Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39046
Estos autos caratulados "AUYERO ESTELA ALICIA C/ HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", Expediente Nº 39046, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 132/153 en fecha 28 de febrero de 2020, se presenta la Sra. Estela Alicia Auyero, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Bernardo Galeazzi, iniciando demanda judicial contra la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de propietaria responsable del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y contra quien resulte responsable, con el objeto de que se condene al pago de la indemnización de daños y perjuicios conforme las siguientes circunstancias de hecho y de derecho que expone.
Refiere que, el día 30 de octubre del año 2016, se encontraba cursando un embarazo de 41 semanas y ese día por indicación médica, ingreso al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, permaneciendo internada a efectos de dar a luz a su hija de nombre Kiara Auyero. Es por ello que, los profesionales que la asistieron le realizaron una inducción, colocándole un goteo para acelerar la dilatación y el parto. Que al transcurrir unas horas, notaron que la inducción había resultado fallida y le realizaron una cesárea, produciendo el nacimiento de su hija.
Indica que, pese a los dolores que sufría en el área abdominal, el día 2 de Noviembre de 2016, le dieron el alta hospitalaria, toda vez que los médicos le dijeron que era normal.
Señala que, continuo haciéndose las curaciones de la cesárea, en la sala "La Victoria" de primeros auxilios de su barrio, así como en su domicilio y que la herida tuvo una evolución exterior impecable, pero que sin embargo, continuo con los dolores que padeció al momento del alta.
Continúa diciendo que, el día 9 de noviembre debió regresar al mencionado hospital porque además de los intensos dolores que padecía en la zona ventral, uno de los puntos se le abrió despidiendo una gran cantidad de secreción purulenta, siendo atendida en la guardia, donde le extrajeron los puntos de la cesárea, con la única indicación de que tomara antibióticos.
Destaca que, no le hicieron ningún estudio médico, ni ninguna ecografía y que tampoco la abrieron y limpiaron, solo le ordenaron antibióticos y que nada mejoró, por lo que a los 7 días de tomar los antibióticos, el día 16 de noviembre retorno al Hospital, donde permaneció internada, por un cuadro de endometritis puerperal.
Manifiesta que luego de ello, recibo la noticia que le tuvieron que realizar una histerectomía y resalta que al momento del hecho, contaba con tan solo 21 años de edad y que solo ha tenido una hija.
En otro apartado, menciona la historia clínica (en adelante también HC) que acompaña junto con la demanda, manifiesta que en dicha HC consta la biopsia quirúrgica que se le realizo, donde se le determino que el daño padecido se debió a la herida de la cesárea. Ademas expone que, la infección que termina con una histerectomía "se debió a la higienización del lugar, donde se realizó la cesárea que produjo la infección y no cicatrización de la herida" (sic).
En otro orden expone, que estamos frente a una responsabilidad objetiva por la existencia de virus intrahospitalario y de responsabilidad subjetiva por negligencia hospitalaria, basándonos en la falta de higiene y desinfección del quirófano, siendo esto un deber indiscutible por parte de la entidad prestataria del servicio de la salud. Por lo cual, dice que debe existir un control efectivo en el mantenimiento y desinfección de los hospitales, ya que el fin es curar y no dañar y que la eximición de responsabilidad del hospital requiere la prueba de haber adoptado medidas de prevención y control que demuestren la diligencia de sus dependientes en el cumplimiento de las tareas de limpieza, asepsia y esterilización.
Luego expone que es el Hospital demandado responsable de la contratación y permanencia de profesionales idóneos, en pos de la preservación de la salud de la colectividad y que la obligación del demandado, debe encuadrarse dentro de las obligaciones que nacen de la omisión de observar un deber legal (art. 1049 del Código Civil y Comercial de la Nación) atento a que el servicio público de salud para con la actora incluye necesariamente la higiene, asepsia y desinfección del lugar, y supone como resultado que el paciente no se infecte.
Alega que, se obró con imprudencia y falta del debido cuidado con el que deberían haber actuado los médicos, enfermeros y personal de limpieza, como asimismo la falta de control por parte del hospital respecto de la actuación profesional de los mismos, y la falta de desinfección necesaria de la institución a los efectos de mantener inmunes a los pacientes. Que asimismo, se obró con negligencia, falta de diligencia debida o del cuidado necesario.
Indica que en caso de marras, el Hospital no cumplió con las obligaciones de profilaxis del quirófano, para prevenir y evitar infecciones intrahospitalarias.
En otro apartado, cita fallos jurisprudenciales a fin de fundamentar la responsabilidad endilgada y plantea los rubros reclamados. A tal fin, solicita como daño indemnizables los siguientes:
Daño psicológico derivado de su Incapacidad: expone que padece un daño psíquico, debido al hecho de marras que terminó con su proyecto de vida de fertilidad, en razón que al momento del hecho tenía 21 años de edad y que toda esa cuestión ha generado la pérdida de confianza y fobia a los hospitales, y en los profesionales de la salud.
Daños por lesiones o incapacidad psicofísica: solicita el cálculo que refleja la pauta indemnizatoria establecida en el art. 1746 del CCC, tomando como base del salario el minino vital y móvil al momento de interponer la demanda que es de $16.000.
Estimando el daño psicofísico en el 30% del total vida, por lo cual reclama para este rubro el monto de $ 4.000.000.
Necesidad de terapia psicológica: estima que necesita apoyo terapéutico de por vida, con una periodicidad no menor a 2 sesiones por semana, siendo el valor promedio entre $ 600 y $ 1.000 cada una. Por este rubro, reclama la suma de $196.000.
Daño al proyecto de vida - valor vida: expone que la mala praxis acusada en autos ha sido la causal de que su futuro se vea frustrado en relación a formar una familia numerosa, ya que no podrá volver a tener hijos. Que también como consecuencia de todo lo que ha padecido le quedaron horribles cicatrices. Reclama la suma de $ 1.600.000.
Daño estético: manifiesta alteración en su estética, sufrida por las cicatrices en su abdomen. Reclama por este rubro la suma de $ 200.000.
Daño Moral: refiere que sufrió físicamente por lo que significó la intervención quirúrgica en sí, más todo el extensísimo, tratamiento de recupero y que todo sucedió por negligencia hospitalaria y médica. Continúa relatando que todo se le dificulta y que no puede proyectar su vida formando una gran familia mas numerosa. Por lo expuesto, reclama en este rubro la suma de $ 1.000.000.
Gastos de traslados y viáticos: Señala que no pudo movilizarse correctamente por el plazo de 3 años, plazo que se trasladaba en remís y que en la actualidad se le dificulta trasladarse en trasporte público. Se reclama por este rubro la suma de $200.000.
Gastos de tratamientos médicos: requiere indemnización en concepto de gastos médicos y de farmacia, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado. En la suma de $200.000.
En otro apartado, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
II. Habiéndose corrido el respectivo traslado de demanda, se presenta en fecha 28/07/2020 -conforme la cédula agregada en fecha 1°/09/2020- el Dr. Pablo Guidi en representación de la Provincia de Buenos Aires, contestando demanda.
Comienza su responde haciendo un reconto de la demanda incoada y sus fundamentos.
Luego de efectuar una pormenorizada negativa de los hechos y documentos alegados en la demanda, procede a contestar la misma.
Ahora bien, niega concretamente que la infección contraída por un germen intrahospitalario haya sido adquirida en el nosocomio Provincial, en atención que con posterioridad al alta luego de la cesárea, otorgada el 2 de noviembre de 2016, la actora se efectuó las curaciones de la herida en la Sala de Primeros Auxilios de su barrio, "La Victoria" del partido de Moreno, así como en su domicilio.
En ese sentido y de acuerdo a lo señalado, concluye en afirmar que teniendo en cuenta que las curaciones se han realizado en diversos lugares, no puede saberse el origen de la infección.
Ademas resalta de la lectura de la historia clínica, en cuanto que la indicación de inducción para el parto como la indicación de operación de la cesárea, no merecen objeciones, las mismas se practicaron según consta en la historia clínica bajo normas de asepsia de rigor.
Continua diciendo que, mientras la parturienta permaneció internada no se objetiva signo sintomatología que indicara la existencia de un proceso infeccioso y que asimismo no surge control ambulatorio en la entidad hospitalaria posterior al alta, la propia demanda -subraya el representante fiscal- detalla que se efectuaron las curaciones en la salita.
Expone que no surge registro de asistencia por guardia por drenaje de material purulento en herida quirúrgica como se relata en la demanda, y que si bien no se encuentra agregado en la HC el resultado del cultivo del material obtenido en la cirugía, no puede determinarse el origen del germen, siendo que la actora efectúa seguimiento de su posoperatorio y curaciones en otro medio asistencial.
Por ello aduce que, se tomaron todas las medidas tendientes a disminuir el riesgo de complicación infecciosa posoperatoria y que científicamente no es posible determinar el momento de la infección, siendo que se asiste a distintos centros asistenciales. Que la conducta médica adoptada tanto el plan de estudios, la parotomía y la histerectomía no merecen cuestionamientos, resultando acertada.
Manifiesta que no se agrega elemento alguno que evidencie la falta de higiene que denuncia, que su existencia debe ser probada y que está en cabeza del actor dicha acreditación. Reitera que no es posible determinar la presencia del virus intrahospitalario al momento de realizarse la cesárea.
Por otro lado refiere, que tal como surge de la HC en cada paso del tratamiento médico y quirúrgico de la actora se fueron tomando las conductas necesarias y adecuadas, tanto al momento del alumbramiento por cesárea como con posterioridad, cuando la actora vuelve al nosocomio con una infección que derivó en la histerectomía.
Seguidamente impugna cada uno de los rubros indemnizatorios pretendidos por la actora, ofrece prueba y peticiona.-
III. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, conforme la audiencia de fecha 6/11/2020 y presentados los alegatos -por la parte actora en fecha 6/3/2024 y la demandada en fecha 7/3/2024-, se llama autos para sentencia con fecha 19/3/2024 y;
1. Que la actora inicia acción contra el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, a fin de reclamar indemnización por los daños y perjuicios que dice haber padecido, a raíz de una infección intrahospitalaria contraída en el curso de su internación, por una cesárea que se le realizara el día 30 de octubre de 2016, en el hospital indicado, que derivo como consecuencia final en una histerectomía.
Por un lado, sostiene que el hospital demandado no cumplió con las obligaciones de profilaxis del quirófano, para prevenir y evitar infecciones intrahospitalarias. Por otra parte, denuncia que mediando intensos dolores, concurre el día 9 de noviembre al hospital donde en guardia le extrajeron los puntos y ante gran cantidad de secreción purulenta se le ordena antibióticos, sin realizar otros estudios médicos, lo que en nada mejoro. Terminando en la histerectomia, el día 17 de noviembre de 2016 por haber desarrollado un cuadro de endometritis puerperal.
Por su parte, la Físcalia de Estado, solicita el rechazo de la pretensión, negando que la infección contraída por un germen intrahospitalario, haya sido adquirida en el nosocomio Provincial, en atención que con posterioridad al alta se efectuó las curaciones de la herida en la Sala de Primeros Auxilios de su barrio, así como en su domicilio.
Afirma que teniendo en cuenta que las curaciones se han realizado en diversos lugares, no puede saberse el origen de la infección y que mientas la parturienta permaneció internada no se objetiva signo sintomatología que indicara la existencia de un proceso infeccioso.
2. De este modo, entiendo que el eje principal de la causa se apuntala sobre dos cuestiones a resolver, primero en que si la actuación cumplida por el nosocomio fue la adecuada en términos de asepsia al momento del alumbramiento por cesárea como, con posterioridad, cuando la actora vuelve al hospital con la presencia de una infección en la herida, reprochando que solo se la trato con antibióticos sin realizar otra intervención al efecto.
Y es sobre tales premisas y sobre las evidencias que surjan del derrotero probatorio, es que corresponde analizar la responsabilidad endilgada.
3. Sentado ello, cabe dejar aclarado que el hecho central en el cual se sustenta la pretensión indemnizatoria, ocurrió durante la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, motivo por el cual, la controversia debe resolverse a la luz de las normas contenidas en aquel, lo cual me obliga a dejar de lado el art. 1112 del Código Civil, bajo el cual se venía analizando la responsabilidad estatal (arg. SCBA causa A 70603 "Rolón", sent. del 28/10/15).-
Ahora bien, frente a la encrucijada planteada por los arts. 1764 y 1765 del CCyCN, el primero por cuanto expresamente excluye de su normativa, la responsabilidad del Estado, sea de manera directa o subsidiara, y el segundo -artículo que se impone en la especie-, que exige que la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos por sus hechos y omisiones, deba ser analizada a la luz de las normas y principios de derecho administrativo nacional o local, con más, la no adhesión -a la fecha de este resolutorio- a la ley 26944 por parte de la Pcia. de Buenos Aires y la inexistencia de normativa local que la regule, obligan al suscripto (conf. art 171 CPBA) a buscar un marco legal que sustente jurídicamente la responsabilidad endilgada a la Provincia de Buenos Aires.
En este derrotero, habré de echar mano a los principios constitucionales tales como el principio de igualdad (art. 16 CN), de inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN) y fundamentalmente al principio de "Alterum non laedere" (Art. 19 CN) en vista de que resultan conciliables con los preceptos propios del derecho público.
De este principio no se encuentra marginado el Estado, persona ética por excelencia y creadora primaria del derecho. No podemos asumir ni siquiera por vía de hipótesis una conclusión contraria."(v.Mertehikián, Eduardo "La Responsabilidad Pública", 1ª. ed., Buenos Aires, 2006, e-Book. ISBN 987-05-1256-9, pág. 23 y sus citas). De tal forma, es la violación a este principio de "alterum non laedere" la que impone la obligación de reparar el daño causado ya sea por acción u omisión. Ahora bien, esta obligación que ha de soportar el Estado, requiere que el daño sea jurídicamente imputable a la administración y para ello es necesario que el daño sea consecuencia de la actividad de la administración (lícita o ilícita) o sea encontrar un vínculo entre el daño y la actividad estatal, y esta relación causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.
A su vez, en cuanto a la materia debatida, debo recordar que existe la obligación de la entidad hospitalaria de prestar asistencia médica, la cual lleva implícita una obligación de seguridad de carácter general y accesoria contra los daños que puedan originarse en la prestación del servicio, siendo responsable dicha entidad no sólo de que el servicio se preste, sino de que se lo haga en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación debida.
Creo oportuno precisar entonces, que los hechos reprochados a la entidad pública demandada, se enmarcan en la responsabilidad del Estado por la obligación de prestar el servicio en condiciones adecuadas para el fin destinado -brindar atención médica a la población-, siendo responsable en el caso por una ejecución irregular. -
El Máximo Tribunal Provincial, ha reafirmado su doctrina que sostiene que quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (causa C.97.827, "Leiva, Cristina Graciela y otro contra Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y otro. Daños y perjuicios", sent. del 9 de junio de 2010).-
Cabe también resaltar que, como lo ha sostenido el citado Tribunal, la pretensión de ser indemnizado por falta de servicio imputable al Estado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, no bastando hacer una mera referencia a hechos o actos, sin calificarlos singularmente, explicando su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios (C.S.J.N., in re "Román S. A. c/ Estado nacional. Ministerio de Educación y Justicia", sent. del 13X1994, en "La Ley" del 5V1995, cit. por Lorenzetti, Ricardo; "La empresa médica", RubinzalCulzoni, 1998, pág. 353).-
4. Por lo tanto, la organización por parte del Estado provincial de la prestación de un servicio de salud a la sociedad, tanto en aspectos preventivos y asistenciales como terapéuticos, entraña un deber de seguridad a su cargo, que si bien no se halla dirigido a garantizar el resultado satisfactorio de la práctica galénica en particular, importa la obligación de puesta en práctica de prevenciones destinadas a preservar la integridad física del enfermo.-
Ahora bien, frente a los supuestos específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto actuar u omitir estatal contrario a una específica obligación derivada del servicio o función pública comprometidos, no corresponde hacer una generalización sobre su pretendida inclusión como obligaciones de resultado dentro del citado deber de seguridad del ente prestador del servicio, sino que deben examinarse las circunstancias que cada caso presenta (arg. arts. 1724, 1764,1765,, 1758 y concs., Cód. Civil y Comercial de la Nación).-
En suma, el análisis jurídico correspondiente a la determinación del factor de imputación o atribución de responsabilidad que cabe asignar al hospital, frente a posibles eventos en los que el paciente alega haber contraído durante su estancia en el mismo una infección intrahospitalaria -como en el caso bajo examen-, debe necesariamente atender a las circunstancias de cada caso, la causa y génesis de la sepsis, las características del factor agente, el modo de infección del paciente, el obrar u omitir de los médicos, asistentes o el propio establecimiento en la prestación del servicio de salud (SCBA, C 97827 S 9-6-2010 "L.,C.G.y.o. c/ S.M.d.C.S.y.o. s/ Daños y perjuicios").-
En tal entendimiento, las infecciones intrahospitalarias serán generadoras de responsabilidad del daño padecido por el paciente, solo cuando se crean las condiciones propicias para su propagación o cuando no se toman las medidas sanitarias que la técnica médica ha desarrollado para su control necesario, aún cuando esas técnicas no hayan alcanzado una total erradicación de infecciones, lo cual es público y notorio (CC0002 SM 40002 RSD-66-4 S 11-3-2004 "García, Francisca Irma c/ Hospital Zonal General de Agudos General
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