Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 13767 2019
Expte. Nº 13767.-
Autos: LESCANO JUAN JOSE REYNALDO C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Marzo de 2018.-POB
Estos autos caratulados "LESCANO JUAN JOSE C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 13767, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 15/21 se presenta el Dr. Hector Marcelo Heredia, apoderado de los señores Reinaldo Jose Lescano y Claudia Edith Errecart de Lescano, quienes vienen en representación de su hijo menor de edad Juan Jose Lescano, junto al patrocinio letrado del Dr. Diego Bruno, iniciando demanda contra las autoridades de la EGB N° 10 "Almafuerte" de la ciudad de Mercedes, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y contra el Estado Provincial, quedando radicada la misma en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 Departamental.-
Reclaman la suma de $ 153.000 por los daños sufridos por su hijo con motivo del evento dañoso.-
Relatan que el día 11 de noviembre de 2004, entre las 15:30 hs. y las 16 hs., en circunstancias en que el niño se encontraba en el interior del aula junto a otros alumnos, cuando se disponía a dirigirse al patio y, al momento de intentar trasponer la puerta, es que otro compañero, de manera sorpresiva y violenta procede a cerrarla, quedándole así atrapado y aplastado el extremo de la parte superior del dedo índice de la mano derecha, con lo cual, inmediatamente se le genero un desgarro con abundante perdida de sangre, significante de la existencia de una gravísima lesión.-
Refiere que la maestra a cargo del grado y quien tenía la responsabilidad de velar, cuidar y vigilar el comportamiento de los menores alumnos del establecimiento, nada hizo, para evitar que tan grave episodio ocurriera.-
Manifiesta que habiendo transcurrido en exceso plazo temporal, arriba la ambulancia del hospital Blas Dubarry a la escuela Almafuerte y, en esas condiciones, el menor en soledad, sin compañía alguna por parte de personal del establecimiento educativo, fue trasladado al nosocomio donde fue atendido por el medico de guardia -Dr. Santiago Suarez- quien le realizo las primeras curaciones.-
Relata que dada la gravedad de la lesión, el menor fue sometido a una junta medica conformada por los doctores Crivelli y Gomez, quienes dispusieron postergar la operación quirúrgica que se le debía efectuar sobre la primera falange del dedo y, en su lugar aconsejaron derivarlo al hospital Gutiérrez, donde fue atendido por el Dr. Barone, todo esto aconteció entre los días 11 y 17 de noviembre de 2004.-
Manifiesta que en la tarde del 17 de noviembre de 2004, es intervenido quirúrgicamente por el Dr. Barone, y con fecha 18 de noviembre el menor es dado de alta. Desde esa fecha y, hasta fines del año 2006, el menor y sus padres tuvieron que viajar semanalmente al hospital Gutiérrez para controlar el estado y grado de evolución del dedo lesionado.-
Indica que por la lesión sufrida el menor perdió la parte blanda del dedo índice de la mano derecha y sufrió la amputación del lecho uñal del dedo, siendo necesario volver a operarlo para extraer la matriz de la uña.-
Refiere que todas estas circunstancias le han traído al menor una serie de problemas que se reflejan en la vida diaria, problemas para escribir, problemas psicológicos a causa del complejo que le ocasiona su incapacidad.-
En capítulo aparte se disponen a reclamar los daños derivados del evento dañoso. Reclaman daño por lesiones soportadas e incapacidad, por un total de $50.000, resarcimiento por daño moral por un monto de $60.000, daño psicológico por un total de $40.000 y gastos de atención medica por $3.000. Un total por todos los rubros de $153.000.-
Por último ofrecen prueba, fundan en derecho y peticionan.-
II. A fs. 83/84 la parte actora presenta escrito ampliando demanda en el cual ofrece nueva prueba documental y testimonial.-
III. A fs 88/91 se presenta la Dra. Ana Maria Tarsia, en su carácter de apoderada de la Provincia de Buenos Aires, interponiendo excepción de incompetencia.-
IV. A fs. 169/179 la Dra. Ana Maria Tarsia presenta escrito contestando demanda.-
A continuación procede por imperativo legal a negar todos y cada uno de los hechos alegados por la accionante.-
En cuanto al hecho refiere que, el día 11 de noviembre de 2004, siendo aproximadamente las 16 hs., al finalizar el recreo y dirigiéndose al salón de clases, el alumno Lescano intenta atravesar la puerta de ingreso, y en ese momento un compañero la cierra, por lo que Juan Jose Lescano apoya su mano, produciéndose el desprendimiento de zonas blandas del dedo índice derecho.-
Manifiesta que el alumno es atendido en primera instancia por las autoridades del establecimiento, quienes se comunican con sus abuelos, que eran las personas autorizadas a retirarlos, que acuden rápidamente y además, se procede a solicitar la asistencia medica de una ambulancia de emergencias del hospital municipal.-
Indica que "el hecho tuvo lugar en un breve lapso de dispersión del alumnado, previo al ingreso al aula de clase, durante el ingreso de los educandos del recreo, en una situación natural y frecuente entre los menores, por lo cual, la lesión del menor por el accidente con la puerta del salón de clases surge como un resultado que reviste las características del caso fortuito."
Agrega que el juego de menores debe calificarse de conducta normal y natural, siendo su resultado dañoso el que aparece claramente como imprevisible e inevitable para los educadores cuando se demuestra que de su parte no hubo culpa.-
Alega que el caso fortuito es entendido como constitutivo de un elemento interruptivo de la relación causal adecuada, configurando una causa eximente de responsabilidad.-
Aluden que el menor se lesiona durante el horario escolar, con presencia de docentes, en una situación normal, ordinaria, en un espacio lúdico -fin del recreo-, sin que se haya indicado y menos probado que haya habido distracción, negligencia, impericia por parte del docente a cargo del alumnado.-
Sostiene que además la actora, no alega, menos ofrece elementos probatorios que demuestren que el personal docente se hallaba ausente al momento del hecho, o que el niño estuviera practicando un juego inapropiado para su seguridad.-
Refiere que no es habitual y, por lo tanto, tampoco previsible, que un niño sufra un accidente como el descripto en autos, cuando ninguna de las conductas de los menores, previas y posteriores al hecho hacían preveer ese resultado, por lo que dice que resulta evidente que el hecho que nos ocupa, resulta ser un accidente que puede encuadrarse en los que llamamos caso fortuito, ya que el mismo es imprevisible, extraordinario e irresistible para ellos y extraño al riesgo propio de la actividad que desarrollan los menores.-
En capítulo aparte solicita la citación en garantía de Provincia Seguros S.A., impugna la liquidación practicada por los actores, solicitando el rechazo de los rubros y montos reclamados.-
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
V. Que a fs. 218 el Juzgado interviniente se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones remitiendo las mismas al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Departamental a mi cargo, las que son recibidas con fecha 21/03/2011.-
VI. A fs. 248, habiendo alcanzado la mayoría de edad, se presenta Juan Jose Lescano con el patrocinio letrado del Dr. Diego Alberto Bruno.-
VII. A fs. 283/291, se presenta el Dr. Oscar Fernando Pardo, apoderado de Provincia Seguros S.A., contesta citación en garantía, niega cada uno de los hechos expuestos en la demanda y desconoce la documental que se adjunta a la misma.-
Refiere que el accidente narrado, encuadra en aquellas situaciones que la ley describe como imprevisibles e inevitables dentro de la vida cotidiana, rigiendo en la especie la última parte del art. 1117 del Codigo Civil que expresamente dice, ".Los propietarios de establecimientos educativos.estatales serán responsables.salvo que probaren el caso fortuito".-
Al respecto indica que, las docentes asistieron al accidentado diligentemente luego del hecho, colaborando con la prestación de la asistencia correspondiente luego de producido el supuesto hecho dañoso.-
Manifiesta que no cabe atribuirle a la asegurada responsabilidad alguna sobre los hechos que se investigan porque existió una imposibilidad cierta y real de impedir el accidente, es decir se trato de un caso fortuito, un hecho súbito e imprevisto.-
Finalmente fundan en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
VIII. Que a fs. 336 presentan escrito Reinaldo Jose Lescano y Claudia Edith Errecart, padres de Juan Jose Lescano , manifestando que la demanda fue entablada exclusivamente en representación de los derechos de su hijo, que al tiempo de los hechos era menor de edad y que nada reclaman por su derecho en las presentes actuaciones.-
IX. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 342/343, y vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad la parte actora, con fecha 8/05/2017 y la demandada Fiscalía de Estado a fs. 378/379, se llama autos para sentencia y;
1. El actor Juan Jose Lescano, formula reclamo indemnizatorio contra la Provincia de Buenos Aires, por los daños y perjuicios que sufrió en su dedo índice de la mano derecha, cuando un compañero de este, cerrara abruptamente la puerta del salón y le apretara la mano. Alega que dicho evento dañoso, ocurrió el día 11 de noviembre de 2004, cuando el tenia 11 años de edad y mientras se encontraba en el Establecimiento Educativo E.G.B. N° 10 Almafuerte de la ciudad de Mercedes, durante el horario de clases.-
Particularmente imputa responsabilidad a la accionada bajo la regla del art. 1117 del C.C -según el texto dado por la Ley 24.830-, pues afirma que el hecho se produjo en horario de clases, debido a la ausencia de cuidado y vigilancia de quien estaba a cargo de los alumnos.-
El apoderado de Fiscalía de Estado, expresa que el hecho ocurrido encuadra legalmente como un caso fortuito, actuando como causal de eximición de la eventual responsabilidad de la DGCE.-
2. Reseñados de este modo las postulaciones de las partes, corresponde fijar los hechos de la causa a los fines de analizar la responsabilidad achacada a la demandada.-
Al respecto, si bien la demandada efectúa una negativa general y particular de los hechos, luego al contestar su demanda se manifiesta de manera asertiva en cuanto a la ocurrencia del evento, alegando como defensa, que el caso se presentó imprevisible e inevitable, encuadrándose en la única eximente que contempla la norma, esto es, el caso fortuito.-
Ahora bien, sin perjuicio de todo ello, atento la negativa particular esbozada, es que corresponde analizar las constancias de la causa a los fines de determinar el modo preciso en que sucedió el evento y las circunstancias que lo rodearon.-
Que del expediente administrativo N° 5100-22582/08 allegado por la Fiscalia de Estado, y en particular de lo que surge del Acta N° 52 (v. foja sin foliar entre las fs. 71 y 72 del expte. administrativo) surge constancia de la entrevista acontecida entre la señora Maria Cristina Cianfrini, Inspectora y la señora Maria Irma Modica, docente a cargo del 6° año del turno tarde, -curso en el que se encontraba el menor accidentado Juan Jose Lescano-, y de la misma se desprende -según dichos de la docente- que el día 11 de noviembre de 2004, al tocar el timbre del último recreo, a las 16 hs., los alumnos ingresaban al salón acompañados por ella, cuando un compañero de Juan cierra la puerta bruscamente produciendole al alumno un arrancamiento de partes blandas del dedo indice derecho.
Refiere la docente que conduce al niño a la Dirección inmediatamente, llama al hospital y pide que envíen una ambulancia, llama y da aviso de lo ocurrido a los abuelos (que eran las personas autorizadas a retirarlo de la escuela), los que llegan rápidamente y luego llega la ambulancia del hospital Blas Dubarry.-
Que la denuncia a la aseguradora realizada en su oportunidad, coincide en términos similares a lo consignado en la referida acta (v. fs. 70 del expediente administrativo).-
En tal sentido, resulta concordante lo descripto por la docente del curso, en cuanto a la mecánica y como se produjo la lesión del menor, con el relato de los hechos aportados en el escrito de demanda (v. fs. 15/21).-
En definitiva, de la prueba rendida, valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (Art.384 del CPCC) habilita a tener por cierto la existencia del hecho motivo de estos actuados, conforme fuera alegado por los actores en su escrito inicial.-
3. En este estado y evaluadas las circunstancias en que se produjo el accidente, corresponde analizar los hechos demostrados con el fin de determinar si el daño es imputable a la entidad demandada.-
Adentrándonos particularmente en el presente caso, la norma que regula la generalidad de los supuestos es el art. 1117 del Código Civil (texto según ley 24830 -cfme art.7 CCyCN).-
Dicho artículo establece: "Los propietarios de establecimientos educativos privados y estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito. Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente. La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario".-
Que la responsabilidad delimitada por la citada norma, se trata de una responsabilidad directa, haciendo gravitar sobre el propietario del establecimiento educativo -entendido este como el propietario de la institución a la que concurre el alumnado- una obligación expresa de seguridad y de resultado, por los daños causados y sufridos por menores de edad mientras se encuentran bajo el control de la autoridad educativa.-
En definitiva la mencionada norma, regula un caso de responsabilidad objetiva agravada, que gravita en el deber de prestar el servicio de educación sin producir daños y cuyo único eximente de responsabilidad es el caso fortuito.-
La norma plasma sin lugar a dudas, que junto a la obligación principal de brindar un servicio educativo, el propietario del establecimiento se obliga también a mantener la incolumidad física del menor que recibe en su institución, debiendo por ello adoptar todos los medios y precauciones que resulten necesarios para que el daño no se produzca, es decir, que se encuentra obligado a devolver al menor, al término de la actividad, en las mismas condiciones en que lo hubiera recibido.-
En efecto la responsabilidad de las Instituciones educativas a las que hace referencia el art. 1117 del C.C. radica en el factor del "deber de seguridad" y "garantía", que dentro de la enseñanza aparece violado cuando el propietario del establecimiento produce el incumplimiento finalmente dañoso.-
