Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 22484
Expte. Nº 22484 .-
Autos: "GIMENEZ JOSE MARIAC/ HOSP.INTERZ. DE A.V. LOPEZ Y PLANES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados “GIMENEZ JOSE MARIAC/ HOSP.INTERZ. DE A.V. LOPEZ Y PLANES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 22484, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.52/55 se presenta el Sr. José María Giménez, por derecho propio, junto al patrocinio letrado de la Dra. Graciela Ester Carminatti, iniciando demanda contra el Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes, y/o contra los profesionales médicos que lo asistieron, por la suma de pesos ($ 100.000,00) por los daños y la lesión estética que padece en su pierna derecha, y que alega fue generada, con motivo de la mala praxis médica llevada a cabo luego del accidente ocurrido el día 23 de febrero del año 2006.-
Sobre los hechos que luego dieron motivo a la asistencia médica comenta que en la fecha mencionada, entre las 20:00 y 21:00 h. se encontraba trabajando en su casa, picando el piso y encuentra una cámara séptica y al querer pasar un caño por ella, resbala dentro del pozo y su pierna se introduce casi en su totalidad en el mismo, clavándose un hierro de 8 mm de diámetro que se encontraba en el hormigón, lo que le provocó una herida a la altura de los gemelos.-
Comenta que a raíz de ello, fue llevado al Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes de Gral. Rodriguez, siendo atendido en la guardia traumatológica donde le limpian la herida superficialmente, le recetan diclofenac de 250 mg y le indican reposo por cinco días.-
Relata que al día siguiente, comienza con dolores más fuertes y decide concurrir nuevamente al nosocomio, donde manifiesta fue atendido por el Dr. Palmeiro, quien según indica le dice que inicialmente le debieron haber hecho una descompresión, y lo vuelve a limpiar, retirándose luego a su domicilio.-
Continua su relato y comenta que alrededor de las 23:00 h. vuelve al hospital e ingresa por guardia y que ante los fuertes dolores, deciden descomprimir el gemelo y luego lo internan.-
Comenta que al día siguiente, siendo aproximadamente las 7:00 h. lo ingresan al quirófano, le realizan una toilette y permanece internado durante al menos 10 días. Expresa que al séptimo día de estar internado, le aparece a la altura de la rodilla pus, que le avisa al Dr. Martín, que era el que según expresa, le realizaba las curaciones, y que dicho profesional cuando abre la venda le comenta, que la secreción que tenía en la piel no era nada, le cambia la venda y lo limpia.-
Manifiesta que al día siguiente, él mismo comenzó a limpiarse con rollos de papel de cocina desde las 6 de la mañana hasta las 14.30 h, debido a que le salía pus por encima de la venda.
Que siendo las 15 h. llegan los médicos, a quienes le comenta que a su entender tenía “la pierna podrida” y que cuando los médicos retiran la venda, dice que comenzó a salir una “lluvia de pus que llenó una palangana”, manifestando que lo comenzaron a limpiar y le colocaron gasas furacinadas, ordenando un cultivo.-
Luego de ello, decide retirarse del Hospital, argumentando que nadie se opuso, y se dirigió al Hospital de Clínicas de CABA, donde ingresó por guardia, donde los médicos que lo asisten, le retiran la venda y según expone, le comentan que la pierna estaba en riesgo, realizando nuevamente una toillette.-
Continua diciendo que le realizan los análisis pre- quirúrgicos, y a las 21:00 h. entra en quirófano, saliendo aproximadamente a las 24 h., permaneciendo luego de ello 120 días con tratamiento.-
Alega que debido a lo acontecido, se vió impedido por largo tiempo de trabajar, siendo sostén de su hogar, y debiendo faltar a su empleo en el sector de mantenimiento de la Procuración del Poder Judicial de Capital Federal.-
A su vez expresa que como consecuencia de la infección perdió masa muscular, padece insensibilidad, contracturas, rengueras, lo cual le impide realizar un deporte debido a la atrofia que padece en el musculo y también desempeñarse normalmente.
En capítulo aparte, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
Dicha acción quedó radicada inicialmente ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 9 Departamental.-
II. A fs. 105/106 la Titular del Juzgado actuante, ante el planteo de nulidad impetrado a fs. 96/97 por el Apoderado Fiscal interviniente resuelve conferir un nuevo traslado a la demandada, por el termino de treinta (30) días en orden a lo establecido por el art.2 del Decreto ley 5875/63 y art.27 inc. 1 y 28 de la ley 7543.-
III. A fs. 176/178 se presenta el Dr. José Martín Torres, oponiendo la excepción de incompetencia, solicitando se suspendan los plazos procesales para contestar demanda, peticionando conforme los fundamentos expuestos, se remitan las actuaciones a conocimiento del suscripto.-
IV. A fs. 183/192 se presenta a contestar demanda en representación del Fisco Provincial, el Dr. Juan Pablo Portesi.-
Comienza su responde llevando a cabo una negativa genérica de todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, para luego realizar una negativa pormenorizada de cada uno de ellos.-
Asimismo desconoce la documentación acompañada y que no revista carácter de instrumento público.-
Comienza diciendo que debe hacerse especial hincapié en la orfandad probatoria, fáctica y jurídica de la demanda. En tal sentido, sostiene que la parte actora omite hacer precisiones y aseveraciones vitales para dilucidar el hecho.-
En tal sentido expresa que no existe ninguna cita jurídica, no se precisan los ítems indemnizatorios reclamados, no se detalla en que consistió la mala praxis, así como tampoco expresa que actividad hacia antes del hecho, y en que se vio privado con motivo del mismo, tampoco detalla la responsabilidad endilgada.-
Ante todo ello rechaza que exista algún tipo de responsabilidad, toda vez que alega no ha existido una conducta generadora de la misma, ya sea por acción y omisión, como tampoco un daño resarcible.-
A su vez destaca que reposa en cabeza del actor la carga procesal de demostrar los hechos en que se sustenta su pretensión, lo que reitera no se advierte en autos, pues en definitiva, no ha ofrecido un medio probatorio idóneo tendiente a probar los extremos invocados en la demanda como fundamento de la pretensión que esgrime.-
En capítulo aparte relata los hechos en que el actor fundara la pretensión, diciendo que conforme la documental que acompaña, surgiría que fue atendido por guardia del hospital, el día 26/02/2006 a las 23.11 hs..-
Luego el 28/02/2006 se habría internado a las 8:00 h. presentando síndrome compartimental en pierna derecha, se le realiza tratamiento quirúrgico: “fasciotomia tricompartimental de pierna derecha”, evolucionando favorablemente hasta el 8vo día de internación donde habría presentado secreción hemato-purulenta abundante, se le realiza curación y se decide realizar toma de muestra para enviar al servicio de bacteriología.-
Conforme el relato del actor siendo las 12:00 h. del día 09/03/2006 el paciente habría desaparecido de su cama de internación, informando la enfermera que el actor se retiró acompañado por un familiar. De tal manera sostiene que, de ser cierto el contenido de la HHCC acompañada consta claramente de ella que el actor abandono el tratamiento. Se habría ido del Hospital sin tener el alta.-
En razón de todo ello expresa que de haber continuado en el nosocomio el tratamiento no hubiera diferido de aquel brindado en el otro establecimiento.-
Continua diciendo que resulta claro que la lesión auto-inflingida por el actor fue el hecho con entidad suficiente como para generarle el daño, siendo ello la única relación de causalidad adecuada con el daño alegado, atento que el buen obrar del personal médico del nosocomio demandado junto al voluntario e intempestivo abandono del tratamiento por el actor, consolido la dolencia.-
Comenta que el síndrome compartimental es una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento muscular. Puede llevar a daños en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo.
A su vez sostiene que generalmente dichas dolencias cuando se agravan pueden llevar a un daño permanente, máxime en casos como el presente donde el actor abandonó el tratamiento.-
En capítulo aparte se refiere a la ausencia de responsabilidad civil y afirma que la demanda no cumple con los requisitos que presuponen la configuración de la mala praxis médica alegada.
En tal sentido expone que la alegada responsabilidad fundada en el actuar medico resulta inexistente.-
Cita abundante doctrina y jurisprudencia.-
Ante ello alega que no puede imputarse como causa adecuada de los padecimientos del actor, un error o negligencia en los procedimientos seguidos por los médicos del hospital al atenderlo ante la severa lesión que padecía y la supuesta infección posterior, máxime cuando el paciente abandono el tratamiento.
Por otra parte, en cuanto a la obligación tácita de seguridad que pesa sobre el hospital demandado, destaca que la obligación del profesional médico es de medios y no de resultados.-
Asimismo expresa que el hospital solo será responsable en la medida que se demuestre la culpa de los profesionales médicos frente al paciente.
En cuanto a la indemnización que el actor pretende, impugna los rubros y montos peticionados por resultar los mismos improcedentes, imprecisos y excesivos y a su vez, por no responder a la realidad de los hechos.-
En tal sentido, expone que el actor ha omitido cualquier tipo de precisión y/o justificación de los ítems reclamados, vedando ante ello el debido ejercicio de defensa y la necesaria comparación entre el antes y el después, pues no sabe qué hacía antes, como estaba antes y de qué manera el hecho que motiva la presente lo limitó.-
A su vez, señala que ha omitido el reclamo de intereses y reserva de lo que en más o menos surja de la prueba de autos.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
V. A fs.209/211 una vez sustanciada y contestada la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada, la Titular a cargo del Juzgado que previene, decide hacer lugar a la defensa opuesta, conforme los fundamentos allí expuestos y remite las actuaciones a conocimiento del suscripto.-
VI. Con fecha 16/08/2016 quedan radicadas las actuaciones en este órgano, lo que se hace saber a las partes.-
VII. Una vez transitada la etapa de prueba conforme lo ordenado en la audiencia de prueba de fecha 14/09/2017, certificado el vencimiento del periodo probatorio –conforme certificación de fecha 09/02/2022 - y habiendo hecho uso de su derecho de alegar, la Fiscalía de Estado mediante presentación electrónica de fecha 22/03/2022 , se llama con fecha 04/04/2022, autos para sentencia y;
1. Que el actor promueve demanda contra el Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes de General Rodriguez, fundando su pretensión en los daños y perjuicios padecidos, como consecuencia de la deficiente asistencia médica llevada a cabo en dicho nosocomio y que según refiere, le provocaran la lesión estética y funcional que padece en su pierna derecha.-
2. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires sostiene como argumento principal, a los fines de fundamentar el rechazo de la demanda, que el actor omite hacer precisiones y aseveraciones vitales para dilucidar el caso, que no detalla en que consiste la mala praxis médica alegada, como así tampoco ha ofrecido medios probatorios vitales para acreditar el hecho.-
3. Preliminarmente debo dejar aclarado, que, en el caso en estudio, el hecho central en el cual se sustenta la pretensión indemnizatoria, ha ocurrido en una fecha anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, motivo por el cual, la controversia debe resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil (art.7 del Código Civil y Comercial).-
4. Sentado ello, creo oportuno precisar que los hechos reprochados al Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes de General Rodriguez se enmarcan en la responsabilidad del Estado por la obligación de prestar el servicio en condiciones adecuadas para el fin destinado -brindar atención médica a la población- siendo responsable en el caso, por una ejecución irregular.-
En tal sentido, conforme a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de la Nación, la responsabilidad del estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del estado por la constitución, la ley o el reglamento, o simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio. De modo tal que, la culpa queda desplazada como factor de atribución y en su consecuencia, no resulta necesario acreditar la culpa del agente y ni siquiera individualizar al autor del daño. Basta con acreditar el funcionamiento defectuoso o irregular del servicio para que se configure el factor objetivo que permita atribuir responsabilidad (CSJN Vadell, Jorge F. c/Provincia de Buenos Aires, sentencia del 18/12/1984).-
Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquel, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (causa C.97.827, "Leiva, Cristina Graciela y otro c/ Sanatorio Modelo de Caseros S.A y otro . Daños y Perjuicios", sent. del 9 de junio de 2010).-
Aquella indemnidad, implica la adopción de las prevenciones y cuidados a los fines de evitar todo posible accidente o riesgo durante la prestación del servicio, o sea, preservar la integridad física, carga que reposa sobre un llamado " deber de seguridad y de previsión" (Tratado de la Responsabilidad Civil - T°II- Felix Trigo Represas- Marcelo J. López Mesa - pag. 474- Ed. La Ley).-
Ese deber jurídico de seguridad en cabeza del Estado, consiste en garantizar en modo efectivo la prestación del servicio a la salud, de manera tal que, cualquier acción u omisión de sus agentes - en este caso la practica médica realizada por alguno de los profesionales que integran el cuerpo médico- llegare a causar daño a la salud del paciente, el estado responde directamente como garante legal de los actos médicos realizados por los profesionales que de él dependen.-
