Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37604 2023
Expte. Nº 37604 .-
Autos:"GUALLANO GABRIELA VERONICA C/ MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "GUALLANO GABRIELA VERONICA C/ MUNICIPALIDAD DE NUEVE DE JULIO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 37604, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 30/37 en fecha 2 de julio de 2019, se presenta la Dra. María Alicia Peña en representación de la Sra. Gabriela Veronica Guallano, promoviendo formal demanda por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Nueve de Julio, por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($1.657.600), con más los intereses, gastos, costos y costas.
En cuanto a los hechos relata, que el día 16 de julio del año 2018 en la ciudad de Nueve de Julio siendo alrededor de las 18.30 hs., "la actora guiaba su ciclomotor corven 110 por el Acceso Alte. Brown, sentido ruta nacional Nº 5- vías del ferrocarril Sarmiento, al llegar al semáforo que está ubicado en el mismo acceso y calle Mariano Moreno, se detiene y luego sigue en la misma dirección y unos metros más adelante se encuentra con una lomada de moderación de velocidad, que no estaba señalizada, pintada y sin ningún tipo de cartel o elemento que dé cuenta de su presencia, lo que produce la caída de la actora, ocasionándole lo que se detalla en el informe médico (rotura de platillo tibial de la pierna derecha, rotura de ligamentos laterales y cruzados de la misma pierna)" [textual].
Destaca que circulaba a una velocidad muy baja, ya que se encontraba a metros de un semáforo y que, atento a la gravedad de las lesiones, fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias local Clysa, siendo trasladada al Hospital Zonal de Agudos Julio De Vedia.
Aduce que la demandada es responsable absoluto del accidente, toda vez que las lomas de burro construidas por la Municipalidad de Nueve de Julio, no reunían -según manifiesta- las condiciones de señalización y seguridad establecidas por la normativa vigente, como lo son: línea de frenado previa, ni pintado de un color reflectivo que la destacara, ausencia de cartel que anticipara la presencia de un dispositivo, y que es por ello, que el reductor de velocidad opero como obstáculo que hizo perder el control del rodado.
Suma a lo expuesto que, en el caso de autos, la comuna no cumplió con la Ley 12.582, que regula la construcción de mesetas, comúnmente llamado lomo de burro dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.
Continúa con la transcripción del articulo 91º de la ley de mención, en donde refleja que en todos los cruces peligrosos, que no cuenten con semáforos, las autoridades competentes de la jurisdicción procederán a:
a) Instalar un Sistema de Reductor físico de velocidad denominado "Meseta", en forma transversal al desplazamiento de vehículos, el cual se deberá materializar con una elevación, respecto a la rasante del camino, no mayor de cinco centímetros y una longitud total de cuatro metros, siendo la superficie corrugada de dos metros de ancho y explanadas ascendentes y descendentes de un metro cada una, que abarca todo el ancho de la calzada y en cantidad que sea necesaria; previo a la utilización de dicho artificio se colocará, a una distancia de cinco metros, una línea de frenado de cuarenta centímetros de ancho pintada de color blanco, a los efectos que los conductores aminoren la velocidad antes de llegar al cruce. Esta meseta estará demarcada con líneas blancas y amarillas tipo cebrada, la pintura a utilizar será de tipo reflectante, la que recibirá el mantenimiento adecuado para no perder el impacto visual previsto en la presente norma.
b) Colocar, a una distancia de trescientos metros, la señalización que indique la advertencia de Ingreso a Zona de Reductores de Velocidad. Asimismo, en la zona de instalación de dichos reductores, se procederá a la correspondiente señalización mediante placas montadas sobre un pie, con el isotipo correspondiente sobre un fondo amarillo reflectante, colocadas con relación al recurso y con anticipación de ciento cincuenta metros en áreas urbanas, y una en correspondencia con la meseta.
-Estos artificios se colocarán previos a las sendas peatonales, se encuentren o no señalizadas, a una distancia de cinco metros.
-Queda terminante prohibido, en todo el ámbito de aplicación de la presente ley, la utilización de reductores de velocidad denominados "Lomo de Burro" del tipo "Bump".
En otro apartado plantea los rubros reclamados, solicitando como daño indemnizables los siguientes:
Incapacidad física sobreviniente: Expone que a consecuencia del hecho de autos, la actora, como ya fue indicado fue trasladada al Hospital Zonal de Agudos Julio De Vedia, en donde la asisten y le colocan un yeso para inmovilizar la pierna y posteriormente, en la madrugada del martes 17 de Julio de 2018, se dirige por sus propios medios a la Clínica La Pequeña Familia, en la localidad de Junín, en donde se la interna y el día 20 de mismo mes se produce una intervención quirúrgica, (colocación de dos plaquetas y quince tornillos, e injerto óseo extraído de la cadera) sin que se pueda reparar en la cirugía la parte ligamentosa y permanece en el centro médico hasta el lunes 23 de julio de 2018 [textual].
Expone que en la actualidad tiene dolores de cabeza, dificultad para movilizarse y dolores constantes en el miembro afectado. Que presenta una considerable incapacidad física, la cual -manifiesta- será evaluada en la pericia médica a practicarse en autos.
Por lo expuesto, estima una indemnización para este rubro en la suma de $800.000,00.
Daño moral: Refiere que a tenor del relato de los hechos, reclama en este rubro la suma de $500.000,00.
Daño psíquico: Manifiesta que como consecuencia del accidente, padece un importante daño psicológico, el cual se exterioriza por el temor a subir a ciclomotores, transitar por la vía pública, despertarse sobresaltada ante el pensamiento que podría haber perdido la vida en el accidente. Que también tiene episodios de angustia, insomnio, irritabilidad, ansiedad, miedo, inseguridad, dificultades en su vida personal, fuerte irritación de su carácter que antes del accidente no existía.
Peticiona en este rubro la suma de $300.000,00.
Tratamiento psicológico: Señala que como consecuencia de lo dicho en el rubro precedente, la actora necesita un tratamiento psicológico que la ayude a superar el trauma vivido, de una duración de dos años y una entrevista semanal de $600,00 c/u, lo que hace un total de $ 57.600,00.
En otro apartado, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
II. Habiéndose corrido el respectivo traslado de demanda, se presenta en fecha 08/09/2021 el Dr. Juan Luis Buonano como apoderado de la Municipalidad de Nueve de Julio, y tras efectuar una pormenorizada negativa de los hechos alegados en la demanda, procede a contestar la misma.
A continuación da su versión de los hechos. Refiere que en el Acceso Alte. Brown, sentido ruta nacional Nº5 -vías del ferrocarril Sarmiento-, pasando la calle Mariano Moreno, no existe ninguna lomada de moderación de velocidad.
Expone que la prueba aportada por la actora es claramente ineficiente para intentar demostrar el hecho que se imputa al aquí demandado. Apunta en su descargo que los "Testigos domiciliados lejos del lugar de los hechos, fotografias sin certificar su validez, otorgan mayores dudas a los supuestos acontecimientos.." [textual].
Refiere que, resulta extraño que de haberse producido el accidente citado en el cual causo las lesiones detalladas por la actora, no haya un reclamo de daños por las posibles roturas de la moto en la que supuestamente circulaba, o fotografías, que acrediten la magnitud del siniestro.
Continua diciendo que, para el hipotético caso que haya existido una loma de burro en el lugar donde supuestamente ocurrió el accidente, esta parte manifiesta lo siguiente: "Que el día 16 de Julio del 2018 la Sra. GUALLANO, Gabriela Verónica habría conducido su motocicleta marca Corven 110 cc a alta velocidad sin tener el pleno dominio de dicha motocicleta lo que provocó que al llegar a la lomada (moderador de velocidad) no pudo frenar y provocó su caída. Que dicha lomada (moderador de velocidad) se hallaba pintada y en buen estado de conservación (como todas las existentes en el Partido de 9 de Julio) para que la Sra. GUALLANO, Gabriela Verónica pudiera visualizarla, frenar y pasar por encima de la misma a una velocidad normal y adecuada para una motocicleta." [textual].
Manifiesta que la actora es ciudadana de la ciudad de Nueve de Julio desde siempre, que circulaba reiteradamente por el lugar del hecho, por lo que dicha Loma de Burro como el resto de las demás existentes, son de conocimiento público donde se hallan cada una de ellas. Continua expresando, que no debemos olvidar que el mencionado accidente se produce a escasos metros de un semáforo, por lo que aún la hace mas responsable a la actora, toda vez que debía circular a una velocidad extremadamente baja, también que si el semáforo se hallaba en verde paso a alta velocidad y si se hallaba en rojo fue porque no lo respetó.
En resumen, culpa de negligente a la actora que circulaba a gran velocidad sin tener el pleno dominio de la motocicleta en un lugar con semáforo, lomas de burro y totalmente con circulación de otros vehículos como de transeuntes.
Seguidamente impugna cada uno de los rubros indemnizatorios pretendidos por la actora, ofrece prueba y peticiona.-
III. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, conforme la audiencia de fecha 30/11/2021 y presentados los alegatos -por la parte actora en fecha 20/03/2023 y la demandada en fecha 28/03/2023- se encuentran los autos en estado para dictar sentencia; y
1. Que la aquí actora, promueve demanda contra la Municipalidad de Nueve de Julio por los daños y perjuicios derivados de las lesiones que sufriera el día 16 de julio de 2018 -siendo aproximadamente las 18:30 horas- como consecuencia de una caída, hecho que afirma, se produce en oportunidad de circular con su ciclomotor por el Acceso Alte. Brown, sentido ruta nacional Nº 5 -vías del ferrocarril Sarmiento-, cuando al llegar al semáforo que está ubicado en el mismo acceso y calle Mariano Moreno, se detiene y luego sigue en la misma dirección y unos metros más adelante se encuentra con una lomada de moderación de velocidad, que no estaba señalizada, pintada y sin ningún tipo de cartel o elemento que dé cuenta de su presencia, lo que produce su caída.
Particularmente imputa responsabilidad a la entidad demandada, pues afirma que, las lomas de burro construidas por la Municipalidad de Nueve de Julio, no reunían las condiciones de señalización y seguridad establecidas por la normativa vigente, como línea de frenado previa, ni estaba pintado de un color (reflectivo) que lo destacara, ausencia de un cartel que anticipara la presencia de un dispositivo, en consecuencia, el reductor de velocidad opero como obstáculo que hizo perder el control del rodado.
Por su parte, la comuna accionada manifiesta que la prueba aportada por la actora es claramente ineficiente para intentar demostrar el hecho que se le imputa y que para el hipotético caso que haya existido una loma de burro en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, el accidente sería producto de la negligencia de la propia víctima, que circulaba a gran velocidad sin tener el pleno dominio de la motocicleta en un lugar con semáforo, lomas de burro y totalmente con circulación de otros vehículos como de transeúntes.
2. Vistos los términos en que la pretensión ha quedado planteada, conviene ante todo memorar, que la demanda es la que determina la apertura de la instancia y deja fijado los límites de la acción y su naturaleza, y si bien ambos sujetos -actor y demandado- tienen el deber de litigar verazmente, se ha establecido que, el actor es quien más necesidad tiene de ser claramente explícito y detallar todos los extremos que razonablemente deben considerarse de interés para la litis. Pues le corresponde a él la carga de ilustrar al juzgador con mucho más detenimiento que el que pueda desplegar el demandado (conf. cita en artículo "Valor vinculante de la conducta procesal de las partes en el proceso civil" Autor Tepsich María B; 2044, Publicada en SJA 26/05/2004; JA 2004-II-1085).-
Y en este sentido, no se puede pasar por alto el escueto relato que hace la aquí actora en el que pretende fundar su reclamo, el que se muestra genérico al no expresar con precisión la secuencia de como sucedieron los hechos alegados.
Bajo ese escenario -me permito adelantar- que la pretensión intentada, no encuentra andamiaje favorable, no por un defecto formal, sino en función de no encontrarse abastecido, uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la pretensión, el cual radica en la necesidad de acreditar en primer lugar la existencia del hecho y que este guarde relación causal con el daño alegado.-
3. En la especie, la parte actora fundó la demanda por el carril de la responsabilidad objetiva emergente de la Teoría del Riesgo, por entender que el daño se produjo por la intervención de una cosa riesgosa -en el caso "lomada de moderación de velocidad burro" - por la que su dueño o guardián debía responder de manera objetiva.
A su vez, el Apoderado de la Municipalidad de Nueve de Julio basó su defensa en la culpa de la victima.-
4. He de señalar preliminarmente que, a tenor de la fecha en que ocurrió el hecho dañoso que aquí se ventila -16/07/2018-, ya había entrado en vigencia el CCyCN y la Ley N° 26.944, lo cual me obliga a dejar de lado el art. 1112 CC bajo el cual se venía analizando la responsabilidad estatal (arg. SCBA causa A 70603 "Rolón", sent. del 28/10/15).-
Ahora bien, frente a la encrucijada planteada por los arts. 1764 y 1765 del CCyCN, el primero por cuanto expresamente excluye de su normativa, la responsabilidad del Estado, sea de manera directa o subsidiara, y el segundo -artículo que se impone en la especie-, que exige que la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos por sus hechos y omisiones, deba ser analizada a la luz de las normas y principios de derecho administrativo nacional o local, con más, la no adhesión -a la fecha de este resolutorio- a la ley 26.944 por parte de la Pcia. de Buenos Aires y la inexistencia de normativa local que la regule, obligan al suscripto (conf. art 171 CPBA) a buscar un marco legal que sustente jurídicamente la responsabilidad endilgada al Estado Provincial
En este derrotero, habré de echar mano a los principios constitucionales tales como el principio de igualdad (art. 16 CN), de inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN) y fundamentalmente al principio de "Alterum non laedere" (Art. 19 CN) en vista de que resultan conciliables con los preceptos propios del derecho público.-
Así, en orden a este último, la doctrina ha señalado que ".el principio de orden natural según el cual nadie debe dañar a otro posee raigambre en el art. 19 de la Constitución Nacional, según ha tenido oportunidad de expresarlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 'Santa Coloma, Luis Federico y otros c/Empresa Ferrocarriles Argentinos'. De este principio no se encuentra marginado el Estado, persona ética por excelencia y creadora primaria del derecho. No podemos asumir ni siquiera por vía de hipótesis una conclusión contraria." (v. Mertehikián, Eduardo "La Responsabilidad Pública", 1ª. ed., Buenos Aires, 2006, e-Book. ISBN 987-05-1256-9, pág.23 y sus citas).
De tal forma, es la violación a este principio de "alterum non laedere" la que impone la obligación de reparar el daño causado ya sea por acción u omisión.-
Ahora bien, esta obligación que ha de soportar el Estado y la consecuente reparación del daño, requiere como en cualquier supuesto de daño para ser indemnizable y comprometer su responsabilidad, la existencia de un nexo causal adecuado entre el acto imputable a la administración y la lesión sufrida por el reclamante.-
En definitiva, se requiere que el daño sea jurídicamente imputable a la administración y para ello es necesario que el daño sea consecuencia de la actividad de la administración (lícita o ilícita) o sea encontrar un vínculo entre el daño y la actividad estatal, y esta relación causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.-
Y es bajo tales premisas, que me permito adelantar que no logro advertir que en el caso se encuentre comprometida la responsabilidad de la Municipalidad demandada.-
A dicha conclusión arribo en la inteligencia de que, si no se probaran las causas que produjeron el hecho dañoso no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada, por no poder verificarse la imputabilidad, revelando la relación causal.-
Y examinada la prueba producida en autos concluyo que la accionante no ha acreditado fehacientemente que el hecho hubiese ocurrido en el modo relatado en la demanda, debiendo soportar por ello, las consecuencias de ese omitir en el propio interés.-
Así lo sostengo, pues aun cuando se ha intentado desplegar prueba por la actora a fin de sostener su relato, resultan imperfectas o incompletas en un grado tal, que impiden -aún por vía de presunción- formar convicción acerca del hecho motivo del reclamo.-
5. Adentrándonos al análisis propuesto, encuentro severas contradicciones entre los hechos relatados por la actora y la prueba documental que acompaña.-
En efecto las fotografías agregadas a fs. 26/29, si bien se encuentran desconocidas por la contraria por tratarse de imágenes que no se han certificado y por lo tanto, no son oponibles a quienes no hayan participado del acto (art. 289 y cctes. del CCyCN), sin embargo es la actora quien las ha traído a juicio y de allí lo que de ellas surja le es plenamente oponible.-
Ahora bien, en la tarea de pretender la actora probar el lugar donde dice que ocurrió el accidente, no surge de esas mismas fotografías, ningún elemento indicador que aporte certeza o al menos un indicio de que se trata del mismo lugar en que ocurrió el hecho denunciado. De la simple apreciación visual, la cual se trata de la imagen de una calle, huérfanas de todo otro sosten, sin otras pruebas directas o indiciarias que coadyuven a su verosimilitud, restan a las mismas de todo valor probatorio.
Asimismo en su relato de los hechos, la actora manifiesta que una ambulancia del servicio de emergencias local Clysa la asiste en el lugar trasladándola al Hospital Zonal de Agudos Julio de Vedia, pero en la documental agregada no consta la atención de dicha ambulancia, solo agrega a fs. 21 el ingreso al Hospital citado y la historia clínica -a fs. 8/20- de La Pequeña Familia S.A., no indicándose en ninguna de dichas constancias el lugar donde supuestamente fue asistida por Clysa ni tampoco si fue trasladada por ambulancia.
Seguimos sin encontrar prueba directa que den alguna posibilidad de veracidad en el relato de la actora.
6. Por otro lado, tampoco las testimoniales llevadas a cabo en esta instancia -frente a las discordancias ya apuntadas- resultan suficientes para darme convicción, pues también encuentro en las mismas ciertas imprecisiones.-
Así, de la declaración testimonial realizada a través de la plataforma Microsoft Teams, la que fuera celebrada el 28 de diciembre de 2021, surge a raíz de la declaración del testigo Raúl Ernesto Andrada quien preguntando "si la actora sufrió algún accidente en la vía publica, contesta: Si. Asimismo cuando le preguntan si puede relatar el acontecimiento, si estuvo presente, manifiesta: no estuve presente".
Por otro lado, declaró el Sr. Walter Raúl Saavedra quien preguntando "si la actora sufrió algún accidente en la vía publica, contesta: sisi, yo me entere calculo que al otro día del accidente". En oportunidad de hacer uso el le
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