Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 18619 2019
Expte. Nº 18619.- Autos: FERNANDEZ GRISELDA DEL VALLE C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Noviembre de 2019.CS
Estos autos caratulados "FERNANDEZ GRISELDA DEL VALLE C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 18619, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 11/18 se presentan los Dres. Carlos Maria Meda y Domingo Fernando Falco, en su carácter de letrados apoderados de los Sres. Mario Adrián Lobo y Griselda del Valle Fernández, promoviendo demanda indemnizatoria contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se lo condene a abonar la suma de $930.000 o lo que mas o menos resulte de la prueba a producir en autos.
Liminarmente, solicitan se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.651. A continuación y en cuanto a los hechos, relatan que, el día 28/03/2012 siendo las 20:30 hs. aproximadamente, el hijo de sus representados, Matías Hernán Lobos, de 17 años de edad, circulaba como acompañante de Lucas Manuel Tolosa en una motocicleta marca Da Dalt, modelo DK150, cuando en las proximidades de la calle Centenario y Ruta 197, fueron interceptados por un móvil policial. Indican que, como Lucas Tolosa no se detuvo, comenzó una persecución que se prolongó por la calle Leloir hasta Italia, ingresando luego al predio del Hospital Provincial Vicente López y Planes de General Rodríguez, siendo en ese tramo donde, el teniente Roberto Julio Pancere, que iba en el lugar del acompañante en el móvil policial, efectuó varios disparos con su pistola reglamentaria, impactando uno de ellos en Matías Hernán Lobos provocando su inmediato deceso.
Refieren que a consecuencia de ello, se inició la IPP N°09-01-002104-12, con intervención de la UFI N°10, la que luego pasó a la UFI 9 con asiento en la ciudad de Lujan, actuación que fue caratulada como "Pancere Roberto Julio s/ Homicidio Agravado". Hacen saber que tratándose de una causa en la que se investiga la responsabilidad penal de un policía y dado que las diligencias preparatorias las concretó la propia policía bonaerense, han sido muchas las irregularidades que evidenció la citada causa, pero que no obstante ello, logró acreditarse el obrar desaprensivo del autor del suceso que provocó la pérdida de una vida joven con todo lo que ello implica para sus padres y por la cual el Estado debe responder.
Señalan que se intentó vincular a la víctima con los hechos ocurridos en la mañana de ese mismo día en los que el joven Tolosa habría sustraído la motocicleta en cuestión y/o un supuesto hecho de sustracción mediante intimidación y amenazas, como objeto para justificar la persecución que emprendiera la comisión policial. Menciona que en las diligencias preliminares, se dijo también que luego de desobedecer la orden de alto impartida durante la persecución los sujetos perseguidos comenzaron a efectuar disparos de arma de fuego contra el móvil policial y fue asi cuando el personal policial repelió el ataque, disparando Pancere su arma reglamentaria. Resalta, que sin embargo tal como lo resaltó el fiscal en su auto de pedido de elevación a juicio, ".si bien fue secuestrado de las prendas de vestir de la víctima un revólver, calibre 38 corto marca Orbea, sin numeración visible, y que luego pudo determinarse que este resultaba apto para producir disparos (v. fs. 163/6) lo cierto es que al momento de ser incautado no tenía proyectiles ni vainas servidas en su almacén cargador, es decir, se trataba de un arma descargada"(Sic).- Continúan relatando, que el fiscal concluyó en que se desacredita la versión de Pancere en cuanto a que se vió obligado a repeler la agresión de éstos.
Concluye en que no fueron encontrados en las muestras analizadas los tres elementos característicos (plomo, vario, antimonio) o al menos dos de ellos que en caso de hallarse fusionados fueran considerados producto de la deflagración por disparo de arma de fuego; refiriendo que por otro lado las vainas servidas calibre 9mm secuestradas en la escena del hecho fueron disparadas por la pistola asignada a Pancere. En otro apartado, hacen hincapié en los rubros indemnizables y en su mérito, reclaman: A.- Valor vida: Reclaman en este rubro, la perdida de chance, es decir de la ayuda económica que a partir de la mayoría de edad, el hijo pudiere haberles prestado, que es mayor cuanto más humildes y/o avanzados de edad son los progenitores.- Manifiestan que conforme se acredita, el joven Lobos, había completado el año 2010 el curso de formación profesional recibiendo su certificado de cunicultor en el centro de Formación profesional 403 del Distrito de General Rodríguez, posteriormente en el año 2011 cursaba en el taller de artesanías en cuero en el mismo centro.
Por ello solicitan por este rubro la suma de $400.000,00, desagregados en $ 200.000,00 para cada uno de los actores. B.- Daño Moral: Refieren que tal como se ha dicho no debe existir dolor más profundo que la muerte de un hijo, y en consecuencia requieren por este rubro la suma de $250.000,00 para cada unos de los padres accionantes.- C.- Gastos Efectivos: En este rubro ubican los gastos de velatorio, ofrendas florales, atención de familiares y amigos, publicaciones, servicio de cementerio, traslados etc, todos como consecuencia directa del hecho dañoso. Por este rubro, reclaman la suma de $30.000,00. En suma reclaman la suma total de $930.000,00.- Finalmente fundan en derecho, ofrecen prueba y peticionan.
II. Corrido el traslado de ley, con fecha 22/06/2015 (fs.23/24) se presenta a juicio el Dr. Ricardo G Uncal, en representación de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires, quien interpone excepción de prescripción, como de previo y especial pronunciamiento. Luego a fs. 32/41 el representante de Fiscalía de Estado, procede a contestar demanda, efectuando en su inicio la negativa de los hechos y de la documental agregada que no revista carácter de instrumento público, para finalmente referirse a la realidad de los hechos.- Al respecto manifiesta, que en cuanto al modo en que ocurrieron los hechos y la culpabilidad de los imputados, deberá estarse a lo que surja de la sentencia penal.
No obstante, hace mención que de los elementos colectados de la IPP se desprende la actuación legítima del funcionario policial en el marco de un operativo por robo calificado por el uso de arma de fuego. Refiere que se trata de una acción por muerte de delincuente producto de disparo recibido en una persecución policial, donde el agente imputado habría repelido la agresión armada. Resalta que en ese sentido corresponde convalidar la legitimidad del accionar policial, la ausencia de abuso de autoridad y en el uso de arma, sosteniendo que la víctima se colocó en situación de riesgo y su actuación, tuvo virtualidad suficiente para quebrar la relación de causalidad. Continúa, impugnando y rechazando los rubros indemnizatorios pretendidos por la actora, así como sendos planteos de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.
Finalmente ofrece prueba y peticiona. III. Que conforme luce a fs. 60/63, con fecha 29/10/2015 se resuelve, desestimar la excepción de prescripción opuesta respecto de la actora Griselda del Valle Fernández, pero se hace lugar a la misma, en relación a Mario Adrián Lobo y en consecuencia, se rechaza la demanda impetrada por éste. Si bien dicho resolutorio fue apelado por la demandada, la Excma. Cámara de San Martín, declaró que el recurso era extemporáneo y por ende inadmisible (v. fs. 84/85). IV.- Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.89/90, y agregados los alegatos, presentados electrónicamente por la parte actora en fecha 04/10/2018 y la demandada en fecha 28/09/2018, se llama autos para sentencia, y
1. Los hechos.- 1.1. Ahora bien, en primer término y en la tarea de fijar los hechos motivos de autos, debo señalar que ha tramitado como antecedente que sirve a la presente, la Investigación Penal Preparatoria Nº 09-01-002104-12, la que tramitó por ante la UFI Nº 9 de Lujan y una vez elevada a juicio quedó radicada en el Juzgado Correccional Nº4 del Departamento Judicial Mercedes, lo que dio lugar a la formación de la causa Nº 1612/00 caratulada como "PANCERE, Roberto Julio s/ Homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de seguridad policial, abusando de su función en Gral. Rodríguez", y que fuera ofrecida como prueba por ambas partes intervinientes en autos. De dichas actuaciones se desprende que el día 28-III-2012, siendo las 21 hs. aproximadamente, el Sr.
Pancere integrante de la policía bonaerense, circulaba con el móvil N°11.640 asignado a la Comisaría de General Rodríguez, móvil que era conducido por Héctor F. Ayesa y tras tomar conocimiento de un hecho contra la propiedad por parte de dos sujetos cuya identidad era desconocida y que se desplazaban en una moto, iniciaron su búsqueda. Asimismo, surge de los fundamentos del veredicto que obran en la causa penal (v. fs. 138/163), que tras haber avistado a los dos sujetos, se inició la persecución policial de los mismos, y en cercanías del ingreso a la terapia intensiva del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, el Sr. Pancere realizó cuatro disparos con su arma reglamentaria, el último de los cuales impactó en la espalda de quien fue identificado como Matías Hernán Lobos de diecisiete años de edad, quien como consecuencia del impacto cayó del vehículo mortalmente herido.
Surge de la citada causa penal que, el nexo causal entre las lesiones recibidas y el disparo de arma de fuego resultó adecuado para causar el resultado muerte. De igual modo, ha quedado acreditado que entre las prendas de vestir de Lobos, concretamente de un bolsillo del pantalón, fue hallado e incautado un revolver calibre 38 corto, sin numeración que carecía de cartuchos y vainas servidas en su tambor cargador, el cual fue oportunamente reconocido por tres personas que resultaron victimas de hechos contra la propiedad, horas antes del hecho luctuoso. Que conforme sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N°4 del Departamento Judicial Mercedes (v. fs. 138/163), Roberto Julio Pancere, fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el abuso de la función, cargo y condición del sujeto activo y por el uso de arma de fuego, a la pena de prisión perpetua.
Finalmente, tras el rechazo del recurso de casación penal interpuesto por Pancere, llegan las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia ante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Sr. Pancere. El Alto Tribunal, con fecha 28/11/2018 (v. fs. 239/246), reprodujo textualmente lo dictaminado por el Tribunal de Casación en cuanto a que se descarta el error generador de la legitima defensa putativa, verificándose el dolo homicida con los cuatro disparos realizados siendo que el ultimo de dicha secuencia se efectuó desde una distancia de diez metros dirigido a una zona vital de la humanidad de la víctima. Asimismo tuvo por verificado el abuso de la función de policía a partir de que uno de los principios básicos a los que debe adecuarse la conducta de un miembro de la policía es ".ejercer la fuerza física o coacción directa en función del resguardo de la seguridad publica solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el funcionario policial, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia del infractor y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar"(art. 13 inc. f, Ley 13.482).- En suma, la SCBA, sentenció que ".a la vista de los elementos ponderados como así de la normativa interna aludida por la Casación, cabe concluir que Roberto Julio Pancere, que circulaba como acompañante en el móvil policial piloteado por su compañero.disparó contra la humanidad de Matías Hernán Lobos en clara violación al deber de emplear armas de fuego de manera excepcional y proporcionadamente, constituyendo un ejercicio abusivo de su función policial que provocó la muerte de una persona en los términos del art. 80 inc.. 9 del Código Penal" .
Con lo cual el Tribunal rechazó el recurso interpuesto. (v. fs. 245vta).- 1.2 Sentado ello, debo señalar que la sentencia condenatoria dictada en la causa de mención, de conformidad con lo dispuesto por el art.1102 del Código Civil, hace cosa juzgada en sede civil en cuanto a la existencia del hecho principal que constituye el delito.- En cuanto a la existencia del hecho principal se ha dicho que la noción comprende en sí la calificación que sobre ese "hecho principal" haga el sentenciante penal, así como las circunstancias inherentes al mismo de modo, tiempo y lugar. (Conf. Bueres y Highton, Código Civil Comentado, doctrina artículo 1112, pag 317 y sgtes. Ed. Hammurabi).- En ese sentido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que: ". la autoridad de cosa juzgada -refiriéndose al art.1102 del Código Civil- que emana de la sentencia penal condenatoria, abarca no solo al hecho principal sino también a las circunstancias en las que el mismo acaeció, en tanto hubieran sido objeto de análisis y juzgamiento por el juez de la causa."( causas Ac.65.895, sent, del 6-VIII-199; causa Ac.72.490, sent.
Del 13-IX-2000; Ac.85.461, sent. Del 18-XI-2003).- En definitiva, en este marco normativo y conforme la sentencia penal recaída contra el imputado Pancere, tengo por acreditado, la existencia del hecho motivo de estos actuados.- 1.3 Corresponde ahora, determinar si cabe atribuir al Estado provincial responsabilidad por la conducta de Roberto Julio Pancere, quien se encontraba en servicio, cumpliendo su función de policía al momento en que se sucedieron los hechos. Ab initio habré de señalar, que conforme se desprende de la causa penal que se viene citando en estos considerandos, el Sr. Roberto Julio Pancere, al momento de los hechos que se ventilan, se desempeñaba como Oficial de Policía provincial, con la jerarquía de Teniente, contando entonces con quince años de antigüedad y experiencia en la Institución.
Correspondiendo aclarar en autos que, en atención a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (Ley 26.994), se habrá de aplicar, en tanto corresponda, la legislación de fondo vigente al momento del evento dañoso (Código Civil Ley 340 y sus modif.), por tratarse de hechos consumados bajo el amparo de dicha legislación.- 2. La responsabilidad del Estado provincial.- 2.1. En contraposición al reclamo pretendido por la actora, la Provincia de Buenos Aires, alega que fueron los actores quienes increparon al oficial de policía, actuando este en legítima defensa, lo que excluye toda posibilidad de culpa, porque el hecho se ejerció sin margen de libertad alguna.- Entiende de ese modo, que configurada en el caso la justificante de legítima defensa, importa ausencia de conducta antijurídica por tratarse de un obrar lícito, extremo que a su entender resulta suficiente para rechazar la demanda.- Cierto es, que dicha defensa ya fue analizada en la instancia penal y conforme se ha esgrimido en el considerando anterior, fue rechazada en las tres instancias judiciales en las cuales se pretendió hacer valer. 2.2.
Sentado ello, cabe destacar que conforme a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de la Nación, la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio. De modo tal que la culpa queda desplazada como factor de atribución, y en su consecuencia, no resulta necesario acreditar la culpa del agente y ni siquiera individualizar el autor del daño.
Basta con acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para que se configure el factor objetivo que permita atribuir responsabilidad (CSN, in re "Vadell" LL 1985-B-3).- Por su parte, la Ley 13.201 -vigente al momento del hecho- prevé, tanto entre los derechos del agente (art. 11 inc. e) como entre sus deberes (art. 12 inc. g), la portación del arma reglamentaria, que de tal modo forma parte del denominado "estado policial", definido como el "...conjunto de derechos, deberes y prohibiciones..." que legalmente ostenta el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 1 y 3 de la Ley 13.201).- Bajo este marco normativo, el Alto Tribunal Nacional, afirmó que si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados.
Ello es así, aun cuando el agente haya utilizado el arma con una finalidad distinta de la prevista por el servicio de policía, toda vez que, como recordó la Corte en la causa "Balbuena" (Fallos 317: 728, sent. del 5-VII-1994), retomando un viejo criterio suyo (Fallos 190:312, "Echegaray, María C. e hijos", de 1941), "ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se trata, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado".- De allí que no es ocioso, recordar que el ejercicio de la policía de seguridad exige de sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad de todos los miembros de la sociedad y de sus bienes (artículo 902 del Código Civil; Fallos 315:1902; 322:2002; 326:820; 327:1738, entre otros), condición que Pancere estaba lejos de ostentar.- En consecuencia, es evidente que existió una relación entre las exigencias del cargo y el daño producido a la víctima, facilitado por el suministro del arma reglamentaria, lo que compromete la responsabilidad del Estado Provincial, pues quien contrae la obligación de prestar un servicio público -en el caso policía de seguridad- lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos 306:2030, "Vadell"; 307:821, "Hotelera Río de la Plata S.A."; y 315:1892, "García, Ricardo Mario", entre otros), adoptando -a partir del primero de los fallos precitados- el criterio orgánico de imputación de conductas al Estado.- 2.3.
Asimismo, es dable destacar, que en la especie la relación causal, se basa en los hechos que ocurren "con ocasión", pues según lo hasta aquí expuesto, la función desempeñada ha dado la ocasión para cometer el acto dañoso, para que de ello surja la responsabilidad del principal, en tanto que, el hecho no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión.- 2.4. En este escenario, he de señalar que nos encontramos frente a una responsabilidad -objetiva y directa- del Estado frente a la necesidad de dejar indemnes a las víctimas. Es que la responsabilidad comprobada del Sr. Pancere, en su carácter de agente público en el ejercicio de sus funciones, conforma al propio tiempo una falta de servicio (art.1112 C.C, art.7 Cód.
Civ. y Com. Ley 26.994).- En suma, entiendo que se verifica en autos, el incumplimiento de los deberes que, en la especie, tiene a su cargo el órgano provincial demandad
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