Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 25774 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión de indemnización contenida en la demanda por el Sr. Carlos Enrique Ledesma contra la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.-
2Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
3En atención a como termina el proceso, corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes. A tales efectos y siendo que tanto del escrito inicial ( ver fs. 41/47), no se desprende determinación de suma de dinero alguna que permita apreciar pecuniariamente el pleito (art. 16 inc. a ley 14.967), corresponde, en el caso, aplicar lo dispuesto en el art. 44 inc. b) de dicho cuerpo legal. En su consecuencia, y merituando los trabajos realizados, REGULANSE los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. MARIA VALERIA BENITO, T° V, F° 187 C.A.D.J.J., en la cantidad de TREINTA (30) IUS (arts.10, 15, 16, 26, 44 inc. b, 51 y cctes. Ley 14.967) cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (ley 6716 y sus modificatorias); y el I.V.A. en caso de corresponder, conforme la situación de los profesionales frente al mismo.-
No correspondiendo -salvo que acredite no estar comprendido en la normativa de los arts. 203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7-, la regulación de los honorarios de los letrados apoderados del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.-
Expte. Nº 25774 .-
Autos:"LEDESMA CARLOS ENRIQUE C/ MUNICIPALIDAD DE VEINTICINCO DE MAYO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, de Mayo de 2019.
Estos autos caratulados "LEDESMA CARLOS ENRIQUE C/ MUNICIPALIDAD DE VEINTICINCO DE MAYO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 25774 , en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 41/47, se presenta el Sr. Carlos Enrique Ledesma, con el patrocinio letrado de la Dra. Maria Valeria Benito, solicitando indemnización por despido sin causa (art. 245 LCT) contra la Municipalidad de 25 de Mayo.
Refiere que comenzó a trabajar en la municipalidad de 25 de Mayo en el mes de abril de 2003, en planta temporaria, desempeñándose, en un primer momento, en el corralón municipal de servicios urbanos, en el servicio de recolección de basura, tiempo después paso a prestar tareas en el Hospital Saturnino Unzué, para luego ser trasladado nuevamente al corralón municipal.-
Manifiesta que, durante los últimos años de vínculo laboral, su cliente, debido a problemas de salud mental, debió hacer uso de licencia por enfermedad, ya que padecía de secuelas por traumatismo craneal y trastornos de personalidad.-
Indica que con fecha 23/08/2016, el actor recibió una nota firmada por el Dr. Tosto -Director de Legal y Técnica- de la municipalidad de 25 de Mayo, en la cual se lo intima a prestar servicios en la plaza Moreno, debido a que ya contaba con el alta médica, de la Dra. María Isabel D'agosto y del médico de la patronal.
Expone que, con fecha 24/08/2016 contesto la nota, manifestando en la misma que conforme certificado médico presentado con fecha 30/07/2016, se encontraba con licencia por enfermedad hasta el 30/08/2016.-
Indica que el 26/08/2016, el municipio demandado le envía carta documento desconociendo el certificado extendido por el Dr. Jelinski, y lo intima a presentarse a trabajar en el plazo de 24 hs.-
Refiere que, en el mes de septiembre de 2016 se presentó en la oficina de personal de la municipalidad, y que luego de una conversación con la Dra. Villavicencio -abogada de la municipalidad-, esta le comunica, de forma verbal, que su contrato de encontraba extinguido.-
Por último, ofrece la prueba que hace a su derecho y peticiona.
II. Que con fecha 9/11/2017 se presenta el Dr. Rodrigo Tosto, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de 25 de Mayo, contesta demanda, solicitando el rechazo de la misma.
En primer lugar, niega cada uno de los hechos expuestos en la demanda, y desconoce la documental presentada por la actora. Opone a la acción la caducidad de acción.-
Refiere que, el actor nunca tuvo estabilidad, y que desde el inicio de la relación laboral -abril de 2003-, hasta que se consideró despedido, el 19/09/2016, era un trabajador de planta temporaria de 30 hs. por plazo determinado de conformidad con las prescripciones de la ley 14656.-
También indica que, nunca existió despido por parte de la Administración, y prueba de ello es que el accionante se ampara en una suerte de injuria grave y se consideró despedido. Y culmina diciendo que, el accionante no ha sufrido perjuicio alguno que amerite una pretensión resarcitoria como la que pretende y su conducta es contradictoria.-
Por último, ofrece prueba y peticiona.
III. Transcurrida la etapa probatoria y agregado el alegato presentado por la actora, se llama autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer, que el actor pretende obtener una indemnización por despido sin causa, por la ruptura del vínculo laboral que lo unía a la Municipalidad de 25 de Mayo.-
Por su parte, la comuna accionada manifiesta que nunca existió despido por parte de la administración municipal, y que es la actora la que se considera en situación de despido, razón por la cual, expone que no corresponde indemnización alguna.-
2. De las constancias de las presentes actuaciones se desprende que, ambas partes reconocen en sus escritos que la actora trabajaba para el Municipio demandado, como agente contratado en planta temporaria.-
Tampoco media controversia entre las partes, en cuanto a que el accionante se desempeñó como empleado del municipio hasta el mes de septiembre del año 2016.-
Ambas reconocen la finalización de la relación laboral, sin que resulte eje principal de la controversia sujeta a conocimiento de esta instancia, la legitimidad de la decisión de la administración municipal.-
Al respecto, cabe señalar que el accionante no cuestiona la ilegitimidad del acto, de hecho nada dice sobre este, o la existencia del mismo, no se cuestiona en el presente, cual fue el motivo que puso fin a la relación laboral, si es que el contrato se extinguió por el vencimiento temporal del mismo, o cual fue la causa o motivo, por el cual el accionante se consideró en situación de despedido.
El mismo, refiere que en el mes de septiembre de 2016, al presentarse en la oficina de personal de la municipalidad demandada, una persona le comunica que su contrato se había extinguido, razón por la cual no trabajaría más en la municipalidad.
No argumenta este, ni prueba con precisión y claridad los cuestionamientos de los que sería acreedora la decisión de poner fin al contrato de empleo temporario. Solo trae el actor, la denuncia de que vendría transitando una enfermedad psicológica, al momento en que se pone fin al contrato, pero sin ampararse en normativa alguna que a partir de esta circunstancia, neutralice el termino temporal por el cual había sido contratado, que por lo demás tampoco se encuentra acreditado.-
Si bien es cierto, que se intimó a la accionada a acompañar el legajo personal del actor y el expediente administrativo relacionado con los hechos de autos, bajo apercibimiento de que la negativa a presentarlos, configure una presunción en su contra, no es menos cierto, que a dicha presunción, para hacerla valer debe estar acompañada de prueba o indicios aportados por la contraparte, que lleven a hacerla efectiva.-
De lo hasta aquí expuesto y de las constancias acumuladas en autos, no se desprende que el accionante haya llevado adelante actividad probatoria alguna, que conduzca a acreditar la ilegitimidad de la actuación municipal que desencadene la posibilidad de ser indemnizado, máxime cuando esa pretensión indemnizatoria, se efectúa en base a derechos (LCT) que corresponden a un régimen de empleo que no le resulta aplicable.-
Recordemos que en la materia rige la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de fundamento" (art.20.2 CPCA) y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
4. Por otra parte, la Corte ha establecido en cuanto al personal de planta temporaria, que los agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados, se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Iori", sent. del 18II2004)., expidiéndose en modo coincidente, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín (causa N° 2353/10, caratulada "Maidana Victor c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria").-
Ha dicho tambien que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dada por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causa B. 62.513, "Gundín", sent. del 22/10/2008).
Bajo ese escenario, la escasa prueba producida en autos no habilitan a arribar a una solución contraria, en el sentido de reconocer una reparación económica al actor aquí reclamante, pues el tiempo que duro el vinculo entre las partes, por sí solo, no conduce a reconocer una indemnización, como en aquellos casos en que así se ha decidido cuando el vínculo temporal se exhibe prolongado en el tiempo, pero se han acreditado extremos configuradores de una desviación de poder en el actuar de la administración, lo que lejos esta de verificarse en autos (vgr. CSN " Ramos", " Sanchez" , "Cerigliano" y SCBA "Maza Vergara").-
Por ello, es que entiendo que la indemnización peticionada, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la presente demanda.-
4. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).-
Por lo tanto, no sin dejar de recordar que conforme al art. 375 del CPCC es el demandante quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su derecho, he de concluir que el accionante no ha probado, la existencia de una actuación u omisión ilegitima, resultando tal carencia suficiente, para frustrar irremediablemente la pretensión de reparabilidad que aquí se enarbola (art. 375 del C.P.C.C.).-
5. Respecto a las costas del proceso, tratándose de un reclamo en materia de empleo público, conforme al art 51 inc. 2º del C.P.C.A. (texto según ley 14.437), corresponde se impongan por el orden causado. Lo que así también decido.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 12 inc. 2° y 3°, 51, 77 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art.163, 384 y cctes. CPCC, y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión de indemnización contenida en la demanda por el Sr. Carlos Enrique Ledesma contra la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.-
2. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
3. En atención a como termina el proceso, corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes. A tales efectos y siendo que tanto del escrito inicial ( ver fs. 41/47), no se desprende determinación de suma de dinero alguna que permita apreciar pecuniariamente el pleito (art. 16 inc. a ley 14.967), corresponde, en el caso, aplicar lo dispuesto en el art. 44 inc. b) de dicho cuerpo legal. En su consecuencia, y merituando los trabajos realizados, REGULANSE los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. MARIA VALERIA BENITO, T° V, F° 187 C.A.D.J.J., en la cantidad de TREINTA (30) IUS (arts.10, 15, 16, 26, 44 inc. b, 51 y cctes. Ley 14.967) cantidades a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (ley 6716 y sus modificatorias); y el I.V.A. en caso de corresponder, conforme la situación de los profesionales frente al mismo.-
No correspondiendo -salvo que acredite no estar comprendido en la normativa de los arts. 203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7-, la regulación de los honorarios de los letrados apoderados del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.- NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la ley 14967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../2019.-
Honorarios registrados bajo el N°................../2019.-
Fin de la sentencia