Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 31827 2022
Expte. Nº 31827 .-
Autos:"NOGUERA ORLANDO MARTIN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "NOGUERA ORLANDO MARTIN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 31827, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 10/20 se presentan los Dres. Carlos María Meda y Domingo Fernando Falco, en representación del Sr. Orlando Martín Noguera, invocando la franquicia del art. 48 CPCC -la que luego es ratificada por el actor tal como surge a fs.22-, promoviendo demanda indemnizatoria contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se lo condene a abonar la suma de $1.500.000,00 o lo que mas o menos resulte de la prueba a producir en autos.
Liminarmente, solicitan se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.651.
A continuación y en cuanto a los hechos, relatan que, a comienzos de diciembre de 2013 en horas de la tarde, en medio de una barriada del partido de Moreno próxima al domicilio de su representado, varios sujetos golpearon en forma reiterada a Oscar Nelson Olivera Sanchez, causándole lesiones graves que determinaron su posterior deceso.
Refieren que, habiendo tomado intervención en el hecho el personal policial de la Comisaría de Moreno, se procedió a la detención de su representado como sospechado de haber participado en el suceso.
Señalan que, la detención de Orlando Martín Noguera alojado en la Unidad Penitenciaria de Junín, se prolongó por espacio de dos años y cinco meses hasta que el día 30/05/2016 el Tribunal en lo Criminal N°2 Departamental, resolvió absolverlo libremente y sin costas del delito de homicidio simple del que fuera acusado.
Denuncian que, durante su encarcelamiento en la Unidad Penitenciaria 13 sita en la Ruta 188 km 162 de Junín y en los primeros meses del año 2015, Noguera empezó a perder peso, sufriendo debilitamiento general acompañado de estado febriles que fueron aumentando con el transcurso de los días, cansancio general, sudoración nocturna y una tos persistente acompañada de dolor pectoral, siendo atendido en forma precaria en la misma unidad, donde se le suministraba algún calmante de uso generalizado (ibuprofeno) que apenas aliviaba sus malestares en forma transitoria.
Indican que, así transcurrió el resto de su detención padeciendo el agravamiento generalizado de su enfermedad y la angustia de su desatención.
Continúan su relato señalando que, una vez en libertad, asistió a la consulta en el Hospital Interzonal de Agudos Alejandro Posadas, donde se lo derivo al Hospital Vicente Lopez y Planes de la localidad de General Rodríguez, donde se le indicó un estudio específico, que se concretó en la ciudad de Mercedes bajo la supervisión del Dr. Javier Luque, Jefe de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Tisioneumonología, quien ordenó su internación atento la gravedad del cuadro avanzado de tuberculosis, que había adquirido Noguera durante su alojamiento dadas las deficitarias condiciones de salubridad e higiene y la mala alimentación del establecimiento carcelario.
Afirman que la internación en el Hospital Interzonal Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, fué por un período de 3 meses, continuando luego el tratamiento ambulatorio.
Manifiestan que, se trata en el presente de un sometimiento injustificado de un ciudadano humilde y trabajador a un prolongado y erróneo proceso judicial que importó privarlo de su libertad, mediante el alojamiento en la Unidad Carcelaria de Junín durante 2 años y 5 meses y que como consecuencia de las deplorables condiciones de salubridad e higiene, contrajo una grave enfermedad que le provocó una importante discapacidad que lo obliga a someterse a tratamientos médicos con un diagnóstico futuro incierto.
Agregan que, la falta de atención médica oportuna, pese a los síntomas graves y evidentes de la enfermedad, determinó que la infección avanzara afectando en forma progresiva las vías respiratorias digestivas y oseas con consecuencias gravosas.
En otro apartado plantean la inaplicabilidad de la ley 26944 de responsabilidad del Estado, a tenor de que a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivan la demanda, el estado provincial no había adherido a la misma; dejando a todo evento planteada en subsidio la inconstitucionalidad de la misma, así como de los arts. 1764, 1765 y 1766 del nuevo Código Civil, fundándose en jurisprudencia y doctrina.-
Finalmente, hacen hincapié en los rubros indemnizables y en su mérito, reclaman:
Incapacidad Sobreviniente: Señalan que el actor padece como consecuencia de la gran demora en la atención del cuadro infeccioso, una grave incapacidad irreversible que lo convierte en un minusválido y precisa de asistencia y medicamentos permanentes, con graves dificultades para desarrollar actos comunes de la vida. Agregan que el avance de la enfermedad sin tratamientos médicos, afectó en principio el aparato respiratorio, pasando luego a las vías digestivas y también los huesos, todo lo cual provoca un debilitamiento generalizado de su salud con disminución permanente de su capacidad. Por ello reclaman una indemnización en tal concepto de $600.000,00.-
Daño moral: Indican que los hechos traumáticos soportados como han sido la privación de la libertad y el alojamiento en un pabellón de máxima seguridad, la difícil convivencia con reclusos peligrosos y la grave enfermedad adquirida, la internación hospitalaria, la incapacidad sufrida y particularmente el desamparo de quienes debieron asistirlo configuran un agravio moral grave e incuestionable, por lo que reclaman una reparación que estiman en la suma de $800.000,00.-
Tratamientos futuros: Postulan que el actora precisará realizar por el resto de su vida, diferentes tratamientos que le permitirán vivir con sus dolencias y de algún modo atenuar los dolores y mejorar la calidad de vida, refiriéndose tanto a tratamientos kinesiológicos para la atención de las limitaciones funcionales, movilidad y tonismo de los miembros afectados, como al suministro de drogas para compensar las disfunciones respiratorias, digestivas y óseas o articulares. En consecuencia estiman este rubro en la cantidad de $100.000,00.-
A la postre, ofrecen prueba y peticionan.
II. Corrido el traslado de ley, con fecha 12/12/2018 se presenta a juicio el Dr. Juan Pablo Portesi, en representación de la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires, quien tras efectuar la negativa de rigor, procede a contestar la demanda solicitando su rechazo.
Al efecto, niega enfáticamente que el actor se haya contagiado de tuberculosis en el centro de detención o que la atención médica recibida fuera deficiente, por lo que recaerá sobre el propio actor la carga procesal de acreditar los hechos en los que basa su pretensión, agregando que, para el hipotético supuesto que logre probar que la enfermedad fue contraída en el centro de detención, es claro que hubo un quiebre en el nexo de causalidad adecuado por la propia conducta de la víctima, puesto que, de acuerdo a las constancias de la causa penal, el actor recupera su libertad con fecha 19 de mayo de 2016 y conforme las constancias de la historia clínica obrantes en el expediente 5100-58808/2018 del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, la primera atención del paciente es el 1/6/2017.
Señala que, del cotejo de ambas fechas, se puede inferir que existe un lapso de tiempo de casi un año desde que el Sr. Noguera recupera su libertad y realiza la consulta médica, aseverando que, resulta claro que en dicho plazo el actor bien pudo haberse contagiado la enfermedad que dice haber contraído en el centro de detención, o bien pudo con su accionar imprudente haber quebrado el nexo de causalidad adecuado, provocando un deterioro de su salud por su propia y exclusiva culpa.
Concluye en que, en ninguno de esos casos, su representada es responsable del estado de salud actual del actor, o cuanto menos en un todo.
Expone que, en el caso de marras no se configura la relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, entre la alegada conducta irregular del Estado y el perjuicio cuya reparación se persigue.
Postula que, para el hipotético caso en que el actor logre probar que se contagió TBC mientras estuvo detenido, indica que el hecho que haya permanecido casi un año sin atención médica quiebra el nexo causal; apuntando que, de las constancias de la historia clínica acompañada, se desprende que en varias oportunidades el paciente tiene poca adherencia al tratamiento, interpretándose ello como un paciente no cumplidor con las indicaciones médicas, extremo que también quebranta el nexo de causalidad adecuado entre el supuesto hecho dañoso y el daño por el que se pretende indemnizar.
Agrega a lo expuesto que, se aprecia del informe socio ambiental obrante en la causa penal, las incorrectas condiciones de salubridad e higiene de la vivienda en la cual vivía el actor, lugar donde bien puedo antes o luego, contraer la enfermedad.
A continuación impugna los rubros indemnizarles pretendidos por el actor, ofrece prueba y peticiona.-
III. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.823/24, y agregados los alegatos, presentados electrónicamente por la parte actora en fecha 10/04/2022 y la demandada en fecha 29/04/2022, se llama autos para sentencia, y
1. En primer lugar aclaro que, si bien desde el 1 de Agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial, no corresponde su aplicación al caso bajo tratamiento, pues teniendo en cuenta lo expresado en el escrito inicial, la constitución de los hechos dañosos tienen origen en la detención en la Unidad Penitenciaria de Junín a partir del 09/12/2013 (cfme. actuaciones penales que tengo a la vista), por lo que la cuestión, entiendo debe resolverse por el Código Civil Velezano y las normas aplicable vigente en esa época.-
Asimismo, debo señalar que ha tramitado como antecedente del presente litigio, la causa N°6038/1245, radicada en el Tribunal en lo Criminal Nº2 del Departamento Judicial Mercedes, caratulada como "NOGUERA Orlando Martín s/ Homicidio simple", ofrecida como prueba por ambas partes intervinientes en autos y de cuyo resolutorio final obrante a fs. 249/251, surge el veredicto absolutorio del Sr. Orlando Martín Noguera, por el delito de homicidio simple que fuera materia de acusación.
Bajo ese piso de marcha, advierto que la actora reclama la responsabilidad del estado, resumiendo su fundamento fáctico, al expresar que "En síntesis, haber sometido en forma injustificada a un ciudadano humilde y trabajador a un prolongado y erróneo proceso judicial que le importó privarlo de su libertad mediante el alojamiento en la Unidad carcelaria de Junín durante dos años y cinco meses. Y como si ello fuera poco, como consecuencia de las deplorables condiciones de salubridad e higiene, contraer una grave enfermedad que ha provocado una importante discapacidad...".-
Es decir que de la lectura de la demanda, infiero que la accionante, bifurca su reclamo, demandando en primer lugar por la responsabilidad extracontractual del Estado Provincial por error judicial, al haberse privado de su libertad al Sr. Noguera por más de dos años. Esto es desde su detención ocurrida el día 26/12/2013 (cfme acta de fs.121 causa 09-02-016499-13), luego transformada en prisión preventiva, en el marco de la causa penal 6038/1245 (v. fs.34/38) por la imputación del delito de homicidio simple, donde con fecha 30 de mayo de 2016, se dictó sentencia con veredicto absolutorio.
Y, en segundo término, le reclama al Estado, la falta de servicio respecto a las condiciones de salubridad e higiene del establecimiento carcelario en el que estuvo detenido y a consecuencia de las cuales habría contraído tuberculosis, sin recibir la adecuada atención médica.
2.1 Conceptualizaré la responsabilidad extracontractual del estado por error judicial, para luego verificar si se han acreditado en el caso dichos extremos.
Según la clásica formulación jurisprudencial, para que llegue a configurarse el error judicial, se requiere que "...el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley" (CSJN, Fallos: 311:1007, "Vignoni", año 1988; 318:1990, "Balda", año 1995; 321:1712, "López", año 1998; entre otros).-
Del mismo modo, tiene dicho el más Alto Tribunal Provincial, la indemnización por la privación de la libertad durante el proceso, no debe ser reconocida automáticamente, sino sólo cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente arbitrario, mas no cuando elementos objetivos hayan llevado al juzgador al convencimiento relativo, obviamente, dada la etapa del proceso en que aquél se dicta, de que medió un delito y de que existe posibilidad cierta de que el imputado sea su autor (conf. doct. C. 105.561, sent. del 17-III-2010 y C. 102.594, sent. 22-XII-2010).-
Asimismo, me interesa traer a colación un fallo de la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo donde se ha sostenido que "El lapso que una persona permanezca privada de su libertad a raíz de la substanciación de un proceso penal en el que finalmente es sobreseída o absuelta, no debe dar lugar a responsabilidad alguna del Estado o sea que no puede generar derecho a resarcimiento a favor de quien sea sobreseído o absuelto. Si esto es así para el caso de que el procesado es absuelto, con más razón debe serlo cuando el procesado es condenado definitivamente, tanto en primer como en segunda instancia, salvo el supuesto de error judicial, único caso en el orden nacional en que se reconoce la responsabilidad del Estado por sus actos judiciales y el correlativo deber de indemnizar al agraviado" (CNFed. Contencioso Administrativo, Sala III, setiembre 3-1991, "Giménez, Nora del Valle C/Estado Nacional-Ministerio del Interior", L.L. 1993-C-451).-
Es decir que, la función judicial sólo es susceptible de generar responsabilidad al Estado en determinadas y específicas condiciones y con carácter excepcional.-
2.2 Delimitado el marco conceptual que rige la materia, anticipo que -a mi criterio- no existe responsabilidad alguna en cabeza del Estado Provincial.-
Conforme surge del proceso penal cuyas constancias tengo a la vista, el día 14 de Enero del 2014, el Juez de Garantías N°2 de Moreno, ordena la prisión preventiva del Sr. Orlando Martín Noguera, por el delito de homicidio simple, en el marco de la investigación iniciada y a solicitud del Sr. Agente Fiscal conforme luce a fs. 34/38 de la causa penal N°6038/1245.
