Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 27531 2019
Expte. Nº 27531.- Autos: PILLON JORGE OMAR C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Noviembre de 2019.CS
Estos autos caratulados "PILLON JORGE OMAR C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 27531, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 5/9 se presenta el Sr. Jorge Omar Pillon por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Rodolfo Benalal, promoviendo demanda indemnizatoria contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se lo condene a abonar la suma que resulte de la liquidación que practicará en autos. II.- Para ello, refiere que con fecha 27/11/2000, se lo detiene por encontrarlo presuntamente vinculado a un hecho delictivo ocurrido en la localidad de Bragado.
Señala que, el hecho fue calificado por el fiscal a cargo de dicha investigación, como robo agravado por el uso de arma de fuego y fue elevado a juicio interviniendo en el mismo el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 del Departamento Judicial Mercedes. Indica que con fecha 1/4/2003, se lo condenó a la pena nueve años de prisión, de efectivo cumplimiento y en definitiva a la PENA UNICA de DIECISEIS AÑOS DE PRISION de efectivo cumplimiento en concurso real por un hecho anterior. Refiere que, ante esta sentencia, interpuso recurso de casación, por lo que con fecha 20/03/2007, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resolvió: 1) Declarar procedente el recurso de casación interpuesto. 2) Casar el pronunciamiento impugnado, calificando su conducta como constitutiva del delito de ROBO SIMPLE. 3) Anular parcialmente el pronunciamiento impugnado. 4) Reenviar los autos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, a efectos que desinsacule un tribunal en lo criminal para imponer una nueva sanción.
Continua relatando que, con fecha 14/09/2006 se ordena su liberación (ver fs. 297 en Expte. Nro. 7213 ME - 2215-2016 caratulado: "PILLON, JORGE OMAR S/ ROBO SIMPLE"), pero que el Tribunal en lo Criminal Nro. 2 luego de notificarle la resolución del Tribunal de Casación "omitió enviar el expediente a sorteo y el mismo duerme "el sueño de los justos" por años" (Sic). Señala que en el año 2016, al presentarse con su letrado patrocinante y solicitar fotocopias, el Tribunal Criminal Nro. 2 toma nota de dicha omisión y decide enviar el expediente a la Cámara de Apelaciones para su respectivo sorteo, resultando sorteado el Tribunal Criminal Nro. 1, el cual, con fecha 21/2/2017 resuelve su sobreseimiento en la causa Nro. 7213/2215-16 (antes 739/2723 del TOC Nro. 2), seguida por el delito de ROBO SIMPLE, declarando que el día 20/03/2014 operó la EXTINCION DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION.
En suma, afirma que estuvo detenido, por el plazo de 5 años, 9 meses y 16 días, en un expediente que duró más de 16 años y que se extinguió sin alcanzar una sentencia firme. En otro apartado, reclama como rubro indemnizable, el daño moral, refiriendo que durante el tiempo por el que estuvo detenido, sufrió incomodidad e intranquilidad lo cual le provocó dolores físicos y psíquicos, ponderando que se vio ofendido en su honor y dignidad por haber sido acusado y detenido en un expediente que tras 16 años de trámite nunca alcanzó sentencia firme. Refiere que el haber perdido su libertad requiere una reparación, por lo cual pretende se lo indemnice con la suma de $8.625.000,00.- En otro apartado, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
III. Corrido el traslado de ley, con fecha 28/11/2017, se presenta a juicio el Dr. Pablo Guidi, en representación de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires, quien luego de efectuar la negativa de los hechos y de la documental agregada que no sea instrumento público, procede a argumentar sobre consideraciones jurídicas de la responsabilidad provincial, para culminar su conteste solicitando el rechazo de la demanda.- Al respecto refiere, que el actor fue aprehendido, en circunstancias en que el personal policial de la Comisaria de Bragado se encontraba efectuando el recorrido de la jurisdicción, siendo alertados por el sereno de la estación de servicio Nueva Idea, quien acababa de sufrir un robo por una persona masculina y otra femenina.
Indica que ante ello los efectivos policiales divisan a 150m, a dos personas que emprenden la marcha en un vehículo a alta velocidad hacia la ruta Pcial. N° 46, iniciándose la persecución policial. Señala que al llegar al cruce con la arteria 42 el vehículo se desvía y vuelca a unos kilómetros de distancia. Manifiesta que en el interior de dicho vehículo, ya sin sus ocupantes, encuentran el DNI del actor y un certificado del patronato de liberados a nombre del mismo.- Refiere que la aprehensión, se convirtió en detención y luego en prisión preventiva el 5/11/00. Hace saber que el 1/4/2003, se condena al actor a la pena de 16 años de prisión de efectivo cumplimiento, por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas.
Indica que con fecha 14/09/2006 se concedió al actor la excarcelación por agotamiento de la pena, recuperando su libertad de manera inmediata; y que con fecha 20/03/2007 el Tribunal de Casación Penal resuelve el cambio de calificación a robo simple y renvía la causa a efectos de imponer una nueva sanción conforme lo resuelto. Apunta que, infructuosos resultaron los intentos de notificación del veredicto de la Casación al actor, por lo que el 13/6/2007 se inicia una investigación de averiguación de paradero, pero nada más se supo hasta que se tomó conocimiento de que el actor se encontraba detenido en la Unidad N°49 de Junín a disposición del Juzgado de Garantías N°2 en el marco de una nueva causa penal.
Refiere que finalmente el 21/02/2017 se resuelve el sobreseimiento del actor, por extinción de la acción penal por prescripción. A continuación impugna el daño reclamado por considerarlo improcedente, ofrece prueba y peticiona. IV.- Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.29, y no habiendo ninguna de las partes, hecho uso de la facultad de alegar, se llama autos para sentencia, y
1. Liminarmente y a modo de preámbulo, he de señalar que tal como tiene dicho el más Alto Tribunal Provincial, la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso, no debe ser reconocida automáticamente sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. doct. C. 105.561, sent. del 17-III-2010 y C. 102.594, sent. 22-XII-2010).- 2.- Conforme surge de la causa penal ofrecida como prueba por ambas partes, el día 05 de Diciembre del 2000, el Juez de Garantías N°2 de Mercedes, ordena la prisión preventiva del Sr.
Jorge Omar Pillon por el delito de robo calificado por el uso de armas, en el marco de la investigación iniciada y a solicitud del Sr. Agente Fiscal conforme luce a fs. 8 de la mencionada causa penal. Que para ello el Juez de garantías consideró las constancias probatorias obrantes en la IPP N°51.544, de las cuales entendió que surgían elementos de convicción suficientes como para considerar a Pillon probable autor penalmente responsable del delito de robo con arma, convirtiendo su detención en prisión preventiva (v. fs. 11/12 causa7213).- A su turno la Cámara competente declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el imputado contra dicho decisorio, con fundamento en lo dispuesto en el art. 442 del Código Procesal Penal (v. fs. 38 causa penal).- Por su parte, el agente fiscal interviniente el 27 de Diciembre de 2000 formuló requerimiento de elevación a juicio alegando la existencia de motivos bastantes para sospechar que el señor Pillon había participado en la comisión del hecho que se le imputaba en grado de autor con fundamento en la prueba testimonial, más precisamente el testimonio de su compañera -Vanesa Romina Lujan- y asimismo puntualizó en la capacidad delictiva especifica del detenido Pillon, que a la luz de los informes agregados (fs. 41, 49 y 73/75), se encontraba con libertad condicional (v. fs. 24/26 causa penal).- Con fecha 01/04/2003, el Tribunal Criminal N°2 de Mercedes, condenó a Jorge Omar Pillon a la pena única de 16 años de prisión, de efectivo cumplimiento por el delito de robo agravado por el uso de arma, en concurso real por un hecho anterior (v. fs.264/273), la cual fue apelada con fecha 14/04/2003 (v. fs. 276).- A continuación con fecha 14/09/06 el Tribunal Criminal N°2 resuelve concederle a Pillon la excarcelación por agotamiento de pena (fs. 297).- Véase que a fs. 299 luce acta de libertad en la cual el Sr.
Pillon debió establecer un domicilio. A fs. 306/307 obra resolución del recurso de casación en la cual se dispuso casar el pronunciamiento impugnado y el cambio de calificación a robo simple. Ordenándose la respectiva notificación. Empero, sin éxito resultaron todos los intentos, por cumplir con dicha notificación, atento que no pudo darse con el paradero del Sr. Pillon, lo cual ameritó que con fecha 13/06/2007, se decretara la averiguación de paradero de Jorge O Pillon (v. fs. 320 causa penal). Finalmente, la búsqueda culmina cuando se remite a dichas actuaciones un oficio (fs. 324), dirigido al Tribunal Criminal N°2, en el cual se informa que el encartado Jorge Pillon se encuentra detenido desde el 29/07/2016 en el marco de una nueva IPP, con prisión preventiva desde el 02/09/2016 por robo agravado por el uso de arma y agravado por su comisión en poblado y en banda.
Así los hechos, a fs. 340 y con fecha 21/02/2017, el Tribunal Criminal N°1 dispuso que, en atención a la fecha en que ocurrió el hecho -27/11/2000- y que a partir de la misma, el trámite procesal, que conforme la nueva redacción del art. 677, cuarto pfo. Inc. e) del CP., reviste entidad suficiente como para constituirse en secuela de juicio y consecuentemente interrumpir la prescripción, es la sentencia dictada por el Tribunal de Casación el 20/03/2007, transcurrió con exceso el término previsto para que la acción penal quede extinguida por prescripción, toda vez que el máximo de la pena para robo simple es de 6 años, y en virtud de ello ordena el sobreseimiento de Pillon por extinción de la acción penal. 3.- Fijados los hechos, corresponderá atender la pretensión del accionante, que luego de haber sido privado de su libertad, fue sobreseído por prescripción de la acción penal y por ello reclama ser indemnizado.
Tanto la Ley Procesal Penal (art. 477 del C.P.P.) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen una reparación económica, exigible al Estado, en favor de personas condenadas por error judicial a una pena privativa de la libertad. Aquí, sin embargo, ab initio, no veo verificado dicho presupuesto, al menos de un modo directo, pues técnicamente, los pasos procesales se cumplieron secuencialmente, con los resguardos que las leyes prescriben, tal es el caso de la bilateralidad del proceso, que estuvo en todo momento garantizada, con la participación de acusación y defensa, con lo cual, el sobreseimiento, que a la postre se decide en la causa, no implica necesariamente error.- Más aun, centrándome en el tema del sobreseimiento del imputado, es preciso diferenciar según cuáles sean los fundamentos que sustentan la decisión, es decir, si se funda en que se encuentra acreditado que el hecho no sucedió, o que el autor no participó en el, o si se funda en otras razones, como la prescripción de la acción penal.
En efecto, la circunstancia que hace nacer el derecho a una indemnización es la declaración de inocencia, sea por la vía de que el hecho no constituye delito o que no fue cometido por el imputado, o que no se ha acreditado suficientemente su perpetración o aparezca el imputado exento de responsabilidad criminal, con lo cual, la absolución o el sobreseimiento del imputado es un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado, tan es así que si éste faltase no hay posibilidad de que se plantee la cuestión ante jurisdicción civil. El condenado no puede invocar su inocencia para reclamar indemnización..." (Carlos Alberto Parellada " Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente" JA 1979-III-695 y ss).
En idéntico sentido, la doctrina predominante ha establecido que la inocencia debe surgir de una resolución judicial; de ahí que la absolución o el sobreseimiento del imputado sea un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado; tanto es así, que si esta resolución faltase, no habría la posibilidad de plantear la cuestión en sede civil....La absolución o el sobreseimiento del actor será presupuesto esencial, pero no suficiente; es decir, la sola existencia de esta resolución no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios" (Kemelmajer de Carlucci en Código Civil de Belluscio-Zannoni To. 5 p. 257). De allí que el derecho resarcitorio presuponga, ante todo, la declaración judicial de inocencia del acusado.- Nada de lo expuesto es predicable en autos, donde en modo alguno el sobreseimiento significó una declaración penal de inocencia del accionante, sino que el mismo tuvo su origen únicamente en la prescripción de la acción penal, por lo que, en definitiva el sobreseimiento dispuesto en relación al señor Pillon, no implicó un reconocimiento por parte del órgano jurisdiccional de la arbitrariedad o ilegitimidad del procesamiento que hubiese derivado en declarar su inocencia.
Mas aun, el Alto Tribunal Provincial, tiene dicho que la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. doct. C. 105.561, sent. del 17-III-2010 y C. 102.594, sent. 22-XII-2010; mi voto, causa A. 70.215, sent. del 11-III-2013). Recepta, de esta forma, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrollada en numerosos fallos respecto al tema en discusión ("Cura, Carlos Antonio c/Estado nacional y otro s/ daños y perjuicios", C.1124.XXXV., sent. del 27-V-2004; "Muñoz Fernández, Mauricio Alejandro c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y Perjuicios", M.1057.XXV, sent. del 28-VII-2005; "Andrada, Roberto Horacio y otro c/Buenos aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios", A.901.XXXVI, sent. del 5-IX-2006; "Solis, Hugo Alberto c/ Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios", 878.XXXV, sent. del 10-VI-2008).
"Debe tenerse presente que en esta materia impera la idea -como regla- que el dictado de la prisión preventiva configura una facultad judicial sometida a pautas abiertas y, consecuentemente, si en abstracto la decisión judicial encuadra en las previsiones legales, la ulterior declaración de inocencia, per se, es insuficiente para disponer la reparación de los daños causados". (SCBA. "Regner, Hugo Ricardo contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" 14/06/2017) 4.- La falta de servicio: Por otro lado, y con el alcance reseñado, la pretensión actoral, persigue la indemnización de los perjuicios que aduce haber padecido el accionante por la privación de la libertad que sufrió con motivo de la sustanciación del proceso penal que lo tuvo como imputado y fundamentalmente la dilatación de dicho proceso en el tiempo.
Ahora bien, anticipo que tampoco en esta partida, encuentro acreditados los presupuestos que den nacimiento a una obligación resarcitoria, por el contrario, el accionante, se basa en fórmulas generales, sin especificar, concretamente, de qué modo se ha producido una falta de servicio o en su caso, dónde radicaría el evidente menoscabo a sus derechos.- En suma, no se han alegado, ni probado, tramitaciones que descalificaran lo actuado o deficiencias procesales que tornaran irrazonable la privación y/o extensión preventiva de libertad ni la resolución recaída en el proceso penal.- Véase que el accionante, en su escrito de demanda (fs. 6/8), abunda en consideraciones acerca de la ubicación del error judicial como una categoría de abuso a los derechos humanos tanto en su concepción teórica como en su vinculación con las nociones de "estado de inocencia" y "sacrificio especial", dedicando, el mismo esfuerzo a repasar las opiniones autorales y los repertorios jurisprudenciales en derredor al derecho a la indemnización en tales supuestos.
Sin embargo, en pasaje alguno logra concretar mediante una crítica precisa y certera, la demostración de cuales han sido los errores de juzgamiento o en el procedimiento, como tampoco de su extensión temporal, todo lo cual podría implicar una falta de servicio. Por el contrario, entiendo que los actos procesales dispuestos, se basaron en una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes y con sustento en las normas procesales vigentes; por lo que no encuentro acreditadas las condiciones que permitan considerar transgredido derecho alguno, pues la condena recaída en el proceso penal, no denotó ni ilegalidad, ni arbitrariedad en su dictado y se mantuvo hasta que le fue concedido el beneficio de la excarcelación.
A posteriori, una vez obtenida la sentencia del Tribunal de Casación, lo cierto, fue que no se le pudo notificar dicha resolución al Sr. Pillon, puesto que no se lo encontró en el domicilio que ha dichos efectos había establecido y, pese a las averiguaciones que se efectuaron con sus familiares y conocidos no se pudo dar con su paradero, lo cual ameritó, iniciar la pertinente investigación, que culminó, al tomarse conocimiento que nuevamente el Sr. Pillon se encontraba detenido por un nuevo hecho, también calificado como delito de robo agravado por el uso de arma en poblado y en banda. Por sobre todas las cosas, el examen de la causa, no me permite avanzar más allá que lo que hasta aquí se llega en el análisis de una irrazonabilidad, con la que se podría calificar el espacio temporal en que se desarrolló el proceso penal al aquí actor, en orden a la orfandad de argumentos enarbolados por el mismo, y al propio tiempo, la escases, de prueba que me conduzca sin más a una calificación de tal especie, que active en el caso una responsabilidad del estado por retraso en la justicia.- En suma, la pretensión formulada básicamente sobre el supuesto de dilación del proceso, no puede prosperar, por no hallarse acreditados los presupuestos que den nacimiento a una obligación resarcitoria, al no encontrarse comprobada la irregularidad o invalidez, por errores de juzgamiento o en el procedimiento, de la privación precautoria de la libertad ordenada en la causa penal, como tampoco de su extensión temporal.
En consecuencia, no puede tenerse por demostrada -sólo a partir de la consigna de su duración- la presencia de una hipótesis de mantenimiento irrazonable de la duración o de la manifiesta arbitrariedad de la diligencia y, amén que no concurre el supuesto de error judicial, tampoco se advierte configurada la falta de servicio en la que podrían encuadrarse los argumentos desplegados por el accionante. 5.- Costas: Atento su calidad de vencida, las costas se imponen a la actora. (art.51 del CPCA -cfme. ley 14.437).- POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citada, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 163, 166 último párrafo y 171 de la Constitución
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