Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77911
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.911, "Ferreyra, Jorgelina María Inés y otro c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Indemnizatoria - Otros juicios - Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Kohan , Carral , Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás acogió parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, rechazó el interpuesto por la demandada y modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que —a su turno— había hecho lugar a la pretensión indemnizatoria intentada.
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda iniciada por la señora Jorgelina María Inés Ferreyra y los señores Benjamín Francisco Leonel Chiro, Ezequiel Antonio Enrique Chiro, Franco Ismael Oscar Chiro y Marcelo Alejandro Perrotta a raíz del fallecimiento de quien fuese en vida Federico Alejandro Perrotta —hijo y hermano conviviente de los actores— y, condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizarlos.
Para así decidir, tuvo en cuenta que el hecho generador del daño se produjo el día 2 de marzo de 2017, cuando el señor Federico Alejandro Perrotta perdiera su vida como consecuencia del incendio acaecido en dependencias de la Comisaría Primera de la Ciudad de Pergamino, lugar donde se encontraba alojado junto a otras personas.
Luego, estableció la normativa legal aplicable, evaluó la prueba producida en autos y lo actuado en sede penal y concluyó en que correspondía atribuir responsabilidad a la demandada por falta de servicio, con cita de doctrina legal y jurisprudencia.
Fijó el monto indemnizatorio correspondiente a los rubros resarcitorios reclamados, con más intereses calculados conforme la tasa pasiva digital desde el momento del hecho dañoso y hasta el efectivo pago.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación deducido por la parte demandada e hizo parcialmente lugar al interpuesto por la parte actora.
II.1. En lo relativo a la indemnización establecida en concepto de pérdida de chance para los padres de la víctima, estimó que el porcentaje del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) tenido en cuenta como base de cálculo por el señor juez de primera instancia no resultaba irrazonable o infundado; aunque sí consideró que correspondía revocar el límite temporal utilizado para determinar ese rubro.
Destacó que en la pérdida de chance debía ponderarse la edad de los progenitores del causante al momento del hecho dañoso, así como su expectativa de vida, y sus condiciones personales y socioeconómicas. Por ende, estimó que el cálculo del rubro debía ser extendido para así establecer el adecuado al monto indemnizatorio.
Advirtió que, si bien el señor juez de primera instancia no había utilizado el criterio del realismo económico si no el valor histórico del SMVM, dicha cuestión no había constituido un agravio actoral y, en tal sentido, tomó los montos determinados en la sentencia de grado —hasta el mes de septiembre de 2021— y, a partir de allí, consideró un valor actual para el período que extendió.
Indicó que, conforme el criterio del realismo económico, el valor del SMVM debía referirse al valor real al momento de evaluación de la deuda, es decir, el de dictar sentencia, y no su determinación histórica. Y, en consecuencia, procedió a establecer la indemnización sólo por la extensión contemplada por el Tribunal de Alzada respecto del rubro, dados los límites del recurso interpuesto.
Así, teniendo en cuenta que correspondía indemnizar a los progenitores del fallecido, en concepto de pérdida de chance, desde el fallecimiento hasta la edad promedio de vida estimada para cada uno de ellos, distinguió dos etapas: la que corresponde desde el fallecimiento del hijo hasta que los padres reclamantes se encuentren en condiciones de recibir el haber previsional (conf. ley 24.441) y, a partir de allí hasta considerar el promedio de expectativa de vida. Para el primer tramo asignó un porcentaje de veinte por ciento (20%), en concordancia con lo decidido por el señor juez de grado y, para el segundo, el veinticinco por ciento (25%).
II.2. Luego, con relación a la cuestionada tasa de interés fijada, descartó la fijación de una tasa pura a la suma indemnizatoria establecida a valores actuales, tal como requería la demandada.
Sostuvo que el agravio no prosperaba, dado que el señor juez de primera instancia había fijado la indemnización a valores históricos desde el fallecimiento y hasta la sentencia; y que ello había quedado firme y consentido, motivo por el cual no podía aplicársele a ese período la tasa de interés pura, pues esta última debe ser utilizada cuando se determina la cuantía indemnizatoria a valor actual.
II.3. En lo que concierne a los rubros daño psicológico y daño moral, la Cámara consideró que el monto determinado no resultaba escaso ni exorbitante, encontrándolo razonablemente ajustado a las circunstancias del caso y, por lo tanto, confirmó lo decidido en la instancia previa.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 9-III-2022, 10:03:02 a.m.), en el que denuncia violación de los arts. 34 inc. 4, 164, 165, 266, 272, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 3, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.745 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, alega absurdo en la determinación y cuantificación del rubro pérdida de chance y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en los casos "Vera", "Nidera" y "Paredes", al confirmar los intereses fijados en primera instancia.
