Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 39218
Expte. Nº 39218 .-
Autos:"MARTIRE LEONARDO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados “MARTIRE LEONARDO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRÍGUEZ S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 39218, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 18/09/2020 se presenta el Dr. Leonardo MARTIRE junto al patrocinio letrado del Dr. Leandro Gastón Vukicevic promoviendo demanda contra la Municipalidad de General Rodríguez, pretendiendo el cobro de la suma de $ 880.351,00 correspondiente al saldo parcial impago de la factura n°189 y al saldo total de la factura n° 197, con más los intereses correspondientes desde la fecha en que ingresó en mora la comuna.-
Comienza el relato de los hechos manifestando que desde hace muchos años conforma una empresa unipersonal cuyo nombre de fantasía es "CREAR INDUMENTARIA" que se dedica a la producción, comercialización y distribución de productos textiles.-
Comenta que su empresa se desempeña tanto en el ámbito privado como en el público, siendo los municipios los principales demandantes de los productos que comercializa.-
Manifiesta que por lo general no ha tenido inconvenientes con los municipios en sus relaciones contractuales, a excepción de lo que ocurre con la comuna accionada, quien registra dos facturas impagas, una en forma parcial y la otra total, con una importante mora en los plazos de pago, y que ello ante el perjuicio que a una Pyme Nacional le provoca, lo obligó a iniciar la presente acción.-
En referencia a la relación contractual habida entre las partes expresa que en junio de 2016 (sic) realizó una cotización - pedido de cotización nro 1282- en el marco de la Licitación Privada nro 30/2018, cuya fecha de apertura fue el día 15 de junio de 2018.-
Luego comenta que fue a partir de allí, que la comuna accionada emitió la Orden de Compra nro 1373, por un monto total de $ 1.530.351,00, transitando todo el proceso de selección del co-contratante mediante el expediente n° 201.746/2018.-
Continua diciendo que en el marco de dicha relación quedaron fijadas las obligaciones de las partes, a saber: de la empresa entregar objetos de indumentaria de temporada de invierno para los empleados de la municipalidad, detallados en la orden de compra citada y por la otra parte, la obligación de la comuna de realizar el pago en forma inmediata.-
Conforme ello indica que se realizaron las entregas de todo el material que fuera solicitado por la comuna, y que ello consta en los remitos nro 877, 878 y 879, emitiéndose dos facturas: La factura n° 189 de fecha 13/07/2018 por un monto de $ 1.186.185 y la Factura n°197, de fecha 17/09/2018 por el monto de $ 344.116,00.-
Expone que la demandada solamente abonó el día 08/08/2018, la suma de $ 650.000,00 correspondiente a la factura n° 189, quedando un saldo remanente de $ 536.185,00.-
Luego indica que al día de interposición de la acción, la accionada no abonó aquel saldo remanente correspondiente a la factura n°189 y a su vez, mantiene impago el saldo total de la factura n°197, ascendiendo la deuda a la suma de $ 880.351,00.-
Refiere que acompaña como prueba documental una constancia de la Tesorería Municipal en donde se comprueba la deuda líquida que la comuna mantenía al día 12/06/2019, surgiendo allí el monto reclamado, las facturas detalladas y la orden de compra respectiva.-
Destaca que la comuna no ha objetado las facturas presentadas de las cuales tiene plena constancia conforme surge del informe de tesorería y que tampoco realizó ninguna observación con respecto a la mercadería entregada.-
Finalmente comenta que con fecha 4 de noviembre de 2019 envió CD a la comuna intimando al pago de 2 facturas y que no ha tenido respuesta alguna.-
Luego en capítulo aparte y en cuanto a la relación jurídica entre las partes, menciona que la cláusula 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que para el pago, se deben confeccionar las correspondientes facturas, y que a su vez, la propia orden de compra reza expresamente que los pagos se realizarán en forma inmediata.
Por todo ello y no existiendo según expone, argumento alguno en cuanto al incumplimiento por parte de la comuna de la orden de compra, reclama el derecho que emerge del contrato y peticiona se abone el monto de las dos facturas impagas, con más los intereses correspondientes.-
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. Con fecha 29/11/2021 se presenta a contestar demanda la Dra. Silvia Karina BUCCI en representación de la comuna accionada, solicitando que la demanda sea desestimada en cuanto se pretende que se declare el incumplimiento de obligaciones contractuales en el marco de la orden de compra n° 1373.-
Comienza su responde negando todos y cada uno de los hechos a los que hace mención la actora, con excepción de los que son de expreso reconocimiento.
Luego hace una negativa y rechazo particularizado. En cuanto a los reconocimientos expresa que reconoce que la obligación de la accionante fue la de entregar objetos de indumentaria de temporada de invierno para los empleados de la comuna y la de su representada la de realizar el pago.
A su vez reconoce la existencia de dos facturas, la factura n° 189 de fecha 13/07/2022 por el monto de $ 1.186.185,00, y la factura n° 197 de fecha 17/09/2018 por el monto de $ 344.166,00.
Continúa y reconoce que a la fecha de interposición de la demanda, existía una suma por cobrar parte del accionante, pero resalta que la falta de pago no le fue imputable a su mandante, sino al propio actor, quien según refiere a los efectos de percibir las sumas faltantes, debía presentarse en la comuna con la constancia de CBU certificado por la entidad bancaria, resultando ello un requisito necesario para efectivizar el pago.-
Finalmente rechaza y niega que haya habido por parte de su poderdante falta de voluntad de pago, toda vez que en marzo del 2021, apenas el actor presentó el correspondiente CBU con la certificación bancaria se le transfirió la suma de $ 834.812,10 en concepto de pago de las facturas n° 189 (saldo) y 197 .-
En cuanto a la realidad de los hechos dice que el Sr. Leonardo Martire reclama el pago de las facturas n° 189 y 197.-
Luego pone en conocimiento que su mandante a los efectos de abonar a sus proveedores, les solicita que presenten en la Tesorería Municipal el número CBU con certificación bancaria actualizada, y que el actor recién cumplió con dicho requerimiento en marzo del 2021, suscribiendo en esa fecha el formulario n° 35 “AUTORIZACION DE ACREDITACION EN CUENTA BANCARIA” y que luego de ello, con fecha 23 de marzo de 2021, se llevó a cabo la transferencia a su cuenta bancaria por la suma de $ 834.812,10.-
Aclara que la diferencia entre la suma efectivamente abonada por su mandante el día 23/03/2022 y la suma reclamada por el actor, obedece a las deducciones realizadas por la Municipalidad de Gral. Rodríguez en su condición de agente de retención (-Ganancias, Ingresos Brutos y Retención SUSS -AFIP 1784/04-) las cuales ascendieron a la suma de $ 45.538,90.-
Con ello concluye diciendo que la suma reclamada como adeudada ha sido abonada el día 23 de marzo de 2021, es decir, con anterioridad al traslado de la demanda.-
Continua diciendo que queda demostrado que fue el actor quien ha incumplido y no su mandante.-
Alega que resulta curioso que el actor, lejos de desistir de la demanda o de denunciar que el saldo reclamado había sido cancelado en su totalidad, haya continuado con la acción y efectivizado el traslado de la demanda.
Destaca que el actor no inició ningún reclamo administrativo a los fines de obtener el pago de sus facturas, y que ello ocurrió, porque tenía plena certeza de que la demora en el pago, se debía a la falta de presentación del CBU certificado por la entidad bancaria.
En capítulo aparte acusa temeridad y malicia procesal.-
En relación a ello expresa que la actora con total temeridad y malicia procedió a correr traslado de la demanda, a sabiendas que la suma reclamada como adeudada, había sido cancelada el día 23 de marzo de 2021, mediante transferencia bancaria.
Reitera que el día 22 de marzo de 2021, el actor presentó en la Municipalidad de General Rodríguez, la constancia de CBU certificado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, luego completó y suscribió un formulario denominado: “Autorización de Acreditación en Cuenta Bancaria” prestando con ello conformidad, para que las sumas se le transfirieran a su cuenta.
Expresa que al día siguiente, su mandante procedió hacer efectiva la transferencia por las sumas adeudadas, tal como surge del comprobante allegado.-
Sostiene que a la fecha de pago de las Facturas 189 (saldo remanente) y 197, la litis no se encontraba trabada y que la accionante teniendo en miras el principio de buena fe, debió denunciar dicha circunstancia y desistir de la acción, o al menos, transformar y/o modificar y/o ampliar la demanda.
Expone que tal proceder merece ser reprochado y que nos encontramos ante una conducta contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, que requiere sin duda de la aplicación de sanciones y así lo dejó peticionado.
Por todo ello sostiene, que habiéndose abonado las sumas reclamadas y deviniendo en abstracta la cuestión, corresponde se rechace la demanda “in limine”, con costas.
Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
III. Con fecha 6/12/2021 la parte actora contesta el traslado de la prueba documental ofrecida por la demandada y reconoce que con fecha 23/03/2021 la demandada terminó de cumplir con el pago del capital adeudado. Luego, en atención a los reconocimientos efectuados por la comuna, peticiona se declare la cuestión como de puro derecho.-
IV. Conferido el traslado, la comuna lo contesta con fecha 15/12/2021 y reitera que el actor nunca presentó en la comuna el CBU actualizado para su cobro y que ese fue el motivo por el cual, no se abonó el saldo remanente.
Por ello sostiene que no corresponde imputar como tardío el pago efectuado por su mandante, cuando no existen antecedentes por parte del actor de haber tenido efectiva intención de cobro.
Luego, rechaza el pedido de que la cuestión se declare como de puro derecho, por existir hechos controvertidos.-
V. Con fecha 9/02/2022 se lleva a cabo una audiencia consultando a las partes, conforme el trámite procesal de las actuaciones y el estadio de las mismas, acerca de la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio. En el marco de dicha audiencia y conforme los extremos allí expuestos ante la posibilidad de arribar a un acuerdo que incluya los intereses devengados, se dispone la suspensión de los plazos procesales por el termino de 15 días.
VI. Con fecha 17/03/2022 la parte actora manifiesta que la demandada no ha realizado ningún ofrecimiento para poner fin al pleito y solicita que continúe el trámite de la causa.-
VII. Que una vez transitado el periodo de prueba, agregado los alegatos presentados por las partes, la actora con fecha 13/10/2022 y la demandada con fecha 21/10/2022, se llama autos para sentencia (v. prov. de fecha 12/08/2022) y:
1. Que en autos la parte actora pretende el reconocimiento al cobro de la suma de $880.351,00 monto que se encuentra integrado por el saldo remanente impago correspondiente a la factura Nº 189 de fecha 13/07/2018, y el monto de $ 344.116 correspondiente a la factura Nº 197 de fecha 17/09/2018.-
2.-Por su parte la demandada reconoce la existencia de dos facturas: Factura nº 189 de fecha 13/07/2018 por el monto de $ 1.186.185 y la Factura nº 197 de fecha 17/09/2018 por el monto de $ 344.166.-
A su vez la demandada reconoce que a la fecha de interposición de la demanda, existía una suma por cobrar, pero alega que la falta de pago no le resulta imputable, sino que obedece al actuar del actor, quien incumplió en presentar la constancia del CBU certificado por entidad bancaria.-
En tal sentido, la comuna informa que con fecha 23/03/2021 luego de que el actor presentó la constancia de CBU en la Tesorería Municipal, se efectúo la transferencia en su cuenta bancaria del saldo remanente correspondiente a las facturas n" 189 y 197, el que asciende a $ 834.812,10 con las deducciones correspondientes de acuerdo a la condición del actor y siendo la comuna agente de retención.-
3. Fijado ello cabe destacar, que no existe controversia entre las partes acerca de la relación contractual, llevada a cabo en el marco de la Licitación Privada nº 30/2018 para la adquisición de Indumentaria para el Personal de las diferentes áreas del municipio.-
Sin perjuicio de la falta de controversia, todo lo relativo al proceso licitatorio surge acreditado conforme las constancias del expediente administrativo nº 4050-201746/18 (v decreto nº 957/2018) allegado por la comuna con fecha 5/5/2022.
Así ha quedado probado que al actor (en su calidad de proveedor de la comuna) le fue adjudicada la Licitación Privada nro 30/108 por un valor de $1.530.351,00 (v. Decreto nº 1064 fs. 166 expte adm. citado) y que la comuna emitió la Orden de Compra nº 1373 (v. fs.169 expte. citado).-
Tampoco existe controversia en que la actora conforme la obligación asumida, entregó la mercadería requerida -remitos nº 877, 878, 879 - conforme surge de las constancias del expediente administrativo nº 450-201746 (v fs.187/189).-
A su vez son contestes las partes en que la actora emitió las facturas nº 189 de fecha 13/07/2018 por el monto de $ 1.186.185 y la factura nº 197 de fecha 17/09/2018 por el monto de $ 344.116 y que las mismas no merecieron ninguna observación.-
En lo relativo al pago de dichas facturas, quedó acreditado por falta de controversia, lo que a su vez, surge de las constancias del expediente administrativo (v Orden de pago de fs. 179 y 184) que con fecha 08/08/2018, la comuna abonó la suma de $ 650.000,00 imputado a la factura nº 189 quedando un saldo remanente de $ 880.351,00 (comprensivo de saldo parcial de la factura 189 y el saldo total de la fac.197) tal como surge del detalle de deuda de ejercicios anteriores que surge del RAFAM de fecha 23/10/2020 (v. fs. 193 del expte. adm).-
Finalmente quedó probado - pues no existe controversia alguna- que con fecha 23/03/2021, dicho saldo fue cancelado por la demandada, transfiriéndose al actor la suma de $ 834.812,10, con las retenciones correspondientes conforme su condición rente al IVA.-
4. En síntesis, la demandada en relación a las facturas reclamadas en autos, realizó un primer pago con fecha 08/08/2018 de $ 650.000,00 imputado a la factura nº 189 y el saldo remanente de $ 880.351,00 que la actora reclama en autos, fue cancelado con fecha 23/03/2021. En definitiva, el capital ha sido cancelado en su totalidad, y así ha sido consentido por la actora.-
Frente a tal escenario, y estando reconocido que el capital ha quedado saldado, solo queda por resolver lo atinente a los intereses que han sido reclamados por la actora, y respecto de los cuales – se desprende del trámite de la causa- continúo la presente acción.-
En definitiva, allí se centra el conflicto pues la comuna alega que no corresponde adicionar intereses, toda vez que la demora en el pago (de aquel saldo de capital remanente) no le resulta imputable y que tal proceder, obedeció a la conducta del propio actor, quien no cumplió con un recaudo establecido por la comuna, cual es presentar la constancia de CBU certificada por la entidad bancaria a los fines de efectivizar la transferencia.-
Ahora bien, debo adelantar que el argumento defensivo de la demandada no ha de tener acogida favorable, por varias razones.-
En primer lugar he de reparar que aun cuando de las constancias de la causa se encuentre acreditado que con fecha 22 de marzo del año 2021, el actor presentó ante la Tesorería comunal, la constancia de CBU certificado y que luego, al día siguiente, se llevó a cabo la transferencia del saldo remanente, ello por sí solo, no acredita que la demora en el pago obedeció a la falta de cumplimiento del requisito alegado por la comuna.-
En suma, las manifestaciones de la demandada en pos de justificar la demora incurrida se encuentran huérfanas de respaldo, en tanto no ha sido aportado ninguna prueba que sostenga dicha defensa, pues el requisito al que hace referencia no surge - al momento en que formalizó la relación- como condición para el pago.
A su vez, tampoco surge que posteriormente y durante el desarrollo de la relación contractual, las partes hayan modificado alguna condición relativa a las condiciones de pago, así como tampoco surge que el actor haya sido intimado formalmente a dar cumplimiento con el requisito que la demandada, en esta instancia pone de relieve.-
Que al contrario de todo ello, no puede desconocer la comuna que respecto de la factura nº 189, conformada y con vencimiento de fecha 18/07/2018, se realizó un pago parcial con fecha 8/8/2018, el cual fue llevado a cabo sin ningún condicionante, y sin que surja que el mismo haya estado sujeto a la denuncia del CBU.-
En definitiva, siendo que la propia parte demandada ha reconocido la contratación y la prestación por parte de la actora (entrega de mercadería) le restaba luego cumplir con la obligación por ella asumida, que era el pago al presentarse la factura correspondiente.
El art.21 del Pliego de Bases y Condiciones establece: "Para iniciar la gestión de pago al adjudicatario deberá presentar las correspondientes facturas, ya sea por el suministro total o parcial realizado según se establezca en las condiciones particulares" (fs. 91/94 expte administrativo).-
Luego en la orden de compra n° 1373 se establece: Plazo de entrega: inmediato parcial. Condición de pago: Inmediato parcial.
Que en la orden de pago respecto de la factura n°189 (v. fs. 179 y 184) surge que el vencimiento de dicha factura operaba el 18/07/2018 y que la misma fue abonada parcialmente.
Y en cuanto a la factura n° 197 surge conformada con fecha 28/12/2018, con idéntica fecha de vencimiento (v. fs.196 expte adm.) abonada con fecha 23/03/2021(v. fs.194/196 del citado expte adm).-
En síntesis, no estando cuestionado que las prestaciones debidas por la contratista han sido realizadas de acuerdo a lo estipulado en la adjudicación, la supuesta falta de presentación del CBU, no puede primar por sobre las condiciones pactadas a efectos de repeler las sumas adeudadas, pues de lo contrario, no solo se estaría avalando un enriquecimiento sin causa por parte del municipio accionado sino, además, la afectación de principios jurídicos fundamentales, tales como el principio de buena fe y el principio de confianza legítima (CCSMA Causa n°3973/13 "Racaval S.A" de 16/04/2015).-
Cabe destacar que la Suprema Corte bonaerense ha reconocido la aplicación del principio de buena fe a los contratos administrativos, al afirmar que: "La pauta rectora sentada por el art.1198 del Código Civil [norma por entonces vigente, actual art.1.061 del C.CyC], en el sentido de que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, es aplicable también a los contratos administrativos (art.16, C.C y 159 Const. Prov.)".-
Y ha dicho también que: "... el principio general de buena fe determina que la Administración, en el ejercicio de sus potestades, debe proceder con una conducta leal y honesta. El comportamiento administrativo ha de ser el que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona, evitando actitudes confusas, equívocas o maliciosas (conf. doctrina causa B. 64.766, "Izu", resl. del 3-VIII-2005)..."(cfr. SCBA, B. 66241, "Ashira", sent. del 3 de julio de 2013; CCSMA, causas n° 5356/16
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.