Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 15841 2023
Expte. Nº 15841 .-
Autos:"SOSA MAURO EZEQUIEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-AC
Estos autos caratulados "SOSA MAURO EZEQUIEL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA " Expte N° 15841, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.20/23 se presenta Mauro Ezequiel Sosa por derecho propio, junto al patrocinio letrado del Dr. Rubén Darío BAIZ, promoviendo demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires, para que se la condene a pagar la suma de $ 606.000,00, conforme la liquidación practicada.
En cuanto a los hechos, comenta que el día 24 de febrero de 2011, conforme surge de la IPP N° 09-00-013136/10, que tramitó por ante la UFI N° 6 Departamental y la causa n° 17040, por ante el Juzgado de Garantías n° 2 Departamental, resultó alojado en la Comisaria de la Ciudad de Bragado, debido a que fue acusado de cometer un robo agravado por el uso de armas de fuego y en despoblado.
Comenta que, debido a su inocencia, la carencia de antecedentes penales y demás circunstancias personales, en su oportunidad, se solicitó que no se disponga la conversión de la aprehensión en detención. Luego los pedidos de la defensa, relacionados con la oposición de la elevación a juicio y el pedido de sobreseimiento, fueron rechazados por el Juzgado de Garantías interviniente-
Continua y dice, que en el debate oral se vislumbró la verdad en cuanto a su inocencia acerca del hecho imputado y a la falta de prueba que aportó la unidad fiscal de instrucción n°6 conjuntamente con la policía, realizándose una investigación judicial-policial, en la cual quedó demostrada la deficiencia de los funcionarios judiciales y policiales intervinientes en la búsqueda de la verdad.-
Sostiene que la responsabilidad del estado provincial es manifiesta, atento las graves irregularidades en que incurrió el personal policial dependiente de la Comisaria de Bragado, quienes con la anuencia del Ministerio Publico Fiscal, tenían el deber de investigar la verdad de los hechos denunciados y de colaborar con la administración de justicia.-
En capítulo aparte se pronuncia acerca de la responsabilidad del estado, la que funda diciendo que la misma radica en la privación ilegal de la libertad, en la que resultó víctima, la que según sostiene fue con motivo de la conducta irregular del personal policial dependiente de la sub-comisaria de General O'Brien de Bragado, quien omitió de manera deliberada realizar una investigación policial acorde a los principios que guían la investigación criminalista.-
Al respecto expresa que la privación de la libertad de la que resultó víctima, fue solo a partir de las declaraciones de quien había resultado víctima del delito, alegando a su respecto que existían notorias contradicciones y a su vez, con el acto de allanamiento, que también resulto irregular, pues expone que luego, en el debate oral se comprobó que las bombachas de campo, era ropa de trabajo común, que la poseía cualquier trabajador rural y que las zapatillas secuestradas, nada tenían que ver con su calzado, siendo dichos elementos los únicos objetos utilizados para incriminarlo en un robo con armas y en despoblado en el cual nunca había intervenido.
Por todo ello sostiene que ha existido un ejercicio irregular en las funciones de la policía que intervino, toda vez que los objetos secuestrados fue el principal pilar de la detención que luego sufrió.-
Comenta que en la investigación preparatoria la única prueba en su contra era la declaración de Ismael Huarte – víctima del hecho- y luego, el resto de la prueba producida (reconocimiento en rueda) le era favorable. Que sin perjuicio de ello, debió esperar hasta el día del debate oral, ocurrido 28 meses después de la detención, para escuchar la verdad que tenía para decir el testigo “estrella”.
Expone que tan palmario resultó el incumplimiento del personal policial, el que resultó avalado por el Ministerio Público, que resulta probada la responsabilidad del estado.
A su vez expresa que también resulta notoria la responsabilidad de la Fiscalía de Instrucción que estaba a cargo de la investigación penal preparatoria y que forma parte del Ministerio Público Fiscal, toda vez que según expone ha violentado sistemáticamente el art.1 de la ley 12.061 que establece sus funciones. -
Continua y conforme la responsabilidad que endilga a la demandada, reclama los siguientes rubros:
Lucro cesante: Expresa que debido a la ilegitima detención padecida, se vio imposibilitado de desarrollar sus labores habituales como empleado agrario, donde realizaba tareas como conductor de cosechadoras y/o sembradora, en relación de dependencia del Sr. Rubén Jordy, por las que percibía un ingreso mensual estimado en más o menos $ 3.000,00.-
Sostiene que la ilegitima detención le impidió desarrollar todo tipo de actividad laboral, lo que implicó, por el tiempo que duro (2 meses) [sic] una pérdida de ingresos que debe ser indemnizado.-
Finalmente justiprecia dicho rubro en la suma de $ 6.000,00.-
Daño moral: Expresa que le resulta muy difícil describir el profundo impacto espiritual derivado de tan tremenda e injusta detención padecida, a la temprana edad de 25 años, la cual comenzó el día 24 de febrero de 2011 y que persistió por 12 meses y 4 días, recuperando la libertad recién el día 20 de febrero de 2012.
A su vez expone que le resulta más dificultoso aún vincular ese inimaginable dolor a una reparación económica, la que siempre va a resultar insuficiente.
En este sentido alega que el dolor padecido por la pérdida de más de un año de vida, debido a la encarcelación padecida, con motivo de las maniobras ilegales del personal policial interviniente, en la investigación de la que fue objeto, lo exime de mayores detalles y configura uno de los dolores más profundos y difíciles de sobrellevar. -
Luego refiere que la cuantificación del monto indemnizatorio está alejada de cálculos matemáticos, debiendo ponderarse las amarguras, los sufrimientos, el dolor imborrable por la pérdida de libertad, la frustración y los restantes dolores padecidos.
Continúa diciendo que jamás se podrá relatar todas las desavenencias sufridas estando privado de libertad, los peligros a los que se vio expuesto, los sufrimientos diarios, las diversas luchas que existen dentro de una comisaria. -
Por todo ello y pese a la dificultad señalada, lo estima en la suma de $ 600.000,00.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona. –
II. A fs. 36/49 se presenta el Dr. Pablo GUIDI en representación de la Provincia de Buenos Aires y contesta demanda.-
En esa labor, inicia su responde negando todos y cada uno de los hechos, así como también desconoce la autenticidad de la totalidad de la documentación agregada en la demanda, que no sea instrumento público.-
Luego respecto a la investigación policial afirma que el personal policial, en calidad de auxiliar de la justicia, actuó dentro del marco de un proceso legal. La diligencia llevada a cabo se efectuó de manera regular, fundada en un orden judicial, y siguiendo las directivas del magistrado actuante, con estricta observación de la normativa aplicable.
Expone que los funcionarios policiales que llevaron a cabo el allanamiento, no actuaron como agentes de seguridad sino en su calidad de auxiliares y como delegados del juez interviniente, y en tal carácter recibieron las instrucciones .-
Expresa que todo ello implica sostener que si se pretende responsabilizar al Estado Provincial, se deberá fundar la demanda en la existencia de una inadecuada prestación del servicio jurisdiccional, porque ha sido un acto judicial, el que en todo caso, habría causado los perjuicios.-
Sostiene que los funcionarios policiales han actuado en cumplimiento de sus obligaciones legales, ante la orden del juez competente y en su calidad de auxiliares y delegados del mismo.-
En ese camino alega que la detención del accionante fue legítima como consecuencia de la actuación preventiva de la policía, acusación de un delito y semiplena prueba de ser el autor del hecho.-
Luego en cuanto al error judicial dice que con relación al daño producido con motivo de la privación de la libertad, se debe considerar que durante la sustanciación de todo el proceso judicial existe una variable que se presenta de modo inexorable, que es el tiempo.
A su vez expone que el proceso requiere justamente de tiempo para investigar, para otorgar la posibilidad de defensa y prueba, para poder juzgar los elementos reunidos.-
Así expresa que frente a este condicionante, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de dictar medidas de resguardo que aseguren el cumplimiento de la decisión judicial que luego resuelve el conflicto.-
Continúa y dice entonces que dentro de esa categoría de medidas se encuentra la prisión preventiva, que el juez puede dictar dentro de un proceso penal.-
Así expone que la privación de la libertad de una persona dentro de un proceso penal en el que finalmente la misma resulta absuelta no genera responsabilidad del Estado.
Comenta que el error judicial es entendido como todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos probados en la causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al que naturalmente debió llegar .-
Es así que el error judicial es un verdadero acto ilícito o contrario a la ley, cometido por el juez, ya sea por acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.-
Para hacer efectiva la responsabilidad del Estado en tal caso, es necesario tener en cuenta que la acción de daños y perjuicios contra el Estado solo será posible después de declarado el “error judicial”, es decir, que resulta una cuestión prejudicial la previa determinación que el “error judicial” no ha sido consentido por la parte a quien perjudica y que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, porque en tal caso goza de la presunción de verdad.-
Luego cita doctrina y abundante jurisprudencia.
Por lo expuesto sostiene que no se encuentran configurados los requisitos indispensables para responsabilizar al estado.-
Continua y dice que en el caso de autos resulta importante destacar el carácter cautelar de la prisión preventiva.
A partir de ello expone que el accionante no fue objeto de una privación ilegítima de la libertad, sino que la detención sufrida fue a consecuencia de la operatividad de una medida cautelar –prisión preventiva- tomada como resultado del cumplimiento por parte del Poder Judicial, con sustento constitucional, ante un delito que por su gravedad y naturaleza no es excarcelable, dada la magnitud de la pena.
Sostiene que la detención es una mera medida cautelar, que no puede, si luego se dicta resolución absolviendo o sobreseyendo al imputado, dar lugar a la indemnización por error judicial.-
Cita antecedentes jurisprudenciales y conforme a ello, expone que deviene improcedente la pretensión del actor.-
Expone que en la medida que la prisión preventiva haya sido dictada con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento penal, el acto no es ilegítimo, aun cuando luego el detenido fuera absuelto.-
Alega que para que prospere la demanda el actor debe demostrar que la resolución que lo afectó fue manifiestamente irrazonable y/o infundada, que no la dejó firme y que interpuso todos los recursos que el ordenamiento procesal habilita.
Expone que la procedencia de la indemnización encuentra el obstáculo de la remoción de la fuerza de cosa juzgada de la decisión arribada en el proceso penal, que no es otra que el auto de prisión preventiva, que determina la restricción de la libertad individual.-
De esta manera sostiene que sin la remoción de tal obstáculo a través de la declaración de ilegitimidad de la mencionada resolución, el supuesto daño no puede ser siquiera analizada.
Por ello expone que lo opinable, discutible o aun el error, no resulta indemnizable, pues el error en el juzgar, por sí mismo, el error de criterio en la apreciación de los hechos no configura un error judicial ni falta de servicio de justicia ni una prestación irregular.
Por todo ello alega que la acción intentada es improcedente, toda vez que el auto de prisión preventiva se ajustó a derecho, no ha existido un ilícito civil, sostiene que la responsabilidad del Estado Juez debe ser interpretada con criterio restrictivo, no ha mediado un acto judicial definitivo, ni error manifiesto inexcusable.-
Por lo expuesto reitera, que la acción intentada y el reclamo indemnizatorio carecen de sustento jurídico, por lo que debe ser desestimada.
De este modo sostiene que el accionante o su abogado debieron señalar en la causa penal la existencia del error judicial en el mismo proceso en que se habría cometido, debiendo agotar todos los recursos y las instancias para que allí se determine el error judicial y una vez declarado, recién allí se puede accionar por daños y perjuicios contra el Estado.
El veredicto absolutorio finalmente decidido no implica necesariamente error en el dictado de la orden de detención.
Por todo lo expuesto, concluye diciendo que no se encuentran acreditados los presupuestos para que prospere la responsabilidad por daños por error judicial.-
En capítulo aparte niega los daños reclamados e impugna sus montos por no ajustarse a los hechos ni al derecho.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
III. Transitada la etapa de prueba y presentado los alegatos por ambas partes, con fecha 12/12/22 la parte actora y con fecha 27/2/23 la demandada, se llama con fecha 28/2/23 autos para sentencia y;
1. Que el actor reclama los daños y perjuicios derivados del accionar del personal policial que intervino en la investigación del delito del que fue acusado, siendo dicha actuación avalada por el Ministerio Publico Fiscal. Sostiene que se realizó una investigación policial-judicial deficiente, y que consecuentemente con motivo de las irregularidades llevadas a cabo en la instrucción, fue privado ilegalmente de su libertad.-
Es decir que, de la lectura de la demanda, se infiere que el accionante direcciona su reclamo contra el Estado Provincial, alegando un ejercicio irregular de las funciones de los efectivos policiales que intervinieron en la investigación preparatoria y por el otro, aunque si bien, lo postula de manera genérica, achaca también responsabilidad al Ministerio Publico Fiscal, en particular de la Fiscalía de Instrucción, que estaba a cargo de la Investigación Penal Preparatoria, quien sostiene avaló la actividad policial llevada a cabo en la causa.
2. Por su parte la Fiscalía de Estado, en prieta síntesis, afirma por un lado que en la investigación, el personal policial en calidad de auxiliar de la justicia, actuó dentro del marco de un proceso legal.-
Por otra parte expone que para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, es necesario tener en cuenta que la acción de daños y perjuicios contra el Estado solo será posible después de declarado el "error judicial", resultando una cuestión prejudicial, la previa determinación que el "error judicial" no ha sido consentido por la parte a quien perjudica, y que no ha pasado en autoridad de cosa juzgada, porque en tal caso, goza de la presunción de verdad.-
3. Fijadas las postulaciones de las partes, preliminarmente debo dejar aclarado, que, en el caso en estudio, el hecho central en el cual se sustenta la pretensión indemnizatoria, ha ocurrido en una fecha anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, motivo por el cual, la controversia debe resolverse a la luz de las normas contenidas en el derogado Código Civil (art.7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
4. A su vez, debo reparar que ha tramitado como antecedente del presente litigio, la IPP N° 09-00-013136-10, la que dio luego formación a la carpeta de causa n° 17.040 con intervención del Juzgado de Garantías nº 1 Departamental, caratulada como : "Maldonado Burga Julio Cesar y Sosa Games Mauro Ezequiel s/ Robo calificado por uso de arma" , de cuyo resolutorio final obrante a fs.535/538, surge el veredicto absolutorio del Sr. Mauro Ezequiel SOSA dictado por el Tribunal en lo Criminal n°1 Departamental, por el delito de robo agravado por el uso de armas, que fuera materia de acusación.-
Conforme se desprende de la citada causa penal, I.P.P. n°013136-10, a fs.95 surge que el Agente Fiscal Interviniente ordena judicializar la nueva declaración de la víctima Ismael Huarte, prestada en la Subestación de Policía Comuna de Bragado, obrante a fs. 86 y ordena se inicien tareas investigativas.-
Con fecha 23 de febrero de 2011, el Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 6 del Departamental, requiere al Sr. Juez de Garantías orden de allanamiento y secuestro - de los elementos que enumera- en la viviendas del sindicado Julio Maldonado y Mauro Sosa, lo que resultó ordenado con fecha 24 de febrero del año 2011 (v. fs. 124).-
A fs. 151, surge agregada el Acta de Aprehensión de los ciudadanos Julio Maldonado y Mauro Sosa, ordenada por el Dr. Carcagño luego del reconocimiento por la víctima, de los elementos incautados en los allanamientos llevados a cabo, medida efectivizada por el Subcomisario Marcelo Bargas, notificándole a los aprehendidos de las garantías mininas y la formación de causa.-
Con fecha 25 de Febrero de 2011, el Sr. Agente Fiscal, una vez efectivizada la aprehensión, señala que existen elementos suficientes del delito para calificarlo como robo agravado por el uso de arma y motivo para sospechar que resultan coautores del hecho, señalando la audiencia del art.308 del CPP, disponiendo que queden alojados preventivamente en la comisaria que se disponga la Jefatura Departamental.-
Con la misma fecha el Sr. Agente Fiscal, peticiona al Juez de Garantías la conversión de aprehensión en detención.-
Mediante pronunciamiento de fecha 25 de febrero de 2011, el Juzgado de Garantías en lo Penal n° 1, resuelve transformar la aprehensión de Julio Cesar Maldonado y Mauro Ezequiel Sosa en detención, por existir motivos bastantes para sospechar que resultan probables coautores penalmente responsables del delito de robo calificado por el uso de arma, y rechazando el pedido de libertad solicitada por la Defensa (v. fs.170).-
Con fecha 22 de marzo de 2011, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra el auto que decretó la conversión de aprehensión en detención (fs. 32/36 inc. de apelación nº 17040/1).
Con fecha 25 de marzo de 2011 el Agente Fiscal solicita la conversión de la detención que vienen sufriendo los detenidos, en prisión preventiva, considerando indispensable que continúen privados de la libertad para asegurar el desarrollo del proceso (v. fs. 249/258).-
Con fecha 5 de abril del 2011, el Titular a cargo del Juzgado de Garantías Nº 1 Departamental resuelve no hacer lugar a la libertad por falta de mérito ni a la excarcelación extraordinaria solicitada por la Defensa y ordena, convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo los imputados, morigerando la misma y disponiendo su encarcelamiento en la comisaria de Bragado con autorización para salida diaria para tareas laborales (v. fs.265/269).-
Con fecha 19 de mayo de 2011, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamental, confirma la resolución dictada por el Juez de Garantías con fecha 5 de abril del mismo año (v. fs. 55/60 inc. apelación 17040/3).-
Con los elementos aportados –denuncia, declaraciones testimoniales, declaración de la víctima actas de allanamiento e incautación-, con fecha 18 de agosto de 2011, el Agente Fiscal formula requerimiento de elevación a juicio (fs. 390/4
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.