Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 12425 2018
Expte. Nº 12425 .-
Autos:"RAPETTI RAUL HORACIOC/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, de Febrero de 2018.PB
Estos autos caratulados "RAPETTI RAUL HORACIOC/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ", expediente Nº 12425, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 53/60 se presenta el Sr. Raul Horacio Rapetti, junto a su letrada apoderada Dra. Cecilia Ines Fernandez Palladino, iniciando demanda por la suma de $ 20.320 -con más sus intereses y costas-, contra la Municipalidad de Lujan por incumplimiento de contrato.-
Refiere el accionante que es titular de una empresa de construcciones y que en el año 1.999, licito junto a otros oferentes, la obra de construcción de red de agua potable del barrio San Fermin, la cual le fue adjudicada, conformándose el expediente municipal 4069-5986/98 Alcance 1.-
Indica que, en cumplimiento del artículo 3 del capítulo 1 -Bases y Condiciones Generales- de dicho pliego, deposito en efectivo y por Tesorería municipal, la suma de $1.000, como garantía de propuesta, tal como lo indica la norma, como así también dio cumplimiento a todos los demás recaudos del pliego.-
Agrega que el 19/07/99 por Decreto municipal N° 543, se aprueba la licitación privada 8/99 y es adjudicada al accionante la construcción de la red para agua potable por la suma de pesos $85.200, ordenándose la devolución de la garantía de propuesta.-
Manifiesta que con fecha 3/08/99 se formaliza el pertinente contrato, suscripto por quien era el intendente municipal y el actor, y la empresa hace efectivo el depósito en concepto de garantía de contrato -conforme capitulo II, condiciones generales del contrato, art. 14- correspondiente al 5% del monto del total adjudicado, lo que arroja un total de $4.260, depositando en ese momento $3.260, y aclara que dicha suma surge de deducirle los $1.000 anteriormente depositados como "garantía de propuesta".-
Relata que se dio inicio a la obra y que la misma se realizó correctamente, siendo construida de acuerdo a las especificaciones técnicas que surgen del pliego de licitación y que por Decreto N° 922 del 2/12/99, el municipio dispuso a pedido de los vecinos la ampliación de obra, en uso del art. 34 del pliego. Dicha ampliación fue adjudicada al accionante por la suma de $11.800.-
Dice que la forma de pago surge del art. 29 que dispone "se efectuara mediante certificados provisorios de pagos mensuales confeccionados de acuerdo con la cantidad de trabajos realmente ejecutados, previa aprobación de la Inspección de Obra y dada la conformidad del contratista, la municipalidad procederá a abonarlo dentro de los 30 días siguientes" y el art. 30 agrega, "Del importe de cada certificado de pago mensuales deducirá el 5% que será retenido por la municipalidad en calidad de garantía de obra".-
Agrega que por ese mecanismo, se percibieron únicamente $80.940, que corresponde a los $85.200, convenidos con menos la deducción del 5% en concepto de garantía de obra del art. 30 del pliego de contratación.-
Manifiesta que la garantía de contrato debió ser devuelta al accionante en fecha 17/04/2000 y la garantía de obra debió ser devuelta con fecha 17/10/99, conforme art. 31 del pliego, y agrega que tampoco le fue abonado el precio de la ampliación de obra por $11.800.-
Expone que la mora es automática y comienza a correr a los 30 días de la fecha de la firma de la certificación, debiendo abonarse intereses conforme lo disponen los arts. 45 y 46 de la Ley de Obras Publicas.-
Indica que encontrándose todos los recaudos necesarios para que el municipio le restituyera las garantías, con fecha 19/04/2000 presenta nota para el cobro, y siendo que con fecha 10/11/2000 no había recibido respuesta alguna, presenta nueva nota solicitando la devolución de los $8.529 correspondiente a garantías y el pago correspondiente a la ampliación de obra.-
Refiere que, cansado de esperar respuesta de parte del municipio, con fecha 11/04/08 remite carta documento que fuera recibida con fecha 10/04/08 y que nunca fuera contestada.-
Seguidamente, ofrece la prueba del caso, funda en derecho y finalmente, peticiona.
II. A fs. 89/92 se presenta el Dr. Luis Mario Mosca, apoderado de la Municipalidad de Lujan, contestando demanda.-
En primer lugar, niega y desconoce la deuda reclamada, y para el supuesto e hipotético caso en que la misma fuera procedente, interpone prescripción conforme lo dispuesto en el art. 278 de la LOM.-
Al respecto manifiesta que, cuando de obras públicas se trata, el plexo de reglas se compone en primer término por la Ley Orgánica de Municipalidades, luego las condiciones del pliego, la Ordenanza General 165/73 y finalmente las leyes provinciales de la obra pública.-
Refiere que es la accionante quien determina en su demanda que el plazo de prescripción comienza a contarse desde el 17/04/2000, y siendo que el plazo de prescripción aplicable es de 5 años, teniendo en consideración la fecha de inicio de las presentes actuaciones, el supuesto crédito que se reclama se encuentra prescripto.-
Agrega que supletoriamente, corresponde la aplicación de la prescripción quinquenal del art. 4027 del Código Civil, ya que la forma de pago de la obra surge del art. 29 del capítulo condiciones generales del contrato del pliego de licitación que dice "se efectuara mediante certificados provisorios de pagos mensuales confeccionados de acuerdo con la cantidad de trabajos realmente ejecutados y con los precios del presupuesto aceptado. Previa aprobación de la inspección de obra y dada la conformidad del contratista, la municipalidad deberá abonarlo dentro de los 30 días siguientes."
En cuanto al reclamo de la actora dice que, en el alcance 1 del expediente 5896/99 luce el decreto 543 por el cual se adjudica la obra al accionante y el contrato fijando las condiciones.-
Refiere que la obra fue correctamente ejecutada y totalmente abonada por la municipalidad de Lujan, según surge de las órdenes de pago efectuadas por su mandante, como de las facturas expedidas por el actor y que lucen en el referido expediente administrativo.-
Seguidamente, ofrece la prueba cuya producción proponen en el proceso y finalmente peticiona.-
III. Que a fs. 98/102 la actora contesta el traslado conferido respecto de la excepción de prescripción interpuesta por la accionada, al respecto refiere que no son aplicables a la deuda que se reclama el art. 4027 inc. 3, como tampoco el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
Manifiesta que el art. 4027 inc. 3, y el art. 278 LOM no están relacionados con la deuda que aquí se reclama, ya que no es el estado -en este caso- quien reclama una deuda por impuestos o tasas a un ciudadano, sino todo lo contrario, es un ciudadano privado que reclama al municipio el pago del precio de una obra realizada, o sea el cumplimiento de un contrato.-
Y culmina diciendo que es manifiesto que el plazo aplicable es el de 10 años y que no ha transcurrido a la fecha de interposición de la demanda, ya que la misma fue interpuesta con fecha 13/04/2010. En consecuencia solicita se rechace la excepción de prescripción interpuesta.-
IV. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 108 y presentado los alegatos por la demandada con fecha 11/09/2017 y la actora con fecha 13/09/2017, se llama con fecha 28/09/2017 autos para sentencia; y
1. Como ha quedado planteada la litis, corresponde en primer lugar dar tratamiento a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Municipalidad de Lujan.-
Sostiene la accionada, en primer término que la normativa a aplicar a efectos de dilucidar si se encuentra prescripto el presente reclamo es el art. 278 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que dispone, "Las deudas de los contribuyentes que hubieren incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas a la municipalidad, prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse. La acción de repetición estará prescripta al cumplirse el mismo lapso, medido de la fecha del pago de la contribución que pudiere originarla", o en su defecto, dice que debe aplicarse el art. 4027 inc. 3 del Código Civil, "Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos:. 3° De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.".
Al respecto, la actora entiende que el plazo aplicable es el decenal estipulado en el art. 4023 de Código Civil que dispone, "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial.."
Para comenzar a analizar si la acción objeto de la presente litis se encuentra prescripta, en principio corresponde determinar la norma aplicable.-
Al respecto, tiene dicho variada doctrina de la SCBA "El art. 4023 del Código Civil -cfr. Ley 340- establece que toda acción personal por deuda exigible prescribe por diez años, salvo disposición especial (texto según ley 17.711, corregido por la ley 17.940). Dicho artículo comprende las acciones por cumplimiento o incumplimiento de un contrato." SCBA LP B 55338 RSD-63-17 S 31/05/2017 Juez DE LÁZZARI (OP) Carátula: Tecnosur S.R.L. c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa.-
En cuanto a la pretendida aplicación del art. 278 LOM, y sin resultar necesario introducirnos en la discusión respecto de su aplicación frente, tanto, a lo resuelto por la C.S.J.N. in re "Filcrosa" y/o ahora lo dispuesto por el art. 2560 del C.C. y C.N., lo cierto es que en autos esa norma queda absolutamente desplazada a partir de que se refiere a deudas de naturaleza tributaria, que en modo alguno puede asemejarse a la que se discute en autos, pues se trata del pago del precio entre co-contratantes de un contrato administrativo y que de ningún modo, en todo caso, involucra a los eventuales vecinos - contribuyentes, beneficiarios de la obra.-
Habiendo dejado sentado, por lo expuesto precedentemente, que la normativa a aplicar en el presente es la dispuesta por el art. 4023 del Código Civil, es decir, el plazo decenal de prescripción, debemos establecer si la acción que se persigue se encuentra prescripta.-
2. Ahora bien, la prescripción liberatoria es el medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. El código sustantivo la presenta como una excepción hábil para repeler una acción, en la que quien la entabla, ha dejado durante un tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (Cód. Civil art. 3947 y 3949 -art. 1897 C.C. y C.N.).-
La prescripción tiene pues, una manifiesta utilidad: obliga a los titulares de los derechos a no ser negligentes en su ejercicio y pone claridad y precisión en las relaciones jurídicas.-
Su acogimiento implicaría para la parte actora, la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal y trae aparejado como consecuencia tornar ineficaz la acción entablada luego de transcurrido cierto lapso de tiempo. La aplicabilidad de este instituto, en vistas a sus consecuencias, debe ser interpretada restrictivamente.-
En razón de lo ya expuesto, el plazo de prescripción aplicable es el establecido por el art. 4023 del Código Civil, es decir de diez años.
En su consecuencia corresponde determinar si la acción ha sido entablada en tiempo hábil.-
El accionante reclama la devolución de las garantías de contrato y de obra y el pago de la ampliación de obra dispuesta por el municipio demandado.-
A efectos de dilucidar si los cobros perseguidos por la actora se encuentran prescriptos, analizaremos cada uno de ellos de forma independiente, ya que los pagos de los mismos debieron efectuarse en diferentes momentos.-
Respecto al reclamo de devolución de la garantía de obra, la misma debió haber sido devuelta por el municipio en el momento en que se efectuó la recepción provisoria de la obra, esto conforme lo dispuesto por el art. 31 y 32 del pliego de licitación (v. fs. 199 de las presentes actuaciones), hecho este ocurrido con fecha 17/10/99 (v. fs 42 de las presentes actuaciones).-
En cuanto al reclamo de devolución de la garantía de contrato, y también conforme lo dispuesto por el art. 31 del pliego de licitación debió restituirse con la recepción definitiva de la obra (art. 33 del pliego), hecho este que, ocurrió con fecha 17/04/2000 (v. fs. 211 de las presentes actuaciones).-
Y respecto de la ampliación de obra la misma también debió pagarse con la finalización de la obra, hecho este que sucedió con la entrega del acta de recepción definitiva de la obra (v. fs. 211).-
Bajo tales premisas, entiendo que el computo del plazo prescriptivo estaría dado desde el momento en que dichas sumas se tornaron exigibles para su cobro, es decir, con fecha 17/10/99 para la devolución de la garantía de obra, y con fecha 17/04/2000, para la devolución de la garantía de contrato y el pago del precio de la ampliación de obra efectuada.-
Fijada entonces las fechas iniciales del cómputo, toca decidir en autos si concurre causal de suspensión o interrupción de prescripción.-
En este orden de ideas advierto que la interpelación efectuada mediante carta documento enviada con fecha 14/08/2008 (v. fs. 216 de las presentes actuaciones), ha actuado como una causal de suspensión, la cual solo tiene efecto durante un año o el menor término que pudiera corresponder a la prescripción de la acción (art. 3986 C.C. vigente al momento del hecho y arts. 2541 y 2546 del C.C. y C.N.).-
Bajo tales lineamentos, tomando en consideración las fechas iniciales para el cómputo, esto es el 17/10/99 y 17/04/2000, y la fecha en que ha sido suspendido el curso de la prescripción por el plazo de 1 año (14/08/08), solo podría considerarse prescripta la acción si al 17/10/2010 -para la garantía de obra-, y al 17/04/2011 -para la garantía de contrato y ampliación de obra-, no habría sido iniciada la demanda, circunstancia que ha acaecido con anterioridad (12/04/2010) al cumplimiento del plazo prescriptivo, conforme se desprende del cargo impuesto a fs. 59 vta.-
En consecuencia y por las razones expuestas, he de rechazar el planteo de prescripción planteada por la municipalidad de Lujan.-
3. Corresponde abocarme al planteo de fondo. En autos, el actor pretende el reconocimiento al cobro de una suma de pesos ($20.320), por incumplimiento de contrato por parte del municipio demandado, cuyo origen -según alega- viene dado por la retención y no devolución por parte de la accionada respecto de la garantía de obra y garantía de contrato depositada por la actora y la falta de pago de la ampliación de obra dispuesta por Decreto N° 922/99 (v. fs. 44).-
Al respecto, sustenta su pedido en el contrato suscripto con la accionada (v. fs. 32), derivado de la licitación privada N° 8/99, para la construcción de red para la provisión de agua potable para el barrio San Fermin.-
Manifiesta que concluida la obra y con el acta de recepción definitiva de obra expedida por el Inspector de Obra -Director Servicios Sanitarios (v. fs. 211)-, intimo de pago en reiteradas oportunidades al municipio demandado, no recibiendo respuesta alguna de este.-
4. Por su parte, la comuna centró su contestación diciendo que se abono la totalidad de la obra, según surge de órdenes de pagos correspondiente a distintas certificaciones, como también por las facturas expedidas por el actor.-
5. Es así que en este estado, la solución del caso lleva a examinar si, de la documentación allegada -única prueba aportada- por las partes surge que se hallan efectuado los pagos que se reclaman.-
De acuerdo al derrotero precedentemente fijado, corresponde analizar el expediente administrativo allegado, como la documental acompañada por el municipio demandado en el responde de prueba informativa requerida por la actora, como así también las certificaciones de obra efectuadas por la accionada y ordenes de pago expedidas por esta.-
Del examen de la documental acompañada surge que a fs. 135, obra certificado de obra N° 3, del cual surge que se le retienen por garantía de obra 5 % ($189,50).
A fs. 145, obra certificado de obra N° 2, del cual surge que se le retiene al accionante por garantía de obra 5 % ($2.620,50).
A fs. 151, luce certificado de obra N° 5, del cual surge que se le retienen por garantía de obra 5 % ($72,50).
A fs. 153, luce certificado de obra N° 1, del cual surge que se le retiene al actor por garantía de obra 5 % ($1.377,50). Un total por los 4 certificados de $ 4.260 en concepto de garantía de obra.-
Asimismo, a fs. 131 del expediente administrativo N° 4069-5986/98, hay resolución de la cual se desprende que con fecha 3 de agosto de 1999 la actora abono la suma de $3.260 en efectivo, en concepto de garantía de contrato, que sumados a los $1.000 que había depositado en calidad de garantía de propuesta suman el total de $4.260.-
También a fs. 155 del mismo expediente administrativo luce Decreto N° 922, por el cual se aprueba la ampliación de obra por la suma de $11.800, trabajo que también fue adjudicado a la accionante.-
Hasta aquí, una reseña de los descuentos que se le fueron haciendo al actor en concepto de garantía de obra y las constancia del pago de la garantía de contrato efectuadas por el accionante, como así también, copia del Decreto dictado por el municipio demandado, que dispuso la ampliación de obra.-
Que a fs. 180 del expediente administrativo obra acta de recepción provisoria de la obra, de fecha 17/10/99, firmada por el inspector de obra Nestor J. Cosentino.-
A fs. 181 del expediente administrativo y a fs. 211 de las presentes actuaciones, luce acta de recepción definitiva de obra, de fecha 17/04/2000, firmada también por el inspector de obra.-
Que dichas actas -recepción provisoria y definitiva- habilitan al accionante a pedir la devolución de las garantías de contrato y de obra que fueron depositadas, conforme con lo dispuesto en el art. 31 del pliego de licitación.-
A fs. 182 y 184 del expediente administrativo y 212 y 213 de las presentes actuaciones, lucen 2 notas de la actora dirigidas al municipio demandado, solicitando la devolución de las garantías y el pago del trabajo efectuado por la ampliación de obra.-
También a fs. 183 del expediente administrativo obra nota del Director de Viviendas y Obras, dirigida al Secretario de Economía, donde se presta conformidad en proceder a la devolución de la garantía de obra y contrato peticionada.-
Hasta aquí y de lo que surge, tanto del expediente administrativo y documental aportada por las partes, no se desprende que se hayan efectuados los pagos que el accionante aquí reclama, como tampoco ha aportado, la accionada, documentación o recibo alguno que acredite de manera alguna, que se hayan efectuado los pagos referenciados.-
Cabe agregar que, tampoco se ha alegado y probado afectación alguna en el deposito de garantía dispuesto por la comuna, vía sanción en el curso del cumplimiento del contrato, o vía de reparación de algún defecto de la misma, que justifique de tal manera su falta de pago (art. 56 Ord. Gral. 165).-
6. En consecuencia, considerando las constancias descriptas y valoradas a la luz de la sana crítica (Art.384 CPCC, art.77 inc 1 del CPCA) la deuda reclamada debe tener andamiaje favorable en las sumas peticionadas por el actor ($ 20.320).-
A dicha suma corresponde que les sean adicionados los intereses que han de liquidarse según la -tasa para el descuento de certificados de obras publicas- (art. 46 Ley Obras Publicas 6021), vigente en los distintos periodos de aplicación (arts. 622 Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "b", Código Civil y Comercial de la Nación.-
Dichos intereses deberán ser calculados, para el pago de la garantía de obra, desde la fecha de recepción provisoria de la obra 17/10/1999 (v. fs. 42 de las presentes actuaciones), y para el pago de la garantía de contrato y ampliación de obra, desde la fecha de la rece
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