Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.214, "Gómez, María Teresa contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión indemnizatoria - Otros juicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la parte actora y acogió el interpuesto por la Fiscalía de Estado. Revocó el pronunciamiento atacado que había hecho lugar a la pretensión indemnizatoria entablada por la actora, por derecho propio y en representación de sus hijos menores -actualmente mayores de edad-, a efectos de obtener una reparación por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor Sergio Alberto Gattolin, esposo y padre de los demandantes, ocurrido el día 2 de noviembre de 2008 al sufrir un accidente mientras circulaba en su motocicleta por la ruta provincial n° 6 a la altura del kilómetro 4,5. Desestimó así la demanda articulada, con costas en ambas instancias a la reclamante (v. fs. 317/324 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 328/343 vta.) -al cual adhirió la señora asesora de incapaces (v. fs. 347 y vta.)-, el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 345/346).
Oído el señor Procurador General (v. escrito electrónico del día 24 de junio de 2021, 02:31:46 hs.), dictada la providencia de autos para resolver (proveído del día 28 de junio de 2021, 11:49:34 hs.), agregado el memorial de la demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la pretensión indemnizatoria promovida contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar a la actora la suma de dos millones seiscientos cincuenta mil seiscientos pesos ($2.650.600), con más intereses, por los daños que aquella alegó haber padecido.
Estimó en los considerandos 2° y 3° de la sentencia que, en virtud de la prueba reunida en los autos, quedó acreditado el mal estado de conservación -que reputó de público y notorio- y la deficiente señalización del desvío existente en la ruta provincial n° 6 por donde circulaba el señor Gattolin al momento del accidente, teniendo por probado que dichas condiciones llevaron a crear un riesgo para él y, en ese aspecto, surgía manifiesta la responsabilidad del Estado por omitir un deber de cuidado.
Sostuvo que concurrían en este supuesto todos los elementos generadores de la responsabilidad estatal, esto es: la ilicitud administrativa basada en una conducta omisiva, el daño ocasionado a un tercero y la relación de causalidad entre la abstención y el efecto dañoso como consecuencia del obrar antijurídico por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, estimando seguidamente los rubros indemnizatorios.
II. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y desestimó la pretensión articulada, con costas en ambas instancias a la actora.
Para así decidir, consideró que de los elementos probatorios relevantes (v. IPP 06-00-035007-08; expte. n° 5100-30359/13; expte. n° 2410-8-844/11 y alc. 1 -fs. 105/123- e informe pericial de ingeniero mecánico -fs. 233/236-) se advertía que en el devenir de las actuaciones la parte actora no había logrado acreditar de manera fehaciente cuál fue el factor desencadenante del accidente, carga que le pesaba de acuerdo con la regla del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Señaló con relación al informe acompañado por la parte actora confeccionado por el licenciado en criminalística Fauroux (v. fs. 8/18), que a pesar de haber sido ordenado por el señor juez a quo , la audiencia en la que el nombrado declaró en calidad de testigo se tomó sin haber notificado previamente a la Fiscalía de Estado, circunstancia que impidió el control del medio probatorio.
Más allá de eso, a partir de una valoración integral de la prueba incorporada al proceso, concluyó que no era razonable deducir que el accidente obedeciera a una falta de servicio atribuible a la demandada, razón por la cual la sentencia de primera instancia que le endilgó la responsabilidad por el fallecimiento del señor Gattolin a la Provincia de Buenos Aires exhibía un error de juzgamiento que habilitaba su revocación.
III. Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Alega que la sentencia recurrida viola los arts. 901, 1.068, 1.074, 1.109, 1.111 y 1.113 del Código Civil -vigente al momento de los hechos-; 163 inc. 5, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 77 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y la Ley de Tránsito 24.449.
III.2. Sostiene que el tribunal apelado también ha inobservado la doctrina legal que emana de precedentes de esta Suprema Corte, entre ellos los identificados como causas Ac. 44.440, "Pérez", sentencia de 22-XII-1992 y Ac. 73.526, "Vargas", sentencia de 23-II-2000.
III.3.a. Entiende, por otra parte, que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo en cuanto a la determinación de los elementos que condujeron a rechazar la demanda, con apartamiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, resultando la decisión, por tanto, arbitraria e irrazonable.
Manifiesta que la Cámara incurrió en semejante vicio al desinterpretar y "recortar" arbitrariamente la prueba pericial, restándole entidad a diversos pasajes cruciales de la misma y haciendo un análisis parcial, sin justificación alguna.
III.3.b. Argumenta que si bien del expediente administrativo n° 5100-30359/13 surge que el tramo donde sucedió el accidente se encontraba recepcionado por la Dirección de Vialidad, del mismo se colige que el proyecto no estaba terminado. Dice que la finalidad de la obra sobre la ruta provincial n° 6 era transformarla en una autovía con dos calzadas separadas, una para cada sentido de tránsito, delimitadas por un cantero central. Y eso no estaba concluido al momento del siniestro.
Señala que el punto 1 del dictamen pericial oficial elaborado por el perito Gallardo revela que a la fecha de su evaluación se construyó el tramo que continuaba recto, por lo que el desvío se encontraba en ese momento anulado, habiéndose colocado tambores que impiden tomarlo. Asegura que la proyección de la nueva construcción que se extendía en forma rectilínea aproximadamente cien (100) metros, según el referido punto de pericia, contados desde donde comienza la primera curva de sentido antihorario, es lo que da lugar a la confusión en cuanto a su trazado y genera la denominada "trampa óptica".
Afirma que es absurdo concluir que no se logró demostrar en qué consistió concretamente la "deficiente señalización", por cuanto quedó acreditado que las señales existentes no respondían a las especificaciones establecidas por la normativa de tránsito, transformando el desvío en un lugar peligroso.
Está convencida de que el deceso de la víctima se hubiese evitado de haberse colocado al final de la ruta interrumpida las vallas contempladas en el art. 41 del decreto reglamentario de la ley 24.449, con uno, dos y hasta tres elementos horizontales con franjas alternadas blancas y naranjas.
III.3.c. Expone, por último, que el absurdo del pronunciamiento impugnado también se presenta cuando considera que "...el desnivel entre la banquina respecto del pavimento no cuenta con entidad suficiente para constituirse en un elemento de convicción que permita colegir la responsabilidad de la Provincia por el hecho de autos", ya que precisamente -remarca- fue la falta de reparación del descalce una de las omisiones del Estado que causaron el daño.
Formula reserva del caso federal.
IV. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
IV.1. Básicamente se discute el modo en que el a quo valoró la prueba rendida, lo que sitúa a la apelación extraordinaria en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio.
Al respecto, cabe recordar que para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer de manera paralela la propia valoración de la prueba, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se controvierten son el producto de una ponderación irrisoria. Por ende, dicho vicio no se configura ante cualquier error, ni siquiera ante la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable, requiriéndose un grave desvío lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación de alguna prueba (doctr. causas A. 75.010, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 6-XII-2019; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; A. 76.040, "Rossi", sent. de 26-XI-2021; e.o.).
IV.2. Para arribar a la solución, la Cámara examinó con detalle los elementos probados en la causa y su gravitación en la producción del evento luctuoso:
IV.2.a. Destacó que a pesar de que el perito ingeniero mecánico manifestó que la zona del accidente se encontraba en construcción -extrayendo de esa premisa que las señales existentes no respondían a las especificaciones establecidas por la Ley de Tránsito y su decreto reglamentario-, tal circunstancia se contraponía con las constancias de la investigación penal y lo expuesto por la Dirección de Vialidad, al informar en múltiples oportunidades que la ruta provincial n° 6 no estaba en obra al momento del accidente (v. pto. III.4.; expte. n° 5100-30359/13 y fotografías tomadas en la fecha del hecho agregadas a la IPP 06-00-035007-08).
IV.2.b. Añadió que los elementos probatorios analizados daban cuenta de que el desvío hacia la ruta provincial n° 6 se encontraba señalizado con tres carteles que lo anticipaban (v. constancias cits. y pericia mecánica, fs. 233, respuesta 1).
IV.2.c. Expuso que el suceso no fue presenciado por ningún otro testigo más que por el señor Cañizo, quien visualizó al señor Gattolin y su rodado cuando ya se encontraban suspendidos en el aire.
IV.2.d. Puntualizó que la causa penal fue archivada luego de que el técnico superior en accidentología vial informara la posibilidad de que el conductor despistara al no obtener un radio de giro adecuado y el señor fiscal a cargo de la investigación considerara que el suceso "...acontece por la probable falta de dominio efectivo del conductor víctima del motovehículo involucrado".
IV.2.e. Reputó que en ese marco cobraba especial relevancia el análisis de la experticia confeccionada por el ingeniero mecánico Gallardo, respecto de la cual se destacaba la respuesta al punto 17 donde, sobre la base de la documentación agregada al expediente y la investigación penal, el perito consideró factible que el accidente se produjera mientras el señor Gattolin conducía su motocicleta por la ruta provincial n° 6, oportunidad en que se encontró con una bifurcación a la altura del kilómetro 4,5 y "...ante la aparición del mencionado desvío y por causas que se desconocen fehacientemente [...] pierde el control de la moto comenzando una serie de golpes sobre el préstamo de tierra existente en la zona...".
Estimó que las referencias del experto a ciertas condiciones de la ruta que "...podrían haber llegado a incidir en la producción del accidente de marras" ( i.e., el desnivel entre la banquina respecto del pavimento), no contaban con entidad suficiente para constituirse en un elemento de convicción que permita colegir la responsabilidad de la Provincia por el hecho dañoso.
IV.3. De la pieza recursiva surge que la argumentación de la recurrente se dirige a cuestionar la valoración de las pruebas producidas, realizando una interpretación distinta a la efectuada por el Tribunal de Alzada, pero sin que ese reproche demuestre un error palmario y fundamental, único supuesto en el cual esta Corte podría analizar cuestiones que, por regla y como se adelantó, resultan ajenas a la principal función casatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad.
En el caso no se ha logrado demostrar el yerro grave que se denuncia acerca de la interpretación del material probatorio, en tanto que las argumentaciones vertidas -referidas a la ponderación de la prueba pericial, a la deficiente señalización o al estado del desnivel entre la banquina y el pavimento- no alcanzan a desvirtuar las conclusiones a las que arribara el a quo a partir de una lectura completa e integral tanto de la pericia como de las demás pruebas rendidas en la causa, que lo llevaron a desconocer la existencia de un nexo causal entre las condiciones de la ruta provincial n° 6 al momento del acontecimiento y el daño cuya reparación se persigue.
Si bien la recurrente persiste en atribuirle absurdidad a la decisión impugnada, sus críticas no pasan de ser una mera confrontación personal de los motivos dados por los señores jueces de la instancia anterior.
Se insiste: la mera discrepancia con las decisiones del tribunal de grado dista de configurar el supuesto excepcional de absurdo que da lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reproche cuya admisión solo procede cuando media cabal demostración de su existencia (conf. causas C. 111.122, "Castaño", sent. de 7-V-2014; C. 117.326, "Santos", sent. de 6-VIII-2014; C. 118.220, "Salas", sent. de 8-IV-2015; A. 73.267, "Gazzia", sent. de 15-VIII-2018; A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019 y A. 74.531, "Mossi", sent. de 8-VI-2020).
IV.4. En otro orden, tampoco es de recibo la denunciada violación de la doctrina legal que se indica en el punto VII de la pieza recursiva.
Es que para ello no basta simplemente con individualizar un precedente y transcribir un sumario para sustentar un reclamo en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Como se ha resuelto, debe indicarse concretamente la doctrina que se dice violada y señalarse los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar aquí -de modo tal de poder determinar si son parangonables-, debiéndose además incluir en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resultare conculcada por el tribunal de apelación (conf. causas A. 72.789, "Masiriz", sent. de 29-VIII-2017; A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018; A. 74.170, "Albarengo", sent. de 28-XI-2018; A. 74.288, "Paredi", sent. de 3-V-2018; A. 75.277, "Albanese", sent. de 25-V-2019; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.). Carga esta última no abastecida por la interesada, lo que conduce a repeler este segmento de la protesta.
IV.5. Igual suerte adversa corre la invocada violación de los arts. 901, 1.068, 1.074, 1.109, 1.111 y 1.113 del Código Civil; 163 inc. 5, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 77 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y la ley 24.449.
Quien afirma que un pronunciamiento viola determinadas disposiciones no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. causas A. 70.126, "Properi", sent. de 23-XII-2013; A. 73.473, "Gómez", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
Por eso esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se desarrolla cabalmente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. causas A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.807, "Méndez", sent. de 5-IV-2017; A. 72.831, "Abadie", sent. de 6-XII-2017; A. 74.623, "Provenzano", sent. de 21-XI-2018; A. 73.594, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-V-2019; A. 74.125, "Colectivo de Acción Civil", sent. de 17-X-2018; e.o.).
Bajo tales premisas, la pieza recursiva se limita a enumerar una serie de preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada, alegando su vulneración, pero sin explicar cómo y de qué forma ello se produjo, ni expresa cuál es la vinculación que aquellas normas tendrían con el agravio aquí expuesto.
V. Por los motivos expuestos, no habiéndose demostrado absurdo en la ponderación de las constancias de la causa, ni la violación de la doctrina o de las normas legales denunciadas, en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto. Con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2022 10:22:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:18:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2022 17:46:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2022 22:32:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 13:50:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 14:22:09 hs. bajo el número RS-40-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia