Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29627 2020
Expte. Nº 29627.- Autos: KESSELER FERNANDO DAMIAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.- Mercedes, de Julio de 2020.CS
Estos autos caratulados "KESSELER FERNANDO DAMIAN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", expediente Nº 29627, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: 1.- Que a fs. 12/15 se presenta Fernando Damián Kesseler, por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Carina Andrea Lommori, promoviendo formal demanda contra la Provincia de Buenos Aires (Fiscalia de Estado), con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios en la suma de $700.000 o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse.- Relata que, el día 30 de abril de 2016, siendo aproximadamente las 5 hs. se encontraba caminando con su hermano Sergio Carlos Otero y su amigo Joaquin Emanuel Errath por la calle 26 en dirección desde la 27 a la calle 25 de esta ciudad de Mercedes, en forma pacífica y tranquila ya que salían del bar "Evaristo" sito en calle 27 entre 26 y 28 y se dirigían hacia el bar "La vieja esquina".
Refiere que, observaron que en la esquina de las calles 25 y 26 había una pelea entre un grupo de 5 o 6 personas que desconocían y que no le dieron importancia, ni se quisieron meter, por lo cual continuaron caminando por calle 25 hacia "La vieja esquina". Señala que, cuando estaban casi a mitad de cuadra (calle 25 hacia calle 28) pasa por al lado de ellos, corriendo uno de los chicos que había protagonizado la reyerta, y a los pocos segundos, frena un patrullero que venía a toda velocidad por calle 25. Manifiesta que, de ese móvil policial, se bajó un efectivo quien los increpó acerca de la pelea que se había desarrollado en la esquina y de la cual nada tenían que ver. Asimismo, refiere que mientras intentaban explicar al primer efectivo policial su ajeneidad y completo desconocimiento de lo sucedido en dicha esquina, se baja un segundo efectivo, Victor Hugo Balbastro, quien, según señala estaba bastante alterado y portaba una escopeta Mossberg calibre 12/70 con postas de goma y que al mismo tiempo les gritaba que se queden quietos.
Indica que, al intentar seguir caminando en dirección a la esquina con la calle 28, sin motivo que lo justifique y en clara violación a las disposiciones que regulan el uso de armas de fuego, en forma absolutamente innecesaria, accionó hacia arriba la escopeta, preparándola para el disparo y al bajarla, disparó impactándole de lleno y a muy escasa distancia en su pierna izquierda, a la altura de la tibia y el peroné. Señala que, a raíz del disparo, cayó al suelo comenzando a sangrar profundamente y sufriendo heridas graves (tal como surge del informe pericial de la causa penal).- Continúa su relato, haciendo saber que, el otro policía quedó en shock, mientras que Balbastro, se fue del lugar sin ni siquiera socorrerlo.
Refiere que, al cabo de un rato, llegó la ambulancia que lo trasladó al hospital donde fue atendido por el Dr. Pablo Albornoz, quien tuvo que intervenirlo quirúrgicamente a fin de extirparle los perdigones. Manifiesta que, como consecuencia del accionar del efectivo policial Balbastro estuvo seis meses con la herida abierta, que no cicatrizaba por la magnitud de la misma, sin poder trabajar y sufriendo intensos dolores. Hace saber, que al día de la fecha, sigue padeciendo dolores, sobre todo los días de humedad, ya que le falta un trozo importante de pierna (Sic), lo que redunda en una falta de estabilidad que no le permite realizar deportes, y eso más allá del daño estético que le impide usar short o maya en verano.
Hace constar, que todo lo expuesto se encuentra debidamente acreditado en la causa penal 864/17 en trámite ante el juzgado Correccional N°4 Departamental. En otro apartado reclama los siguientes rubros: Daño Físico: Señala que tal como acredita su Historia Clínica, a raíz del disparo, sufrió una herida profunda de 10 cm de diámetro ubicada en la pierna izquierda que produjo, gran pérdida de partes blandas en la zona antero externa de la misma, como consecuencia de lo cual, padece hasta la actualidad dolores e inestabilidad en dicho miembro. Indica que, estuvo 6 meses vendado y realizándose curaciones y que ya no puede realizar artes marciales, deporte que realizaba asiduamente desde hacía varios años.
En suma, reclama por este rubro la suma de $300.000.- Lucro Cesante: Refiere que, a raíz del hecho no ha podido trabajar durante mas de 6 meses, durante los cuales no podía ni apoyar el pie; haciendo saber que se dedica a colocar durlok y que realiza changas como parquista, cortando el césped, cosa que hasta el inicio de la demanda no podía realizar debido a la falta de estabilidad. Por ello y tomando un ingreso mensual de $15.000 estima una pérdida de $90.000 por los 6 meses de inactividad. Gastos de farmacia: Señala que, al carecer de obra social, fue atendido en el Hospital Blas Dubarry y tuvo que comprar la medicación que le fue indicada. Indicando que, asimismo, debió tomar taxis y remises para ir y venir del hospital a fin de hacerse las curaciones durante 6 meses, por lo cual reclama por este rubro la suma de $10.000.- Daño estético: Refiere que al momento del hecho dañoso, contaba con 28 años de edad, que siempre cuidó su físico haciendo deportes y ocupándose de ser estéticamente agradable.
Sin embargo, ahora su pierna caree de una importante parte de tejido blando, con una cicatriz enorme que causa impresión a la vista, lo que lo hace sentir incómodo al usar short o maya en el verano. Por todo ello reclama la suma de $ 100.000.- Daño psicológico: Indica que como consecuencia del desagradable momento vivido y de la dolorosa experiencia de estar 6 meses con la herida abierta, ha padecido y padece trastornos en el sueño, pesadillas, miedo a salir de noche, irritabilidad, cambios bruscos de humor, todo lo cual es compatible con un trastorno por stress postraumático, por ello pretende por este rubro la suma de $150.000. Daño Moral: Pone de resalto que, no solo el shock que le produjo ser baleado sin ningún motivo, perder gran parte de la masa muscular y tejido blando de su pierna izquierda, sangrar profundamente, haber soportado 6 meses de dolor y total incapacidad, sino también la imposibilidad de haber concurrido a los cumpleaños de sus hijos Maia Jasmín Kesseler que cumplió 4 años el 9 de mayo y Pedro Kesseler Villanueva, que cumplió su primer año el 20 de junio de ese año y la impotencia de no haber podido cuidarlos los días que los nenes debían estar a su cargo durante 6 meses.
En razón de dichos padecimientos, sufrimientos y aflicciones, solicita la suma de $200.000. A continuación funda en derecho, ofrece prueba y peticiona. 2. A fs. 26/33, se presenta a contestar demanda el Dr. Pablo Guidi en representación de Fiscalia de Estado de la Pcia. de Buenos Aires. Inicia su conteste, haciendo una remisión a la aplicación normativa de los art. 1764 y 1765 del C.C y C, señalando que es categórico en la regulación de la responsabilidad estatal y que lo hace de manera excluyente, es decir que decide no regularla dentro de la responsabilidad civil.- Señala que, sin embargo, del análisis minucioso de la jurisprudencia histórica de la Corte Federal, se concluye que el vector que rigió la responsabilidad por "falta de servicio" fue la exigencia de cumplimiento estricto a la carga procesal de individualizar cual ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, sin que baste a tal efecto con hacer referencia a una serie genérica de actos y hechos sin calificarlos singularmente.
Continúa refiriéndose a la ley 26944 de responsabilidad estatal, por cuanto la misma resulta ser directa y objetiva, fundándose en la teoría del órgano para justificar la responsabilidad del estado por los daños que comentan sus órganos. Concluye señalando que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado, y para ello es necesario la demostración fehaciente de la falta de servicio. Prosigue realizando una pormenorativa negativa de los hechos relatados en la demanda así como de la documentación que no fuere instrumento público.- Asimismo, niega categóricamente la pertinencia de los rubros reclamados y finaliza solicitando el rechazo de la demanda. 3.
Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.35/36, y agregado el alegato, presentado electrónicamente únicamente por la actora (14/02/20), se llama autos para sentencia, y
1. Los hechos.- 1.1. Ahora bien, en primer término y en la tarea de fijar los hechos motivos de autos, debo señalar que ha tramitado como antecedente que sirve a la presente, la Investigación Penal Preparatoria Nº 09-00-008166-16/00, la que tramitó por ante la UFI Nº 6 de Mercedes y una vez elevada a juicio quedó radicada en el Juzgado Correccional Nº4 del Departamento Judicial Mercedes, lo que dio lugar a la formación de la causa Nº 864-2017-3212 caratulada como "BALBASTRO Victor Hugo s/ Abuso de armas agravado por ser cometido por un miembro de la fuerza policial abusando de su función, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público todo ello en concurso real y Larroque Angel Federico s/ falso testimonio en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público" que fuera ofrecida como prueba por la parte actora.
De dichas actuaciones y mas precisamente del veredicto obrante a fs. 374/397 se desprende que en la madrugada del dia 30 de abril de 2016, en calle 25 y 26 de la ciudad de Mercedes se desarrollo una pelea entre varias personas. Así las cosas tres jóvenes que caminaban observando y ajenos a la situación, continuaron su marcha con destino al bar situado en calle 25 y 28 y que en dicho trayecto un patrullero los interceptó argumentando que dos de ellos estaban golpeando al tercero, bajandose del vehículo dos efectivos policiales. El oficial Balbastro, con la escopeta reglamentaria en mano, luego de ordenarle a Fernando Kesseler que se ponga contra la pared, le disparó una posta de goma en la pierna.
Surge asimismo de dicha causa penal que el personal policial interviniente al momento de labrar el acta de rigor que dio inicio a las actuaciones IPP 09-00-006074-16, hizo insertar que el joven lesionado Fernando Damian Kesseler había querido arrebatar la escopeta y que los testigos del hecho huyeron luego del disparo. Siendo todo ello ratificado por el oficial Larroque. A su vez, se advierte de la citada causa penal que encontrándose la misma en condiciones de ser resuelta en el marco de las reglas de juicio abreviado acordado entre las partes, se resuelve por las constancias probatorias que surgen de la misma, dictar veredicto de culpabilidad respecto de Victor Hugo Balbastro y Ángel Federico Larroque, por los delitos de abuso de armas agravado por ser cometido por un miembro de la fuerza policial abusando de su función, incumplimiento de los deberes de funcionario publico y falsedad ideológica de instrumento publico.
Concluyendo que en efecto, Balbastro, abusando de su función policial e incumpliendo con los deberes de funcionario público, disparó con su escopeta reglamentaria una posta de goma en la pierna izquierda de Fernando Damian Kesseler, ocasionándole una herida de 10 cm. de diámetro. Y que asimismo, surge en forma palmaria que tanto Balbastro como Larroque, insertaron dolosamente datos falsos en el acta de procedimiento inicial. En suma, a la vista de los elementos ponderados como así de la normativa penal correspondiente, se condenó a Balbastro a la pena de dos años de prisión y a Larroque a la pena de un año y dos meses de prisión. 1.2 Sentado ello, debo señalar que la sentencia condenatoria dictada en la causa de mención, de conformidad con lo dispuesto por el art.1776 del Código Civil y Comercial, hace cosa juzgada en sede civil en cuanto a la existencia del hecho principal que constituye el delito.- Es claro que la norma citada, adopta un sistema de prevalencia de la cuestiones juzgadas en sede penal, cuya discusión no puede encararse nuevamente en el litigio por daños.
Sin embargo, esa prevalencia es matizada por la norma, y se limita a la existencia del hecho principal y la culpa del condenado. Respecto del primer aspecto, la noción comprende en sí la calificación que sobre ese "hecho principal" haga el sentenciante penal, así como las circunstancias inherentes al mismo de modo, tiempo y lugar. En lo que hace a la culpa del condenado, la norma es clara en cuanto a que, declarada tal, es incontrovertible en la sede civil que el accionar del sindicado como responsable fue negligente. (C C y C de la Nación Comentado, T°IV, Libro Tercero, Marisa Herrera-Gustavo Caramelo-Sebastián Picasso, pág. 507/508).- En ese sentido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que: la autoridad de cosa juzgada, que emana de la sentencia penal condenatoria, abarca no solo al hecho principal sino también a las circunstancias en las que el mismo acaeció, en tanto hubieran sido objeto de análisis y juzgamiento por el juez de la causa"(causas Ac.65.895, sent, del 6-VIII-199; causa Ac.72.490, sent.
Del 13-IX-2000; Ac.85.461, sent. Del 18-XI-2003).- En definitiva, en este marco normativo y conforme la sentencia penal recaída contra los nombrados miembros de la fuerza policial, tengo por acreditada, la existencia del hecho motivo de estos actuados.- 1.3 Corresponde ahora, determinar si cabe atribuir al Estado provincial responsabilidad por la conducta de Victor Hugo Balbastro, quien se encontraba en servicio, cumpliendo su función de oficial de policía de la provincia de Buenos Aires al momento en que se sucedieron los hechos. 2. La responsabilidad del Estado provincial.- 2.1. Ab initio, cabe destacar que conforme a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de la Nación, la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.
De modo tal que la culpa queda desplazada como factor de atribución, y en su consecuencia, no resulta necesario acreditar la culpa del agente y ni siquiera individualizar el autor del daño. Basta con acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para que se configure el factor objetivo que permita atribuir responsabilidad (CSN, in re "Vadell" LL 1985-B-3).- Por su parte, la Ley 13.201 -vigente al momento del hecho- prevé, tanto entre los derechos del agente (art. 11 inc. e) como entre sus deberes (art. 12 inc. g), la portación del arma reglamentaria, que de tal modo forma parte del denominado estado policial, definido como el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones que legalmente ostenta el personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 1 y 3 de la Ley 13.201).- Bajo este marco normativo, el Alto Tribunal Nacional, afirmó que si los agentes están obligados a actuar en cualquier momento a fin de prevenir la comisión de delitos y, en su consecuencia, a portar el arma, resulta lógico admitir que los perjuicios que de ello deriven sean soportados por la comunidad y no sólo por los damnificados.
Ello es así, aun cuando el agente haya utilizado el arma con una finalidad distinta de la prevista por el servicio de policía, toda vez que, como recordó la Corte en la causa "Balbuena" (Fallos 317: 728, sent. del 5-VII-1994), retomando un viejo criterio suyo (Fallos 190:312, "Echegaray, María C. e hijos", de 1941) "ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar de la vida y de la seguridad de los gobernados y si para llenar estas funciones se ha valido de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad manifiesta, como la que acusa el hecho de que se trata, las consecuencias de la mala elección, sea o no excusable, deben recaer sobre la entidad pública que la ha realizado".- De allí que, no es ocioso recordar que, el ejercicio de la policía de seguridad exige de sus agentes la preparación técnica y psíquica adecuada para preservar racionalmente la integridad de todos los miembros de la sociedad y de sus bienes (Fallos 315:1902; 322:2002; 326:820; 327:1738, entre otros), condición que Balbastro estaba lejos de ostentar.- En consecuencia, es evidente que existió una relación entre las exigencias del cargo y el daño producido a la víctima, facilitado por el suministro del arma reglamentaria, lo que compromete la responsabilidad del Estado Provincial, pues quien contrae la obligación de prestar un servicio público -en el caso policía de seguridad- lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios causados por su incumplimiento o ejecución irregular (Fallos 306:2030, Vadell; 307:821,"Hotelera Río de la Plata S.A.; y 315:1892,"García, Ricardo Mario, entre otros), adoptando -a partir del primero de los fallos precitados- el criterio orgánico de imputación de conductas al Estado.- 2.2.
Asimismo, es dable destacar, que en la especie la relación causal, se basa en los hechos que ocurren "con ocasión", pues según lo hasta aquí expuesto, la función desempeñada por Balbastro, ha dado la ocasión para cometer el acto dañoso, para que de ello surja la responsabilidad del principal, en tanto que, el hecho no se habría producido de no haberse suministrado al agente el arma en cuestión.- 2.3. Marco Normativo: En este escenario, habiéndose establecido la existencia del daño y la relación de causalidad, corresponde establecer el marco normativo sobre el cual se resuelve la responsabilidad del estado. En tal faena he de señalar que, a tenor de la fecha en que ocurrió el hecho dañoso que aquí se ventila -30/04/2016-, ya había entrado en vigencia el CCyC y la Ley N° 26.944, lo cual me obliga a dejar de lado el art. 1112 CC bajo el cual se venía analizando la responsabilidad estatal.
(arg. SCBA causa A 70603 "Rolón", sent. del 28/10/15).- Ahora bien, frente a la encrucijada planteada por los arts. 1764 y 1765 del CCyC, el primero por cuanto expresamente excluye de su normativa, la responsabilidad del Estado, sea de manera directa o subsidiara, y el segundo -artículo que se impone en la especie-, que exige que la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos por su hechos y omisiones, deba ser analizada a la luz de las normas y principios de derecho administrativo nacional o local, con más, la no adhesión -a la fecha de este resolutorio- a la ley 26944 por parte de la Pcia. de Buenos Aires y la inexistencia de normativa local que la regule, obligan al suscripto (conf. art 171 CPBA), a buscar un marco legal que sustente jurídicamente la responsabilidad endilgada al Estado Pcial.
En este derrotero, habré de echar mano a los principios constitucionales tales como el principio de igualdad (art. 16 CN), de inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN) y fundamentalmente al principio de "Alterum non laedere" (Art. 19 CN) en vista de que resultan conciliables con los preceptos propios del derecho público. Así, en orden a este último, la doctrina ha señalado que ".el principio de orden natural según el cual nadie debe dañar a otro posee raigambre en el art. 19 de la Constitución Nacional, según ha tenido oportunidad de expresarlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 'Santa Coloma, Luis Federico y otros c/Empresa Ferrocarriles Argentinos'. De este principio no se encuentra marginado el Estado, persona ética por excelencia y creadora primaria del derecho.
No podemos asumir ni siquiera por v
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.