Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 23373 2019
Expte. Nº 23373.-
Autos: OLIVERA MARIA DEL CARMEN C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Octubre de 2019.-ES
Estos autos caratulados "OLIVERA MARIA DEL CARMEN C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 23373, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 20/26 se presenta la Sra. María del Carmen Olivera, con el patrocinio letrado del Dr. Martín E. Montes, iniciando demanda contra la Municipalidad de Moreno, con el objeto de obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el accidente del que resultare víctima, por un monto total de $ 500.000,00 o lo que en más o menos resulte de la prueba ofrecida y producida, mas intereses y costas hasta el momento de su efectivo pago.-
II. Relata la actora, que el día 25 de octubre de 2014, siendo aproximadamente las 20.00 hs. , en circunstancias de asistir juntamente con su grupo familiar al "11° Encuentro de la Provincias y su Cultura", llevado a cabo en la "Plaza Municipal Dr. Bujan ", -sita en ruta provincial 7, km. 35.5 /Paso del Rey/Moreno- donde se realizaban difrentes eventos musicales, y en momentos en que se desplazaba por uno de los laterales del espacio público habilitado para tales festejos - en proximidad de la intersección de calle Justo Durant y Arribeños- a fin de procurar una mejor ubicación para presenciar el show, es que tropieza con una "montaña de montículos formada por material de asfalto presumiblemente producto de arreglos en las sendas peatonales" (sic), cayendo pesadamente al piso, de tal forma que su peso es soportado en su totalidad por su brazo derecho, y causándole lesiones que debieron ser tratadas de urgencia.-
Aduce que, a causa de la caída, debió ser trasladada por el servicio de ambulancias al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde le diagnostican triple fractura de brazo derecho.-
Sostiene la responsabilidad de la Comuna de Moreno, conforme las previsiones del art. 1757 y concordantes del CC, por tratarse el montículo de material asfáltico acumulado de una cosa inerte que intervino activamente. Refiere asimismo, que el Municipio tiene la obligación de mantener en condiciones de ser utilizados, sin riesgos, aquellos espacios de su dominio público y destinado al uso y goce de los particulares, ya que, conforme su calidad de propietaria y guardián de calles, veredas y espacios públicos, tiene el deber de asegurar que los mismos tengan un mínimo y razonable estado de conservación, puesto que estos, que de por sí no son una cosa riesgosa, pueden convertirse en tales, si el municipio no hace las tareas de conservación adecuada y no prevé los accidentes que razonablemente pueden sufrir los transeúntes, mas aún cuando la plaza estaba destinada a ser el lugar donde los vecinos debían acomodarse para disfrutar el evento promocionado.
En este entendimiento, dice que, determinada la existencia del hecho en la forma relatada en la demanda y el comportamiento anormal de la cosa inerte (montículo de restos de material asfáltico), que produjo el tropiezo, caída y sus consecuentes lesiones, para poder eximirse de su responsabilidad objetiva, el municipio demandado debería probar que el daño se produjo por el caso fortuito, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.-
Arguye que, aunque es cierto que el lugar por donde transitaba no es el camino demarcado para transitar, también lo es, que resulta ser un hecho habitual y cotidiano que toda la plaza sea utilizada por los vecinos en ocasiones de concurrir a la misma cuando hay un evento de tal magnitud.
Expone que esa habitualidad, pública y notoria, más allá que no sea un espacio destinado al tránsito de personas, implica un deber de seguridad y resguardo, aún mayor para el municipio en lo que atañe a las condiciones que debe presentar, máxime en el caso concreto, por la cantidad de personas concurrentes a un show de tales características, por lo que es de difícil observación tanto los desniveles u obstáculos que puedan presentarse y puedan llegar a causar daños de gravedad.
Refiere que, si el municipio pretendiera que los vecinos que habitualmente transitan por la plaza o que van allí por esparcimiento, no caminen por zonas peligrosas o de potencial riesgo, debería colocar las medidas de seguridad (vallas, rejas, etc.) que lo impidan o, en el peor de los casos, carteles que indiquen el peligro de transitar por allí, para finalmente decir que, le corresponde al Municipio responder en virtud del deber de seguridad que debe garantizar a quienes transitan por un lugar publico.-
Luego de ello procede a peticionar los rubros indemnizatorios. Así, solicita incapacidad sobreviniente, por la suma de $ 245.000,00.
Requiere gastos de asistencia médica por la suma de $ 5.000,00, peticionando luego, el rubro daño psíquico. Al respecto, expone que las lesiones sufridas, le han acarreado un gran daño psíquico, que se exterioriza en profundas depresiones como un estado de abatimiento que le resta dinamismo y vitalidad para el desarrollo habitual y normal de las tareas propias de su edad, peticionando por este rubro la suma de $ 125.000,00.-
Finalmente, peticiona daño moral, citando jurisprudencia al respecto y solicitando la suma de $ 125.000,00.-
Por ultimo, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que en fecha 21/06/2018, se presenta la Dra. Silvina Ledesma, contestando demanda en representación de la Municipalidad de Moreno, responde que inaugura con una negativa de los hechos expuestos en aquella.-
Luego de ello, plantea que desconoce la real ocurrencia del hecho y forma de producción relatada por la actora en el escrito de demanda, y dice que, no existiendo responsabilidad alguna de su parte en el hecho objeto de esta litis, corresponde que se rechace la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.
Procede luego, a impugnar la liquidación y la totalidad de los rubros reclamados.-
En particular, impugna los rubros incapacidad sobreviniente, los gastos de asistencia médica, el daño psíquico y el daño moral
Finalmente, ofrece prueba y peticiona solicitando el rechazo de la demanda.-
III. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs 28/29 y agregado el alegato presentado por la demandada en fecha 29/05/2019, se llama autos para sentencia en fecha 24/06/2019; y
1. Que la aquí actora, promueve demanda contra la Municipalidad de Moreno por la suma de $ 500.000,00 o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la caída - que según dice- sufrió mientras se encontraba conjuntamente con su grupo familiar, en el "11° Encuentro de la Provincias y su Cultura", llevado a cabo en la "Plaza Municipal Dr. Bujan", sita en ruta provincial 7, km. 35.5 de Paso del Rey/Moreno. La caída habría ocurrido, cuando se desplazaba por uno de los laterales del espacio público habilitado para tales festejos, tropezando con un montículo formado por material de asfalto, presumiblemente producto de arreglos en las sendas peatonales.
Refiere que como consecuencia, cae pesadamente al piso, de tal forma que su peso es soportado en su totalidad por su brazo derecho, lo que le causó una triple fractura de su brazo derecho.-
Imputa la responsabilidad a la Municipalidad demandada, al entender que atento su carácter de dueña y guardiana de las calles de dominio público, tiene la obligación de asegurar que las mismas tengan un mínimo y razonable estado de conservación.-
2. Conforme los extremos referenciados, cabe tener presente que, en el caso de autos, se debate la responsabilidad del Estado por omisión; y en relación a ello es doctrina consolidada de la Corte Suprema de la Nación, que la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.-
De modo tal que la culpa queda desplazada como factor de atribución, y en su consecuencia, no resulta necesario acreditar la culpa del agente y ni siquiera individualizar el autor del daño. Basta con acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para que se configure el factor objetivo que permita atribuir responsabilidad (CSN, in re "Vadell" LL 1985-B-3).
Señala Cassagne en este sentido, que la clave para establecer la responsabilidad estatal por un acto omisivo se encuentra en la configuración de la falta de servicio, concebida ésta como una omisión antijurídica que se produce en la medida que sea razonable y posible esperar que el Estado actúe en determinado sentido para evitar daños en las personas o en los bienes de los particulares (Cassagne, Juan Carlos, " Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema", LL 2000-D, 1219).-
Al respecto, se ha dicho que, si bien es cierto que el deficiente o indebido ejercicio del poder de policía en lo que respecta al estado de conservación de la vía pública puede llegar a comprometer la responsabilidad estatal, ello es así a condición de que se acredite, como en general en todo supuesto generador de un perjuicio resarcible, una relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento de la obligación y el daño producido (Cfr. SCBA, causa Ac. 78.017, "O., M. d. J. y otros contra Barragán, Norberto Rubén y otros. Daños y Perjuicios" del 31/5/2006) y esa relación de causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.-
Concluir en contrario, implicaría responsabilizar al Estado, en base a la imputabilidad objetiva, por todos aquellos daños en los que no tuviera una participación directa ni se demostrara la relación causal entre el daño y ese acontecimiento.-
En este contexto, si no se probaran las causas que produjeron el hecho dañoso no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada por no poder verificarse la imputabilidad a su parte revelando la relación causal.-
3. Ahora bien, lo cierto es que para que el régimen de responsabilidad del Estado se active, como en cualquier supuesto en que se debata la responsabilidad, es menester demostrar que se configuran los extremos de hecho que lo hacen aplicable.
En este sentido, explica la doctrina que los elementos comunes a toda situación fáctica que pretenda convertirse en una situación de reparabilidad son: el hecho humano -como acción u omisión- en forma directa (hecho propio) o mediata (como cuando el hombre actúa con cosas) el daño y la relación de causalidad entre aquel y este (V. Ghersi, Carlos A. y colaboradores, Teoría General de la Reparación de Daños, Ed. ASTREA 1997, Cap.II, Pág. 41 y sgtes)
Este primer presupuesto es aquel que impone al pretensor la necesidad de probar la existencia del hecho, pues de no ser así, la situación carecerá ab initio de un elemento imprescindible para acceder a la reparabilidad.
Es en ese contexto, es que si no se probare el primer presupuesto para que se active la responsabilidad - el hecho mismo- no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada.-
Como regla general incumbe al pretensor del resarcimiento de daños acreditar los presupuestos de la norma que lo beneficia; esto es, evidenciar los presupuestos del deber de reparar. Por tal motivo, la falta de acreditación de esos extremos, se torna en perjuicio de quien invoca la aplicación de la norma, impidiendo o extinguiendo el derecho alegado (v. Lorenzetti, Ricardo L., Carga de la Prueba en Procesos de Daños, en LL 1991-A 995; art 375 CPCC y su doctrina).-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios precedentemente apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
El problema, radica entonces en el onus probandi, es decir, la carga probatoria para la procedencia de la acción, que comprende el hecho motivo de la causa y al nexo causal. Y en este sentido, se ha expresado que "...En todo proceso de daños, siempre debe el pretensor detenerse y precisar no solo la existencia de un daño probado, alcance y valoración cuantitativa, sino también que toda su extensión sea la consecuencia directa del hecho dañoso (Julia. E. Gandolla, Las Cargas Probatorias. Importancia en el Proceso. Aspecto Constitucional. Revista de Derecho de Daños. La prueba del Daño. T.I Ed. Rubinzal- Culzoni).-
4. Y sobre las premisas fijadas precedentemente, examinada la prueba producida en autos, me permito adelantar que la accionante no ha acreditado fehacientemente, el hecho alegado, debiendo soportar las consecuencias de ese omitir en el propio interés.-
En efecto, de las constancias acumuladas en autos, no se desprende que la actora haya llevado adelante actividad probatoria suficiente, pues en el análisis que respecto de la misma se efectúa, no ha podido dar evidencia a través de la prueba directa ofrecida - ni existen indicios suficientes que permitan activar una presunción hominis- de que su caída se haya producido a raíz de la existencia, el día del siniestro, de un montículo de material asfáltico en los laterales del espacio donde se realizaba el festejo que menciona.-
Adentrándome al análisis de la prueba directa ofrecida, destaco que nada ha logrado probarse. Así, analizando puntualmente cada una de las pruebas ofrecidas, se advierte que en relación a la existencia del montículo ninguna prueba se ha producido. Ello, en atención a que, la prueba testimonial no se ha admitido en su oportunidad, en virtud del apercibimiento hecho efectivo en fecha 24/10/2016, y de allí su fracaso (ver audiencia de fs. 28 vta).
Por otra parte, y examinando las restantes pruebas peticionadas por la actora, se verifica que los oficios requeridos, tienden a probar el daño sufrido (peticionan historias clínicas e informe al Hospital Mariano y Luciano de la Vega) y que, el oficio destinado a la Red de Emergencias Médicas, indica únicamente una llamada desde la Plaza Bujan (ver columna "solicitante") en la fecha mencionada, consignando únicamente como motivo "caída propia altura" (ver fs. 39/40 de la presente causa).-
Finalmente, y de la documental acompañada solo puede verificarse un reclamo indemnizatorio efectuado a la Intendencia Municipal, realizado casi cuatro meses después de la fecha del hecho y su posterior rechazo por parte de la Comuna, no resultando dicha prueba, demostrativa de la presencia del montículo al que hace referencia la actora, evidenciando de esta forma que la caída haya sido la consecuencia de su existencia, es decir que haya sido este el generador del daño invocado.-
Por último, en cuanto a las fotografías allegadas en la demanda inicial, ante el desconocimiento de la contraparte y la ausencia de certificación notarial, queda neutralizada su validez probatoria.-
En el caso, y tal como ha quedado plasmado precedentemente, huérfana de prueba se halla la presente causa en cuanto a la existencia del montículo, puesto que ninguna otra prueba más que las reseñadas supra se ha producido para probar las circunstancias de lugar donde el denunciado hecho se habría producido.-
En cuanto al resto de la prueba ofrecida -prueba psicológica y traumatológica, la que tampoco se ha producido-, la misma estaba destinada a probar la existencia del daño. Entonces, el conjunto de la prueba ofrecida por el actor, valorada de acuerdo con la sana crítica, no ha podido dar evidencia suficiente de la causa que produjo el evento dañoso, de manera tal que ello conduzca a comprobar la imputada responsabilidad.-
5. Por todo lo expuesto concluyo, que no se encuentra fehacientemente acreditado en la causa el primer presupuesto de la responsabilidad imputada, siendo, el déficit probatorio imputable a la actora, el factor que por sí solo la suerte adversa de la pretensión resarcitoria articulada.-
Y como es sabido, considerando el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la presente acción contenciosa administrativa, donde las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos invocados, son particularmente amplias, es el accionante a quien incumbe acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión, debiendo cumplir con la carga probatoria de demostrar la realidad de la realidad fáctica en que se sustenta, ello así por imperativo procesal (art 375 del CPCC.; art 77 inc 1º CPCA).-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 163, 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 1, 2 inc.4°, 12 inc.3°, 51, y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); arts. 375, 384 y cctes. CPCC; arts.1112, y su doctrina del Código Civil; art. 7 Cod. Civ. y Com. -Ley 26.994- y su doctrina (causas CCASM Expte. N°MER-4872-2015 "Malinovsky Erica Gisele c/ Municipalidad de Moreno s/ Pretensión Indemnizatoria"; CCASM Expte. N°MER-4682-2015 "Raía Eva Aida c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Indemnizatoria" entre otras) y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión indemnizatoria deducida por la Sra. María del Carmen Olivera contra la Municipalidad de Moreno.-
2. Imponer las costas a la actora vencida (art.51 del CPCA -texto según ley 14.437).
3. Atento el resultado del pleito corresponde proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, correspondiendo al solo efecto regulatorio fijar el monto del asunto (art.23 de la ley 14.967) el que asciende -conforme informa el actuario en este acto (art.116 del CPCC)- en la suma de $1.171.629,73 (capital más intereses) todo conforme liquidación practicada según los coeficientes que arroja el sitio web de la SCBA y aplicando la tasa pasiva más alta -en cada periodo de aplicación- fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (conf. Doctrina fallo SCBA C. 119.176, 15/06/2016 "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari Adrián Rubén s/ Daños y Perjuicios").-
En razón de ello, teniendo en cuenta el monto del asunto, el resultado del pleito (art.26 de la ley 14.967) como a su vez, las tareas desarrolladas en cuanto a lo principal del tramite, es que corresponde regular los honorarios profesionales del Dr. MARTIN EDUARDO MONTES (Tº XVI Fº 167 CASM) en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora en la cantidad de 49 JUS (arts. 1, 10, 15, 16, 21, 23, 24, 26 in fine, 54 Ley 14.967).
Asimismo conforme la impo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.