Que para ello el Juez de garantías, consideró las constancias probatorias obrantes en la IPP N°09-02-0016499-13, de las cuales entendió que surgían elementos de convicción suficientes como para considerar a Noguera, probable autor penalmente responsable del delito de homicidio simple.-
Que la decisión de convertir la detención del ahora actor en prisión preventiva, se fundamentó en que "...toda vez que de la provisional valoración de las características del hecho, esto es que de la declaración del testigo de identidad reservada de fs. 38vta. surge que "observó que los sujetos comenzaron a recolectar ramas y otras cosas que encontraban tiradas en la calle y las tiraban encima del bulto"(sic), sumado al hecho de que de la declaración testimonial de fs. 17/18vta. efectuada por el oficial Principal Riarte al realizar un relevamiento vecinal y entrevistarse con Noguera este se identificó como Mauricio Nahuel Noguera, denotando en ello, una actitud de obstrucción a la justicia, adunando a ello la violencia ejercida para perpetrar el hecho, a todo lo que puede sumarse la pena que se espera como resultado del proceso, siendo que de recaer condena en las presentes actuaciones la misma no podrá ser de ejecución condicional, me permite presumir que existiría peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso probatorio en caso que Noguera fuera puesto en libertad..." .
Hasta aquí, no advierto error judicial alguno, por cuanto la decisión se encuentra fundada y abastecida; no obstante prosigo.
Dicho resolutorio, fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes en fecha 11/03/2015, la que luego de relevar la prueba obrante entendió que "...del análisis de las actuaciones traídas, emergen distintos indicios de la probable participación del encartado Orlando Martín Noguera en el evento que se le imputa, los que -adelantamos- nos inclinan a rechazar el recurso de apelación que cuestiona su protagonismo en el mismo.... entendemos que se encuentra abastecida la carga probatoria requerida en dicha instancia, como para tener a Orlando Martín Noguera como -cuanto menos- uno de los probables partícipes de la comisión de homicidio simple; a lo que además debe computársele la posibilidad de que se presenta razonable, objetivamente la incorporación de nuevos elementos de cargo (art. 323 inc.6 -a contrario- CPP); motivo por el cual -tal como lo dijéramos desde el vamos- no corresponde hacer lugar al sobreseimiento requerido por la Defensa... haciendo aplicación de lo normado en el art. 23 inc.5° del Ritual, consideramos que aun en el supuesto de concedérsele razón a la recurrente, en autos se advierten peligros procesales que descartarían la posibilidad de poder otorgarle a Noguera la tan requerida libertad; a saber: a) la brutalidad desplegada -reiteramos- para cometer el ilícito en trato, la que se advierte desmesurada de la simple lectura del resultado de la autopsia; b) el ocultamiento del cuerpo en una frazada y debajo de ramas y basura; c) que haya dado un nombre distinto al suyo al ser identificado por primera vez; d) que se le esté siguiendo una IPP en orden al delito de homicidio "criminis causae" en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma y por la utilización de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra en carácter de coautor(ver. fs.129); y e) el temor a represalias generalizadas en el barrio..." (fs. 92/96 de la causa penal 6038/1245).-
Tampoco aquí, se advierte error judicial toda vez que el Tribunal ha fundamentado su decisión, la cual se encontraba abastecida en la prueba de cargo y en su sana crítica.
Avanzando y, conforme surge de fs. 236/243, el 10/05/2016, se lleva a cabo la respectiva audiencia de debate oral y pública, donde el Fiscal de juicio, luego de efectuar un análisis fáctico jurídico de los hechos, como así, una valoración de los elementos probatorios, consideró que el único elemento concreto de cargo que tuvo esa parte fue la testigo de identidad reservada: Maricela E. Lemes. De los dichos de la nombrada, surge que quien mató a Sanchez fue el hermano del imputado, cuyo nombre es Elías. Consecuentemente advierte que mas allá de la convicción que puede tener respecto al grado de participación del imputado en el lugar del hecho, la testigo de identidad reservada, durante su declaración en el juicio oral, lo desvinculó del mismo. Así entendió que, en razón de ello, se crea un estado de duda insuperable, por déficit en la investigación y porque a pesar del esfuerzo, no se han podido incorporar nuevos elementos para dar sustento a la acusación, desistiendo consecuentemente de la misma, en los términos del art. 368 del CPP.
Finalmente, en fecha 30/05/2016, el Tribunal en lo Criminal N°2 de Mercedes resolvió,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.