Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 14257 2017
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión indemnizatoria deducida por la Sra. Rosa Aguirre contra la Municipalidad de Moreno y el tercero citado Manuel Alberto Depaoli.-
2Imponer las costas a la actora vencida (art.51 inc.1 CPCA Ley 14.437).-
3Merituando los trabajos realizados, regúlanse los honorarios del Dr. Alfredo Raul Navarro Labastie en su carácter de letrado patrocinante de la actora en la suma de pesos doce mil ($ 12.000,00), los de la Dra. Silvina Ledesma T° V, F° 298 C.D.A.M. apoderada de la municipalidad de Moreno en la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000,00), todo esto, con más los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 (art.10, 15, 16, 13, 21, 23, 26 y cctes. D. Ley 8904) y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
Expte. Nº 14257 .-
Autos:"AGUIRRE ROSAC/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, de Octubre de 2017.PB
Estos autos caratulados "AGUIRRE ROSAC/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS, expediente Nº 14257, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs 13/25 se presenta la señora Rosa Aguirre con el patrocinio letrado del Dr. Alfredo Raul Navarro Labastie, iniciando demanda por la suma de pesos doscientos tres mil ochocientos ($203.800) más intereses y costas, contra la Municipalidad de Moreno. Todo ello, por los daños y perjuicios sufridos, a raíz del accidente ocurrido el 6 de julio 2010, siendo aproximadamente las 16:00 hs.-
Refiere que la actora se encontraba caminando por la acera de la numeración par, en dirección sur-norte, de la Av. Pte. Perón, entre las calles Pueyrredon y Urquiza, de la localidad y partido de Moreno, y al llegar a la altura de la propiedad que se encuentra en la esquina de la manzana, el propietario de la casa allí ubicada construyo una entrada para autos y a los bordes del camino de ingreso, puso como adorno ladrillos semienterrados, de los cuales sobresalían una de las aristas formando una serie de triángulos uno al lado de otro.-
Manifiesta que el adorno mencionado, quedaba semicubierto por el césped y que la señora Aguirre tropieza con este cayendo de frente al suelo, atinando a parar la caída con su brazo derecho, el que se viera lesionado como consecuencia del golpe.-
Relata que dos vecinos que estaban en ese momento en la misma cuadra la ayudaron a levantarse y la llevaron a su casa.
Refiere que a las 18 hs. el hijo de la señora Aguirre la lleva al sanatorio Nuestra Señora del Pilar S.A., donde le sacan una placa radiografica y le informan que deberá ser intervenida quirurgicamente por fractura de codo. Con fecha 13 de octubre de 2010 le realizan la operación, quedando internada por 24 hs. Luego del alta tuvo que efectuarse curaciones diarias durante un mes y 40 sesiones de kinesiologia.-
En cuanto a la responsabilidad por el accidente indica que es de la municipalidad de Moreno, en su carácter de brindadora de un servicio público como es el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de las veredas, calles, paseos, plazas, etc., por lo que entiende la actora que el municipio demandado debe responder.-
Relata que como consecuencia del accidente la actora sufrió fractura desplazada de olecranon de codo derecho, por lo cual debió ser sometida a una operación de osteosintesis metálica de codo derecho con placa de reconstrucción de 3.5 mm., 3 tornillos y 2 clavijas de Kirschner.
En cuanto a las secuelas dice que la actora tiene reducción en la movilidad del codo derecho, y que le es imposible alcanzar la flexión y extensión total.-
En cuanto a los daños peticionados, solicita en primer lugar el resarcimiento del daño estético por un total de $15.000, incapacidad sobreviniente por $60.000, daño psíquico por un monto de $33.800, daño moral por $70.000 y por último, peticiona por los gastos terapéuticos por la suma de $15.000 y gastos por movilidad y comida por la suma de $10.000. Sumando todo un total de $203.800.-
Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. Todo ello en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 del departamento Judicial de Mercedes.-
III. A fs. 26 el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 Dptal., se declara incompetente para entender en las presentes actuaciones y las remite al Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 Dptal. a mi cargo, siendo recibidas las mismas con fecha 5 de septiembre de 2011.-
IV. Que a fs. 35/38 se presenta la Dra. Silvina Ledesma contestando demanda en representación de la Municipalidad de Moreno.-
Efectúa una negativa pormenorizada de cada uno de los hechos alegados por la actora y de la documental acompañada por esta.-
Manifiesta que desconoce la real ocurrencia del hecho y forma de producción relatada por la actora en el escrito de demanda.-
Cita como tercero al titular de dominio del inmueble en el cual se habría producido el hecho en cuestión.-
Luego impugna cada uno de los rubros peticionados por el actor, alegando que los mismos resultan improcedentes, y que los montos peticionados son excesivamente elevados.-
Ofrece prueba y peticiona el rechazo de la demanda.-
V. Que a fs. 62, no mediando oposición de la actora se cita como tercero a Jorge Alberto Depaoli, de quien a fs. 89 la Cámara Nacional Electoral informa que el señor Jorge A. Depaoli falleció en el año 1997.-
VI. A fs. 110, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 6 Dpta. informa, a petición de la demandada, sobre la existencia de un heredero del señor Jorge Depaoli. Ante esto la demandada desiste de la citación al señor Jorge A. Depaoli y solicita se cite como tercero a su hijo Manuel Alberto Depaoli, quien notificado a fs. 148/149 no comparece a estos autos.-
VII. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs 152/153, agregado el alegato presentado por la demandada con fecha 7/06/2017, se llama autos para sentencia con fecha 22/06/2017; y
1. Que la aquí actora, promueve demanda contra la Municipalidad de Moreno por la suma de $ 203.800, o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la caída en la vereda de la avenida Pte. Perón y Urquiza, hecho que afirma se produce por el estado de la misma y los ladrillos semienterrados que además, estaban cubiertos por el césped, lo que dificultaba su visualización, esto provoca la pérdida del equilibrio y finalmente la fractura del codo derecho.-
Imputa a la demandada en su calidad de propietaria y brindadora de un servicio público como es el cuidado, mantenimiento, conservación y reparación de veredas, calles destinadas al uso del dominio público.-
2. Conforme los extremos fijados cabe tener presente que, en el caso de autos, se debate la responsabilidad del Estado por omisión; y en relación a ello es doctrina consolidada de la Corte Suprema de la Nación, que la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.-
De modo tal que la culpa queda desplazada como factor de atribución, y en su consecuencia, no resulta necesario acreditar la culpa del agente y ni siquiera individualizar el autor del daño. Basta con acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para que se configure el factor objetivo que permita atribuir responsabilidad (CSN, in re "Vadell" LL 1985-B-3).
Señala Cassagne en este sentido, que la clave para establecer la responsabilidad estatal por un acto omisivo se encuentra en la configuración de la falta de servicio, concebida ésta como una omisión antijurídica que se produce en la medida que sea razonable y posible esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar daños en las personas o en los bienes de los particulares (Cassagne, Juan Carlos, " Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema", LL 2000-D, 1219).-
En el mismo sentido se ha dicho que, si bien es cierto que el deficiente o indebido ejercicio del poder de policía en lo que respecta al estado de conservación de la vía pública puede llegar a comprometer la responsabilidad estatal, ello es así a condición de que se acredite, como en general en todo supuesto generador de un perjuicio resarcible, una relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento de la obligación y el daño producido (Cfr. SCBA, causa Ac. 78.017, "O., M. d. J. y otros contra Barragán, Norberto Rubén y otros. Daños y Perjuicios" del 31/5/2006) y esa relación de causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.-
Concluir en contrario, implicaría responsabilizar al Estado, en base a la imputabilidad objetiva, por todos aquellos daños en los que no tuviera una participación directa ni se demostrara la relación causal entre el daño y ese acontecimiento.-
En este contexto, si no se probaran las causas que produjeron el hecho dañoso no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada por no poder verificarse la imputabilidad a su parte revelando la relación causal.-
3. Ahora bien, no obstante los extremos fijados precedentemente lo cierto es que para que el régimen de responsabilidad del Estado se active, como en cualquier supuesto en que se debata la responsabilidad, es menester demostrar que se configuran los extremos de hecho que lo hacen aplicable.
En este sentido, explica la doctrina que los elementos comunes a toda situación fáctica que pretenda convertirse en una situación de reparabilidad son: el hecho humano -como acción u omisión- en forma directa (hecho propio) o mediata (como cuando el hombre actúa con cosas), el daño y la relación de causalidad entre aquel y este (V. Ghersi, Carlos A. y colaboradores, Teoría General de la Reparación de Daños, Ed. ASTREA 1997, Cap.II, Pág. 41 y sgtes)
Este primer presupuesto es aquel que impone al pretensor la necesidad de probar la existencia del hecho, pues de no ser así, la situación carecerá ab initio de un elemento imprescindible para acceder a la reparabilidad.
Es en ese contexto, que si no se probare el primer presupuesto para que se active la responsabilidad - el hecho mismo- no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada.-
Como regla general incumbe al pretensor del resarcimiento de daños acreditar los presupuestos de la norma que lo beneficia; esto es evidenciar los presupuestos del deber de reparar. Por tal motivo, la falta de acreditación de esos extremos, se torna en perjuicio de quien invoca la aplicación de la norma, impidiendo o extinguiendo el derecho alegado (v. Lorenzetti, Ricardo L., Carga de la Prueba en Procesos de Daños, en LL 1991-A 995; art 375 CPCC y su doctrina).-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios precedentemente apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).-
Es tan importante la demostración de los hechos expuestos, y la carga probatoria, que no debe olvidarse que, en su gran mayoría, las causas productoras de los procesos judiciales de daños son hechos, acontecimientos fácticos, que ocurren por consiguiente en un momento histórico determinado, breve en tiempo. Si no se ha documentado ese evento, si no han quedado plasmados en elementos probatorios los hechos que lo componen, en toda su integralidad y detalle, el correr de los días, y a veces los años, hará ilusoria la pretensión de la realización de la justicia del caso concreto. Como hay veces que se torna materialmente imposible encontrar y producir las probanzas necesarias.-
4. Y sobre tales premisas, examinada la prueba producida en autos, bajo las coordenadas hermenéuticas precedentes, estimo que la accionante no ha acreditado fehacientemente, el hecho alegado, debiendo soportar las consecuencias de ese omitir en el propio interés.
Consecuencia de ello es la insuficiencia de prueba desplegada por la actora, que no ha producido ninguna de las pruebas oportunamente ofrecidas, no solo la informativa y pericial medica o psicológica, sino tampoco la prueba testimonial, que resultaba determinante para sustentar el hecho denunciado.
En un análisis escueto de lo acontecido, desde el auto de apertura a prueba con fecha 29/11/2016 (v. fs. 152/153), hasta el cierre del mismo, con fecha 5/04/2017, tenemos que a fs. 155 y con fecha 5 de diciembre se designo como perito medico al Dr. Eduardo Carlos Ramos. Ahora bien, la cédula de notificación para que el perito acepte el cargo fue retirada del Juzgado por la parte actora con fecha 18 de abril de 2017, tampoco hay constancias en el expediente de que se hubiera activado la prueba testimonial, por demás importantes para demostrar el hecho provocador del daño que se reclama. Recién con fecha 2 de junio de 2017, casi 2 meses después de la certificación del vencimiento del periodo probatorio, la actora acompaña escrito acreditando diligenciamiento de oficios, cuando ya se encontraban los autos para alegar (22/05/2017). Y a más abundamiento, tampoco se verifica que haya impugnado el auto que hacia saber del vencimiento del periodo probatorio, que fue con fecha 5/04/2017.-
En efecto, queda claro que, no ha podido la accionante dar evidencia directa de la denunciada caída, y es más, de las constancias acumuladas en autos no se desprende que la actora haya llevado adelante actividad probatoria alguna, que conduzca a comprobar la imputada responsabilidad.-
Es decir que no existen constancias en autos que arroje certeza de que el día 6 de julio de 2010, la señora Aguirre estuviera caminando por la Av. Perón y Urquiza, y que se tropezara a causa de la existencia de ladrillos que se encontraban semienterrados en la vereda.-
En esa dirección, debía dirigir sus probanzas: a demostrar no solo que efectivamente la existencia de dicha circunstancia en la intersección mencionada, sino también evidenciar la ocurrencia de la caída.-
Por todo ello reitero, no se encuentra fehacientemente acreditado en la causa, el primer presupuesto de la responsabilidad imputada. Esto es, la existencia del hecho ilícito alegado.-
5. Por lo tanto, no sin dejar de recordar que conforme al art. 375 del CPCC es el demandante quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su derecho, he de concluir que la accionante no ha probado, ni siquiera, que el hecho dañoso ocurriera en el sitio y en la época que alega, resultando tal carencia suficiente, para frustrar irremediablemente la pretensión de reparabilidad que aquí se enarbola (art. 375 del C.P.C.C.).-
Por último, cabe agregar, que ese escenario impide todo avance en el análisis de la responsabilidad del tercero citado, correspondiendo el rechazo de la demanda también a su respecto.-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 163, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 2 inc.4°, 12 inc.3°, 51, y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); arts. 375, 384 y cctes. CPCC; arts.1112 y su doctrina del Código Civil; art. 7 C.C.yC.N. Ley 26.994 y su Doc., (causas CCASM Expte. N°MER-4872-2015 "Malinovsky Erica Gisele c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión Indemnizatoria"; CCASM Expte. N°MER-4682-2015 "Raia Eva Aida c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Indemnizatoria" entre otras) y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión indemnizatoria deducida por la Sra. Rosa Aguirre contra la Municipalidad de Moreno y el tercero citado Manuel Alberto Depaoli.-
2. Imponer las costas a la actora vencida (art.51 inc.1 CPCA Ley 14.437).-
3. Merituando los trabajos realizados, regúlanse los honorarios del Dr. Alfredo Raul Navarro Labastie en su carácter de letrado patrocinante de la actora en la suma de pesos doce mil ($ 12.000,00), los de la Dra. Silvina Ledesma T° V, F° 298 C.D.A.M. apoderada de la municipalidad de Moreno en la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000,00), todo esto, con más los aportes que fija el art.12 de la ley 6716 (art.10, 15, 16, 13, 21, 23, 26 y cctes. D. Ley 8904) y el I.V.A. en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ................../2017.-
Honorarios registrados bajo eL n|........./2017
Fin de la sentencia