Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 38268
Estos autos caratulados "COSI PABLO GABRIEL C/ CONSEJO ESCOLAR DE MERCEDES Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 38268, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que con fecha 30 de octubre de 2019 (ver fs. 1/22), se presenta el Sr. Pablo Gabriel Cosi con el patrocinio letrado del Dr. Javier Fernando Guevara, iniciando demanda contra el Consejo Escolar de Mercedes, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y la Sra. Ana Maria Darritchon, por el incumplimiento de abonar la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS VEINTIDÓS ($ 171.822) con más sus intereses y costas.
En cuanto a los antecedentes que dan sustento a su pretensión, manifiesta que es proveedor de servicios del Consejo Escolar desde hace varios años, participando en innumerables licitaciones corriendo con suerte dispar y que como consecuencia de ello, en diversas oportunidades ha brindado el servicio de transporte de alumnos a distintos establecimientos educativos con el correspondiente pago por la contraprestación.
Alega que desde el año pasado comenzó a tener serios problemas con los pagos en el Consejo Escolar, demoras injustificadas a pesar de cumplir con la prestación del servicio y la entrega de la documentación pertinente.
Expone que a pesar de las innumerables gestiones realizadas, los pagos no se efectivizaron y que por ello se vio imposibilitado de seguir licitando.
Asimismo refiere que, le informaron que no se le podía abonar los pagos por cuanto uno de los servicios adjudicados no había sido correctamente imputado.
Esboza que tras intensas gestiones logro que el 16 de abril de 2019 se le abonarán las siguientes facturas: 0000155 por $ 28.120, emitida el 5 de julio de 2018; 0000153 por $ 30.400, emitida el 4 de julio de 2018; 0000143 por $ 28.120, emitida el 4 de junio de 2018; 0000140 por $ 33.600, emitida el 4 de junio de 2018; 0000136 por $ 30.400, emitida el 27 de mayo de 2018; 0000134 por $ 28.120, emitida el 27 de mayo de 2018; 0000120 por $ 19.240, emitida el 11 de abril de 2018 y 0000118 por $ 20.150, emitida el 11 de abril de 2018.
Quedando pendiente la factura 0000086, del 6 de diciembre del 2017; situación que denuncia mediante carta documento, en la cual además solicita los intereses generados en el plazo transcurrido hasta el pago de cada una de las facturas.
En ese camino, manifiesta que a la fecha no se ha cumplido ni con el pago de la factura en cuestión, ni con los intereses devengados.
Continúa su relato manifestando, que es un supuesto de contrato de locación de servicios regido por el derecho público y que la contratación se celebró luego del llamado a Licitación Pública, adhiriendo en un todo al contrato elaborado por la demandada que se perfeccionó cuando se firmó.
Seguidamente indica que, se obligó a prestar un servicio disponiendo de bienes muebles, empleados, insumos, etcétera, obligaciones que efectivamente cumplió y que la Administración -en este caso el Consejo Escolar- debía abonar por dicho servicio, obligación que incumplió en su totalidad.
Expresa que, "... si la Administración Pública no paga en término el "precio" que le corresponda al cocontratante, aquélla deberá abonar "intereses" moratorios sobre la suma respectiva, siempre que ella estuviere en "mora", según se desprende de lo establecido en el art. 886 del CCyC ... La "mora" de referencia puede resultar de varios supuestos o circunstancias: 1º cuando mediare requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor; 2º cuando las normas legales o contractuales establezcan expresamente una mora automática; 3º cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que debía cumplírsela fue un motivo determinante por parte del acreedor (mora "ex re")."
Concluye diciendo que la demandada se llamó al silencio ante las intimaciones vía cartas documentos y a los reclamos administrativos interpuestos, es por ello que solicita el pago de las sumas reclamadas con más los intereses y costas del proceso.-
Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que habiéndose corrido el traslado de rigor, con fecha 24 de noviembre de 2020, se presenta a contestar demanda la Físcalia de Estado representada por su letrado apoderado el Dr. Juan Pablo Portesi, quien solicita el rechazo de la misma con expresa imposición de costas.-
Manifiesta que la demanda resulta infundada y consecuentemente improcedente.
Expone que, tal como surge de la documental que acompaña el Sr. Pablo Gabriel Cosi, este resultó adjudicatario de los reglones n° 11, 12, 18, 21, 22, 23 y 24, por el período comprendido entre los meses junio de 2017 y diciembre de 2017, de la Licitación Privada de Transporte N° 01/17, para atender el servicio de traslado de alumnos solicitado por las ramas de los niveles educativos autorizados. Que ello surge de la disposición n° 101/17, de fecha 5/06/2017, dictada por el Consejo Escolar de Mercedes, en las actuaciones administrativas n° 070-089/2017.
Manifiesta que del Contrato de Servicio de Transporte Terrestre de Alumnos, suscripto por el Consejo Escolar de Mercedes y el Sr. Pablo Gabriel Cosi el día 6 de junio de 2017, surgen los seguros a cargo del contratista (art. 3), la obligación de cumplimiento de normativa de habilitación de los vehículos de transporte, las formas de facturación (art 4), las condiciones de pagos, penalidades y multas por incumplimiento (art. 5), plazo de iniciación de la prestación (art. 6), lugar de prestación de servicio (art. 8), posibilidad de prolongación (art. 9), facultades de control y contralor de cumplimiento del contrato por parte del Consejo Escolar (art. 10), cláusula de rescisión (art. 11), y la prohibición de transferencia o cesión de las obligaciones contractuales por parte del contratista (art. 12).
En otra parcela señala que la factura n° 00000086 y el remito simple, carecen de fecha cierta de recepción por autoridad competente. Y esa irregularidad se profundiza, al advertirse las fechas disímiles impuestas en la supuesta realización de los instrumentos bajo estudio (la factura el día 6/12/2017, el remito el día 2/12/2017). Ademas pone de relieve que la primera oportunidad en que se trató el reclamo del pago de la factura n° 00000086, por parte del Consejo Escolar de Mercedes, fue recién en fecha 4/09/2019 (un año y nueve meses, con posterioridad a la emisión de la factura reclamada).
Continúa alegando que el actor no presentó el certificado de recepción de los servicios, copia certificada del pago de impuesto a los ingresos brutos del último vencimiento operado a la fecha de factura, ni la última declaración jurada de cargas sociales vencida al momento de presentación de la factura y constancia de su pago, ni la constancia de inscripción ante la AFIP, siendo dicha documentación imprescindible para el cobro (cfr. lo exige el art. 30 de la Res. 711/2016).
Afirma que no existe reproche a la actuación estatal en cuanto se abstuvo de pagar una factura expedida sin cumplimiento de los requisitos contractuales, y sin que se encuentren acreditados la efectiva prestación del servicio facturado.
Expresa que, en el supuesto imaginario de que V.S. encontrara acreditado en autos la prestación de los servicios facturados, señala que el actor carecería de derecho a la exigibilidad de las sumas insinuadas, toda vez que, ante la ausencia de antecedentes contractuales válidos respecto a la efectiva prestación de los servicios y a las sumas reclamadas, se desprende la inexistencia de un derecho en favor del acreedor a exigir judicialmente el cobro de los importes que pudieron haberse devengado como consecuencia de tales hipotéticos servicios.
Sumado a ello señala "...que en autos tampoco se dan los presupuestos para que el reconocimiento del crédito pretendido opere en base a la doctrina del"enriquecimiento sin causa", porque la accionante no ha solicitado específicamente su aplicación...".