Es por ello, que para poder atribuir responsabilidad a la entidad asistencial - como pretende el actor en la presente causa- la prueba de la culpa del médico es indispensable, no como reflejo de una responsabilidad indirecta, sino porque la prueba de aquella culpa es la demostración de la violación del deber de seguridad y cuya omisión genera la responsabilidad directa y objetiva del establecimiento asistencial (conf. fallo SCBA, C. 102658 S 5-10-2011 " C.,A c/ M.,d s/ Daños y Perjuicios").-
Asimismo ha decidido la Corte Nacional que el reconocimiento de la responsabilidad estatal exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, como ser, la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración (CSJN 12/11/96 “Tecnobeton S.A. c/ Estado Nacional").-
De este modo el daño causado por el Estado, como cualquier daño, para ser indemnizable requiere la existencia de un nexo causal adecuado entre el acto imputable a la administración y la lesión sufrida por el reclamante. Debe existir entre el daño alegado y la conducta estatal una relación inmediata de causa efecto. Se requiere que el daño sea consecuencia de la actividad de la administración, o sea, encontrar un vínculo entre el daño y la actividad estatal y esa relación de causalidad debe ser probada por quien reclama indemnización (cfr. Doc. SCBA B.54572 "Maragua S.A" 22/04/1997).-
De tal modo, queda a cargo del acreedor de la prestación médica o del legitimado activo, la carga de acreditar los presupuestos para que proceda la responsabilidad del estado, en el caso, deberá acreditar la culpa del médico, por no haber este colocado de su parte, los medios razonablemente exigibles para el normal cumplimiento de la obligación o bien la deficiencia del servicio de salud (art.375 del CPCC).-
En este sentido, se ha expresado que “…En todo proceso de daños, siempre debe el pretensor detenerse y precisar no solo la existencia de un daño probado, alcance y valoración cuantitativa, sino también que toda su extensión sea la consecuencia directa del hecho dañoso" (Julia E. Gandolla, las cargas probatorias. Importancia en el Proceso. Aspecto constitucional. Revista de Derecho de Daños. La prueba del daño T.I Ed. Rubinzal-Culzoni).-
Y es bajo el examen de las coordenadas hermenéuticas precedentes, que como primera cuestión he de advertir, que el actor se limita a relatar como fue su tránsito en el Hospital Interzonal de Agudos Vicente López y Planes, y cual fue el motivo de su estadía en dicho nosocomio, lo que en definitiva, ha quedado plasmado en la HC, omitiendo desarrollar en términos claros y precisos, cual ha sido la falta cometida en su función, por alguno de los profesionales de la salud que lo atendieron o bien las omisiones endilgadas al servicio, que guarde relación causal con el daño alegado.-
Nótese que ni siquiera dedica un apartado de su demanda a fijar y fundar la responsabilidad contra quien acciona, limitándose solamente a narrar los hechos como cree que sucedieron, alegando que las secuelas que padece resultan con motivo de la "mala praxis" padecida, no individualizando con precisión, cual es la conducta médica responsable y de quien, menos aún cual es o cuales son, las omisiones que le achaca al servicio de salud.-
La ausencia de la más mínima precisión, respecto de cual ha sido la conducta objetiva o subjetiva reprochable, ya sea por acción u omisión, juega en contra del accionante en orden al incumplimiento de su carga de abastecer aquellos requisitos comunes a cualquier responsabilidad, extremo que me permite ya adelantar, sellan la suerte adversa de esta pretensión (art. 27 incs. 3 y 4 CPCA; art. 330 incs.3 y 4 CPCC).-
5. En la especie, la doctrina ha afirmado que determinadas coyunturas procedimentales reclaman de alguna de las partes que se expresen con particular claridad, es decir, que se hable claro; y en el supuesto de no manifestarse inequívocamente, quedará la parte respectiva - como sucede siempre cuando acaece la falta de levantamiento de una carga procesal - sumida en el riesgo de soportar una situación procesal desventajosa. No ha de olvidarse que la explicación clara tiene también raíces constitucionales por cuanto alcanza la defensa en juicio y de los derechos. Es que el debido proceso exige que el demandado sepa de antemano: cual es la "causa pretendi" de la pretensión y las razones de derecho en que se apoya su demanda, y por fin, cual es el objeto de dicha pretensión (conf. Bacarat, Edgar José: Otro principio procesal: "Clare Loqui" La Ley 2009- E, 1306; v. también: Peyrano, Jorge del "clare loqui" (hablar claro) en materia procesal, LA LEY, 1992-B, 1159).-
Ahora bien, no obstante ello y aún soslayando este valladar formal, lo cierto es, que tampoco en un análisis de la prueba allegada y producida en autos, el actor ha logrado acreditar el incumplimiento de los deberes que en la especie, tiene a su cargo el órgano provincial demandado.-
Es decir, en una lectura minuciosa de la demanda, puede leerse que el accionante intenta conducir su pretensión hacia la posible exist
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.