Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76524
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.524, "G., M. A. c/ Servicio Penitenciario provincial s/ Pretensión indemnizatoria - Otros juicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Carral, Budiño.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, redujo la cuantía indemnizatoria dispuesta por el juez de grado respecto del daño patrimonial y el moral. Impuso las costas de la alzada a la parte actora vencida y asimismo desestimó la apelación deducida por el señor Asesor de Incapaces (v. fs. 170/177).
Disconforme con dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/185), el que fue concedido por la Cámara interviniente el 25-VI-2020.
Oído el señor Procurador General (v. escrito electrónico de fecha 14-VIII-2020, 10:43:27 hs.), dictada la providencia de autos para resolver el 24-VIII-2020, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Bahía Blanca admitió parcialmente la pretensión indemnizatoria promovida por M. A. G. en representación de su hijo menor de edad, J. S. S. G., contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, por la irregular prestación del servicio y -así- responsabilizó a la Provincia por la muerte de M. S. S., padre del nombrado, ocurrida el día 2-I-2013 con motivo de una pelea con otro interno, en ocasión de encontrarse alojado en la Unidad Penitenciaria n° 4 de Villa Floresta, sita en la localidad de Bahía Blanca.
Fijó la indemnización en concepto de daño patrimonial en la suma de quinientos mil pesos -$500.000- teniendo en cuenta la prueba rendida en los autos y la edad de J. S. S. G. (dos años y siete meses) al tiempo de la muerte de su padre. Estableció en concepto de daño moral la suma de cuatrocientos mil pesos -$400.000- y meritó para ello el daño sufrido por el menor, las circunstancias personales y la prueba producida en las actuaciones. Adicionó a la condena los intereses que consignó en el fallo.
II.1. Apelado dicho pronunciamiento por la parte demandada y el señor Asesor de Incapaces -habiéndose declarado inadmisible el recurso deducido por la parte actora (v. fs. 158)-, la Cámara de Apelación puntualizó, con relación al monto fijado en concepto de "pérdida de chance" o "valor vida", que lo que debe resarcirse en supuestos como el de autos, es el daño futuro cierto que corresponde a la razonable esperanza, con contenido económico, que constituye para el joven J. S. la vida de un padre muerto a consecuencia de un hecho ilícito, pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de vivir el padre, se hubiera concretado en una ayuda o sostén económico.
En esa línea, consideró que para fijar tal indemnización es menester computar las circunstancias particulares tanto de la víctima como de los damnificados: edad, grado de parentesco, composición del grupo familiar, profesión, ingresos, posición económica y social, expectativa de vida, entre otros aspectos (doctr. CSJN Fallos: 310:2103; 317:1006; 324:2972; 325:1277).
Advirtió que tal método de escrutinio fue, en la especie, el seguido por el sentenciante, por lo que mal puede el señor Asesor de Incapaces postular yerro alguno sobre el punto. Contrariamente a lo que asevera el funcionario apelante, estimó que no es dable pregonar en la especie la aplicación de fórmula matemática alguna en los términos del art. 1.746 del Código Civil y Comercial, pues tal estructura polinómica solo viene impuesta a los efectos de determinar la cuantía indemnizatoria en el marco de otro rubro indemnizatorio diverso al aquí examinado, como resulta ser el de la "incapacidad sobreviniente" y en el que se evalúa la eventual disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables.
Con todo entonces, y como primera conclusión, descartó que pudiera endilgarse al sentenciante defecto o vicio alguno en el método utilizado para determinar y cuantificar el rubro aquí examinado.
Sentado lo anterior, y siguiendo las pautas de análisis propuestas, destacó que: (i) al tiempo de su deceso M. S. tenía veintisiete años de edad; (ii) se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria, sin condena, y a la espera del debate oral y público en el que debería definirse su responsabilidad en el hecho investigado en la IPP 10414-12 que tramitara ante la UFI 12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca y que se instruyera por el delito de "amenazas calificadas, abuso de armas y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil" (v. fs. 46/48, expte. adm. 21200-046070/2013); (iii) el menor J. S. tenía tres años de edad al momento del suceso, lo que torna innegable su necesidad de percibir el aporte del progenitor para su subsistencia y desarrollo personal; (iv) el testigo Lavirgen da cuenta de que con anterioridad al ingreso al penal el occiso realizaba tareas de "changas" obteniendo una suma aproximada de dos mil pesos -$2.000- mensuales (v. fs. 73); (v) el testigo Torres, de manera coincidente con el anterior, asevera que el fallecido realizaba tareas de "changas", "cadetería" y "albañilería", percibiendo por tal tarea mil quinientos pesos -$1.500- mensuales (v. fs. 74) y; (vi) es un hecho incontrovertido que el padre del niño tenía, por sus tareas en el penal, un ingreso mensual de cuatro mil pesos -$4.000-.
En el citado contexto, y valiéndose de los testimonios vertidos en autos, verificó -a diferencia de lo que postula la demandada- la existencia de una potencialidad económica futura del occiso que, aunque sin mayores proyecciones, bien permiten tener por cierto un aporte mínimo a la subsistencia del menor J..
Indicó que no soslayaba el informe médico obrante a fs. 44 del expediente administrativo 21200-046070/2013 y del que surgirían antecedentes de adicciones (alcohol) y anteriores ingresos a establecimientos carcelarios, todo lo cual podría llegar a indicar eventuales dificultades de readaptación social y reinserción en el ámbito laboral del fallecido; ahora bien -sostuvo- este último aspecto no resulta determinante para negar en forma absoluta que, una vez recuperada su libertad (hito temporal que no podría fijarse, puesto que M. S. era un detenido sin condena) bien podría este haberse reinsertado en la sociedad y desarrollado ese oficio de "changarín" que antaño practicaba o, cualquier otra tarea o actividad lucrativa acorde con sus capacidades físicas y de formación.
Así concluyó que los testimonios obrantes a fs. 73 y 74, aunque escuetos, permitían concluir que -previo a la privación de su libertad- el padre del menor trabajaba y aportaba como sostén de la economía de su hogar; si a ello le sumamos su edad -veintisiete años al momento de su deceso-, es dable concluir que se encontraría, una vez recuperada su libertad, objetivamente en condiciones de prestar ayuda a su hijo menor; por lo que -a su juicio- debía reconocerse en favor de J. S. la existencia de una posibilidad de ayuda futura y, por tanto, la procedencia del presente rubro.
En esta inteligencia, ponderó la actividad probatoria desplegada por la parte actora para acreditar los ingresos o, en su caso, la potencialidad económica que pudiera tener el fallecido e indicó que solo ha quedado limitada a dos escuetos testimonios de los que se desprende su ingreso económico en concepto de changas (al momento de su ingreso al penal, esto es, julio de 2012) de hasta dos mil pesos -$2.000-.
Agregó que esos testimonios de fs. 73 y 74, a la vez, darían cuenta de la existencia de otros menores que convivían con J. (hijos de la entonces pareja de M. S.), extremo que válidamente hace suponer que el aporte que pudiera haber efectuado el occiso se hubiera visto acotado o disminuido como consecuencia de la extensión del grupo familiar.
Del mismo modo ponderó que la madre de M. S. también hizo valer (en la causa "Bustamante María del Carmen c/ Servicio Penitenciario s/ Pretensión Indemnizatoria", de trámite ante el juzgado de grado, en la que recayera sentencia con fecha 14-IX-2018) su razonable expectativa basada en la probabilidad de haber percibido ese aporte económico futuro por parte del hijo fallecido, todo lo cual le permite presumir la disminución de la cuantía del aporte que M. S. hubiera podido direccionar para la ayuda de su hijo J. S..
En el contexto relevado, advirtió que la suma de quinientos mil pesos -$500.000- que el sentenciante de grado cuantificó, luce desproporcionada e irrazonable. En su parecer, tomando como norte las pautas del entendimiento humano a las que debe ceñirse todo pronunciamiento judicial (arg. art. 384, CPCC) y sin perjuicio de formar convicción en cuanto a que el fallecimiento del padre frustró la concreta posibilidad de percibir el apoyo económico esperado por el menor, estimó prudente fijar a favor de J. S. una suma indemnizatoria equivalente a la cantidad de ciento setenta y cinco mil pesos -$175.000-, a liquidarse de conformidad con las pautas fijadas en el grado.
II.2. Con relación al daño moral, tuvo en consideración que en la fijación de dicho daño debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, el cual no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este (Fallos: 321:1117; 323:3614; 325:1156; 334:376), sino de compensar, en la medida posible, un daño consumado. En este orden de ideas, señaló que el dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para establecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.
Así las cosas, teniendo en consideración los razonables padecimientos sufridos por el menor como consecuencia del fallecimiento de su padre, estimó prudente -a efecto de ser coherente con la estimación que había efectuado en supuestos análogos, que resultan contemporáneos con el suceso de autos- reducir el monto indemnizatorio fijado y establecerlo en la suma de doscientos mil pesos -$200.000- (cita causas de esa Cámara C-6888-MP2, "Baroncini" , sent. de 21-II-2017; C-7620-MP2, "Saint Bonnet", sent. de 28-XI-2017 y C-7440-MP1 , "Guarino", sent. de 26-VI-2018).
Por ello, estimó que sobre el punto correspondía desestimar la queja vertida por el señor Asesor de Incapaces y admitir la postulada por la Fiscalía de Estado provincial (art. 165, CPCC).
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Impugna la cuantificación de los rubros indemnizatorios, daño material y daño moral, fijados por la Cámara.
III.1. Sostiene, con relación al daño patrimonial, que el tribunal incurrió en absurdo al interpretar las pruebas testimoniales obrantes a fs. 73 y 74, ya que sin fundamentación objetiva y basándose en consideraciones dogmáticas, concluyó afirmando que presumiblemente el causante debería extender la ayuda económica a otros menores convivientes -hijos de la entonces pareja- y que, por tal presunción, correspondía disminuir el aporte económico que pudiera corresponder a su hijo biológico.
Denuncia que, sin ninguna otra fundamentación, reduce considerablemente la indemnización fijada en primera instancia.
Alega, a su vez, que la Cámara violó la doctrina legal de la Suprema Corte, con transcripción de citas de fallos (v. fs. 181 vta.).
Esgrime violados los arts. 165, 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 11, 15 y 171 de la Constitución de la Provincia.
Agrega, por último, que la sentencia descartó la fórmula polinómica, no solo aplicable para incapacidades sobrevinientes, sino también para determinar el valor vida.
III.2. En lo atinente al daño moral, resalta que el Tribunal de Alzada, por el solo hecho de -a su criterio- ser coherente con otros fallos que ponderó similares, decidió reducir en la mitad lo fijado en primera instancia, incurriendo en el vicio de absurdo al no brindar pauta alguna para explicar cuáles fueron los parámetros que en concreto utilizó para cuantificar este caso en particular.
Estima que, al fijar dicho monto, claramente no cumplió con la premisa de una reparación plena e integral.
Formula reserva del caso federal.
IV. Preliminarmente he de advertir que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños por los que reclama la parte actora su indemnización (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
V. El recurso prospera (art. 279, CPCC).
V.1. La Cámara de Apelación entendió, en primer lugar, que correspondía descartar que pudiera endilgarse al sentenciante de grado defecto o vicio alguno en el método utilizado para determinar y cuantificar el rubro "daño patrimonial".
No obstante, destacó la edad de M. S. al tiempo del deceso -veintisiete años-, su circunstancia de detención en la Unidad Penitenciaria -sin condena- por el hecho investigado en la IPP 10414-12 instruida por el delito de amenazas calificadas, abuso de armas y portación ilegítima de armas de fuego de uso civil (v. expte. 21200-046070/2013), que J. S. al momento del suceso tenía solo tres años, las declaraciones testimoniales rendidas en autos y los ingresos que percibía el nombrado por sus tareas en el penal, teniendo por acreditado un aporte mínimo del causante a la subsistencia del menor.
Así, sobre la base de la prueba testimonial (v. fs. 73 y 74), consideró determinante la existencia de otros menores que convivían con el actor (hijos de la entonces pareja de M. S.), lo que le permitió presumir que el aporte que pudiera haber efectuado el occiso a J., se hubiera visto acotado o disminuido como consecuencia de la extensión del grupo familiar.
Asimismo, para disminuir el monto del rubro "daño patrimonial", meritó también que la madre del detenido fallecido hizo valer en la causa "Bustamante, María del Carmen c/ Servicio Penitenciario s/ Pretensión indemnizatoria" su razonable expectativa basada en la probabilidad de haber percibido ese aporte económico futuro por parte del hijo fallecido, lo cual autorizaba a presumir la disminución de la cuantía del aporte que M. S. hubiera podido direccionar para la ayuda del menor accionante.
Sobre la base de todo lo expuesto, dejó sin efecto la cuantificación efectuada por el juez de primera instancia en la suma de quinientos mil pesos -$500.000-, y determinó que la misma debía reducirse a la suma de ciento setenta y cinco mil pesos -$175.000-.
Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora señalando el absurdo en la interpretación de la prueba producida en autos. Señala, en ese sentido, que la Cámara concluyó dogmáticamente que el causante no solo debía sostener económicamente a su hijo, sino que presumiblemente sostenía a los hijos de su mujer que vivían con ellos y que, por tanto, el ingreso del menor sería posiblemente compartido.
Tal como ha sido denunciado por la recurrente, las conclusiones a las que arriba el Tribunal de Alzada no lucen ajustadas a los extremos requeridos para la cuantificación de la reparación integral debida al menor.
En esa inteligencia, esta Suprema Corte ha reseñado que, al tiempo de determinar prudencialmente el monto indemnizatorio, todo tribunal debe suministrar los elementos necesarios que permitan deducir las razones que mediaron para que arribara a dicha suma dineraria y no a otra. Es decir, que ha de explicitarse de qué manera las pautas que se mencionan en las consideraciones del pronunciamiento han incidido en la ulterior determinación.
Pues bien, en la presente causa, obra la cita de determinados elementos computables, más la referencia a ellos ha tenido lugar de un modo solamente descriptivo, omitiendo ponderarlos efectiva y circunstanciadamente, lo que permite concluir en que no surgen de la fundamentación de la sentencia recurrida los datos indispensables para reconstruir el cálculo indemnizatorio eventualmente realizado por la magistratura.
En el caso, esa simple enumeración suministra una motivación solo aparente. Al respecto esta Suprema Corte señaló que para fijar el monto del resarcimiento no basta con mencionar las pautas que se tuvieron en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarlas e interrelacionarlas puesto que apreciar significa evaluar y comparar para decidir, proporcionando los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo (conf. causa C. 95.167, sent. de 5-XII-2012) y que contempla una reparación integral y plena, situación que -entiendo- no acontece en la especie.
Máxime si se repara en que, en el caso de autos, dichos extremos son utilizados para reducir casi a un tercio ($175.000) la indemnización establecida por el juez de primera instancia respecto del rubro "daño patrimonial" debida a un menor que se vio privado de su padre (v. sent. de primera instancia donde se determina el monto de $500.000).
Conforme lo expuesto, el examen completo de las consideraciones obradas por el sentenciante, permiten sostener que la reducción del rubro bajo análisis no cumple con la carga de debida fundamentación, lo que vulnera el principio de reparación integral y plena, como igualmente el deber de no dañar a otro contenido en el art. 19 de la Constitución nacional y el sistema de los arts. 1.068, 1.069, 1.074, 1.083, 1.084, 1.085, 1.109, 1.112, 1.113 y afines del Código Civil.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado en materia de reparación de daños (arts. 19 y sigs., Cód. Civ. y Com. y 1 apdo. 2, CADH) que "...tanto el derecho a una reparación integral como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22, de la Constitución nacional (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4, 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335:2333)" (CSJN causa O.85.L "Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros s/accidente - inc. y cas.", sent. de 10-VIII-2017, cons. 4°). También precisó en esa oportunidad que "...el principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la Constitución nacional", y que "...dicha reparación no se logra si el resarcimiento -producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces- resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (Fallos: 314:729, considerando 40; 316:1949, considerando 4 y 335:2333; entre otros)" (íd.).
Lo hasta aquí señalado resulta suficiente para dejar sin efecto esta parcela de la sentencia impugnada, no siendo por tanto necesario tratar los restantes agravios traídos por la recurrente.
V.2. Asimismo, considero que también prospera el agravio vinculado con la reducción del daño moral dispuesta por el Tribunal de Alzada.
Al respecto cabe recordar que conforme tiene dicho este Tribunal el reconocimiento y cuantía del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha ex
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