Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 17457 2018
Expte. Nº 17457 .-
Autos:"VACCARO MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, de noviembre de 2018.PB
Estos autos caratulados "VACCARO MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 17.457, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 26/47 se presenta Miguel Angel Vaccaro, por su propio derecho, con el patrocinio letrado de la Dra. Marina Soledad Firpo, promoviendo demanda anulatoria e indemnizatoria contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quedando radicada la misma por ante el Tribunal del Trabajo N°1 Departamental.-
Comienza el relato, haciendo referencia a los antecedentes de su formación en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así menciona que comenzó a trabajar para la demandada en el año 1989, donde realizaba tareas de agente de policía, su actividad consistía en hacer recorridos en el patrullero, como disponible, acompañante de chofer, en prevención del delito, acudía a llamados del 911, operativos designados por la departamental de Mercedes, entre otras tareas.-
Sobre el hecho que dieron origen a la instrucción sumarial, refiere que, el día 15 de junio de 2002, estaba recorriendo la jurisdicción en el patrullero, cuando escucha por la radio que debía volver a la comisaría, ya que le informan que había un motín en el interior de los calabozos.
Manifiesta que cuando llega a la comisaría, se quedo en el lugar que su superior le ordeno, es decir, en la puerta de entrada al pasillo que da a los calabozos, lugar desde el que no se podía ver lo que ocurría en los mismos, y resalta que en ningún momento ingreso a los calabozos o participo en lo sucedido.-
Indica que días después del incidente descripto, un familiar de los detenidos realiza una denuncia por apremios ilegales hacia los internos, en el que se lo incluyo, solo por el hecho de estar trabajando en ese momento, y que a raíz de esa denuncia se abrieron actuaciones administrativas nros: 2100 0-167989/02, c/2110-464.757/05, ISA n° 4641/602 c/ 21.100-322.309/02, ISA 5498/403.-
Expone que a partir de ese momento comenzaron a trasladarlo a distintos lugares, Carlos keen, destacamento Estación de tren de Lujan, Torres, Chivilcoy, hasta que el día 27 de julio de 2007, se resuelve, en el marco de las actuaciones administrativas señaladas, su exoneración de la fuerza policial.-
Refiere que la falta administrativa que se le adjudico, es por el art. 59 inc., 7 Dec. 9550/80, "Todo acto que afecte gravemente el prestigio de la Institución o la dignidad del funcionario", pero que en manera alguna, se individualiza cual fue la conducta para llegar a esa conclusión.-
Agrega que la administración, sin juicio previo, estableció la comisión de un delito, lo dio por probado, con las pruebas que considero suficientes, y decidió su exoneración, cuando no había juicio criminal que así lo estableciera.-
Dice que, en ninguna de las declaraciones de los detenidos se lo indica como autor o participe de los supuestos hechos de apremio, y que los fundamentos expuestos, tomaban como base la declaración de los detenidos, sin ningún sustento fáctico ni legal que los avalara. El Auditor General argumentó que la materialidad de los hechos esta probada por la declaración de los detenidos ante el Agente Fiscal. Tampoco, fue acreditada por la instrucción sumarial, falta a los deberes y obligaciones, y que la conducta descripta tenga nexo de causalidad con la falta administrativa por la cual se le inicia el sumario.-
Refiere que presento recurso de reconsideración contra la resolución administrativa, pero que no se hizo lugar al mismo, y que posteriormente presento recurso de apelación, que fue rechazado mediante resolución 1727/13.-
Paralelamente a las actuaciones administrativas, se inicio causa penal N° 2442/05, en la cual el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Mercedes, lo declaro absuelto de todo cargo, sentencia que fuera confirmada por el Tribunal de Casación Penal.-
Manifiesta que, su vida nunca volvió a ser la misma, no solo se quedo sin trabajo, con toda una familia que mantener, sino que además fue marginado y discriminado socialmente. Consecuencia de toda esta situación comenzó con problemas económicos y familiares, su matrimonio se destruyo y el pequeño negocio familiar que tenía quebró.-
Es por ello, que solicita de declare nulo el acto administrativo por el cual se lo exonero, con la consecuente reincorporación a su puesto de trabajo, indemnización por los daños y perjuicios sufridos.-
Luego, hace una reseña de los elementos del acto administrativo, y dice que el acto del cual emana una decisión que puede afectar derechos, debe cumplir con ciertos requisitos, a saber, competencia, causa, objeto, procedimiento y motivación, y agrega que el acto que es inmotivado, y sin el cumplimiento del debido proceso es nulo, y por consiguiente debe volverse al estado anterior, generando la responsabilidad del estado por el incumplimiento de las garantías esenciales hacia la persona inculpada o imputada.-
Indica que, si se observan las probanzas obrantes en contra del actor, en el acta labrada con motivo de la indagatoria administrativa, se consignaron testimoniales y las fotocopias de la causa penal, como elementos de cargo que, prima facie afectaron el prestigio de la institución. Y agrega que, si se basan en prueba pasada ante otro órgano, hay que tener presente que las partes se benefician y perjudican por igual, con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas. Por lo tanto, si la administración baso el juzgamiento del agente en la causa penal, con ecuanimidad debió considerar asimismo su desarrollo favorable.-
Por último, hace una breve reseña sobre el control judicial de la discrecionalidad, el principio de inocencia, moobing y discriminación en el trabajo.-
En capítulo aparte comienza con el reclamo indemnizatorio, peticiona por el lucro cesante, por los salarios caídos desde la fecha de la exoneración por la suma de $936.000, o lo que en más o menos se estime en la sentencia.-
Luego peticiona daño moral, dice que sufre angustias, tensiones y miedos, peticiona la suma de $1.000.000.-
Luego solicita se le indemnice el daño psicológico sufrido, el cual justiprecia en la suma de $ 290.000, y tratamiento psicológico en la suma de $14.400.-
En capítulo aparte, y en cuanto a los intereses solicita la aplicación de la tasa activa, ofrece la prueba que hace al sustento de su pretensión y finalmente peticiona se haga lugar a la presente acción, con costas.-
II. A fs. 48, se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones el Tribunal del Trabajo N° 1 Departamental, las que son enviadas a este Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Dpto. Judicial de Mercedes, y recibidas con fecha 27 de mayo de 2014.-
III. Que a fs. 88/98 se presenta el Dr. Pablo Guidi, abogado de la Fiscalía de Estado, contestando demanda en representación de la accionada. Estima que el accionante, realiza un escueto e insuficiente relato, de los antecedentes fácticos que componen la infracción que se le imputara, y que no detalla claramente que estaba haciendo en los días y horarios en que tuvieron lugar las faltas.
Expresa que el principal argumento del accionante para atacar el acto, es que la administración no ponderó otros elementos probatorios que los nacidos de la Investigación Penal Preparatoria, entendiendo que al haber sido absuelto en sede penal, no podría luego configurarse una falta administrativa.
Ante tales argumentos sostiene que la demanda es infundada. Al contrario de lo expuesto por el actor, sostiene que la administración valoró razonablemente el abundante material probatorio existente y logro tener por acreditado, que el actor tuvo responsabilidad cuanto menos administrativa en los hechos que se le imputaron, citando la descripción de los hechos que surgen de las actuaciones administrativas, conforme la causa penal n° 2442/05.-
Sostiene que según surge de los testimonios, los análisis médicos practicados a los detenidos y la restante prueba producida en sede penal y administrativa, se configuraron maltratos por parte de los oficiales policiales a los detenidos, en forma sádica y con absoluto desprecio por la dignidad y condición humana.
Por lo demás, sostiene que los hechos descriptos por los denunciantes, fueron llevados a cabo por una importante cantidad de efectivos, rondando el número de oficiales entre 6 y 12 aunque solo hayan sido condenados penalmente 4 de ellos.
Luego expresa que esos agentes, que incurrieron en las inhumanas conductas señaladas, eran precisamente quienes tenían a su cargo el trato con los detenidos y su cuidado.
En ese marco, manifiesta que el actor fue identificado como uno de los agresores en varias declaraciones testimoniales, y también fue señalado por varias de las víctimas, en el reconocimiento mediante fotografías.-
Argumenta que sobre la base de todas esas constancias debidamente documentadas en el expediente administrativo y de conformidad con el sistema de las libres convicciones previsto en el art. 155 del DR. 3326/04, la autoridad demandada concluyó válidamente, que existían suficientes elementos de juicio a los fines de acreditar la responsabilidad administrativa del actor, por el incumplimiento de los deberes a su cargo y por ello aplicó correctamente la sanción de exoneración prevista por el ordenamiento.
Sostiene que no existió absurdo alguno en la valoración probatoria por parte de la administración. En este sentido, expresa que no se necesitó tener por acreditado un delito penal para proceder a exonerar al agente, sino que al efecto bastó con tener por cierto que el actor incumplió gravemente los deberes que se hallaban atribuidos a su cargo, infracción que quedó en evidencia con los testimonios de las personas que tuvieron contacto con los hechos ocurridos.-
En este sentido, refiere que administrativamente se llegó a la convicción sobre la comisión de la falta.-
Refiere que la circunstancia de que el expediente administrativo, recogiera constancias probatorias de una causa judicial en la que el actor fue parte, en modo alguno desvirtúa la importancia y peso probatorio de tales elementos, ni condiciona el resultado de la presente causa. Y que ello es así, pues sostiene que las pruebas factibles de producirse en el expediente administrativo, eran precisamente las que fueron producidas en el marco de la causa penal, por lo que reiterarlas carecería de sentido.
Por otra parte, expresa que, mientras en el fuero penal debe acreditarse la existencia, más allá de toda duda razonable, de los hechos contemplados en un tipo penal específico, en sede administrativa, ha de probarse la existencia de una falta que se configura en una forma mucho menos rigurosa y particular, para cuya acreditación basta con que existan probanzas, que señalen la existencia de los hechos con un adecuado nivel de certeza.
Continúa diciendo que el actor no ha refutado la veracidad de los hechos y las pruebas invocados por la autoridad demandada, limitándose a invocar la ausencia de responsabilidad penal de su parte, pero tal circunstancia no resulta justificante para pretender invalidar la sanción administrativa aplicada.
Por otra parte sostiene que en el proceso penal la existencia de una mera duda -por mínima que sea- resulta suficiente para impedir el dictado de una sentencia de condena, frente al riesgo que representa el hecho de estar en juego la libertad de las personas. En cambio, en el procedimiento administrativo, el régimen de valoración de las pruebas se flexibiliza, permitiendo acceder al convencimiento a partir de las íntimas convicciones que ellas generan.
A partir de todo lo expuesto y de todas las citas jurisprudenciales dadas, afirma que toda la defensa de la actora construida sobre la base de alegar que no se encuentra acreditado el delito investigado en sede penal, queda desarticulada, pues tales antecedentes permiten comprender que aun cuando efectivamente el actor haya sido absuelto en sede criminal, tal circunstancia no obsta a que la administración lo considere culpable de una falta disciplinaria.
En cuanto a los daños reclamados por el accionante, niega todos y cada uno de ellos. Sostiene que no puede invocarse la pérdida del sueldo por la exoneración, dado que la sanción fue correctamente impuesta y que los hechos que le dieron lugar, no han sido desvirtuados por la sentencia penal.
Finalmente expresa que tampoco resultan procedentes los daños extra- patrimoniales reclamados.-
Por último deja planteada como defensa subsidiaria la prescripción de toda acción indemnizatoria que pretendiera remontar el cobro de daños y perjuicios por el período anterior a los dos (2) años desde el inicio de la demanda.
En subsidio, y para el supuesto de que se considerara subyacente la cuestión salarial, deja planteada la prescripción de cinco (5) años prevista para los créditos que se devengan periódicamente.-
Finalmente ofrece prueba y pide el rechazo de la acción.-
IV. Transitada la etapa de prueba y agregado los alegatos presentados por las partes - cfrme certificación de fecha 22/06/2018-, se llama autos para sentencia (providencia electrónica de fecha 22/06/2018), y
1. Que como se señalara anteriormente el actor impugna las Res. n° 4851 del 27/07/2007, dictada por el Sr. Auditor General de Asuntos Internos, que dispuso su baja por exoneración en los términos del art.59 inc 7 del Dec. Ley 9550/80, y su similar n°7614 del 24/07/2009, que no hizo lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra la aludida decisión, así como la Res n° 1727, del 06/08/2013, dictada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que desestimó el recurso de apelación deducido contra la misma.
Expresa que los actos administrativos carecen de la fundamentación y motivación suficiente, pues afirmaron - res. n° 4851- que la conducta desplegada afectó gravemente el prestigio de la institución, resultando dicha afirmación contraria a lo resuelto posteriormente por el Tribunal Oral en lo Criminal n°3 Departamental, que lo absolvió por falta de participación en el hecho que diera lugar a la exoneración, lo que no fue tenido presente por el Sr. Ministro -Res.n°1727- al momento del dictado del acto que puso fin a la instancia administrativa.-
Por su parte la demandada defiende la legitimidad de los actos impugnados sosteniendo que la administración valoro razonablemente el abundante material probatorio y logro tener por acreditada la responsabilidad del actor, al participar de los hechos investigados, sin necesidad de tener por acreditado el delito penal.-
2. Sintetizados los argumentos medulares de las partes, el thema decidendum, estriba en verificar si los actos administrativos cuestionados, por medio de los cuales se impone la sanción de exoneración, resultan legítimos.-
Asimismo, para el supuesto invalidante, determinar si corresponde el resarcimiento de los daños y perjuicios y en su caso, su cuantía.-
3. De las actuaciones administrativas nros: 21000-167989/01, c/2110-464757/05, ISA n°4641/602 c/ 21100-322309/02, Isa 5498/403 agregados -sin acumular- se deprenden las siguientes constancias útiles para resolver la presente contienda:
a.- A fs. 150, surge la orden de instrucción del sumario administrativo, a saber: "Desprendiéndose de la descripción de los hechos que anteceden la posible comisión de una falta disciplinaria tipificada en el Decreto Ley 9550/80 cuya investigación compete a esta Auditoria de Asuntos internos (art. 1°, párrafo 1° del Decreto 4574/98.T.O Decreto 1850/01) instruyese sumario administrativo."
b.- A fs. 153 el Auditor de Asuntos Internos aconseja al Ministro de Seguridad se decrete la disponibilidad de los imputados -entre los que todavía no se encontraba el actor- indicando que la medida obedecía a que se tomó conocimiento por la Fiscal Adjunta Dra. María G. Urrutia, que la misma se había presentado a la Comisaria de Lujan, (en el marco de la IPP n° 88.181) raíz del recurso de amparo presentado por la madre de uno de los detenidos que denunciaba que su hijo era golpeado -siendo la última vez el 15 de junio del 2002- siempre por los mismos efectivos policiales.
c.- A fs. 239, 339, 402 a 410 y 435/443, el inspector sumariante incorpora fotocopias - las que previamente certifica- de la causa penal, correspondiéndose todas ellas con declaraciones testimoniales prestadas en aquella sede por los detenidos, los imputados y personal policial no imputado.-
d.- A fs. 446 en atención a la ampliación de la imputación efectuada en sede judicial al resto del personal policial, que prestó servicio en la Comisaria de Lujan durante el periodo comprendido entre el 15 y 20 de junio de 2002, se amplía la imputación de fs. 237 a nuevos efectivos, entre ellos al Sargento Miguel Angel Vaccaro.-
e.- A fs. 537/556 se agregan copias de la causa penal, donde la Agente Fiscal formula la requisitoria de elevación a juicio de todos los imputados.-
f.- A fs.1052/1056 obra el dictamen del Auditor sumarial. Por el mismo elevó los autos al Sr. Auditor General de Asuntos Internos, aconsejando la sanción de Exoneración, para todo el personal policial involucrado (17 efectivos policiales), considerando que la conducta desarrollada por todos ellos - apremios ilegales- encuentra adecuación en el art.59 inc 7 del Dec./Ley 9550/80.-
g.- A fs. 1059/1066 obra la Resolución n° 4851 del Auditor General de Asuntos Internos, de fecha 27 de julio de 2007 por la cual se impuso la sanción de exoneración a todos los allí nombrados entre ellos el Sargento Miguel Angel Vaccaro, por hallarlos responsable de la falta prevista en el art.59 inc 7° del Decreto Ley 9550/80.-
h.- A fs. 1136/1139 obra el recurso de reconsideración interpuesto por el actor conjuntamente con otros imputados.-
i.- A fs. 1445/1451 obra la Resolución n° 7614 del Auditor General de Asuntos Internos, de fecha 24 de julio de 2009, por la cual se resuelve: .13°) no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el imputado Miguel Angel Vaccaro.-
j.- A fs.1529/1531 obra el recurso de apelación interpuesto por el actor con fecha 18/09/2009.-
k.- A fs. 1784 obra dictamen de la Asesoría General de Gobierno, con fecha 01/02/2011, diciendo por los argumentos que expone, que corresponde dictar el acto pertinente, rechazando la impugnación deducida. Sin perjuicio de ello pone a consideración la copia de la sentencia dictada con fecha 02/07/2010, por el Tribunal en lo Criminal n°3 de este Departamento Judicial, en la que fueron absueltos varios agentes policiales -entre ellos el actor-, pudiendo el Ministro ponderar los nuevos elementos obrantes en la causa.
l.- A fs.1809/1810: obra copia fiel de la Resolución n°1727, dictada con fecha 06/08/2013, por la cual el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto.-
4. Relevadas las actuaciones administrativas y puesta de resalto las constancias que entiendo resultan útiles para la solución del litigio, debo comenzar el análisis de la situación planteada.-
Que de las constancias de la causa, no quedan dudas que el sumario se da inicio como consecuencia del mismo hecho por el cual también se da inicio a la investigación penal, esto es, por la denuncia de apremios ilegales ocurridos en la Comisaria de Lujan, en los días 15/16 y 18/19 de junio del año 2002, donde el accionante prestaba servicios a la fecha del hecho.-
Es decir que la investigación en sede penal y luego en sede administrativa, estuvo orientada a verificar la efectiva participación de los agentes policiales, que prestaron servicios durante aquella fecha en la Comisaria de Lujan.-
Ahora bien, tal como fuera relevado, transitado el procedimiento adm
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.