Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40410 2023
Expte. Nº 40410 .-
Autos:"VILLA MARIA FERNANDA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital. CS
Estos autos caratulados "VILLA MARIA FERNANDA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 40410, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Con fecha 08/09/2021, se presenta la Sra. Maria Fernanda Villa, con el patrocinio letrado de los Dres. Pedro Enrique Pereyra y Bernardino Acosta, promoviendo demanda contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de $ 1.200.000, con más los intereses desde el 01/02/19, fecha desde la cual señala haber comenzado a experimentar los perjuicios cuya reparación se reclama.
A sus efectos refiere que, nunca fue contribuyente de la Provincia de Buenos Aires por el impuesto sobre los ingresos brutos y por ello nunca tuvo obligación de constituir domicilio.
Agrega que su ocupación es de Psicopedagoga en Jardines de infantes del sistema educativo de gestión pública (Jardines del estado) y que además, participaba en sociedades como directora y accionista de Villa Zappa y Cia S.A y como presidenta y accionista de Agropecuaria Don Egidio S.A, siendo que por tal actividad se encontraba inscripta en el Régimen de Autónomos.
Indica ser nuda propietaria en condominio con su hermana, de fracciones de campo y otras propiedades, recibidas de su padre con reserva de usufructo, quien puntualmente cumple con sus obligaciones fiscales en su carácter de usufructuario.
Menciona que, en tal contexto, fue inscripta en un operativo del año 2005 como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos, sin haber sido jamás notificada, pese a tener todos sus domicilios fiscales y reales a disposición ante todos los organismos oficiales.
Denuncia que, toma conocimiento de tal circunstancia ante una comunicación del Banco Credicoop, ya que compartía la cuenta sueldo de su esposo, notando que la misma era objeto de retenciones por parte de ARBA.
Señala que la mas afectada fue Villa Zappa y Cia. SA, la cual durante los años 2019 y 2020, no pudo acceder a créditos, perjudicando la actividad comercial de la misma, todo ello como consecuencia de las medidas cautelares decretadas a pedido del Fisco en el expediente de apremio, autos: "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ VILLA MARIA FERNANDA S/ APREMIO PROVINCIAL", de trámite por ante este mismo juzgado.
Hace saber que, el hostigamiento con intimaciones y el escarnio de no poder acceder al sistema bancario hicieron que tomara la determinación de retirarse de las sociedades, dejando su cargo de directora (Villa Zappa) y de presidenta (Don Egidio), dándose de baja del sistema de autónomos al cual venía aportando, todo ello con la finalidad de no seguir afectando a las sociedades, con la consiguiente renuncia a poder percibir los honorarios que por tales funciones le correspondían.
Agrega que, posteriormente, tomó conocimiento de una inhibición general de bienes cuando su padre, intenta vender una propiedad, afectada por la reserva de usufructo, por lo que se debió anular la operación y la devolución de la reserva. Y que de igual modo, tomó conocimiento de que ARBA había trabado embargo administrativo sobre activos financieros, en el ejercicio de la facultad que le otorga el art. 14 del Código Fiscal, lo cual señala que, le generó numerosos y graves inconvenientes como ser, el rechazo de solicitud de crédito para su tarjeta de crédito por persistir el embargo (e-mail del 30/11/20 del BAPRO), la negatoria de financiamiento (e-mail del Bapro del 11/3/2019) y la intimación por el Banco Provincia a regularizar su situación para poder acceder a créditos (e-mail del 4/2/2019).
Manifiesta que todo ello, motivó su presentación en el marco del apremio, en el cual, se hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y se rechazó la ejecución, todo lo cual fue confirmado por la Cámara de San Martín, la cual indicó: "no puedo más que coincidir con el criterio expuesto por el juez de grado, en el sentido de que la autoridad de aplicación utilizó un mecanismo de presunción de deuda -establecido en el art. 58 del Código Fiscal-, habilitado para aquellos sujetos que ya revisten la condición de contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos cuando tendría que haber efectuado el trámite de determinación de contribuyente de la obligación fiscal, previsto en los arts. 112 y sgtes del Código Fiscal."..."Aún en el supuesto de que hubiese sido correcto el trámite impreso mediante el procedimiento establecido en el art. 58 del Código Fiscal, entiendo que se vulneró el derecho de defensa de la parte...En efecto, debe recordarse que en su cuarto párrafo dicho artículo establece: ".Previo a proceder a la vía de apremio, la Autoridad de Aplicación intimará a los contribuyentes para que dentro de los cinco (5) días abonen o regularicen el gravamen correspondiente con sus intereses, y presenten, en los casos en que corresponda, las declaraciones juradas originales o rectificativas." (el destacado es propio); circunstancia que -a mi entender- no se encuentra verificada en el caso....Y es que si bien obra en el expediente administrativo una intimación a la Sra. Villa María Fernanda al pago de la deuda (que se detalla en el anexo II, por un total de $ 65.615,40), lo cierto es que no surge de la misma a donde fue remitida (no obra ni dirección física ni electrónica)....Tampoco da luz sobre el punto la documentación obrante a fs. 15 de dicho expediente en la medida que si bien dice "Domicilio Fiscal Electrónico. Constancia de materialidad", tampoco surge de la misma a donde fue enviada....En definitiva, habiéndose corroborado la afectación al derecho de defensa de la demandada, corresponde rechazar el recurso articulado y confirmar la sentencia de grado en tanto receptó la excepción de inhabilidad de título opuesta, pues de lo contrario el proceso de apremio transitaría al margen de la garantía constitucional de la defensa en juicio, solución jurisdiccional a todas luces improponible (art. 18 de la Const. Nac.; art. 15 y ccds. de la Const. Pcial.)".
En otro apartado refiere que, se trata de un supuesto de responsabilidad del Estado provincial, materia en la cual no existe legislación específica en la Provincia de Buenos Aires, ni la misma ha formulado adhesión a la Ley 26.944, pero no obstante transcribe diversos fallos jurisprudenciales que se han emitido al efecto.
En la parcela que titula "pretensión resarcitoria" reclama:
Daño Patrimonial: Indicando que, como consecuencia de las medidas cautelares de las que fue objeto debió renunciar a los cargos que desempeñaba en las sociedades que integraba, por los que percibía $350.000 anuales en concepto de honorarios, habiendo perdido dos años de ingresos, es que reclama la suma de $700.000 o lo que en más o menos resulte de la pericia a practicarse.
Daño Moral: Alega que el mismo consiste en la lesión de los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria y que, en este caso estamos ante un supuesto de actividad estatal dañosa, injusta, violatoria de las más básicas garantías constitucionales, en ejercicio de la cual se trabaron medidas cautelares que la convirtieron en una muerta civil, obligándola a abandonar su actividad societaria, impidiéndole enajenar inmuebles, debiendo recurrir a los servicios de un letrado para intervenir en el apremio que se le inició, debiendo litigar por años, razón por la cual reclama por este rubro la suma de $500.000,00.-
Finalmente, ofrece prueba y peticiona.
II. Corrido el traslado de rigor, en fecha 11/02/2022, se presenta a contestar demanda por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires el Dr. Juan Pablo Portesi, quien luego de realizar la negativa de rigor, solicita el rechazo de la acción.
A sus efectos señala que, la demanda entablada para resultar procedente debe configurar un "caso" que le sea imputable por su actuación u omisión al estado, y que esa conducta, sea generadora de perjuicios que deben ser ineludiblemente probados por quien los alega.
Agrega que, en el caso, respecto del daño material, el actor no probó que haya tenido que desembolsar dinero extra producto del hecho de autos, de hecho los honorarios de su letrado, fueron abonados por el fisco; ni tampoco la relación causal entre la renuncia que pretende vincular causalmente al reclamo de ARBA, para sostener la existencia de un lucro cesante.
Manifiesta que respecto al daño moral, este no existe, atento que de las constancias de la causa, no surge acreditado ni el daño material reclamado, ni las incomodidades laborales alegadas como fundamento del daño moral, ni los gastos extras que el actor manifiesta haber efectuado, entendiendo que el actor, no ofreció las pruebas pertinentes para acreditar el padecimiento moral que aduce haber sufrido. (art. 375 del CPCC.).
Sostiene que, la condena indemnizatoria ha de depender de la suficiente alegación que del perjuicio formule el reclamante (arg. art. 31 inc. 6, C.P.C.A.; art. 330 inc. 6°, C.P.C.C.; art. 27 Ley 12.008, mod. por ley 13.101) como de la prueba que lo corrobore, sumado a ello la prudente valoración judicial fundada en las particulares circunstancias de la controversia y en la sana crítica (arts. 77,78, inc. 3° ley 12.008, mod. por ley 13.101; 375 y concs. C.P.C.C.).
Apunta que, es dable tener en cuenta que el levantamiento de la medida cautelar, fue efectuado luego de que así lo dispusiera el juez interviniente en el marco del juicio de apremio, tras que la actora se presentara oponiendo excepciones, con lo cual las cautelares mantienen su vigencia y validez mientras duren los elementos que dieron lugar a su dictado, lo cual, quita soporte al pretendido -pero no probado- daño moral, quedando las preocupaciones o molestias invocadas por la actora como inherentes a la promoción del proceso ejecutivo en su contra, enmarcadas dentro del catálogo variado de inconvenientes que impone la vida en sociedad, pero que no son causa eficiente y adecuada de perjuicio jurídicamente relevante.
Finalmente refiere que, tanto la actuación de ARBA previa al libramiento del título ejecutivo, como la promoción del proceso de apremios y la medida jurisdiccional dictada en ese marco que se tradujo en la traba de cautelares -que ahora se cuestiona como ilegal- resultó legítima de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la ley N° 13.406 y en el marco de verosimilitud en que fue dictada.
Respecto al reclamo por daño patrimonial, señala que, dicho rubro no podrá proceder, por cuanto el accionante no acredita las ganancias que presuntamente ha dejado de percibir con motivo del hecho de autos, agregando que, tampoco se advierte el nexo causal ello por cuanto si perdió ingresos, fue por haber renunciado y no por el accionar estatal.
En otro apartado, solicita se aplique el actual art. 730 y 1255 CCyC (anterior art. 505 CCiv.), importando ello una limitación a las costas del 25% del capital, respecto a la demandada, siendo a cargo de la actora el excedente de dicha suma.
III. Que en fecha 22/03/2022, se abre a prueba la causa. Transitada esa etapa y habiendo sido agregado el alegato presentado únicamente por la actora, en fecha 29/03/2023 se llama autos para sentencia y,
I. Que uno de los ejes por los cuales entiendo transita la cuestión de fondo traía a resolver, es el haber tenido que soportar la actora, un proceso judicial donde, finalmente, obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia -en relación al juicio de apremio caratulado "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Villa, María Fernanda s/ Apremio provincial" (Expte.: 32.657), que tramitó ante este mismo juzgado.-
Que ante ello, considera la actora que, existe responsabilidad del Fisco por la liberación de un certificado de deuda inexistente y la promoción de una demanda sin causa, extremo que le causo el daño patrimonial y moral que aquí reclama.
II. Relevo de las constancias tramitadas en el juicio de apremio:
Para un mejor estudio de la cuestión, creo conveniente reseñar en breves términos y en orden cronológico, la sucesión de actos que, cumplidos en el marco procesal del apremio, conforman el complejo de antecedentes que habrán de conducir a la resolución del caso:
a. Con fecha 14/06/2018, el Fisco de la Provincia de Bs. As., promueve juicio de apremio contra la accionada María Fernanda Villa, con base en el título ejecutivo N°1034864, emitido en el expediente administrativo N°2360-0085959/2018 de la ARBA, en virtud de una liquidación de deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos, correspondiente a los períodos 01 a 12 de 2016 y 01 a 08 de 2017.
b. Con fecha 22/06/2018 y proveyendo al escrito inicial, se ordena la inhibición general de bienes de la accionada y el libramiento de los respectivos oficios a los registros de la propiedad Inmueble y Automotor.
c. Con fecha 24/08/2018, la Sra. Ma. Fernanda Villa, es notificada del mandamiento de rigor.
d. Con fecha 31/08/2018, se presenta la accionada en dichas actuaciones y opone excepción de Inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva, amén de solicitar la nulidad de la ejecución y la inconstitucionalidad del art. 14 del Cód. Fiscal.
e. Mediante resolutorio de fecha 23/11/2018, se rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del C. Fiscal.
f. En fecha 18/02/2020, tras ser analizadas las actuaciones administrativas allegadas por ARBA (Expte. N°2360-2360-00855959/2018), se resolvió hacer lugar a la excepción incoada y en consecuencia el rechazo de la ejecución.
g. En fecha 13/10/2020, la Cámara de Apelaciones de San Martín, confirma lo resuelto en esta instancia, para lo cual argumentó que, la autoridad de aplicación utilizó un mecanismo de presunción de deuda -establecido en el art. 58 del Código Fiscal-, habilitado para aquellos sujetos que ya revisten la condición de contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos cuando tendría que haber efectuado el trámite de determinación de contribuyente de la obligación fiscal, previsto en los arts. 112 y sgtes del Código Fiscal y que, tanto del expediente administrativo como del título ejecutivo se desprende que se determinó la deuda en base a lo prescripto por el art. 58 del Código Fiscal, cuando en realidad el procedimiento previsto en el Título VIII "De la determinación de las Obligaciones Fiscales", se efectúa sobre la base de "declaraciones juradas que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Autoridad de Aplicación, o en base a datos que ésta posea y que utilice para efectuar la determinación o liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el gravamen de que se trate" (conf. art. 43); es decir cuando el sujeto ya reviste la condición de contribuyente del impuesto de los ingresos brutos. Estableció que dicha situación difiere a lo sucedido en el caso de autos, en la medida en que la demandada, al oponer excepciones afirmó que no es contribuyente del mismo por no realizar actividad alguna que se encuentre gravada por dicho impuesto.
Asimismo en dicho resolutorio, la Cámara, no encontró acreditada la notificación a la accionada en los términos del art. 58 párrafo 4° del CF, entendiendo que se había lesionado el derecho a la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos que le asisten en todo procedimiento administrativo o judicial.
III. Notas preliminares:
Tras haber efectuado un relevamiento de los antecedentes del caso, se advierte que la cuestión que se debate, conduce a analizar la presencia de una falta de servicio de la Autoridad Tributaria Provincial en la etapa que antecedió a la expedición del titulo ejecutado, el que finalmente, no resultó idóneo para vincular a las partes.
En tal sentido, la doctrina sostiene que, la determinación de deuda, tiene carácter declarativo, implicando el mero reconocimiento de la obligación tributaria, la que constituye una condición para que el Fisco pueda reclamar eficazmente su crédito. Pero, como bien dice Hector Villegas, la determinación consiste en una "fase ineludible" para hacer líquido y exigible el crédito fiscal (Villegas, Hector - Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 7ma. Edic. Ampliada y actualizada).
Pues bien, derivando ello en la especie, se advierte que dicha habilidad del titulo para proceder ejecutivamente, quedó destronada en el juicio de apremio, con el dictado de sentencia favorable a la hoy actora, dentro del marco procesal propio de las ejecuciones fiscales, proceso en el cual, ésta pudo ejercer y hacer valer sus derechos, quedando en evidencia un obrar antijurídico de la Administración demandada, la que inició y tramitó un juicio de apremio, por una deuda que luego fue reconocido en sentencia resultaba inexistente, por no ser la Sra. María Fernanda Villa, sujeto pasible del impuesto de ingresos brutos que se le reclamaba.
Que tal cuestión fue oportunamente analizada en el fallo de primera instancia del juicio de apremio iniciado a la Sra. Villa, donde se dijo: "...resulta claro que la autoridad de aplicación ha utilizado el procedimiento del art. 58 del Código Fiscal, y se ha dado inicio a la presente ejecución, sin que se verifique previo a ello, el cumplimiento de un trámite esencial que le resulta antecedente, como es la determinación de oficio previa, que imponga a la aquí demandada la calidad de contribuyente del impuesto a los ingresos brutos en orden a su condición -en forma simultánea- de contribuyente del impuesto inmobiliario rural. En otras palabras, la autoridad de aplicación utilizó un mecanismo de presunción de deuda -establecido en el art 58 del Código Fiscal-, habilitado para el universo de aquellos sujetos que ya revisten la condición de contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos, como es el caso de los contribuyentes que no ingresen uno o más de los anticipos fiscales liquidados por Arba o de aquellos que omitan la presentación de declaraciones juradas por uno o más anticipos, pero en modo alguno, puede utilizarse esta "liquidación express", no ya para cuantificar anticipos adeudados, sino para -directamente- establecer la propia calidad de contribuyente de un sujeto...."
Y, de igual modo, la Alzada en dicho juicio, y en torno al cuarto párrafo del art. 58 del Código Fiscal recordó que: ".Previo a proceder a la vía de apremio, la Autoridad de Aplicación intimará a los contribuyentes para que dentro de los cinco (5) días abonen o regularicen el gravamen correspondiente con sus intereses, y presenten, en los casos en que corresponda, las declaraciones juradas originales o rectificativas." lo cual claramente no pudo ser verificado en la especie, ya que si bien del expediente administrativo surge una intimación a la hoy actora, al pago de la deuda (que se detalla en el anexo II, por un total de $ 65.615,40), lo cierto es que no surge a donde fue remitida la misma por cuanto no obra dirección ni física, ni electrónica, lo cual impide tener por anoticiado al contribuyente de la intimación Express, y en consecuencia, la Administración no se encontraba habilitada, para adoptar el curso de acción que prevé el 5º párrafo del art. 58 CF, que a la postre derivó en la lesión a la inviolabilidad del derecho defensa del administrado y de todos los derechos que contempla el procedimiento sea administrativo o judicial (cfr. art. 15 CPBA, 18 CN y ccdtes. CSJN "Astorga Bracht, Sergio y otro c. Comité Federal de Radiodifusión", del 14/10/04, LA LEY 06/04/2005, 06/04/2005, 5 - LA LEY 2005-B, 674 - DJ 2005-1, 736 - Fallos 327:4185 y este Tribunal en causa nº 2645/11, caratulada "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Walsh, Héctor Alberto s/ Apremio Provincial" causa Nº 2909/11, caratulada "Fis
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