Luego se expide sobre la pretensión accesoria de la tasa de interés, aduciendo que la tasa de interés peticionada por la aquí actora, esto es la que cobra el Banco Provincia para sus operaciones de descuento a treinta días, resultaría contraria a la invariable y reiterada doctrina de la Suprema Corte de Justicia, según la cual, en casos como en el de autos, la tasa de interés que corresponde reconocer es la que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a 30 días -tasa pasiva-.
Finalmente de conformidad con el art. 37 del C.C.A., formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
Luego funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que en fecha 9 de junio de 2022 se resolvió declarar la rebeldía de la co-demandada Ana María Darritchon.
Que en fecha 7 de julio de 2022 comparece la Sra. Ana Maria Darritchon, con el patrocinio letrado del Dr. Leopoldo Ariel Gold, solicitando el cese de la rebeldía, contestando demandada y ofreciendo prueba.
En virtud de ello, en fecha 11 de julio de 2022 se resolvió el cese de su rebeldía de conformidad con lo que dispone el artículo 64 del CPCC, sin retrotraer el proceso, haciéndose saber que por el principio de preclusión, no se puede subsanar la falta de contestación de demanda.
IV. Que con fecha 26 de diciembre de 2022, se ordena la apertura de las actuaciones a prueba.
Que en fecha 7 de febrero de 2023 se celebra la audiencia prevista en los términos del art. 41 C.P.C.A.. Transitada esa etapa y habiéndose agregado el alegato presentado por la Físcalia de Estado (v. 18 de octubre de 2023) y por la parte actora (v. 23 de octubre de 2023), pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 15 de noviembre de 2023.-
1. Que en autos, el actor pretende el cobro de la suma de $ 171.822 con más sus intereses y costas, cuyo origen viene dado por la factura pendiente n° 0000086 del 6 de diciembre del 2017, la que denuncia impaga, tras la prestación del servicio de transporte terrestre de alumnos realizados en el marco de la licitación privada n°01/2017.
Asimismo solicita los intereses devengados por el pago extemporáneo de las siguientes facturas: 0000155; 0000153; 0000143; 0000140; 0000136; 0000134; 0000120 y 0000118.
2. Por su parte, la Físcalia de Estado centró su contestación manifestando ausencia de acreditación y prueba de los servicios prestados, respecto de los cuales se emite la factura n°00000086.
Por otro lado aduce, que tampoco se han cumplido con las obligaciones normativas y convencionales que rige el contrato público de locación de servicio, para que pueda conformarse la factura reclamada.
3. En cuanto a la rebeldía declarada en autos respecto a la co-demandada Ana Maria Darritchon, cabe recordar que la falta de contestación de demanda, no basta por sí para admitir el progreso de la acción, configurándose solamente una presunción que debe hallarse corroborada por la prueba producida en la causa (art 354 inc 1º del CPCC y su doctrina, art.37 inc. 2 CPCA).-
En tal sentido, la incontestación de la demanda no importa reconocimiento de la realidad de los hechos expuestos por la actora, solo tiene el valor estimativo que le acuerda el artículo 354, inciso 1. Aun cuando no se hubiese contestado la demanda, la falta de toda prueba no autoriza a tener por acreditados los hechos alegados por la accionante (Falcón, Enrique M.; Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo II, Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2006, pág. 357).
4. Cabe destacar que no existe controversia entre las partes acerca de la relación contractual, llevada a cabo en el marco de la Licitación Privada nº 01/2017 para efectuar la prestación del servicio de transporte terrestre de alumnos, requerida por el Consejo Escolar de Mercedes en fecha 5 de marzo de 2018, en las actuaciones administrativas nº 070-089/2017.-
Sin perjuicio de la falta de controversia, todo lo relativo al proceso licitatorio surge acreditado conforme las constancias del expediente administrativo nº 070-089/2017, acompañado en archivo adjunto por la Físcalia de Estado en su contestación demanda en fecha 24/11/2020.
Así ha quedado probado que al actor le fue adjudicado la Licitación Privada n°01/2017 por un valor total de $ 782.560,00, para atender el traslado de alumnos, durante el periodo comprendido entre el día 7 del mes de junio de 2017 y 31 de diciembre (ver disposición n°101/17 acompañada por la Físcalia de Estado con la presentación electrónica de fecha 24/11/2020), de acuerdo al siguiente detalle:
- Renglón n°11: Vuelta CEC n°801 turno tarde recorrido 1 valor por día. $1095. Cantidad de alumnos: 37. Ida y vuelta turno tarde.
- Renglón n°12: Vuelta CEC n°801 turno tarde recorrido 2 valor por día. $1498. Cantidad de alumnos: 37. Ida y vuelta turno tarde.
- Renglón n°18: Desde Zona rural Km 113 ruta 5 EP n°25 J.M García Valor por día. $1600. Cantidad de alumnos: 18. Ida y vuelta.
- Renglón n°21: Desde EP N°8, 37, 1, 2, 11 y 30 hasta CEC n°801 al medio Valor por día. $1095. Cantidad de alumnos: 21. Ida y vuelta.
- Renglón n°22: Desde EP N°7, y 36 JI N°903 y 905 hasta CEC n°801 al medio Valor por día. $1498. Cantidad de alumnos: 34. Ida y vuelta.
- Renglón n°23: Desde casas particulares hasta CEC N°801. Valor por día. $1498. Cantidad de alumnos: 35. Ida y vuelta. Turno mañana. Recorrido 1.
- Renglón n°24: Desde casas particulares hasta CEC N°801. Valor por día. $1498. Cantidad de alumnos: 35. Ida y vuelta. Turno mañana. Recorrido 2.
5. En el contexto detallado precedentemente, es que debo de analizar la primer cuestión aquí planteada, respecto a la solicitud de cobro de la factura n° 0000086 del 6 de diciembre del 2017.
En esta parcela la accionada, alega que la factura reclamada carece de fecha cierta de recepción por autoridad competente y que esa irregularidad se profundiza, al advertirse las fechas disímiles respecto a la factura del día 6/12/2017 y el remito del día 2/12/2017 y que sumado a ello, el actor no cumplió con los requisitos de acuerdo a la normativa de régimen de facturación y registración.
Ahora bien, debo adelantar que el argumento defensivo de la demandada no ha de tener acogida favorable, por las razones que seguidamente expongo.
En primer lugar he de reparar en las constancias acompañadas por la perito contadora en la presentación electrónica de fecha 31 de julio de 2023 -v. archivo adjunto- donde consta las facturas n° 0000155; 0000153; 0000143; 0000140; 0000136; 0000134; 0000120 y 0000118, con sus respectivos remitos, de las cuales cada fecha de la factura difiere a la de su remito; sin embargo, dichas facturas se encuentran abonadas. Ello me lleva a concluir, que las manifestaciones de la demandada en pos de justificar el no pago de la factura aquí en cuestión, se encuentra huérfana de respaldo, sin ninguna razón dada atendible que haya impedido su cancelación, en tanto aquel desfase en las citadas fechas no obstó -en su oportunidad- al pago de las demás facturas.
A su vez y en ese camino de ideas me lleva a relevar la prueba pericial realizada en autos: conviene recordar que el valor probatorio del dictamen pericial ha de ser estimado por el órgano jurisdiccional teniendo en cuenta -entre otros parámetros- los demás elementos de convicción precedentemente relevados (art.474 CPCC).
Así de la prueba pericial realizada por la perito contadora -Claudia Daniela Marcón- en la presentación electrónica de fecha 31 de julio de 2023, con su anexo en archivo adjunto, y que fuera agregada con fecha 1° de agosto de 2023, surge del indicado dictamen pericial -elaborado cfme. los puntos de pericia indicados en el escrito de demanda- que las facturas cumplen con los requisitos de ley de acuerdo a normativa de régimen de facturación y Registración -Resolución 1415 AFIP-.
En cuanto a la pregunta si se presentaron las facturas de los servicios prestados, la experta manifiesta que la factura 0000086 de fecha 6 de diciembre de 2017 está presentada conjuntamente con remito, pero no existe orden de pago referente a ella. Todo ello, sin que mediara cuestionamiento alguno -en este punto- por parte de la accionada (art.473 y su doc. CPCC).
Ello también surge del expediente administrativo nº 070-089/2017 acompañado por la propia demandada en su contestación de demanda en fecha 24/11/2020, donde consta la factura n° 0000086 de fecha 6 de diciembre de 2017 conjuntamente con su remito, pero no existe orden de pago.
También resulta de absoluta relevancia la respuesta a la pregunta 5: "Si existe alguna causal objetiva que justifique el no pago" a la cual la perito responde: "...La factura en litigio no abonada, B 0003-00000086, el período facturado es del 1/11/2017 al 30/11/2017, dicho período esta incluido en Licitación Privada 1/17. Se presentó remito y factura, bajo las mismas condiciones que las facturas antes mencionadas y abonadas...".
En síntesis, con el dictamen producido por la experta en la materia y la demás documental arrimada, se tiene por acreditada la relación de las partes como asimismo, la existencia de documentación contable que demuestra que la demandada adeuda la suma de $171.822,00, cuyo origen viene dado por la factura pendiente n° 0000086 del 6 de diciembre del 2017. Y sin perjuicio del desconocimiento de la demandada a la deuda reclamada, lo cierto es que de la documental acompañada en fecha 24/11/2020 por la Físcalia de Estado, se acompaño planillas donde surgen las facturas con su correspondiente orden de pago, no así, la factura aquí en cuestión, siendo presentada la misma para el cobro, conforme se verifica su existencia dentro de las referidas actuaciones administrativas. Todo ello, sin ninguna prueba ofrecida por la demandada, que ilustre en sentido contrario a tal extremo fáctico.
Es sabido que la factura es un instrumento autónomo que opera como confirmación del negocio acordado. No ha de pasarse por alto, que su fuerza probatoria no se encuentra en su confección unilateral, sino en la recepción por el comprador y en su aceptación en forma expresa o tácita.
En esa línea, el art. 1145 del CCyCN, establece una presunción iuris tantum en cuanto a que las facturas poseen fuerza liquidatoria y probatoria del negocio que instrumentan, siempre que no fuesen impugnadas en el plazo establecido en la propia norma. No obstante ello, para que la citada presunción tenga validez es necesario acreditar la recepción de las facturas, momento a partir del cual el silencio del deudor otorga fuerza liquidatoria a los instrumentos.
Así entonces, no impugnada la factura en el plazo dispuesto para ello, en tanto, no obra en autos ninguna constancia probatoria que acredite tal extremo, el monto emergente de aquella será una cuenta liquidada.
Conforme todo lo expuesto y las constancias documentales descriptas valoradas a la luz de la sana crítica (Art. 384 CPCC, art. 77 inc 1 del CPCA), encuentro suficientemente comprobado que la parte demandada, no ha abonado la suma correspondiente a la Factura N° 00000086.
En consecuencia, la deuda reclamada ha de tener andamiaje favorable en la suma de $ 171.822,00.-
6. Habiéndose despejado el reclamo de la Factura N°00000086, corresponde abordar lo atinente al pedido de intereses que han sido reclamados por el actor, por el pago extemporáneo de las siguientes facturas: 0000155; 0000153; 0000143; 0000140; 0000136; 0000134; 0000120 y 0000118, el cual manifiesta en su escrito de demanda que le fueron abonadas el 16 de abril de 2019.
Cabe destacar que de las constancias administrativas surge el contrato de transporte llevado a cabo entre las partes el cual hemos hecho mención, en su artículo 5 cita la condición de pago: "...Según Normas de la Tesorería General de la Provincia, regirá para la presente contratación lo determinado en el ART 23 del
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