Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78518
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.518 “S. N. C. Y OTRO/A C/ HOSPITAL MATERNO INFANTIL R. PEDRO CHUTRO Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar parcialmente a los recursos incoados por ambas partes del proceso, modificando la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar en parte a la demanda promovida por N. C. S. y J. C. N. por derecho propio y en representación de su hija menor de edad N. A. N. S., contra el Hospital Materno Infantil "R. Pedro Chutro" de la Municipalidad de Merlo, en razón de los daños y perjuicios padecidos por la mencionada niña a raíz de la mala praxis médica que sufrió a pocas horas de su nacimiento en el citado nosocomio.
El Tribunal de Alzada comenzó por señalar que la jueza de la instancia anterior había acogido parcialmente la demanda, condenando a la Municipalidad de Merlo a abonar a la menor en concepto de daño físico la suma de $ 2.227.871,61 y en concepto de daño moral la suma de $ 400.000. Por su parte, había reconocido respecto a la progenitora la suma de $ 21.504 en concepto de tratamiento psicológico, con más la suma de $ 200.000 en concepto de daño moral reconocido en forma individual a cada uno de los padres de la niña. Asimismo, admitió parcialmente la demanda respecto los gastos de medicamentos y movilidad a ambos progenitores disponiendo el pago único de $ 20.000. Todas estas sumas -a excepción del tratamiento psicológico de la madre de la menor– con más un interés del 6 % anual desde la fecha del evento dañoso y a partir de esta con más la tasa de interés pasiva digital hasta la fecha del efectivo pago de acuerdo a la doctrina de este Tribunal (causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" sents. de 21-X-2009).
Sentado ello y frente a los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, en lo que aquí interesa por ser materia de agravios, la Cámara interviniente confirmó la indemnización reconocida a la menor por parte de la juzgadora de grado en concepto de daño moral. Ello en tanto recordó que tal rubro se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito, encontrando su cauce legal en los arts. 1738 y 1741 del Código Civil y Comercial siendo su carácter resarcitorio y no sancionatorio.
Para así decidir, ponderó los padecimientos sufridos por la menor desde su nacimiento, quien transitó una experiencia traumática consistente en la amputación de casi todas las falanges de su mano izquierda a consecuencia de un fallido tratamiento médico, generando tal accionar una incapacidad física de carácter parcial y permanente que evidencia los sufrimientos e incomodidades soportados por la niña, los que se suman a la repercusión que tienen y tendrán en el normal desarrollo de su vida diaria a partir de aquel momento.
Evaluando tales elementos a la luz del resto de las constancias probatorias presentadas y que la cuantificación económica fijada por la magistrada reflejaba adecuadamente los sufrimientos espirituales que a la víctima debió haberle provocado el evento dañoso, consideró que correspondía rechazar las críticas formuladas por las partes en sus remedios confirmando en este punto el decisorio atacado.
Seguidamente rechazó los agravios dirigidos a cuestionar la indemnización reconocida por el mismo rubro a cada uno de los padres de la menor, confirmándola en la suma de $200.000.
Por otra parte, con relación a la coactora S., expresó que no encontraba óbice para conceder a su vez una reparación frente al daño psicológico sufrido, ello por cuanto distinguió que tanto este como el daño moral constituyen rubros autónomos que obedecen a una distinta naturaleza de afecciones que no impiden que ambos puedan coexistir.
Así, distinguió al daño moral como el padecimiento que implica una modificación disvaliosa en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir de una persona, que se induce de un modo de estar diferente de aquel al que se encontraba antes del hecho dañoso.
Dijo, en cambio, que el daño psicológico implica un matiz patológico que se asienta en la subjetividad de la persona, trascendiendo en su comportamiento y actitudes, siendo su constatación detectable a través de los estudios científicos correspondientes.
Sentado ello, en tanto el rubro daño y tratamiento psicológico había sido cuestionado por ambas partes, estimó pertinente reseñar lo dictaminado por los expertos sobre el punto, destacando que la labor pericial resulta ser el medio probatorio fundamental para formar convicción.
En ese sentido, analizó lo dictaminado respecto a la progenitora de la actora, N. C. S., para la cual se determinó que era necesario realizar un tratamiento psicológico por el término de 6 meses con una frecuencia semanal, a fin de evitar el agravamiento de la sintomatología detectada, la cual consistía en una neurosis fóbica reactiva a los hechos de la litis de carácter leve y permanente, que acorde al baremo de Castex & Silva se estableció en un 10%, no resultando incompatible con el tratamiento aconsejado.
A ello agregó que la demandada recurrente no formuló un cuestionamiento fundado al respecto, limitándose a esbozar su disconformidad con los montos indemnizatorios reconocidos y criticar la autonomía entre los rubros daño moral y psicológico.
En razón de lo expuesto, consideró que correspondía rechazar el agravio de la demandada y hacer lugar al esbozado por la actora, revocando la sentencia de grado en cuanto desestimó el daño psicológico mencionado y reconocerlo en la suma de $ 200.000.
A ese monto entendió que, conforme el análisis efectuado, correspondía agregar el importe del tratamiento psicológico recomendado, el que, de acuerdo a la extensión aconsejada, su modalidad semanal y los valores de aranceles profesionales mínimos vigentes a la fecha de esa sentencia, era prudente elevar a la suma de $25.200.
Modificó en esos términos por los rubros mencionados el decisorio apelado (v. sent. de fecha 30-IX-2022).
II. Frente a ello, la demandada vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en vicios graves al afectar su derecho de defensa y quedando la comuna como parte en el proceso, en detrimento de su patrimonio.
Así denuncia conculcados los arts. 17, 18, 19, 75 inc. 32 de la Constitución nacional; 1, 2, 9, 22 y ccs. de la ley 13.928; 20 inc. 2 de la Constitución provincial; 22, 23 y ccs. de la ley 12.008 y 195, 230 y ccs. del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 78.088, "Uzcudum", resol. de 7-XII-2022).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras).
En tal sentido, se evidencia que la mención al reconocimiento del daño moral padecido por la menor y los argumentos esbozados respecto a que las lesiones psicológicas sufridas por la señora S. no son consecuencia del evento acaecido sino propios y preexistentes, no pasan de expresar un criterio divergente y reiteratorio de lo expresado en el decisorio impugnado sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos que fueron dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
No es ocioso destacar que los agravios indicados, planteados nuevamente en esta instancia extraordinaria, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016). Como así también, aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; A. 75.754, "Ríos", resol. de 11-XII-2019; A. 76.300, "La Biznaga", resol. de 11-III-2020; A. 78.169, "Godoy", resol. de 2-III-2023, entre otras).
Particularmente, ha dicho también esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (doctr. causas A. 73.816, "Moyano Walker", sent. de 21-II-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018).
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente -más que evidenciar un yerro de índole normativa- se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca valoración de la prueba agregada a la causa, labor que es privativa de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
IV.3. Asimismo deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017; A. 76.796, "Savva", resol. de 27-V-2021, entre otras).
IV.4. Por último, deviene también insuficiente el tópico vinculado con el principio de congruencia, en tanto no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del juzgador del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que formó el contenido de la controversia (doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017, A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 16:17:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:28:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:45:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:23:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 17:22:50 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/08/2023 17:27:57 hs. bajo el número RR-780-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia