Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77221
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.221 “GALLO MIRTA SUSANA C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTROS S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda deducida por la señora Mirta Susana Gallo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por la que perseguía el resarcimiento por los daños y perjuicios que alega haber padecido a raíz de la muerte de su conviviente, el señor Gustavo Di Loreto, ocurrida el día 29 de noviembre de 2010 en el Hospital "Evita Pueblo" de la localidad de Berazategui (v. resolución de fecha 8-X-2020).
Para resolver de ese modo, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada adelantó que no encontraba configurada en el recurso incoado una crítica concreta y razonada que pudiera desvirtuar los argumentos expuestos por el magistrado de grado.
Luego, expresó que no se había logrado acreditar el obrar negligente de los profesionales médicos intervinientes de la empresa Emeca SA ni del hospital al cual algunos de ellos reportaban como agentes. Puntualizó que, en ese sentido, el juez realizó un detalle de los distintos elementos probatorios acompañados que permitieron demostrar la inexistencia de la impericia acusada.
Agregó que no era de recibo el agravio vinculado con el desconocimiento de la prueba documental -historia clínica- en la que habrían incurrido los peritos y consecuentemente el magistrado en tanto éste, al ponderar la prueba pericial y compartir sus conclusiones, refería expresamente que ella había evaluado la historia clínica.
Tampoco admitió la a quo la queja que apuntaba a un error de diagnóstico y de tratamiento en el obrar de los profesionales, en tanto entendió que de la prueba testimonial surgían elementos que contradecían la pericial médica, rechazando de ese modo el intento de la demandante de otorgarle a la única declaración testimonial un valor preeminente que demostrara un desacierto en la decisión.
Por último, rechazó el agravio dirigido a la valoración de la prueba pericial, en tanto encontró que se trataba de una reiteración de la impugnación efectuada al informe de los expertos que fue luego contestada por éstos y valorada por el magistrado en la sentencia.
Resaltó además que los informes periciales citados fueron concluyentes en cuanto a que el obrar médico de los profesionales demandados resultó acorde a las circunstancias y síntomas que evidenciaba el paciente al momento de todas las intervenciones, coincidiendo también en punto a la omisión de información por parte del señor Di Loreto de sus patologías antecedentes -que lo hubiesen incluido en un grupo de riesgo-, lo que hubiera permitido a los profesionales intervinientes contar con más elementos de juicio para efectuar otros diagnósticos.
II. Frente a ello, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado conculca lo establecido por los arts. 3, 5 y 37 de la ley 24.240, a la vez que incurre en absurdo en la valoración de la prueba y desoye cierta doctrina legal de esta Corte que menciona (v. presentación electrónica de fecha 15-XII-2020 a las 12:15:14).
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, debe ser precisa, concreta, directa y eficaz la réplica de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; A. 76.786, "Balbuena", resol. de 15-VII-2021; entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que la solución dada por el Tribunal de Alzada violenta normas de orden público contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) no pasan de expresar un criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente, en cuanto a la clara manifestación del paciente sobre sus antecedentes médicos al ingresar al nosocomio y la violación del deber de doble diagnóstico por parte de los profesionales, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 76.572, "Contreras", resol. de 31-V-2021).
Tal agravio no se configura con la simple diferencia de criterios, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
En tal marco, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión sobre cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018; A. 75.870, "Pontecorvo", resol. de 23-X-2019; A. 76.877, "Dimena", resol. de 19-VIII-2021; entre tantas).
IV.3. A su vez, en punto a la vulneración de los arts. 3, 5, 37 y concs. de la ley 24.240 que invoca la recurrente, no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018) tal como acontece en la especie.
IV.4. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de la doctrina legal que cita.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados –como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren de los que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, entre muchas otras).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2021 17:58:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 22:40:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 09:03:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 19:44:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2021 07:24:46 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2021 07:30:11 hs. bajo el número RR-783-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia