Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 40208 2023
Expte. Nº 40208 .-
Autos:"LOPARDO LUCAS VICENTE C/ FISCO DE LA PROVINCIA S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- ES
Estos autos caratulados "LOPARDO LUCAS VICENTE C/ FISCO DE LA PROVINCIA S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 40208, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 28/05/2021 se presenta el Dr. Juan Daniel Assaf, en representación del Sr. Lucas Vicente Lopardo iniciando demanda contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Justicia y Seguridad- con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños derivados por las lesiones sufridas en oportunidad de encontrarse detenido en la Unidad Penal 24 de Florencio Varela.-
Reclama en consecuencia, una indemnización de $ 142.000,00 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir en autos, con más sus intereses.-
II. Relata que el día 25 de noviembre de 2017, el actor Lucas Vicente Lopardo se encontraba detenido en la Unidad Penal 24 de Florencio Varela, cuando un grupo de internos provocó una reyerta al intentar apoderarse de las pertenencias de los demás detenidos.
Expone que, por dicho motivo, el mismo fue agredido físicamente por "una o más personas que estaban alojados en la misma dependencia, quienes le aplicaron golpes, presumiblemente con un palo y/o un elemento corto punzante de fabricación casera comúnmente conocido como "faca" .".
Cuenta que, a los fines de detener la reyerta, el personal penitenciario ingresó armado al pabellón y reprimió a los internos con disparos de armas, razón por la cual el actor resultó herido, por cuanto los disparos efectuados por los agentes del Servicio Penitenciario impactaron en su miembro inferior izquierdo (tobillo y pie), provocándole lesión ósea y de partes blandas.
Arguye que, ante las heridas que presentaba, debió ser trasladado al Hospital Zonal General de Agudos "Mi pueblo" de Florencio Varela, a los fines de su atención médica, donde - conforme los registros en los Libros de guardia de Traumatología- se constató que presentaba ".Heridas en ambos antebrazos y más herida por arma de fuego (HPAF) cara externa pie izquierdo con pérdida de sustancia (cobertura cutánea). Se realiza toilette mecánica más lavado con soluciones antisépticas y profuso con SF 0,9%. Se regularizan bordes de herida más sutura .. Se coloca gasa ... en zona de defecto cobertura cutánea 2x2 con gasas estériles más vendaje.".
Entonces, resalta que de dichos registros, surge que sólo le practicaron una limpieza de la herida y le realizaron una sutura de la misma.
Pone de manifiesto que conforme los mismos registros de la atención del Sr. Lopardo, se decide por servicio de guardia tratamiento ambulatorio con antibiótico (ATB CO) analgésicos y antiinflamatorios (AINE), se cita a control y curaciones en 48 hs. por consultorio externo (lunes 27/11/17, 7 hs).
Aduce que, pese a que el servicio médico del Hospital le indicó un tratamiento ambulatorio y control para realizar curaciones en 48 hs., pero que no fue llevado al control ni se le dispensó el debido tratamiento, siendo posteriormente trasladado a la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, donde continuó -afirma- su desatención médica.
Rememora que más adelante, fue trasladado a la Unidad Penal n°5 de Mercedes, subsistiendo este problema de salud y agravándose aún más por el mismo motivo, puesto que, al no haber sido retirados los proyectiles de su cuerpo, se le ocasionó una infección crónica, por lo cual en fecha 16/10/2018, debió ser trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Blas L. Dubarry de Mercedes.
Dice que allí, fue atendido en forma ambulatoria por el Dr. Nicolás Badano, efectuándose la extracción de los perdigones, suministrando antibióticos para superar la infección, indicándole nuevos medicamentos y control posterior permanente hasta la recuperación.
Asegura que el paciente no recibió la nueva medicación ni se le realizó el control posterior, realizando solamente dos atenciones ambulatorias durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, lo que le ocasiono un deterioro en su salud y un menoscabo en su integridad física de carácter irreversible.
Evoca que, como secuela directa de los disparos recibidos, padece deformidad en el pie y tobillo con tendencia a pérdida del arco interno y al valgo del retropié, perdida la movilidad del pie izquierdo presentando limitaciones para su flexión y extensión y dificultad para la bipedestación, con una alteración visible tanto en la marcha como en la imagen estática.
Aduce que los daños producidos a los internos en los establecimientos carcelarios, coinciden la doctrina y la jurisprudencia, en que se configura la responsabilidad del Estado aún sin culpa de los dependientes públicos, por la falta de servicio, pues es un deber constitucional de cumplimiento ineludible para el Estado, garantizar la seguridad e integridad psicofísica de los detenidos y su omisión constituye una irregular prestación del servicio a su cargo.
Resalta que la actuación de los agentes estatales que cumplen funciones en las unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto depositarios de la fuerza pública, se encuentra regulada en la Ley provincial de Servicio Penitenciario Nº 12.556 , donde se establece como regla, la prohibición al personal penitenciario de emplear la fuerza en el trato con las personas privadas de libertad, aunque luego habilita una serie de excepciones que tendrán que limitarse a aquellos casos o situaciones en las que resulte estrictamente necesaria, de acuerdo con un análisis de razonabilidad y proporcionalidad.
Es decir -sigue diciendo- que semejante riesgo para la integridad y vida de una persona que implica el disparo de un arma de fuego, sólo puede justificarse si se utiliza como último recurso a los efectos de evitar un peligro muy claro e inminente, que lo representaría la vida e integridad de los otros internos y no simplemente una pequeña reyerta, donde hubo apoderamiento por parte de un grupo de internos de las pertenencias de otros.
Refiere que el uso de armas de fuego por el Servicio Penitenciario Bonaerense no se adecuó en ningún momento a las exigencias de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad que establecen las normas constitucionales, supranacionales, reglamentos y protocolos de actuación, encontrándonos en el caso, ante la presencia de un uso abusivo e indebido de la fuerza, reprochable en un Estado de Derecho.
Expone que Lucas Vicente Lopardo resultó herido en su pie y tobillo izquierdo, ocasionándole graves lesiones mientras se encontraba bajo su custodia y cuidado, y que este enorme daño evidencia un notable incumplimiento a los deberes de cuidado y de seguridad de las personas detenidas, desviándose por completo de la razonabilidad y proporcionalidad que debe regir en toda actuación de las fuerzas de seguridad penitenciarias, máxime cuando se utilizan armas de fuego.
Luego de citar tratados y normas constitucionales referidas a la salud humana, afirma que la atención integral de la salud de las personas privadas de su libertad es un deber indelegable que tiene que estar garantizado por el Estado y sus instituciones.
Dice que la responsabilidad del Servicio Penitenciario es central, dado que es este el único garante del derecho a la salud de estas personas y que de la legislación vigente a nivel provincial, nacional e internacional, surge que el Servicio Penitenciario tiene asignada entre sus competencias, velar por la vida, la integridad y la salud de los internos. Y precisamente, ellos deben tener los mismos derechos y prestaciones sanitarias que el resto de la ciudadanía con las limitaciones, en lo que concierne al ejercicio pero no a su contenido, derivados de la situación de encierro. En cuanto al control médico en la unidad penitenciaria, evoca que es de fundamental importancia, porque le permite al médico visualizar oportunamente enfermedades que requieran tratamiento inmediato o aplicar medidas que pueden evitar un problema de salud de mayor gravedad, debiéndose realizar de manera obligatoria, al menos un control periódico completo de salud por año a todas las personas privadas de libertad y a todos los ingresantes, antes de trascurridos 30 días del ingreso, con el fin de cuidar la salud, prevenir enfermedades, detectar pacientes de riesgo y enfermedades asintomáticas oportunamente.
Por ello, refiere que el art. 144 de la Ley 24.660 dispone que en oportunidad de ingresar o reingresar a un establecimiento penitenciario, el interno, deberá ser examinado por un profesional médico, quien deberá dejar constancia en la historia clínica de su estado de salud, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de producir dependencia física o psíquica, si los presentara, estableciendo incluso como falta considerada media, que el interno se niegue al examen médico a su ingreso o reingreso al establecimiento, o a los exámenes médicos legal o reglamentariamente exigibles (art 48 inc. a) de la Ley N° 12.556).
Dice que de acuerdo a los hechos expuestos, el actor resultó lesionado como consecuencia de los proyectiles que impactaron sobre su cuerpo, y que cuando el proyectil disparado por un arma de fuego incide sobre la piel y los músculos que se encuentran ubicados debajo de la misma, provoca lesiones óseas, de partes blandas y de cobertura cutánea. Relata cuales son los pasos a seguir por parte de la atención médica, diciendo que el accionante, sólo recibió una atención mínima e insuficiente: la limpieza y sutura de las heridas superficiales causadas por los impactos de los proyectiles y el suministro de antibióticos para superar la infección, padeciendo, durante todo el tiempo que duró la privación de su libertad de fuertes dolores y dificultad en su desplazamiento y movilidad, provenientes de las lesiones sufridas y los cuales persisten en la actualidad.
Y ello derivó de la no implementación efectiva de atención médica y tratamiento correspondiente, menoscabando por omisión ilegal el derecho a la integridad psicofísica y la salud de Lucas Vicente Lopardo.
En cuanto a los daños, primeramente reclama el rubro incapacidad sobreviniente. A su respecto, expone que con motivo de los disparos que impactaron en el tobillo y pie izquierdo del actor, éste sufrió lesión ósea y pérdida de partes blandas, presentando como lesiones: tobillo con leve edema, deformidad en el pie y tobillo con tendencia a pérdida del arco interno y al vago del retropié, poco reductible, perdida de la movilidad del pie izquierdo presentando limitaciones para su flexión y extensión, deformidad residual del pie y tobillo que le genera dificultades para el calzado, la deambulación y bipedestación, con una alteración visible tanto en la marcha como en la imagen estática. Ello significa que ha perdido completamente la capacidad de caminar de una manera normal, presentando una alteración manifiestamente perceptible en su marcha.
Afirma que el ilícito ocasionó a Lucas Vicente Lopardo un daño de carácter irreversible, lo que le generan una incapacidad definitiva y permanente del veintitrés por ciento (23 %) de la total obrera, incapacidad que se traslada a su trabajo de albañil, donde se requiere mucho esfuerzo físico durante horas ininterrumpidas de labor: mover, cargar y descargar materiales, la excavación, preparar cemento, la manipulación de maquinaria, entre otros.
Remarca que en el oficio de albañil, el cuerpo es la principal herramienta de trabajo, resultando muy exigente físicamente siendo necesario contar con gran fuerza, resistencia física y desplazamiento tanto del cuerpo como de materiales, lo cual ha perdido desde el trágico episodio, resultándole casi imposible realizar todo tipo de labor que implique un desplazamiento y esfuerzo físico.
Destaca que, al momento del hecho ilícito, el Sr. Lopardo gozaba de un óptimo estado de salud.
Refiere que Lucas Vicente Lopardo ha sufrido un enorme menoscabo en la plenitud de su persona, impidiéndole realizar sus quehaceres y tareas diarias con amplitud y libertad, como así también actividades de ocio como practicar cualquier tipo de deporte hasta una simple caminata diaria.
Luego de ello, peticiona daño moral, diciendo que el hecho ilícito sufrido y las consecuencias del mismo, acreditan de manera ostensible el enorme daño moral ocasionado por el traumático suceso que debió atravesar el actor, puesto que resultar herido por un arma de fuego es un hecho traumático.
Arguye que como consecuencia del hecho, el actor debió padecer injustamente sentimientos tales como: ansiedad, pesadillas, dificultad para dormir, pensar en el episodio una y otra vez, irritabilidad o alterarse fácilmente, no tener mucha energía o apetito, sentirse triste y retraído. Estos síntomas, son constantes y persisten en la actualidad.
Además, manifiesta que el suceso produjo un menoscabo en su persona puesto que, ha perdido una función tan básica como es flexionar y mover su pie y, en consecuencia, caminar con una marcha normal, saltar y correr, con la consiguiente alteración en su armonía corporal y ello le ha causado un sufrimiento sin igual, tanto en lo físico como en el aspecto espiritual.
Postula que a raíz de este lamentable episodio, el Sr. Lopardo presenta problemas al caminar: pasos arrastrados y más pequeños y dificultades en el equilibrio lo que le provoca múltiples caídas, incluso sus movimientos tienen restricciones que provocan que no pueda desplazarse por sí mismo, de tal forma que necesitan la ayuda de otra persona o de algún instrumento, a lo que debe añadirse el dolor que padece en la zona afectada, tanto en estado de reposo como durante la marcha.-
Como colofón, afirma que todo ello le ha generado al actor una evidente carga de angustias, dolores, incertezas, incomodidades, limitaciones, malestares, minoraciones y aislamiento, incluso, afectando la vida de relación con sus pares.
Por otra parte, solicita daño estético. A su respecto, expone que la armonía física es valiosa individualmente y en la vinculación de pareja, pues el cuerpo es fuente de satisfacción para el sujeto que en él vive y a través de él se expresa, y de mortificación cuando su normalidad o su belleza se encuentran afectada y que en el caso de autos, la lesión estética que le ha sido ilegítimamente ocasionada al Sr. Lopardo, constituye un daño material autónomo.
Afirma que visiblemente en la primera impresión que se tenga del accionante, se constata una deformidad en el pie y tobillo izquierdo observándose también una cicatriz de 6 cm de diámetro en la cara externa del tobillo externo y una lesión cicatrizal hiperpigmentada, redondeada de aproximadamente 6 cm de diámetro en la cara interna y que al momento de desplazarse, camina rengueando y/o cojeando.
De esta manera, remarca que el deterioro de la armonía estética y de la dinámica del cuerpo humano importa un menoscabo a la persona con repercusión en su integralidad y normalidad corporal y debe ser indemnizado.
Finalmente y en cuanto al quantum indemnizatorio, dice que las circunstancias del caso impiden en esta etapa la fijación del monto reclamado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 27 del C.C.A. últimos párrafos, solicita se determine en la sentencia de acuerdo a lo que resulte de la prueba a rendirse, considerando el daño ocasionado en relación al ingreso del trabajador a ese momento, con más intereses desde el hecho disvalioso.
Por último, funda en derecho, ofrece la prueba cuya producción propone en el proceso y finalmente, peticiona.-
III. Que en fecha 28/10/2021, el actor amplía demanda, ofreciendo como prueba instrumental, los autos caratulados "LOPARDO LUCAS VICENTE S/ DILIGENCIA PRELIMINAR - OTROS JUICIOS" Expte. 39.431, en trámite por ante este mismo Juzgado.-
IV. Que en fecha 03/05/2022 se presenta a contestar demanda el Sr. representante fiscal Dr. Pablo Guidi.-
En primer término, realiza una negativa de todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, así como la autenticidad de la totalidad de la documentación agregada a la demanda, que no sea instrumento público, por no constarle la autenticidad de la misma.-
Luego, inicia un capitulo sobre los hechos. A su respecto, dice que de los registros obrantes en el Legajo Virtual de Internos, remitidos por el Servicio Penitenciario, el actor registra 4 periodos de detención: su primera estadía en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense se produce el 30-01-2009 en la Unidad Penitenciaria N° 38 de la localidad de Sierra Chica, por el delito por el delito de robo calificado, egresando el 04-05-2012 desde la Unidad Carcelaria N° 5 de la localidad de Mercedes. Su segunda estadía se registra desde el 30-10-2013 hasta el 23-03-2016 habitando en la Unidad N° 5 de Mercedes, por el delito por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa. Su tercera estadía es determinada a su ingreso en la Alcaidía Penitenciaria de Junín el día 31-08-2017, por el delito por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, egresando de la Unidad N° 41 de Campana el 22-05-2019. Su actual y cuarta estadía corresponde a su ingreso el 09-02-2021 en el establecimiento penitenciario N° 5 emplazado en la localidad de Mercedes, donde continúa alojado por el delito de Homicidio simple en carácter de procesado. Intermitentemente, ha mantenido casi trece años detenido en unidades penitenciarias varias, y por delitos de diversas clases, más ninguno de ellos es un delito menor.
Respecto del accionar del servicio penitenciario, refiere que no surgen constancias del hecho de autos en los antecedentes remitidos, razón por la cual desconocerá los hechos relatados por la parte actora.
En cuanto a la responsabilidad, dice que si bien en este caso no resulta aplicable la normativa del Código Civil y Comercial por expresa disposición de su art.1746, ello no implica un vacío legal en cuanto a la norma que postula la responsabilidad del Estado, en este caso el provincial, resultando plenamente aplicable la doctrina elaborada en torno al anterior art. 1112 del Código Civil que postula la responsabilidad estatal por "falta de servicio", la reparación procede siempre y cuando la acción u omisión estatal pueda reputarse infundada e ilegítima.
Dice que su demostración por imperio del art. 375 CPCC aplicable por remisión del CCA está en cabeza del accionante, y no se evidencia cumplida en autos, postulando de este modo el rechazo de la presente acción.
Afirma que el "factum" para que sea procedente la demanda es probar que el servicio estatal funcionó mal, funcionó tarde, o no funcionó (y que ello obró como causa adecuada del daño), correspondiendo dicha prueba al accionante, por imperio de la normativa citada.
De tal modo -sigue diciendo-, para dar lugar al pago de una indemnización por falta de servicio, se deberá acreditar el anormal o irregular funcionamiento de la Administración, la existencia de un perjuicio y su vinculación causal con la actuación estatal.
Luego de ello, impugna los rubros resarcitorios reclamados por improcedentes e inexistentes, y a todo evento ante el eventual e improbable caso que se considere que deben prosperar, peticiona su cuantificación mínima acorde a derecho.
Recuerda que conforme la regla del art. 375 C.P.C.C, es necesario destacar que son los accionantes, quienes deberán acreditar los daños que reclaman y cuantificarlos, situación que no ha sido realizada.
En cuanto a la incapacidad sobreviniente, remarca que como todo daño, deberá acreditarse su existencia y la conexión causal con el hecho por el cual se reclama a través de prueba pericial.
Respecto de la documental expedida por médico legista que se acompaña como documental en la demanda, ni
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.