Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 13972 2019
Expte. Nº 13972.- Autos: SAN JULIAN SILVIA AMELIA Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Julio de 2019.-GP
Estos autos caratulados "SAN JULIAN SILVIA AMELIA y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO s/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", expediente Nº 13972, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs.32/43 se presenta el Dr. Carlos María Gaona Munilla, en carácter de apoderado de Silvia Amelia San Julian y Cecilia Graciela Martínez, iniciando demanda contra la Municipalidad de 9 de Julio, por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido y en el que perdiera la vida Ignacio Ezequiel San Julian.- En cuanto a los hechos en particular, relata que siendo alrededor de las 06.15 horas del día 11 de marzo de 2010 -en realidad debió decir abril- , el joven Ignacio Ezequiel San Julián de 23 años de edad, hijo y hermano respectivamente de las actoras, conducía su motocicleta marca Guerrero GMX150, por la calle Granada, de la localidad de 9 de Julio y que dicha arteria resulta ser de tierra, con doble sentido de circulación.- En tales circunstancias, al hallarse circulando entre las arterias Carlos Gardel y Garmendia, colisionó contra un montículo de tierra de unos 54 cm de alto, que se encontraba alrededor de una excavación de una obra de infraestructura para el servicio de cloacas, la cual poseía 3,50 metros ancho, por 2,60 metros de largo, por 1,40 de profundidad, con montículos de tierras a ambos laterales de aproximadamente 1 metro de alto y dentro de la excavación, se hallaba sobre uno de los lados, una cámara de cemento.- Aclara que esta obra, carecía de todo tipo de señalización, iluminación y faja de seguridad y fue a consecuencia de ello, que la motocicleta en la que se desplazaba el joven, impactó de frente contra el montículo de tierra, siendo su cuerpo despedido y cayendo a 1 metro de la excavación.- Continúa relatando, que de inmediato se hizo presente en el lugar del siniestro, personal policial y una ambulancia del servicio de Emergencias Médicas CLySA, quienes trataron de reanimar al joven, pero dicha tarea resultó infructuosa dado que ya se había producido su deceso, tras lo cual se derivó el cuerpo al Hospital Zonal de Agudos de 9 de Julio.- Apartado seguido, denuncia la tramitación de la causa penal N°4112-10 y realiza un análisis de la misma.- Entre las cuestiones que dejó de resalto, fue la coincidencia de los testigos en aquella sede, que declararon respecto a la falta de señalización de la obra.- Por otro lado, cuestiona la conclusión a la que arribó el Agente Fiscal para considerar el archivo de aquella causa, entre ellas por la valoración que realiza respecto de las condiciones del lugar del hecho y las consideraciones que ha tenido por la cercanía del domicilio de la víctima.- Del mismo modo, cuestiona las consideraciones que ha tenido el Fiscal respecto al grado de alcohol detectado en sangre en el joven conductor y las consecuencias que ello ha tenido.- En particular, sostiene que de haber estado con tamaña cantidad de alcohol en sangre, primero hubiera sido imposible que el mismo se desplazara al mando de un rodado, pues el estado de inconsciencia en el que supuestamente se hallaba, no le hubiera permitido siquiera mantenerse en pie, se hubiera hallado con una fuerte disminución de los estímulos, grave falta de coordinación muscular y en una iniciación de fenómenos de parálisis.- Entiende por ello, que de haber tenido ese nivel de alcohol en sangre, hubiese sido imposible que el joven pueda tener la mínima coordinación para conducir la motocicleta, con lo que ello implica.- Apartado seguido, imputa responsabilidad a la Municipalidad de 9 de Julio, por haber violado la obligación de cuidado y seguridad de las calles de la comuna que se encontraba a su cargo, por no haber señalizado el lugar mediante la instalación de algún dispositivo de seguridad a fin de indicar precaución al tránsito, entendiendo que la falta de tal señalización, fue producto de la inoperancia y negligencia de la demandada y por no haber dispuesto las condiciones de seguridad necesarias para mantener el orden y fluidez del tránsito.- Expone al respecto, que la comuna de 9 de Julio, es quien detenta exclusivamente la guarda jurídica sobre las calles de esa ciudad y debe responder por los daños que causaren, no pudiendo eximirse de responsabilidad, porque como guardián debe controlar, verificar su estado, tomar los recaudos y previsiones que fueren necesarios para garantizar la integridad de los terceros.- En síntesis, considera que fue el actuar negligente e imprudente de la demandada, la causa provocante del hecho, pesando sobre ella la obligación de reparar íntegramente los daños y perjuicios ocasionados.- En cuanto a los daños reclamados, peticiona en primer lugar los Gastos de Sepelio: Dice que los gastos aludidos configuran un daño emergente que debe ser reparado a la luz de los principios del pleno resarcimiento de los perjuicios que se ocasionen y en este concepto deben incluirse también, los gastos en ofrendas florales.- Refiere que se han hecho cargo del pago de estas erogaciones, las que guardaron adecuada relación con la situación económica social de la víctima de autos.- Con relación a la prueba de estos gastos, pone de relieve que la mayoría de la jurisprudencia se inclina a receptar la indemnización inclusive en defecto de prueba de la erogación.
Cita doctrina y jurisprudencia.- A tenor de lo expuesto, teniendo en cuenta el importe de la factura que dice acompañar, solicita el pago del monto respectivo más todos los gastos anexos que conlleva un sepelio.- Por este rubro reclaman, la suma de $2500 para cada una de las actoras, más sus intereses.- A continuación peticiona indemnización por la muerte de Ignacio Ezequiel San Julián: Con cita de doctrina, refiere que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1079 del Código Civil, el autor del hecho ilícito debe reparar a todo aquél que la víctima era su alimentante o lo auxiliaba económicamente.- Dice que el bien jurídico protegido, ante la muerte en forma ilícita de una persona, es el derecho al goce -espiritual o material- de la vida ajena.
Lo que se indemniza son las consecuencias que esa pérdida acarrea a las personas distintas del fallecido, es decir los beneficios actuales o futuros de los que se ven privados y en consecuencia, el daño por "pérdida de la vida" es un perjuicio que sufren "iure propio" los damnificados indirectos tales como los parientes del fallecido.- Por ello entiende, que la indemnización deberá contemplar -además de los bienes económicos que la víctima aportaba o podía llegar a aportar en su entorno familiar-, todo ese potencial humano que con la muerte se malogra.- Destaca que el joven San Julián se encontraba compartiendo la vivienda familiar junto a su hermana, su cuñado y sus 4 sobrinos, y con el esfuerzo de su trabajo solventaba los gastos de la familia, en razón que su cuñado se encontraba sin trabajo, es decir que era único sostén de familia y además de ello, ayudaba económicamente a su madre.- Refiere -con cita de jurisprudencia- que los artículos 1084 y 1085 del C.C. disponen una presunción "iuris tantum" en favor de la viuda, hijos y herederos necesarios del causante, que los exime de probar el daño por la privación de recursos para la subsistencia que aquel les proveía.- Por otra parte, agrega, que los herederos forzosos pueden intervenir en el juicio sobre el resarcimiento de daños y perjuicios, aun cuando no medie declaratoria de herederos, solamente exhibiendo la libreta matrimonial, las partidas pertinentes o cualquier otro elemento de prueba, incluso el mero reconocimiento expreso o tácito de la otra parte.- Reclaman por este rubro la suma de $500.000 para Silvia Amelia San Julián y $300.000 para Cecilia Graciela Martínez, más los intereses.- Por otro lado peticiona el daño psíquico: Sostiene que el daño psicológico es el que lesiona a una persona en la psiquis, alterando su personalidad y puede comprender las alteraciones de tipo patológico o de tipo emocional.
Cita jurisprudencia.- En particular, relata que la inesperada y horrenda muerte del joven Ignacio les ha acarreado a las actoras, un gran daño psíquico, el que se exterioriza en profundas depresiones, como así también, en estados de melancolía y de abatimiento que les resta dinamismo y vitalidad para el desarrollo habitual y normal de sus tareas específicas, lo cual les provocará indefectiblemente, una sensible merma en sus ingresos económicos futuros y en su propia salud mental.- Por ello, sostiene que las mismas deberán ser sometidas a un tratamiento que las ayude a superar -o al menos paliar- sus delicados trances actuales.- Reclaman por este rubro la suma de $100.000 para Silvia Amelia San Julián y $100.000 para Cecilia Graciela Martínez, más los intereses.- Por otro lado peticionan el daño moral: Refiere que la indemnización por causa de muerte, tiene un contenido principalmente resarcitorio, no requiriendo el daño moral ser probado, desde que es una consecuencia natural de la acción antijurídica.
Cita jurisprudencia.- Dice que el inmenso dolor que causa a las actoras la pérdida de su hijo y hermano respectivamente, es un daño que debe ser resarcido de modo pecuniario a falta de otro mejor. Cita doctrina.- Peticionan por este rubro la suma de $300.000 para Silvia Amelia San Julián y $100.000 para Cecilia Graciela Martínez, más los intereses.- Finalmente, fundan en derecho, ofrecen la prueba de la que intentan valerse y peticionan.- II.- Corrido el traslado de demanda, se presenta a fs. 65/69 la Dra. María Silvina Calcagno en carácter de apoderada de la Municipalidad de 9 de Julio.- En primer lugar, deja planteada la excepción de falta de legitimación activa.- Refiere que la legitimación para obrar, es la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso y que en la mayoría de los casos coincide con la titularidad de la relación jurídico-sustancial.- La legitimación para obrar es una condición esencial de admisibilidad de la acción, pues al juez no le basta considerar existente el derecho sino que es necesario que este derecho corresponda precisamente a aquel que lo hace valer.- Con cita de jurisprudencia, hace hincapié en que la excepción de falta de legitimación para obrar, tiende a determinar si el actor o el demandado están investidos de la legitimatio ad causam, esto es, si existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida o entre la persona del demandado y aquella contra quién se concede y la demostración de la calidad de titular del derecho del actor y de la calidad de obligado del demandado es lo que determina o no, la admisión de ésta excepción.- Que en el caso de autos la Sra.
Cecilia Graciela Martínez carece de la titularidad de la pretensión, y por lo tanto de derecho para ejercer la presente acción, puesto que el ordenamiento jurídico le veda tal derecho al no revestir el carácter de heredera forzosa del occiso, circunstancia que le veda el acceso al eventual resarcimiento por el daño moral de acuerdo al artículo 1078 in fine del Código Civil.- Tampoco se encontraría entre los damnificados a quien el artículo 1079 del mismo Código concede acción para reclamar el eventual daño patrimonial, esto es el valor económico que representa la vida del fallecido para quien esté privado de tal beneficio, por cuanto no ha sufrido, ni acreditado consecuencias, ni aún indirectas.- Que al no mediar un daño cierto, pues no se encuentra puesto de manifiesto en el escrito de inicio que recibiera ayuda de la víctima con carácter estable, y en virtud de una razón de orden lícito y moral, debe descartarse por falta de legitimación activa, la acción impetrada contra su parte por la Sra.
Martínez.- Agrega que, tampoco ha atacado constitucionalmente las normas aludidas, por lo que resultan de suyo aplicables, y en base a ellas, como se ha dicho y así pide se declare, la Sra. Cecilia Graciela Martínez carece de legitimatio ad causam para reclamar los eventuales daños del fallecimiento de Ignacio Ezequiel San Julián.- Apartado seguido, realiza una negativa de los hechos plasmados en la demanda.- En cuanto a cómo sucedieron los hechos, sostiene que tal como surge de la causa penal, la realidad es muy distinta a la afirmada en el escrito de inicio.- Advierte que el joven San Julián conocía, por ser vecino, la existencia de la obra en construcción, y que, con un alto grado de alcohol en sangre se aventura a una velocidad seguramente excesiva, a atravesar el obstáculo constituido por el cordón de tierra, con el desenlace fatal conocido y este actuar, entiende, denota un caso claro de culpa de la víctima.- Con fundamento en lo dispuesto por el art. 1113 del C.C., sostiene que este prevé dos situaciones: la del daño causado con la cosa y por el riesgo de la cosa (...) dicho artículo no habla de cosa riesgosa, sino del riesgo de la cosa, el que puede resultar de la conexión con diversos factores, por lo que el juez, en cada oportunidad debe preguntarse si la cosa genera un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima.- Respecto de las cosas inertes o estáticas -continua narrando- se sostiene que se debe tener en consideración el criterio de previsibilidad en abstracto, propio de la relación causal, es decir lo que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas.
En el caso de las cosas inertes se requerirá de un aporte material por parte de la víctima susceptible de variar la inocuidad del estado de quietud.- Afirma, que el montículo de tierra es una cosa inerte, y no riesgosa en sí misma, puesto que previsiblemente no se derivan de ella accidentes como el descripto, salvo que medie, como en éste caso, una conducta de la víctima que lo torne peligroso o riesgoso.- Y que aun en el hipotético caso, que el mismo no estuviese señalizado, considera que si la víctima hubiera circulado con la atención debida, y en condiciones adecuadas otro hubiese sido el resultado.- Hace hincapié en que la culpa de la víctima está dada, por la circulación a alta velocidad, sin casco protector y luego de ingerir alcohol.- Sostiene que de acuerdo a esos factores y las constancias de la causa penal, el joven San Julián no solo actuó con negligencia, por cuanto omite el uso de casco protector, elemento que de haberse usado hubiera minorado considerablemente el golpe, sino además con imprudencia por cuanto obra precipitadamente, conduce su moto luego de haber ingerido alcohol, en grandes cantidades y conociendo la existencia de la obra, que además era perfectamente visible, intenta saltarla, utilizando el montículo de tierra como rampa.- Destaca que la omisión de usar casco protector, constituye una severa infracción de tránsito, que en éste caso, tiene el carácter de eximente de responsabilidad para su parte, puesto que existe una relación de causalidad innegable entre ésta omisión en la que incurre San Julián, y el fatal desenlace, puesto que, las lesiones que sufre en su cabeza, son, al decir de la autopsia "incompatibles con la vida".
Cita jurisprudencia.- Agrega que es sabido además, el efecto nocivo que la ingesta de alcohol tiene en el cuerpo, al reducir la atención necesaria para conducir cualquier tipo de vehículos, y la disminución que causa en los reflejos, pues actuando en los centros superiores del cerebro, reduce las inhibiciones de tipo social, y el sentido de la responsabilidad, disminuye la conciencia, de modo que quien bebe no puede apreciar la disminución de sus capacidades, lo que lo lleva a actuar de modo irresponsable, y desinhibido, llevando, como ha sido lamentablemente el caso del joven San Julián, atentar de modo tan riesgoso al peligro, llevándolo a su propia muerte.- Pone de resalto, que con el porcentaje de alcohol en sangre que muestra la causa penal que poseía el joven, resulta a todas luces evidente que no podía mantener el dominio de su vehículo, mucho menos al tratarse de una motocicleta, y aun así se arriesga no sólo a conducir, sino a intentar acrobacias al mando de su vehículo, agravando aún más el hecho la omisión de usar casco protector.- Por lo expuesto hasta aquí, considera que resulta claro que la causa del accidente es totalmente ajena a la esfera de actuación de la Municipalidad de 9 de Julio, pues ésta nada ha hecho u omitido como para endilgarle responsabilidad en el hecho que se reclama.- La causa del suceso, continúa, debe buscarse en la conducta de la propia víctima, quien de manera irresponsable conduce una motocicleta, a velocidad excesiva, sin casco, habiendo ingerido alcohol y negligentemente intenta sortear un montículo de tierra de una obra en construcción, que innegablemente conocía.- Por ello considera, que no existe nexo causal entre el actuar del Municipio y el fatal desenlace, puesto que la muerte se produce no por una invocada e inexistente falta de señalización de la obra, sino por la conducta culposa, negligente e imprudente de la propia víctima.- Luego desarrolla la responsabilidad del Estado.- Refiere con cita de jurisprudencia, que el ejercicio del poder de policía que corresponde al Estado, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos tuvo parte, ya que no parece razonable pretender que su responsabilidad general, en orden a la prevención, pueda llegar a involucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.- Sostiene que el poder de policía, es una función propia del Estado, pero el ejercicio de dicho poder no es suficiente por sí solo para atribuirle responsabilidad en un accidente de tránsito.- Finaliza sosteniendo que, para que surja el deber de responder por omisión, el Estado debe haber incurrido en una abstención total de su poder de policía, o en un ejercicio de tal irregularidad que, de no haberse producido, el perjuicio se hubiera evitado, pero tal situación no se configura en autos.- Considera que la Municipalidad de 9 de Julio, cumplió acabadamente con su poder de policía, puesto que la obra se hallaba debidamente señalizada, y publicitada.- Por último, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.- III.- A fs. 73 la actora contesta el traslado de la falta de legitimación activa opuesta, manifestando que la postura del accionado debe ser rechazada, toda vez que el fundamento en derecho de los reclamos efectuados a ella tienen sustento en lo normado en los art.1, 2 y cctes. del C.P.C.A.- IV.- A fs. 74 se ha resuelto, toda vez que la excepción de falta de legitimación activa ha sido opuesta como defensa de fondo, diferir su tratamiento hasta el momento de la sentencia.- V.- A fs. 123 y mediante presentación de escritura N°80 de fecha 26/05/2010, la actora Silvia Amelia San Julián cede y transfiere en forma irrevocable y a título gratuito a favor de su hija Cecilia Graciela Martínez, todas las acciones y derechos que tiene y le pueden corresponder por el fallecimiento de su hijo Ezequiel San Julián ocurrido el día 11 de abril de 2010.- En dicho acto se deja establecido que la cedente subroga a la cesionaria en todos sus derechos, acciones y privilegios y la coloca en su mismo lugar, grado y prelación.- VI.- Que una vez transitada la etapa de prueba conforme lo ordenado en la audiencia obrante a fs.81/82 y habiendo solo hecho uso de su derecho de alegar la actora mediante presentación de fecha 11/03/2019, se llama con fecha 25/03/2019, autos para sentencia y;
1. Que la parte actora, promueve demanda contra la Municipalidad de 9 de Julio por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de quien en vida fuera Ignacio Ezequiel San Julián -hijo y hermano respectivamente de las act
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.