciones de entonces, que por el bien común y el propio del Estado, la Municipalidad no quiso firmarlos.
Luego de ello, ofrece prueba y peticiona.-
V. Conferido el traslado de la excepción opuesta a fs. 162/165, a fs. 167/168 es contestada por la actora.-
Asi las cosas, dice que es improcedente la falta de legitimación pa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.