Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 14487
Expte. Nº 14487 .-
Autos: "SUAREZ RICARDO Y OTROSC/ MARAIN JOSE GABRIEL Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Y SU ACUMULADO: “ZUCHELLI ANGEL ALBERTO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA” (EXPTE Nº 13.031)
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados: “SUAREZ RICARDO Y OTROS C/ MARAIN JOSE GABRIEL Y OTRO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA” (EXPTE Nº 14.487) y su acumulado, “ZUCHELLI ANGEL ALBERTO Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA” (EXPTE Nº 13.031), en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
Por la causa Nº 14.487:
I. Que a fs. 88/105 se presentan Ricardo Suarez y Patricia Noemi Pertierra por sí y en representación de su hija Mónica Elizabeth Suarez, y por el otro Celina Solabarrieta Vázquez, Carlos Perfecto Suarez y Laura Lorena Villalba Solabarrieta, todos junto al patrocinio letrado de los Dres. Verónica Inés Macchi y Gastón Lázaro Cuesta, iniciando demanda de daños y perjuicios contra los particulares Sres. José Gabriel Marain, Ezequiel Enrique Arguissain, Néstor Maldonado, y asimismo contra la empresa el Nuevo Ceibo SRL y la Municipalidad de General Rodríguez, por la suma de $ 2.350.000,00 o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses y costas.-
En cuanto a la legitimación activa aclaran que Ricardo Suarez y Patricia Noemí Pertierra resultan ser los progenitores y Mónica Elizabeth Suarez la hermana de quien en vida fuera Marcela Noemí Suarez. -
Por otro lado, Celina Solabarrieta Vázquez y Carlos Perfecto Suarez, siendo la primera madre y el segundo, alegando la calidad de padrastro, y Laura Lorena Villalba Solabarrieta, hermana de quien en vida fuera Jonathan Adrián Solabarrieta Vázquez
En cuanto a los hechos relatan que el día 17 de marzo de 2011, siendo aproximadamente las 12:00 h, el Sr. José Gabriel Marain, quien se encontraba como chofer del ómnibus marca Mercedes Benz, interno nº 19 de la línea 500, realiza marcha atrás impactando contra la garita de ascenso y descenso de pasajeros, que se encontraba en la intersección de las calles Casero y Defensa del Barrio Agua de Oro, de General Rodríguez.
Comenta que fue la maniobra imprudente del Sr. Marain, la que provocó que el ómnibus impactara contra la garita, ocasionando su total derrumbe, golpeando a quienes esperaban para ascender al micro, y lesionando de manera letal a los menores Marcela Noemí Suarez y Jonathan Adrián Solabarrieta Vázquez.
Refiere que ambos menores se encontraban sobre la vereda, en fila y debajo del refugio, esperando para ascender al micrómnibus.
Comenta que, a consecuencia del hecho, Jonathan perdió la vida en el instante mismo del accidente, mientras que Marcela falleció en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, luego de infructuosas tareas de reanimación y de urgencia, llevadas a cabo por el personal médico.
Sostiene que tanto el accionar negligente del chofer del vehículo, como el deterioro del refugio, hicieron posible que ocurriera el hecho trágico. -
Expone que ha consecuencia del hecho se formó la IPP 1517-2010 caratulada: “Marain José Gabriel s/ Homicidio culposo y lesiones culposas” que tramitó por ante la UFI Nº 1 de delitos complejos del Depto. Judicial de Mercedes, en la cual los especialistas, han precisado la maniobra descripta precedentemente y el estado deficiente del refugio. -
Continúa y precisa en capítulo aparte acerca de la responsabilidad de quienes reputa como demandados del evento.
Así señala que, desde el aspecto subjetivo de la responsabilidad, la conducta del Sr. Marain hizo posible el resultado dañoso ya que infringió el deber de cuidado y previsión. En ese sentido alega que la conducción de un vehículo en la vía publica exige la adopción de recaudos que no solo atañen a la propia circulación vehicular, sino que, en general, aparecen también referidos a acciones que necesariamente la preceden o que, siendo consecuentes, forman parte de las obligaciones de cuidado inherentes al conductor.
A su vez, sostiene que la responsabilidad como conductor surge de su calidad de embistente, alegando que, debido a su distracción, no advirtió la presencia del refugio o garita impactándola y provocando con ello el deceso de los niños.
Sumado a ello destaca, que a los fines de analizar la responsabilidad deberá tenerse en cuenta que se trata de un conductor profesional y que, en la emergencia, no obró con el debido cuidado y previsión que las circunstancias le imponían.
Luego desde el aspecto objetivo de la responsabilidad sostiene que la misma se fundamenta en aquello que dispone el art. 1113 del C.C y en su caso, deberá la demandada demostrar que la víctima incurrió en la emergencia en un accionar culposo de una entidad tal, como para interrumpir al nexo causal entre el hecho y el daño. -
En cuanto a los restantes codemandados y su legitimación para estar en juicio expone lo siguiente:
En cuanto a la responsabilidad del Sr. Ezequiel Enrique Arguissain expone que la misma deriva de su calidad de titular registral del micrómnibus dominio DQL-930, conforme lo normado por el art.1113 del C.C.-
Luego en cuanto a la responsabilidad de la Empresa de Transporte “El Nuevo Ceibo SRL” expresa que deriva en calidad de usufructuario del servicio público de transporte y también por su condición como asegurado del micrómnibus productor del daño. -
En cuanto a la responsabilidad de la Municipalidad de General Rodríguez, le achaca la falta de mantenimiento de los refugios y/o garitas de su municipio y la deficiencia en su construcción, por las omisiones en el debido control y la consecuente falta de servicio. A su vez sostiene que la responsabilidad también deriva por ser dueño o guardián de la cosa que produjo el daño.
Finalmente, en cuanto a la responsabilidad del codemandado Néstor Ramón Maldonado, en su condición de constructor del refugio en los términos del art.1646 y 1113 del C.C y por revestir dicha construcción la calidad de cosa riesgosa. -
En cuanto a los daños reclama, por un lado, aquellos derivados del fallecimiento de Marcela Noemí SUAREZ, y en relación a la víctima expresa, que la niña nació el 22 de diciembre del año 2000 y falleció a consecuencia del accidente relatado, el día 17 de marzo de 2010 en General Rodríguez, a los 9 años de edad.
Relata que la niña convivía con su hermana de 16 años y sus padres, todos actores en autos. -
En cuanto a Ricardo Suarez, padre de la niña, nacido el 23 de marzo de 1957 de profesión empleado, con ingresos aproximados de $ 5.000,00 a la fecha de promoción de la acción. -
La madre de la niña, Patricia Noemí Pertierra, nacida el 30 de mayo de 1964, ama de casa.
En cuanto a su hermana Mónica Elizabeth Suarez, argentina y nacida el 10 de febrero de 1994, estudiante. -
Respecto a la niña, víctima del accidente de autos, refiere que era una excelente alumna, estudiosa, inteligente, cumplidora y compañera tanto de sus familiares como de sus amistades.
A su vez comenta que era devota de las actividades al aire libre, le gustaba jugar con sus amigos, pasear en bicicleta, adoraba a los animalitos, anhelando en un futuro formarse como veterinaria o bióloga.
Por otro lado, en cuanto a los daños derivados del fallecimiento del niño Yonathan Adrián Solabarrieta Vázquez, principia por comentar que nació el 16 de abril de 2002 y falleció en General Rodríguez el 17 de marzo de 2010 a consecuencia directa de las lesiones sufridas en el accidente relatado.
Que el grupo familiar y conviviente del niño – todos actores en autos- estaba conformado por su mama Celina Solabarrieta Vázquez paraguaya, nacida el 26 de agosto de 1964, ama de casa, por el padrastro Carlos Perfecto Ibáñez, argentino, de ocupación albañil, quien convivía con el grupo familiar desde hacía más de 5 años a la fecha en que se produce el hecho. También conformaba el grupo conviviente la hermana del niño, Laura Lorena Villalba Solabarrieta.
Luego de dicha introducción acerca de los reclamantes, continúa desarrollando cada uno de los rubros reclamados.
Comienza peticionando PERDIDA DE AYUDA ECONOMICA PARA EL FUTURO: Sostiene que por el presente no se pretende reclamar el aporte concreto que efectuará la victima sino la chance de que pudiera hacerlo en el futuro como sostén y colaboración en la ancianidad de los reclamantes.
Reclama para cada uno de los padres a título de perdida de la chance de ayuda económica para su vejez, la suma de $ 100.000 para cada uno (Suarez, Pertierra y Solabarrieta) los que según expone se estiman a la fecha de promoción de la demanda, con más los intereses que correspondan.
En cuanto al rubro DAÑO PSIQUICO Y PSICOLOGICO: Luego de conceptualizarlo, exponen que la salud psicológica y psíquica actual de los padres y hermanos, es muy mala, habiéndose deteriorado directamente a causa del abrupto hecho.
Sostiene que el grupo familiar – sus padres- se encuentran necesitados de auxilio psicológico y psiquiátrico, debido a que no se recuperan de la postración causada por la muerte sus hijos. -
Peticiona la suma de $ 300.000, correspondiendo $ 50.000,00 para cada uno de los actores, o la cantidad que en más o menos surja del informe pericial.
En cuanto al DAÑO MORAL: Sostiene que resulta indudable la profunda e imborrable lesión a los sentimientos de los padres, heridos a perpetuidad en su espiritualidad por la muerte súbita e inmerecida de su hijo.
Expone que la acción que intentan los padres de la víctima se funda en un reclamo por derecho propio, alegando en definitiva que no se trata de un derecho hereditario, sino que la reclamación tiene como fundamento el daño que han sufrido por la muerte de su hijo.
Alega que el sufrimiento que la muerte de un hijo produce en sus progenitores resulta evidente por lo que el daño debe ser admitido sin necesidad de prueba alguna. Cita jurisprudencia.
En cuanto a los hermanos y el padrastro, expone que la indemnización reclamada tiende a resarcir el dolor que les ha provocado, la extinción de un ser tan estrechamente ligado espiritualmente, sosteniendo que la paz y la tranquilidad le ha sido quebrantada de por vida y que ello será probado con la prueba ofrecida. -
En cuanto a la legitimación activa por tal rubro expone que el art.1078 del C.C presenta un valladar para el reclamo, en este caso de hermanos y del padrastro, pero que no obstante ello, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente – conformes citas- el reclamo de dicho rubro ha teniendo procedencia favorable.
Por todo ello y a la luz de los precedentes y doctrina que cita, concluye diciendo que la limitación que dispone el art. 1078 del C.C en cuanto a los legitimados activos resulta inaplicable por resultar lesivo de derechos fundamentales y garantías de raigambre constitucional como lo son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la certidumbre de que la muerte del menor criado como un hijo propio, de no acceder a lo peticionado, conculcaría un derecho legítimo proveniente de un emplazamiento existencial y suficientemente acreditado a partir de la relación estable y prolongada mantenida con la víctima.
En razón de lo expuesto solicita se admita el reclamo indemnizatorio del padrastro conviviente, fundamentado en los preceptos constitucionales de protección de la familia y la doctrina que emana del art.1079 del C.C, en cuanto sienta el principio general de responsabilidad civil y a su amparo amplia el espectro de los legitimados para reclamar por el daño.-
Por todo ello considera ajustado a derecho solicitar la suma total de $ 1.800.000, a razón de $ 500.000 para cada uno de los progenitores –Ricardo Suarez, Patricia Pertierra y Celina Solabarrieta- y de $ 100.000 para cada hermano y padrastro – Mónica Suarez, Laura Solabarrieta y Carlos Ibáñez - o la cantidad que en más o menos se estime con más los intereses de ley. -
Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona. -
II. A fs. 121/124 se presenta el Dr. Maximiliano José VALLI, acreditando la representación invocada como letrado apoderado de la Municipalidad de General Rodríguez y oponiendo al progreso de la acción y en el carácter de previo, la excepción de falta de legitimación pasiva. -
Expresa que conforme los hechos expuestos en la demanda, el caso de autos, se trata de un accidente de tránsito provocado por un ómnibus que circulaba como transporte de pasajeros, quien, al impactar contra un refugio ubicado en la vereda, provoca el derrumbe del mismo, sin que surja demostrado como juega la responsabilidad de la comuna.
Continúa y dice, luego de llevar a cabo un análisis acerca de la causa del daño, que resulta improcedente la atribución que se le endilga a su representada, toda vez que, en el caso de autos, la responsabilidad por el hecho debe fijarse con carácter exclusivo, en el obrar objetivamente culpable del conductor del vehículo, puesto que su conducta ha resultado la causa adecuada, que ha determinado el resultado dañoso.-
Por ello sostiene que la comuna debe ser eximida totalmente de responsabilidad debido a que no ha existido la relación de causalidad adecuada para que se configure la responsabilidad que se atribuye. -
Comenta que, si bien los supuestos daños se produjeron por la caída de un refugio que pertenece al dominio público, dicha construcción fue llevada a cabo por una empresa particular de acuerdo a la normativa legal vigente, y a su vez, dicho derrumbe se produce por la colisión del ómnibus, sin el cual, el hecho no se habría producido, pues el refugio por sí mismo no configuraba riesgo alguno. -
Expone que en el caso de autos el accidente no se produce por el riesgo o vicio de la cosa que – en principio- responsabilizaría al dueño o guardián de la misma, sino que el riesgo se produce “con” la cosa, mediante la autoría del hombre.
En tal sentido alega que en ningún momento han existido condiciones de riesgo, toda vez que se trata de un refugio de material ubicado sobre la vereda de la intersección de las calles Defensa y Caseros del partido de General Rodríguez, reiterando que su derrumbe fue producido pura y exclusivamente por la colisión que produjo el vehículo de transporte, por medio de una maniobra incorrecta del conductor. -
Concluye diciendo que su representada debe quedar eximida de responsabilidad al no mediar relación de causalidad entre el defecto del refugio y el accidente, del que debe ser exclusivamente conectado con la negligencia observada por el conductor del ómnibus. -
III. A fs. 141/150 se presenta el Dr. Ignacio Antonio Respuela contestando demanda en representación de la empresa El Nuevo Ceibo SRL y de la Compañía Aseguradora Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.
En primer lugar, solicita la acumulación de los presentes actuados con la causa en trámite por ante este Juzgado, caratulada: “Zuchelli Ángel Alberto c/ Municipalidad de General Rodríguez s/ Daños y perjuicios (Expte n° 13.031)”. -
Comienza su responde negando todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda, y de la documentación acompañada que no provenga de autoridad pública.
Luego realiza una negativa pormenorizada de cada uno de los hechos expuestos en la demanda.
En cuanto a la versión de los hechos y la responsabilidad por el evento comenta que el día 17 de marzo de 2010 siendo aproximadamente las 11:50 h. el Sr. José Gabriel Marain circulaba al mando del interno n º 19 de la línea de colectivos 500 de “El Nuevo Ceibo SRL” en la localidad de General Rodríguez.
Luego continúa diciendo que en esa ocasión había detenido la marcha del vehículo en la intersección de la calle Caseros – calle por la que venía circulando- y Defensa, dado que en el lugar había una parada de colectivos, comúnmente denominada “garita” o “refugio” lugar en el que además finalizaba su recorrido.
Comenta que luego de que descendieran los últimos pasajeros del micro, Marain comienza a iniciar las maniobras tendientes a reiniciar su marcha, para luego poder iniciar su habitual recorrido.
Refiere que en el momento que retrocedía, haciéndolo lentamente debido a la gente que había en las inmediaciones y el poco lugar que tenía para maniobrar, condiciones que le impedían conducir a una mayor velocidad, y sin subirse un ningún momento a la vereda y/o tomar contacto con el cordón, golpea con la parte alta trasera derecha del micro el vértice del techo y/o alero del refugio, el que según expone se encontraba invadiendo la calzada.
Expone que esa circunstancia, sumada a la pésima calidad de construcción del refugio, el que carecía de cimientos, provocó que el mismo, se derribara por completo apenas fue tocado por el colectivo.
Al respecto expresa que tan mala y deficiente era la calidad de la construcción, que bastó un mero contacto del micro con la estructura de la “garita” para derribarla por completo, y el colectivo no obstante haber “chocado” con una estructura de cemento, no sufrió ningún daño, a excepción del desprendimiento de pintura que se produjo en la unidad en el sector del choque.
Sostiene que el modo en que fue llevada a cabo la maniobra por el conductor del micro, así como la “pésima calidad de construcción de la “garita” surgen detalladas con claridad a partir de los testimonios que fueron brindados en la causa penal, cuyas declaraciones procede a transcribir. -
Por ello peticiona que se exima de responsabilidad en el hecho de autos al conductor del micro y consecuentemente a la empresa que representa, y a su vez, a la citada compañía aseguradora Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, por haber existido culpa de un tercero por quien su representados, no deben de responder. -
En relación a ello expone que dicho tercero resulta ser la Municipalidad de General Rodríguez y la empresa constructora que llevó a cabo la construcción del refugio, toda vez que han sido quienes construyeron y ubicaron en el lugar, la estructura de cemento que se desplomó al tomar contacto con el micro, ello debido a la mala calidad de la construcción y al lugar en donde fue construida. -
Sostiene que todo ello son circunstancias que interrumpen el nexo causal y eximen de responsabilidad a sus representados. -
En capítulo aparte continúa y se avoca de manera específica a la responsabilidad que se le atribuye a la Municipalidad de General Rodríguez y a la empresa encargada de construir el refugio.
En tal sentido expresa que la garita se desplomó encima de quienes se encontraban en el refugio a consecuencia, según alega, de la pésima calidad de construcción de la misma y el indebido lugar donde fue construida, toda vez que su techo y/o alero invadía la calzada.
En razón de ello sostiene que deberá responsabilizarse a la comuna por ser quien construyó y ubicó la garita en el lugar donde ocurrió el accidente, debiendo responder debido a que fue construida por sus dependientes o por la empresa contratada al efecto, siendo esta última también responsable por haber ejecutado incorrectamente el trabajo encomendado.
Resalta que la responsabilidad de la comuna encuentra fundamento en el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Transito n º 24.449.
En primer lugar, sostiene que se infringió con el art.21 de la ley citada, al no haber construido la garita con cimientos y con su techo o alero invadiendo la calzada, no ajustándose a las normas básicas de construcción.
Luego que infringió el art. 23 de la ley 24.449 por haber generado un obstáculo a la fluidez y seguridad en el tránsito, siendo a su vez, que dicho obstáculo no se encontraba debidamente señalizado. -
Continua y sostiene que la comuna también incumplió con el art. 25 de la ley de tránsito, toda vez que no mantuvo en condiciones de seguridad la garita, habiendo sido construida prácticamente sobre la
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