Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 11322 2019
Expte. Nº 11322.-
Autos: RIOS RICARDO RAULC/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES DE GILES y otro/a S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Agosto de 2019.-AC
Estos autos caratulados "Ríos Ricardo Raúl c/Municipalidad de San Andrés de Giles y otro/a s/Pretensión Indemnizatoria", expediente Nº 11.322, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 6/15 se presenta, el Dr. Lucas Ricardo GOMEZ en su carácter de letrado apoderado de Ricardo Raúl Ríos, iniciando demanda por la suma de $ 190.000,00 -con más sus intereses y costas-, contra Omar P. Olmos y contra la Municipalidad de San Andrés de Giles. Todo ello, como consecuencia del accidente ocurrido el día 08 de febrero de 2008, alrededor de la hora 03:00 en la calle Rivadavia entre Moreno y Sarmiento de la Ciudad de San Andrés de Giles.-
Relata que el día indicado su representado iba conduciendo su ciclomotor Zanella 50 cc en compañía del Sr. Hernán Eduardo Aquilano quien conducía otra motocicleta. Comenta que transitaba en forma prudente y a velocidad reglamentaria, tal como es su modo habitual de conducir.-
Continúa diciendo que también por calle Rivadavia y a muy escasa velocidad, circulaba un automóvil, por lo que su representado decide sobrepasarlo, realizando la maniobra por la izquierda del vehículo.-
Refiere que fue luego de esa maniobra que el Sr. Ríos en forma absolutamente imprevisible se encontró frente así, con un montículo de escombros que se encontraba frente al domicilio del demandado Olmos, el cual -careciendo del más mínimo señalamiento, vallado o iluminación- se convirtió en un obstáculo insalvable, resultando infructuosa la maniobra de esquive.
Alega que ante tal circunstancia su representado cayó al asfalto sufriendo gravísimas lesiones.-
En cuanto a la responsabilidad que endilga a los accionados refiere que teniendo en cuenta la evolución del derecho de daños, ha quedado solidificado, doctrinaria y jurisprudencialmente, la admisión de que las cosas inertes constituyen cosas riesgosas, como lo es un montículo de tierra y escombros. Cita jurisprudencia.-
Dice que la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, en el supuesto de montículos, se funda en la omisión de haberlos cercado, señalizado, iluminado, por no advertir la existencia del peligro.-
Por ello afirma que de todo lo expuesto surge evidente, tanto la responsabilidad de la municipalidad demandada, como la del frentista.-
Refiere que en el caso resulta de aplicación lo normado por el art.1113 del Código Civil.-
En capítulo aparte reclama los daños que alega fueron sufridos por su representado.-
Dice que como consecuencia de la caída, su representado sufrió las siguientes lesiones: 1.- fractura de cúbito y radio de la muñeca derecha; 2.- arrancamiento de uñas de la mano izquierda; 3.- escoriación por fricción con el asfalto en el tercio inferior de la cara anterior del muslo izquierdo; 4.- politraumatismos en extremidades superiores e inferiores.-
Relata que del lugar del accidente, su mandante fue trasladado al Hospital de San Andrés de Giles. Allí se le realizaron radiografías, curaciones y se le colocó un yeso en la mano derecha, que posteriormente tras realizarse una tomografía axial computada en la mano afectada, ante la evolución negativa de la lesión, los médicos tratantes decidieron practicarle una cirugía de osteosíntesis con la colocación de clavos que luego debían retirar a los 25 días aproximadamente y le colocaron un nuevo yeso por otros 25 días. Luego de la extracción de ese yeso debió realizar rehabilitación kinésica.-
Alega, que si bien la intervención quirúrgica resulto exitosa, su representado presenta secuelas incapacitantes de carácter permanente.-
Refiere que al cuantificar la magnitud de los daños provocados, deberá tenerse presente que su representado se trata de un joven hombre, con una familia y que ha visto trastocada su vida, principalmente en la faz laboral, pues ya no puede realizar sus tareas de mecánico de automotores con normalidad, ya que la disminución de la fuerza muscular en su mano derecha provoca que deba utilizar casi exclusivamente su mano izquierda; y muy a menudo solicitar la ayuda de terceros.-
Reclama Incapacidad física: Dice que el accidente ha tenido graves consecuencias físicas para el actor. La movilidad de la muñeca derecha, tanto activa como pasiva, en movimientos de flexión sólo llega hasta los 30°; en extensión hasta los 25°; en pronación hasta 20°; y en supinación hasta 25°. También refiere que la fuerza muscular de la misma se ha visto severamente afectada.-
Comenta que, con anterioridad al accidente, su representado trabajaba en el taller mecánico del Sr. Daniel Adolfo Ferreto percibiendo mensualmente alrededor de $2.000,00.-
Refiere que dichos ingresos eran íntegramente volcados a la atención de su grupo familiar, compuesto por su concubina Natalia G. Chimente y su pequeño hijo Ricardo G. Ríos Chimente.-
Continúa diciendo que el Sr. Ríos presenta horribles cicatrices, postquirúrgicas por la colocación de los clavos en ambas caras laterales de la muñeca, y otra no menos fea tórpida, de 6 cm. por 2,5 cm., de color ocre y forma oval, en el tercio inferior de la cara anterior del muslo izquierdo.-
Expresa que todo ello lleva a su parte a alegar una incapacidad definitiva irreversible del orden del 32% de la total obrera.-
Por todo ello reclama por este concepto la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000,00) a valores de la fecha del suceso, o lo que más o menos resulte.-
Luego reclama Daño moral: Alega que la experiencia misma del hecho dañoso, las fracturas, intervenciones quirúrgicas y tratamientos que debió padecer su representado, en especial, la internación y la convalecencia padecida, cuyas secuelas se extenderán por toda la vida del actor, indican la existencia de angustias y padecimientos cuya reparación contempla expresamente el art. 1078 del Código Civil.-
Comenta que teniendo en cuenta la importancia de las lesiones sufridas, poniendo énfasis en señalar las consecuencias irreversibles del hecho que padece su representado, reclama la cantidad de pesos cien mil ($100.000,00).-
Reclama Gastos efectivos no documentados: Dice que comprenden este rubro todas aquellas erogaciones realizadas como consecuencia del suceso. Dice que se deben incluir las compras de medicamentos, los traslados de la víctima o quienes debieron acompañarla durante su internación, traslados o convalecencia. Alega que no obsta a su determinación el hecho de que el paciente se asistiera en parte en un hospital público. Alega que en razón de la gravedad de las lesiones sufridas, el tiempo que demandó los tratamientos y los costos de los mismos, reclama por dicho rubro la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00).-
Luego reclama Tratamiento de recuperación kinesiológica: Alega que resulta evidente la necesidad de someter a su representado a tratamientos de recuperación que resultarán largos y costosos. Por ello solicita por dicho concepto la suma de pesos cinco mil ($5.000,00).-
En capítulo aparte ofrece prueba y peticiona.-
Apartado seguido, solicita la inconstitucionalidad del art. 51 del CPCA, al respecto dice que dicha norma al establecer que las costas en procesos como el presente deben ser soportadas en el orden causado, conspira contra diversas garantías constitucionales como son el derecho de propiedad, la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Refiere que el objeto de la pretensión, es la reparación integral del daño sufrido y que la misma no será tal, si las costas son impuestas por su orden. -
Alega que de aplicarse el art.51 del CPCA se consagraría una desigualdad ante la ley, pues una persona que sufra un daño idéntico al sufrido por su representado, ocurriendo al fuero civil obtendría una reparación integral.-
En forma subsidiaria solicita, ante el supuesto de que se decida no hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad planteada, se solicita la aplicación del Art.68 del CPCC en tanto prescribe la imposición de costas al vencido, con fundamento en el principio objetivo de la derrota.-
II. A fs.31/34 se presenta Omar Pedro Olmos, por derecho propio, contestando demanda junto al patrocinio letrado del Dr. Ernesto O Oliva.-
Comienza su responde realizando por imperativo legal una negativa de todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda y negando toda la documentación acompañada por el actor que no fuere expresamente reconocida.-
Luego procede a efectuar una negativa pormenorizada de cada uno de los hechos y de los daños invocados por el actor. -
Continúa diciendo que el actor no ha sufrido el accidente en los términos que los plantea en su demanda, toda vez que afirma que en la fecha no existía el famoso montículo.-
En tal sentido alega, que en esa fecha no se registró ninguna actuación policial por ningún accidente, que tampoco se registró constancia de ingreso de ningún lesionado en el nosocomio local motivado por el accidente en cuestión.-
Por otra parte, manifiesta que jamás sacó escombros a la calle, y que en alguna oportunidad, cuando hubo de realizar alguna obra en su propiedad los escombros quedaron depositados en la vereda hasta tanto la Municipalidad los retire, dando oportuno aviso al Municipio local, para que organice su retiro inmediatamente.-
Refiere que el accionante, a los fines de probar la responsabilidad achacada deberá acreditar que transitaba por la calle Rivadavia a la altura del 463 a la hora y el día que refiere, luego las circunstancias constitutivas de la mecánica del accidente, la existencia del montículo de escombros y que dicho montículo no haya podido ser visualizado.-
Continúa diciendo que también deberá acreditarse que los escombros hayan sido colocados por el suscripto en la vía pública, luego la relación de causalidad entre las lesiones causadas y el evento dañoso.-
En capítulo aparte, solicita la citación en garantía de la Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.-
Finalmente ofrece prueba y por último peticiona.-
III. A fs. 46/54 se presenta el Dr. Alberto C. Salaberry contestando demanda en su carácter de letrado apoderado de la Municipalidad de San Andrés de Giles.-
Inicia su responde negando todos y en forma particularizada todos y cada uno de los hechos alegados por el actor y los daños reclamados. -
Luego comienza con el responde de demanda propiamente dicho y en ese camino dice que la demanda tiene su fundamento legal en el art.1113 segundo párrafo in fine del Código Civil y en tal sentido sostiene que dicha norma regula un supuesto especifico de responsabilidad civil entre sujetos privados, que parte de la premisa de que el dueño o guardián ha introducido o creado un riesgo vinculado con una cosa que utiliza o de la que obtiene un provecho económico y sobre la que tiene un poder de hecho, una posibilidad real de vigilancia y control.-
Conforme ello sostiene que su representada carece de legitimación para ser parte en el proceso, en las condiciones en que ha quedado enmarcado el asunto, toda vez que, si bien su representada es dueña y guardiana de la calle, la misma en condiciones normales no presenta ningún riesgo o peligro para el tránsito, y teniendo presente que en el caso de autos la cosa riesgosa, inerte o no, la constituye el montículo de escombros, el Municipio por ella no debe responder.-
Que sin perjuicio de ello, procede luego a efectuar ciertas precisiones en respecto del art.1113 del C.C, en cuanto al supuesto de intervención de cosas inertes y en tal sentido dice que cuando la victima ha sufrido daños que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio, es decir que el damnificado deberá demostrar que la cosa jugo un papel causal acreditando en el caso de cosas inertes, la posición o el comportamiento anormal de la cosa o su vicio. Cita abundante jurisprudencia.-
Continúa su responde y en capítulo aparte, comienza a relatar todo aquello relacionado con los bienes del dominio público y la extensión del Poder de Policía.-
Dice que en el caso de autos no surge ningún elemento que indique una falta de servicio por parte de la administración, y alega que debe tenerse presente que el deber de la administración se desarrolla en un ámbito determinado, y que ello no significa que tenga la obligación de controlar en términos absolutos.-
Refiere en ese sentido que la aplicación directa del art.1113 2º párrafo del C.C a los supuestos como el de autos, significaría obligar al estado a asumir todos los riesgos que los particulares puedan experimentar como consecuencia del uso de dichos bienes, aunque la administración no haya incurrido en la más mínima negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y aunque haya cumplido con el deber de adoptar las medidas exigibles para prevenir y evitar daños significaría extender el poder de policía a limites irracionales.
Alega que existen dentro de la comuna normas que fijan días y horas en que los vecinos deben sacar a la calle los residuos, escombros, ramas y/o cualquier otro tipo de residuos, y que si algún vecino pretende la realización en otro horario debe comunicarlo.-
En cuanto a los rubros y montos reclamados se opone al progreso de los mismos.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
IV. A fs.221 se presenta el Dr. Agustín M. Acuña en su carácter de letrado apoderado de La Meridional Compañía de Seguros S.A, manifestando que su poderdante ha celebrado contrato de seguro con Omar Olmos, instrumentado el mismo mediante la póliza nº 378860 con vigencia desde las 12 h. del 10/06/2007 al 10/06/2008, por combinados e integrales familiar por la suma asegurada de $ 278.250.-
Al respecto refiere que conforme surge de la póliza en la página nro 1 item 5. Riesgo-cobertura-Responsabilidad Civil, la suma asegurada de $75.000.-
Por todo ello solicita se tenga presente los términos de la póliza, dejando planteada la defensa de falta de cobertura para el caso de superarse las sumas máximas convenidas por las partes por todos los acontecimientos ocurridos durante la vigencia de la póliza, y respondiendo solo hasta el limite y en los términos de la misma.-
Finalmente dice que, en cuanto a las costas del juicio, su mandante se hará cargo de las mismas siempre en la medida del seguro.-
V. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs 119/121 y agregados los alegatos presentados por las partes -Municipalidad de San Andrés de Giles con fecha 06/02/2019 y el codemandado Omar P.Olmos con fecha 04/02/2019- finalmente se llama autos para sentencia con fecha 29/04/2019 y:
1. Que en autos el actor demanda a la Municipalidad de San Andrés de Giles y al Sr. Omar P. Olmos, por los daños que alega haber sufrido con motivo de la caída ocurrida el día 8 de febrero de 2008, en la calle Rivadavia entre Moreno y Sarmiento de la Ciudad de San Andrés de Giles, siendo alrededor de las 3:00 h. mientras circulaba al mando de su ciclomotor, en compañía del Sr. Hernán Eduardo Aquilano quien conducía otra motocicleta, hecho que afirma se produce al encontrarse, luego de realizar una maniobra de sobrepaso respecto de otro vehículo, con un montículo de escombros que se encontraban frente al domicilio del demandado particular, el cual carecía de toda señalización convirtiéndose en un obstáculo insalvable, resultando infructuosa toda maniobra de esquive.-
Imputa responsabilidad por una lado a la comuna de San Andrés de Giles y al codemandado Omar OLMOS por la existencia del montículo en la vía pública, el que carecía de toda señalización, alegando que dicha responsabilidad deriva del carácter de dueños o guardianes de la cosa riesgosa.-
2.-Fijado ello, creo oportuno precisar que, si bien el actor no indica cual es la acción u omisión concreta que le achaca al Estado, del relato de los hechos se desprende que el caso habrá de analizarse bajo la órbita de la falta de servicio.-
Conforme ello es doctrina consolidada de la Corte Suprema de la Nación, que la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.-
Por lo demás, tiene dicho la Corte Nacional que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad ilícita exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, como ser la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración (CSJN, 12/11/96 "Tecnobetón S.A. c/ Estado nacional").-
De este modo, el daño causado por el Estado, como cualquier daño, para ser indemnizable y comprometer su responsabilidad requiere, además, la existencia de un nexo causal adecuado entre el acto imputable a la administración y la lesión sufrida por el reclamante. Debe existir entre el daño alegado y la conducta estatal una relación inmediata de causa y efecto.
En definitiva, se requiere que el daño sea jurídicamente imputable a la administración y para ello es necesario que el daño sea consecuencia de la actividad de la administración (lícita o ilícita), o sea encontrar un vínculo entre el daño y la actividad estatal, y esta relación de causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización. -
En el mismo sentido se ha dicho que, si bien es cierto que el deficiente o indebido ejercicio del poder de policía en lo que respecta al estado de conservación de la vía publica puede llegar a comprometer la responsabilidad estatal, ello es así a condición de que se acredite como en general en todo supuesto generador de un perjuicio resarcible, una relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento de la obligación y el daño producido (Cfr. SCBA, causa Ac. 78.017, "O.,M.d.J. y otros contra Barragan, Norberto Ruben y otros. Daños y perjuicios" del 31/05/2006) y esa relación de causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.-
Concluir en contrario, implicaría responsabilizar al Estado, en base a la imputabilidad objetiva, por todos aquellos daños en los que no tuviera una participación directa ni se demostrara la relación causal entre el daño y ese acontecimiento.-
En ese contexto, si no se probaran las causas que produjeron el hecho dañoso no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada por no poder verificarse la imputabilidad a su parte revelando la relación causal.-
3. El problema, radica entonces en el onus probandi, es decir, la carga probatoria para la procedencia de la acción, que comprende el hecho motivo de la causa y al nexo causal. Y en este sentido, se ha expresado que "...En todo proceso de daños, siempre debe el pretensor detenerse y precisar no solo la existencia de un daño probado, alcance y valoración cuantitativa, sino también que toda su extensión sea la consecuencia directa del hecho dañoso (Julia. E. Gandolla, Las Cargas Probatorias. Importancia en el Proceso. Aspecto Constitucional. Revista de Derecho de Daños. La prueba del Daño. T.I Ed. Rubinzal- Culzoni).-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios precedentemente apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcan
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