Cabe aclarar que nada incide el hecho de que el daño haya sido causado por un empleado del establecimiento, un tercero ajeno a él o como consecuencia del hecho de las cosas, ya que será la simple infracción al deber de seguridad la fuente de la responsabilidad.-
Nos dice Kemelmajer de Carlucci que ".los establecimientos educativos asumen contractualmente, junto con la obligación principal de prestar educación, una obligación de seguridad cuyo incumplimiento hace nacer su responsabilidad directa y que la asunción de la misma significa garantizar la indemnidad del menor en su integridad física y moral como bien diferente de la obligación principal" (conf. cita en Código Civil. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Art. 1117 - Alberto J. Bueres - Editorial Hammurabi).-
En suma, para que resulten responsables los titulares por los daños causados o sufridos por los educandos es indispensable que se configuren ciertas circunstancias, como ser, que se trate de un menor de edad, que el daño se produzca durante el desarrollo de una actividad escolar, que involucre los establecimientos educativos previstos en la norma y finalmente, la inexistencia del único eximente de responsabilidad capaz de producir una ruptura de la relación causal.-
Conforme a la norma en examen, solo resultan responsables los propietarios de los establecimientos cuando el daño sea causado o sufrido por un menor de edad.-
Por otro lado, la norma requiere que la producción del daño sea durante una actividad escolar realizada bajo control de la autoridad educativa.-
Asimismo cabe destacar que, compadeciéndose con las modalidades actuales de la educación, aquella actividad ya no queda limitada solo a las actividades de las aulas, sino que se orienta también hacia otras actividades de naturaleza distinta y que pueden tener un ámbito físico diferente al que se desenvuelven habitualmente las clases, como ser actividades deportivas y culturales, visitas de instituciones, actividades de recreación entre otras.-
De este modo, en la medida que las actividades extracurriculares sean organizadas y controladas por el titular del establecimiento por si, o a través de sus dependientes, quedará también durante aquellas, comprometida su responsabilidad.-
Lo expuesto deja delineado que el legislador ha adoptado un criterio amplio y flexible en esta materia, por cuanto no limita la responsabilidad del propietario del establecimiento a los daños causados como consecuencia del desarrollo de actividades estrictamente curriculares, sino que las extiende a todas las actividades vinculadas a ella, radicando la flexibilidad en no establecer horarios o límites temporales estrictos para liberar al titular del establecimiento.-
Por último, la norma en estudio deja expresamente establecido al "caso fortuito" como la única causal de eximición para el propietario del establecimiento, refiriendo indudablemente al incumplimiento de la obligación, debido a un hecho imprevisible o inevitable, tal es la lectura que trasunta la ley civil (art. 514 Código Civil. art. 1730 C.C. y C.N.).-
El sistema en si alude -en rigor de verdad- a la razonable imprevisibilidad, evaluada conforme a las circunstancias de personas, de tiempo y lugar, por lo que el obligado debe actuar con prudencia en el prever, ya que de lo contrario incurriría en negligencia.-
Es por ello que se exige que el acontecimiento sea extraordinario, excediendo el curso normal de las cosas y que tenga tal envergadura que sea imposible de obviarse, no conformándose con la prueba de que el establecimiento escolar no pudo impedir el daño, sino que hace falta la demostración del caso fortuito ajeno al comportamiento de los educandos, o bien el hecho de un tercero extraño a los riesgos cubiertos por la obligación de seguridad, no siendo eficaz, ni la ausencia de culpa, ni la culpa de un tercero o de la víctima (Trigo Represas, Felix A. - López Mesa, Marcelo J., en "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, 2004, Tomo III, pág. 273).-
En efecto y a diferencia del régimen anterior, el texto actual de la norma (t.o ley 24.830) no admite al propietario del establecimiento educativo exonerarse probando su falta de culpa, en tanto y por cuanto, al haberse instaurado un régimen de responsabilidad objetiva el único eximente liberador de responsabilidad es solo el caso fortuito.-
4. Examinada ahora la responsabilidad endosada a la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- anticipo que los medios probatorios ofrecidos resultan suficientes para sostener el deber de indemnizar los daños causados al menor.-
Como ya se anticipara, surge que el accidente se produjo el día 11 de noviembre del año 2004, cuando el niño Juan Jose Lescano, se hallaba en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.