Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.76.886 “GALLO PAOLA SUSANA C/ FERNANDEZ JOSE LUIS Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, de ese modo, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido en parte la demanda deducida por la señora Paola Susana Gallo contra José Luis Fernández y la Municipalidad de Chacabuco, por la que reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasionara un accidente sufrido el 28-V-2012 cuando circulaba a bordo de su motocicleta y colisionó contra un montículo de basura ubicado frente al inmueble propiedad del codemandado Fernández.
Para decidir de este modo, el Tribunal de Alzada señaló que el agravio actoral se circunscribía al rechazo por el juez de grado de la atribución de responsabilidad a la comuna, quedando fuera de debate toda otra cuestión de hecho ya resuelta en la instancia anterior.
Según el criterio que venía sosteniendo, dijo que el mantenimiento y señalización adecuada de la vía pública constituye un deber de los municipios en su tarea de velar por la seguridad de todos aquellos que transiten en su jurisdicción, recordando que de acuerdo a lo establecido tanto por el Código Civil -en su art. 2340, inc. 7- como por el artículo 225 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el patrimonio comunal se integra con las calles que son bienes del dominio público municipal.
Sentado ello, entendió que el presente caso se encuadraba en las previsiones de los arts. 1112 y 1113 del citado código, en tanto el hecho que lo originaba tuvo lugar en una arteria municipal que se constituyó en cosa riesgosa por la presencia de escombros sobre uno de sus laterales, siendo en principio responsable el ente público en su carácter de dueño o guardián de aquélla.
Agregó que aquel montículo, que resulta ser un elemento inerte, eventualmente puede transformarse en una cosa riesgosa y tener una participación activa en una situación dañosa cuando constituye un obstáculo para la circulación.
Reputó errada la decisión del juzgador de grado en tanto eximió de responsabilidad a la comuna basado en el incumplimiento del frentista respecto a lo establecido en la ordenanza 4384/07 -que reglamenta el depósito de los residuos sólidos urbanos en la calzada frente a las propiedades-, por cuanto estimó que por más que la conducta de aquel codemandado hubiese sido en el modo juzgado, ese traslado de responsabilidad colocaría a la citada ordenanza en un rango de superioridad frente a normas de mayor jerarquía, respecto del tercero damnificado por un hecho generador de daño.
Consideró que la mencionada ordenanza establece un criterio de prohibiciones y sanciones, y reglamenta el proceder permitido a los frentistas, pero sin que ello autorice a sustituir el rol que le cabe a la comuna -y con ello, eximirla de responsabilidad- en su doble papel de titular dominial de la calle en sentido amplio y de prestador primario de los servicios, para cumplir con los cometidos que le son encomendados conforme al sistema institucional.
Luego añadió que, estudiados los elementos probatorios de la causa, quedaba demostrado que ante la antigüedad de los desechos depositados sobre la vía pública correspondía al municipio retirarlos o acreditar que estaba en vías de hacerlo mediante el servicio organizado, en tanto la Administración desplegaba las acciones, a través de la autoridad de aplicación, que dispone la norma local analizada.
En tal entendimiento, concluyó que correspondía admitir el agravio actoral y condenar también a la comuna demandada, aclarando que tal responsabilidad se imponía in solidum para ambos responsables del ilícito, sin perjuicio de las acciones de repetición posteriores que pudieran ejercer entre ellos.
Revocó de ese modo, en lo que aquí interesa, el decisorio de grado (v. resolución de fecha 26-XI-2021).
II. Frente a ello, la municipalidad vencida interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en arbitrariedad en la interpretación y aplicación de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil (ley 340), a la vez que incurre en absurdo en la valoración de la prueba testimonial rendida (v. presentación electrónica de fecha 14-XII-2020 a las 10:27:36).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que la cosa riesgosa generadora del daño fue la presencia del montículo de escombros y no la arteria sobre la cual se produjo el accidente, no pasan de expresar un criterio opuesto en este punto al adoptado por la a quo en su sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos desplegados para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
IV.2. Ello resulta de estricta aplicación más aun cuando, como sucede en el caso, los argumentos de la recurrente -en cuanto a que el único medio probatorio sobre el que basó su decisorio el Tribunal de Alzada fueron las declaraciones de testigos que describieron el acontecimiento dañoso sin haberlo presenciado-, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una absurda valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Tal agravio no se configura con la simple diferencia de criterios, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
En tal marco, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión sobre cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual conforme reiteradamente se ha declarado, trata de una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre otras).
IV.3. En punto a la vulneración de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil (ley 340), la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador, como quedó establecido anteriormente (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/05/2022 10:10:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2022 16:49:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:56:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 12:36:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2022 13:25:40 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/05/2022 13:34:55 hs. bajo el número RR-411-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia