Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79143
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.143, "Fernández, Lidia Martina y otro c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión indemnizatoria -otros juicios- Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores Raimundo Miguel Pedro Fernández y Lidia Martina Fernández. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda indemnizatoria interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 21-XII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-II-2022), remedio procesal que fuera concedido solo respecto del coactor Raimundo Miguel Pedro Fernández (v. resol. de fecha 28-XI-2023).
Dictada la providencia de autos para resolver con fecha 18-IV-2024, presentada la memoria de la parte demandada con fecha 6-V-2024 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los actores iniciaron demanda contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando una indemnización equivalente al valor de venta de la totalidad de su campo denominado "Don Juancho" ubicado en el partido de Trenque Lauquen, en caso de no haber existido la inundación del que fue objeto —así lo denuncian— a raíz de la realización de obras hidráulicas por la demandada, con el consiguiente traspaso de su dominio a la Provincia de Buenos Aires.
Fundaron tal petición con base en el precedente Fallos: 326:640 resuelto por la Corte federal respecto del predio vecino "La Nevada".
Precisaron que en dicha oportunidad el Máximo Tribunal federal estableció que, cuando la recuperación del campo insumía un lapso tan prolongado que tornara ilusorio su aprovechamiento económico afectando el derecho de propiedad, correspondía indemnizar su valor real con la correlativa trasmisión del dominio a la Provincia de Buenos Aires.
Pusieron de resalto que —previo a iniciar el presente proceso— habían promovido sucesivos juicios por indemnización del lucro cesante derivado de la imposibilidad de explotar su propiedad, habiéndose en todos ellos condenado a la Provincia de Buenos Aires al pago de las ganancias dejadas de percibir por campañas anuales a partir del 1-III-1987 y hasta el período 2004.
Finalmente, y con independencia de esos reclamos, demandaron un pronunciamiento análogo al adoptado por la Corte federal en el caso antes citado.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la demanda.
Para así decidir, el juez de grado efectuó un repaso de las características de la zona y las constancias probatorias reunidas.
En tal faena, se explayó sobre la incidencia de las obras hidráulicas realizadas por la Provincia de Buenos Aires en la zona donde se encuentra ubicada la propiedad objeto de autos (complejo lagunar "Hinojo-Las Tunas").
Ponderó los dictámenes periciales producidos, haciendo hincapié en la probable irrecuperabilidad del campo pronosticada por los expertos a los fines de su aprovechamiento económico.
Calificó la pretensión de autos como idéntica a la planteada ante el juzgado a su cargo en el caso "Moore de Terrero" y, sin perjuicio de encuadrar el caso en el ámbito de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, entendió que la demanda no podía tener acogida favorable, ello con base, por un lado, en que la Cámara había denegado similar planteo con fundamento en que no existía norma legal que prevea la obligación de la demandada de adquirir las tierras afectadas y, por el otro lado, en que aún con la analogía que pudiera presentarse con el precedente de la Corte federal "Campos y Colonias", el Tribunal de Alzada también había desestimado su aplicación con idénticos argumentos.
Bajo tales condiciones, rechazó la demanda.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación incoado por la parte actora, confirmando de ese modo el pronunciamiento de grado.
Para así resolver, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, consideró que la disconformidad manifestada por los demandantes en punto al rechazo de la petición incluida en su escrito inicial, carecía de consistencia para rectificar el rumbo adoptado por el juez de grado.
Aclaró que el reclamo objeto de autos no fue la expropiación inversa de las tierras mencionadas, sino, concretamente, su transferencia dominial a la demandada previa indemnización comprensiva del valor del campo.
Consideró adecuado el encuadre de la actuación de la demandada —a instancias del juez de grado— en la órbita de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, en tanto las obras hidráulicas emprendidas por la Provincia tuvieron como propósito impedir las inundaciones que afectaban centros poblados.
Enfatizó que no existía ninguna previsión en el ordenamiento jurídico que admitiese la procedencia del reclamo entablado, aspecto que —subrayó— fuera reconocido por los actores.
Precisó que de la situación descripta no resultaba la obligación de la demandada relativa a la adquisición de zonas inaprovechables económicamente, recordando —asimismo— que la parte actora contaba con dos sentencias anteriores que reconocieron su derecho a ser indemnizada por diversos daños sufridos en el predio de referencia, puntualmente los períodos 1987/2000 y 2000/2004.
En otro orden de ideas, puso de resalto la mención que en este pleito se hizo en relación a la ley provincial 12.542 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto "Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado", comprendidos dentro de cincuenta y ocho partidos de la Provincia de Buenos Aires.
En tal contexto, reflexionó en torno a la posibilidad que tuvo la parte actora, durante el lapso de vigencia de la ley 12.542, de solicitar la expropiación de las tierras de su propiedad. En ese razonamiento, concluyó que, más allá del resultado que dicho proceso hubiese podido en definitiva arrojar, en el caso la pretensión hubiera contado con un marco jurídico aquí ausente.
Bajo tales argumentos, rechazó el recurso de apelación incoado.
IV. Contra dicho pronunciamiento el coactor Raimundo M. P. Fernández dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 1.067, 1.068, 1.069, 1.083, 1.109 y 1.112 del Código Civil; 1, 3 y 41 de la ley 5.708; 166 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2 y 3 de la ley 12.542 y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos precedentes cita. Finalmente sostiene que el fallo viola los arts. 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 31 y 171 de la Constitución provincial.
IV.1. Inicia su argumentación señalando que la obligación del Estado de reparar los daños provocados por su obrar lícito tiene su fundamento en la Constitución, tanto nacional como provincial, y en el Pacto de San José de Costa Rica, cuerpos normativos que reconocen el derecho a la reparación de los daños.
Expresa que sin controvertir lo resuelto por la Cámara respecto a que la responsabilidad del Estado se debe dirimir a la luz del ordenamiento civil anterior (ley 340), estima que la prerrogativa a ser indemnizado por los daños provocados por terceros, tiene su sustrato en los principios generales del derecho reconocidos en la Constitución nacional, sin perjuicio de su reglamentación en la norma de fondo.
En tal contexto, se agravia de lo resuelto por el Tribunal de Alzada en cuanto sostuvo que no existe norma legal que en el caso imponga a la Provincia el deber de acoger y pagar el valor del campo, afirmando —por el contrario— que esa obligación surge de los arts. 1.068, 1.069, 1.112 y concordantes del Código Civil, marco jurídico que —destaca— ha sido aplicado por la Corte federal en distintos precedentes que cita y que según su visión tendrían relación con el presente.
Insiste en la idea de generación del daño, alegando que cuando los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, y causaren daño a un tercero, la responsabilidad atribuible al Estado se rige por el art. 1.112 del Código aplicable.
IV.2. Se agravia de las consideraciones efectuadas por la Cámara en lo vinculado a los alcances de la ley 12.542 y su eventual aplicación a esta controversia.
Argumenta que ninguna de las partes —tanto en la demanda como en su contestación— invocaron tal cuestión, razón por la cual el tribunal no se hallaba facultado a expedirse al respecto.
Sin perjuicio de lo expuesto, alega que el a quo ha aplicado erróneamente dicha norma.
En apoyo de tal posición, sostiene que la ley de referencia estableció una declaración genérica de utilidad pública, razón por la cual aduce que a fin de que determinado inmueble pudiere ser afectado a la ejecución del referido plan maestro integral, debía la Administración dictar el pertinente acto que así lo disponga, supuesto que en el caso de autos no existió.
En tal razonamiento, aclara que la parcela 770 i) fue adquirida por la Provincia mediante avenimiento celebrado el 20-IX-2019. Sin embargo, fue destinada a la obra "Regularización Dominial Complejo Hinojo-Las Tunas", no resultando por consiguiente incluida en el proyecto "Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado".
Finalmente destaca que, en la oportunidad en que el Tribunal de Alzada dictó sentencia, debió considerarse abandonada la potencial expropiación por la Provincia en virtud que había expirado el plazo de vigencia fijado por la norma para su iniciación.
IV.3. En otra parcela del recurso persiste en destacar, en particular, el precedente "Campos y Colonias" (CSJN Fallos: 326:640) —por cierto invocado en la demanda y en la apelación— alegando que en el caso se encuentran reunidas las excepcionales circunstancias allí tenidas en cuenta por el Máximo Tribunal federal.
En tal tesitura, trae a colación lo dictaminado por la perito interviniente (ingeniera Andrea Nigoul) en cuanto sostuvo que la recurrencia de la afectación total o parcial del campo desde el año 1988 importaba la frustración de su aprovechamiento económico, resultando imposible predecir cuándo podrían comenzar los trabajos de recuperación de los suelos.
Precisa, que en un juicio anterior que identifica como "Sejatovich" y en el que participaran las mismas partes, el perito que intervino (ingeniero Flory) habría anticipado que, de continuar el régimen pluvial de los últimos veinte años, el complejo lagunar "Hinojo-Las Tunas" recién volvería a su estado natural en el año 2035. En tal contexto, destaca que entre ambos dictámenes periciales trascurrieron catorce años, resultando similar la situación de anegamiento del predio.
Acto seguido, y con sostén en los informes de expertos citados, reflexiona sobre las posibilidades de recuperación del fundo. En tal faena aduce que, aún frente al hipotético supuesto en que desde el año 2018 las obras no aportaren más caudales artificiales, las aguas recién podrían retirarse del predio en el año 2049, época cercana a la tenida en cuenta por la Corte nacional respecto del campo "La Nevada", debiéndose contemplar el lapso que demandaría la restauración de los suelos a las mismas condiciones a las que tenían antes a la inundación.
Bajo tal escenario, asevera que la imposibilidad de aprovechamiento económico del predio durante tanto tiempo implica su destitución productiva con la consiguiente privación del ejercicio del derecho de propiedad.
A modo de colofón, sostiene que el reclamo se encuentra regulado por las normas que prevén la reparación del daño y que, a la luz de la citada doctrina de la Corte federal, comprende el resarcimiento del valor del bien que ha perdido su potestad productiva natural con el consiguiente traspaso de su dominio a nombre de quien infligiera los daños.
Por lo expuesto, solicita que esta Corte —en ejercicio de competencia positiva— se expida sobre la procedencia del planteo, aplicando el precedente Fallos: 326:640 del Máximo Tribunal federal.
Concluye efectuando reserva del caso federal.
V. El recurso no prospera, debido a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar, habré de destacar que el principal argumento que sella el destino trunco de la impugnación ante esta Corte, radica en la circunstancia de que el eje central del decisorio de la Cámara no ha sido refutado.
El a quo estimó la inexistencia de un deber legal, en concreto de una norma específica, que obligue a la Provincia a adquirir el dominio del fundo de la actora. Sobre tal ausencia de precepto legal es que desestimó la pretensión.
Este razonamiento es apenas circundado por el recurrente, mas en modo alguno desvirtuado. En el recurso, se admite que no hay norma que ponga en cabeza de la Provincia la obligación de adquirir el dominio del campo, pero a pesar de ello insiste, por cierto con afirmaciones en demasía genéricas, que igualmente debe ser indemnizado. Lo que no se logra apontocar es la razón jurídica para la precedencia de la suma que se reclama.
En ningún momento del proceso se deslinda correctamente el título jurídico en virtud del cual el actor reclama lo que reclama; y de la mano de ello, tampoco ha sido debidamente identificado el eje central de la decisión impugnada.
La pretensión, tal como ha sido planteada adolece de un yerro en su encuadre, pues a través de un típico proceso de daños se está reclamando una transferencia de dominio, lo que a simple vista muestra un desacople.
Finalmente, la recurrente tampoco logra desbaratar la afirmación de la Cámara en cuanto a que no resulta obligación de la Provincia de Buenos Aires la adquisición de zonas económicamente inaprovechables.
Es este el eje central de la desestimación del recurso, sin perjuicio de ahondar en otras falencias recursivas que expongo a continuación.
V.2. En segundo lugar, advierto que la afirmación efectuada en torno a una errónea aplicación de distintos artículos del Código Civil vinculados a la responsabilidad del Estado, conforma una mención genérica que resulta, por ende, ineficaz por no contener de manera expresa y clara de qué forma el Tribunal de Alzada habría incurrido en tal supuesto.
En tal tarea, el recurrente no solo omite fundar en tal dirección, sino que, por el contrario, reitera consideraciones anteriormente formuladas acerca de los alcances que correspondería efectuar a los conceptos legales allí vertidos; es decir, no aborda adecuadamente las razones argumentales expresadas por el a quo para dar una interpretación que rechaza sus argumentos.
Sobre el particular, y como lo expresé en el apartado anterior, la Cámara consideró que el reconocimiento pretendido por la actora no se encontraba comprendido dentro de ninguna previsión del ordenamiento jurídico. Asimismo, confirmó lo resuelto por el juez de grado en cuanto al encuadre de la actuación de la demandada en el ámbito de responsabilidad del Estado por actividad lícita, destacando en este sentido los pronunciamientos favorables que obtuvo en pleitos anteriores respecto del campo objeto de autos. Y finalmente, a modo de dar consistencia a su posición —y sin que ello resulte decisorio para fundar el pronunciamiento en crisis— destacó la figura de la expropiación inversa como medio idóneo —a instancias de la actora— a fin de obtener un marco legal acorde a la pretensión esgrimida que, en el caso, se hallaba ausente.
Frente a ello, el impugnante persiste en señalar un enfoque legal distinto, pretendiendo hacer prevalecer su propio criterio al afirmar que en autos debió aplicarse el régimen por él propuesto. Es decir, construye un marco normativo sustentado principalmente en distintos arts. del Código Civil vinculados a la responsabilidad del Estado y su relación con distintos pronunciamientos de la Corte federal que entiende vinculantes, olvidando precisamente que el a quo descartó su aplicación al presente.
En otras palabras, se advierte que los fundamentos señalados por el tribunal para así decidir no han sido conmovidos por las expresiones volcadas por el actor, quien, en rigor de verdad, no solo insiste con similares planteos a los llevados ante la Cámara que fueran descartados, sino que, en efecto, su posición revela una mera disconformidad con el resultado obtenido, sin hacerse cargo en definitiva de impugnar los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo.
Esta Corte ha sostenido que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo y que se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016).
De manera tal que, en las condiciones descriptas, el agravio traído no es de recibo y corresponde su desestimación.
V.3. Tampoco merece favorable acogida el embate dirigido a cuestionar la desestimación a instancias del Tribunal de Alzada de lo resuelto por la Corte Suprema nacional en Fallos: 326:640, cuya doctrina el actor reputa relevante para resolver este litigio.
En primer lugar, debe señalarse que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 72.492, "Asociación Personal", sent. de 11-IV-2018 y A. 73.656, "Solay", sent. de 6-IX-2017) aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin perjuicio de ello, debe ponerse de resalto que esta Corte tuvo ocasión de expedirse sobre el tópico en examen, precisamente en la causa "Moore de Terrero" (A. 75.834, sent. de 28-VIII-2021).
En dicha oportunidad, se puso de relieve —en relación al precedente "Campos y Colonias"— que la propia Corte Suprema nacional había calificado novedosa la admisión de una pretensión como la aquí examinada, es decir el traspaso del dominio de un fundo inundado a la Provincia a cambio de una indemnización sin apoyo en una ley expropiatoria.
Asimismo, se precisó que el Alto Tribunal federal tuvo especialmente en cuenta que el anegamiento tornaba inaprovechable la totalidad del predio y, además, que ese fenómeno —de conformidad a lo establecido en los dictámenes periciales respectivos— subsistiría durante un período tan prolongado (en esa causa se había previsto que la hipotética recuperación productiva del campo se produciría más de cuarenta años después del dictado del último pronunciamiento de la Corte Suprema) que hiciera "ilusorio todo intento de aprovechamiento", representando en los hechos algo equivalente "al desapoderamiento material del bien con privación del ejercicio propio del derecho de propiedad". Finalmente se desestimó su aplicación por no haberse acreditado tales excepcionales circunstancias (conf. causa A. 75.834, cit.).
Ahora bien, refiriéndome al caso en examen, la actora no ha demostrado, como sí sucedió en el citado precedente, la subsistencia e irrecuperabilidad del fundo (v. al respecto, cons. 6° y 7° de la sente
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