Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28012 2021
Expte. Nº 28012 .-
Autos:"SKOCIR WALTER OSVALDO Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-ACB
Estos autos caratulados "SKOCIR WALTER OSVALDO Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 28012, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Mediante escrito obrante a fs. 25/40 se presentan el Sr. Walter Osvaldo Skocir y la Sra. Nancy Abigail Puntano, ambos por sí y en nombre y representación del hijo común, menor de edad, Bayron Skocir, todos por intermedio de sus letrados apoderados, Dres. Carlos María Meda y Domingo Fernando Falco, a fin de interponer formal demanda indemnizatoria contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires por los daños y perjuicios por ellos padecidos derivados del accionar de la policía demandada en oportunidad de la realización de un allanamiento en el lugar de residencia de los actores.
Relatan los hechos que sirven de antecedentes a la acción intentada mencionando que el día 09/09/2016, siendo aproximadamente las 23:30 hs. el Sr. Skocir se encontraba descansando en su domicilio de la vivienda sita en calle Colivadino, entre Sucre y Quesada, del partido de Moreno, cuando su pareja (la aquí actora Sra. Puntano) lo despertó sumamente alterada advirtiéndole que personas desconocidas intentaban ingresar en la propiedad, al tiempo que pudo escuchar fuertes golpes que provenían del portón del frente de la casa.
Continúa ilustrando la escena manifestando que, confundido por el repentino despertar y los fuertes impactos, atinó a buscar un revolver que guardaba en otra habitación y asomándose por la ventana, viendo que el portón cedía al intento de los desconocidos, efectuó varios disparos al aire con la intención, aclara, de persuadir a los intrusos a que cesaran en su intento.
En ese momento, prosigue su relato, el actor escuchó que respondían con armas de fuego y advirtió que había sido alcanzado por un disparo en el hombro, notando que sangraba profusamente de la herida.
Relata que, en un acto reflejo, y mientras su esposa con su hijo en brazos corría a refugiarse en el baño y el mencionado Sr. Skocir intentaba llamar al 911 de emergencias, escuchó una tremenda explosión que lo derribó cayendo boca abajo al piso, tras lo cual se sucedieron otras explosiones muy fuertes y escuchó roturas de vidrios, gritos de personas que no podía ver por el abundante humo alojado en el ambiente y, en la posición que estaba (boca abajo), recibió un segundo disparo efectuado a corta distancia, en una de sus piernas, a la altura de la rodilla, por lo que comenzó a gritar que no le disparasen más, que estaba desarmado y su esposa e hijo estaban en la casa.
Refiere que transcurridos veinte minutos arribó al lugar una ambulancia en la que lo cargaron para trasladarlo al Hospital de Moreno, donde fue asistido de urgencia de las graves heridas recibidas. Refiere que en el momento en que lo subían a la camilla, luego de algunos titubeos, quien parecía estar a cargo del grupo le manifestó que pertenecían a las fuerzas de seguridad a la vez que admitió que había existido un error en el procedimiento diciéndole "flaco quedate tranquilo que esto no era para vos".
Expresa que con motivo del suceso intervino el personal de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes y Delitos Complejos del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, procediendo a la formación de la IPP N° 09-02-014053/16, que ofrece como prueba.
De tal IPP, continúa, surgen distintos elementos que considera resultan fundamentales, transcribiendo parte de las declaraciones del Sr. Walter Osvaldo Skocir, la Sra. Nancy Abgail Puntano, la Sra. Aurora Irene Riccio, el Sr. Aldo Hernán Urriste y el Sr. Alexis Dalas Fuentes.
Concluye finalmente que "[s]e trata entonces de un procedimiento policial a todas luces ilegal y erróneo, llevado a cabo en un domicilio equivocado y en forma abusiva, ilegítima e imprudente, que llevó a las víctimas a suponer -con toda razón- que se trataba del ingreso de delincuentes, provocando con esa sumatoria de errores injustificables, graves daños en la salud y bienes de Walter Skorci[r], su esposa y el pequeño hijo".
Luego de citar nutrida doctrina y jurisprudencia en torno a la responsabilidad del Estado, manifiesta que "[d]e las constancias de la causa surge sin controversia alguna que los integrantes de la comisión policial realizaron en forma imprudente un procedimiento equivocado en el domicilio de una familia inocente, violando el domicilio en horas de la noche, sin identificarse adecuadamente, efectuaron los disparos, detonaron los explosivos con las armas provistas por la repartición, causando las graves daños a las personas -y los bienes- (...)"
Afirma que "(...) la responsabilidad del Estado Provincial radica en el procedimiento erróneo llevado a cabo en el domicilio de las víctimas inocentes y la imprudente utilización de elementos esencialmente ofensivos y peligrosos cuando los hechos demostraron que su uso fue inapropiado, causando así un daño grave en la salud de las víctimas e importantes daños a la propiedad familiar."
"El allanamiento ha sido indudablemente ilegítimo, atento que aunque existiera una orden judicial emanada de un juez competente y dictada en el marco de una investigación penal preparatoria, se realizó en el domicilio equivocado y, lo que es peor, privando a las víctimas inocentes cualquier posibilidad de colaboración con la justicia ya que, al actuar sin identificarse en horas avanzadas de la noche y de un modo tan torpe como imprudente, crearon la convicción de que se trataba de delincuentes que escalaban la propiedad."
En cuanto a los rubros reclamados por el actor Walter Skocir, principia por mencionar que dos proyectiles de arma de fuego lo impactaron, uno en el hombro y el segundo en la pierna a la altura de la rodilla, desde atrás, lo que provocó rotura de huesos y ligamentos en una región estrictamente articular. Curadas las heridas, continúa su relato, debió inmovilizarse la articulación comprometida por espacio de sesenta días para posibilitar la consolidación de la fractura. Sin perjuicio de ello, y a pesar del tiempo transcurrido y tratamientos de rehabilitación realizados, refiere padecer serias limitaciones que considera irreversibles, citando a título de ejemplo dolores e inflamaciones que dificultan la flexión, pérdida de fuerza y movilidad que se agrava con el frío y la humedad ambiente.
A ello suma las consecuencias postraumáticas de carácter psicológico, que menciona han impactado cambios negativos.
Asimismo, atento el trabajo que el actor realizaba, en forma independiente y en sociedad de hecho con su padre, en la atención de una gomería, la que desarrollaba en forma permanente y exclusiva, destaca que el impacto que la incapacidad sobreviniente al hecho se traduce en perjuicio económico directo por que el tiempo en inactividad o el sometimiento a tratamientos de rehabilitación se realiza en detrimento grave de la actividad que le generaba ingresos. Otro tanto, continúa, ocurre con la disminución psicológica por cuanto sus limitaciones provocan un menor rendimiento, problemas de sueño, necesidad de reposo o la delegación de tareas a terceros que tienen un costo económico. Sostiene que la experiencia gravemente traumática vivida por el actor y su familia ha provocado daño psicológico indudable, que se traduce en incapacidad sobreviniente y precisará de tratamientos.
En función de tales argumentos es que reclama en concepto de incapacidad sobreviniente la suma de cuatrocientos mil pesos.
En lo que comprende al daño moral, considera configurada la existencia de angustias y padecimientos por la experiencia misma del hecho dañoso, tan inusual como violenta, el temor y angustia a que fue sometida su propia seguridad como la de su esposa e hijo en el interior de la vivienda -también dañada-, la violenta agresión y la alevosía de los atacantes, los tratamientos que debió padecer, en especial la inmovilización a que se vio sometido, sumado a la convalecencia cuyas secuelas, afirma, deberá sobrellevar por el resto de su vida.
Luego entonces, y teniendo en consideración la entidad de las lesiones y, conforme sostiene, lo injustificado de la ilegítima y abusiva acción que ha generado el suceso, reclama en concepto de daño moral la suma de trescientos mil pesos.
Por su parte, manifiesta haberse obligado a realizar distintas erogaciones como consecuencia del suceso, las que incluyen compra de medicamentos, traslados de la víctima y familiares directos que hubieron de asistirla durante su convalecencia, como así también gastos para la reparación de los daños causados en la vivienda familiar, detallando los mismos en función de distintos comprobantes que acompaña a su escrito de inicio, todos los cuales ascienden a la suma de $34.317,90.
Asimismo, refiere haber realizado otras erogaciones no documentadas apropiadamente, por lo que las estima y considera prudente reclamar en concepto de gastos efectivos la suma de sesenta mil pesos.
En relación a los rubros reclamados por la co-actora, Nancy Abigail Puntano, aún cuando manifiesta no haber sufrido lesiones personales, destaca que el padecimiento del grave episodio de violencia que destruyó su hogar e hizo peligrar la vida de su familia, en particular la de su pequeño hijo, la llevan a adherir al reclamo de su compañero en lo relativo a los daños causados a la propiedad común.
Por su parte, reclama para sí en concepto de daño psicológico la suma de pesos cien mil.
A fin de evitar reiteraciones remite a los fundamentos expresados en relación al rubro daño moral, y reclama bajo tal concepto la suma de doscientos cincuenta mil pesos.
Finalmente, en relación al hijo común menor de edad, Bayron Skocir Puntano, reclaman la suma de ciento cincuenta mil pesos por daño psicológico, y la suma de trescientos cincuenta mil pesos comprensivo del daño moral, remitiendo a los fundamentos antes expresados.
En definitiva, reclaman un total de un millón seiscientos diez mil pesos.
Ofrecen la prueba de la que intentan valerse, fundan en derecho, citando doctrina y jurisprudencia que entienden aplicable, y peticionan.
II. Asumida la intervención de ley por parte de la Asesoría de Incapaces N° 2 en relación al menor de edad Bayron Skocir Puntano, se realizó el correspondiente traslado de la acción intentada a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por lo que mediante presentación electrónica de fecha 28/03/2018 se presentó la Fiscalía de Estado, por medio de su letrado apoderado Dr. Pablo Guidi, a los fines de contestar demanda.
Luego de destacar el marco normativo que entiende aplicable y de realizar la negativa de todos los hechos denunciados por el actor, como la autenticidad de la documental acompañada al escrito de inicio, la Fiscalía de Estado destaca que "el personal policial, en calidad de auxiliar de la justicia, ha actuado dentro del marco de un proceso legal. La diligencia se efectuó en forma regular en virtud de orden judicial siguiendo las directivas del magistrado y con estricta observación de la normativa aplicable de orden público."
Refiere que los funcionarios policiales que llevaron a cabo el allanamiento no actuaron como agentes de seguridad sino en su calidad de auxiliares y delegados del Juez interviniente, y en tal carácter recibieron del mismo directas instrucciones. De allí concluye que, si se pretende responsabilizar al Estado Provincial, se deberá intentar fundar la demanda en la existencia de una inadecuada prestación del servicio jurisdiccional, porque ha sido un acto judicial el que, en todo caso, habría causado los perjuicios demandados.
Sostiene que de acuerdo con la última modificación al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el sumario o investigación penal preparatoria, el Fiscal, controlado por un Juez de Garantías que debe autorizar su accionar, tiene poderes necesarios para llevar a cabo su actividad jurisdiccional.
Así, refiere que el poder de cognición con que está dotado el funcionario se relaciona con la actividad probatoria, la cual tiende a recolectar todas las pruebas posibles y asegurar que el eventual reconocimiento de un derecho que contenga una sentencia definitiva pueda hacerse efectivo, valiéndose de auxiliares a tales efectos.
Luego entonces, entiende que el caso no cae bajo la órbita del actuar policial ni como supuesto ordinario de responsabilidad por el deficiente funcionamiento del servicio policial, sino que lo ubica dentro de la responsabilidad estatal por sus actos jurisdiccionales, por lo que concluye que resulta clara la inviabilidad de la demanda.
Continúa destacando que, ante el allanamiento, el Sr. Skocir actuó en forma ilegal y desmedida al efectuar disparos contra la autoridad policial. Informa que a raíz de ello se generó la investigación penal preparatoria N° 09-02-013922/16 en donde se le imputó al aquí actor la tenencia ilegal de arma de fuego, el delito de encubrimiento -por encontrarse limada la numeración del arma de fuego referida-, y del disparo de arma de fuego agravado por ser contra la autoridad policial. Manifiesta asimismo que en dicha investigación el aquí actor fue indagado a tenor del art. 308 del Código Procesal Penal como consecuencia de su actuar con la actuación preventiva de la policía. En ese momento, continúa exponiendo, se realizó la investigación de un delito con la semiplena prueba de ser autor del mismo.
Luego realiza un desarrollo en torno al error judicial, sosteniendo que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de dictar medidas de resguardo que aseguren el cumplimiento de la decisión judicial que resuelve el conflicto. Dentro de tal categoría, afirma, se inscribe el allanamiento de un domicilio que el juez puede dictar dentro de un proceso penal.
Afirma que el error judicial es entendido como todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos probados en la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar.
Abona tal definición sosteniendo que el error judicial es un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el juez, sea por acción u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.
Entonces, asevera, para hacer efectiva la responsabilidad del Estado en tales casos, es necesario tener en cuenta que la acción de daños y perjuicios contra el Estado solo será posible después de declarado el error judicial, constituyendo una cuestión prejudicial. Por su lado, tal error judicial, alega, no debe de haber sido consentido por la parte a quien perjudica, ni haber pasado en autoridad de cosa juzgada, pues en tal caso goza de la presunción de verdad ("res iudicata pro veritate habetur").
Pone de resalto nuevamente que el propio actor con su conducta se colocó en una conducta ilícita de resistencia a la autoridad, con una portación de arma de fuego no autorizada, y con su numeración limada, efectuando disparos por la ventana de su vivienda ante el ingreso debidamente identificado del personal policial.
Sostiene que la actividad judicial desplegada fue razonable. Alega que los funcionarios judiciales a cargo en la etapa de la investigación no hicieron más que cumplir con su función de investigar la probable comisión de hechos ilícitos, procurando el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la materialidad y la autoría, tomando para ello las medidas necesarias y pertinentes, autorizadas por el código de rito, como lo es el allanamiento de una morada en busca de elementos que pudieran comprometer la comisión o el encubrimiento de un delito.
Avanza reafirmando que dicha medida investigadora y a la vez cautelar para la preservación de los efectos del delito (secuestro) fue requerida por el Fiscal y ordenada por el Juez interviniente, con el debido control de legalidad que en estos casos ejerce el Juez de Garantías, de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal.
Sostiene que si algún cuestionamiento cabía a tal medida, debió haber sido canalizada en el proceso penal, y no en el presente. En tal sentido, apunta que lo que debe ser analizado en este proceso, a contrario de lo que entiende el actor, es la sinrazón del pronunciamiento dictado en sede penal, su error o evidente arbitrariedad o que el mismo sea producto de un procedimiento viciado de nulidad, todos supuestos que no se vislumbran en las presentes actuaciones.
En apoyo de sus dichos, destaca que del acta de allanamiento obrante a fs. 3/4 surge que el personal policial se hizo presente en el lugar, accediendo a la vivienda a viva voz de "policía", y que al ser confrontados con disparos de arma de fuego provenientes de la vivienda el personal policial tomó otras medidas (efectúan disparos) de amedrentamiento contra el morador, ingresando a la vivienda y aprehendiendo al mismo.
Concluye que de lo expuesto surge que los disparos que el actor dice haber recibido, en su caso, fueron respuesta a los propinados por él contra el personal policial, por lo que su accionar incidió directamente.
En definitiva, sostiene la Fiscalía de Estado que la solución del caso debe encontrarse a la luz de la teoría de la responsabilidad del Estado por sus actos judiciales, responsabilidad por actividad ilícita, y por ende, la antijuridicidad debe probarse. A su turno, prosigue, la responsabilidad del estado-juez debe interpretarse restrictivamente, y ante la existencia de un error manifiesto e inexcusable, y ser declarado tal, pues no se presume antijurídico. Por su parte, entiende que habiéndose colocado el actor en una situación de resistencia a la autoridad, no puede hablarse de un error policial o judicial que lo perjudique.
Luego de ello, cuestiona la totalidad de los rubros pretendidos, como sus cuantías, ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.
III. Producida las pruebas ordenadas en la audiencia de 10/05/2018 y agregado el alegato presentado por la parte actora, se llama autos para sentencia con fecha 28/05/2021;
I. Los actores reclaman los daños y perjuicios derivados de los hechos acontecidos en oportunidad de un allanamiento sufrido en su vivienda, al que tachan de ilegal y erróneo, por haber sido realizado en domicilio equivocado, en horario nocturno, sin la debida identificación y mediante la imprudente utilización de elementos esencialmente ofensivos y peligrosos por personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires, y en función de ello es que responsabilizan al Estado Provincial.
II. Habrá de iniciarse el análisis de la cuestión traída a conocimiento por destacar que el domicilio se encuentra amparado constitucionalmente, y es precisamente el art. 18 de la Constitución Nacional el que establece que el mismo es inviolable, por cuanto allí se desenvuelve con toda plenitud la vida privada del hombre (art. 19 CN) y sólo una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Distintos instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN) establecen la misma protección. Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su art. 9 que "Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio" y la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone en su art. 12 que "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en (...) su domicilio (...) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."
Ahora bien, sin perjuicio del mencionado marco legal tanto del plano nacional como internacional -aunque incorporado al plexo normativo local, con jerarquía constitucional- que protege al domicilio, debe destacarse que el mencionado derecho
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.