III.1. Denuncia que la sentencia impugnada muestra notables errores que la descalifican como acto jurisdiccional válido, que incurre en absurdo y viola, en el tópico intereses, la doctrina legal.
Que dicho pronunciamiento padece defectos graves de fundamentación al establecer y cuantificar la pérdida de la chance de los progenitores de la víctima "...desplegando un hilo argumental que enraíza en daños imaginarios sin ningún anclaje en la realidad..." y, al utilizar diferentes etapas y asignarles como indemnización un porcentaje distinto de un supuesto salario mínimo, vital y móvil a cada una de ellas no se ha compadecido, en modo alguno, con el concepto de chance, conculcando así los arts. 384, 165 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 1.745, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Estima que ninguna chance, oportunidad o probabilidad cierta de futura ayuda ha sido valorada por la Cámara que incurre en una confusión conceptual, infringiendo el principio de eventualidad al establecer, para el segundo lapso temporal, un porcentaje mayor al consentido por la propia actora. Además, agrega que, en este caso, no existe una sola constancia que muestre la probabilidad de que efectivamente la víctima ayudara en algún momento a los actores y en ello basa el absurdo incurrido por el Tribunal de Alzada, al apartarse de la verdad jurídica objetiva y establecer conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa, citando doctrina de esta Suprema Corte para así justificarlo. Refuerza su argumento esgrimiendo que está probado que la víctima no podía colaborar económicamente con sus padres al momento de su muerte y tampoco durante los ignorados años que se extendería, lamentablemente, su detención. Insiste en criticar a la Cámara en cuanto entiende que dogmáticamente establece un daño imaginario que representa el 40% de un inexistente salario mínimo, vital y móvil y que ello configuraría el absurdo en paralelo con la violación de los arts. 384, 165 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que, en el caso de la pérdida de chance, lo reparable es el cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro con determinados ingresos y que, sin embargo, la Cámara, violando la doctrina legal de esta Corte, no sólo estimó —erróneamente— la pérdida de futuros ingresos, sino que, además, "...en el colmo del absurdo, extendió esos supuestos ingresos al pasado y al presente..." (textual del recurso de la parte demandada).
III.2. Cuestiona que se estableciera el porcentaje del 50% del SMVM (25% para cada uno de los progenitores) desde los sesenta hasta los ochenta y un años (madre) y desde los sesenta y cinco hasta los setenta y cinco años (padre); entiende conculcado el principio de congruencia. Sostiene que mientras la competencia funcional de la Cámara está enmarcada por los escritos de apelación y por la decisión impugnada en tanto conforman la relación procesal, aquella incurrió en el vicio de absurdo al establecer el aludido porcentaje del 50% sobre el SMVM. Al pasar por alto que dicha cuestión no fue planteada por la actora recurrente –dice– se precipitó en el absurdo. Entiende que la sentencia viola los arts. 34 inc. 4, 164, 266, 272, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto excedió los límites legales de su competencia incurriendo en demasía decisoria, que descalifica lo resuelto y genera agravio constitucional por infracción de la garantía del debido proceso (CSJN Fallos: 294:65; e.o.).
III.3. Esgrime que, al confirmar los intereses fijados en primera instancia soslayando que la "pérdida de la chance" es un daño futuro, ha violado la doctrina legal de esta Corte en la causa C. 121.387 (sent. de 6-XII-2017). Estima que los intereses fijados no deben computarse desde la fecha del fallecimiento de la víctima y eventualmente ordenar, a la luz de la doctrina legal violada, que el inicio de su cómputo comience desde la fecha de la sentencia que imponga el pago de la indemnización por tal daño futuro.
III.4. Por último, entiende que hay violación de la doctrina legal al aplicar tasa pasiva de interés a una obligación de valor. Sostiene que los restantes rubros resarcitorios (daño moral, psicológico) fueron estimados, obligación de valor mediante, al momento del dictado de la sentencia de primera instancia.
Advierte que la Cámara, al confirmar la tasa de interés fijada en primera instancia, se precipita en la autocontradicción desde que establece la indemnización a valores actuales (fecha de la sentencia) luego de desplegar el aparato conceptual que la muestra como una obligación de valor. Sostiene que corresponde aplicar, cuando se fije una cuantía indemnizatoria a valor actual, una tasa de interés puro del 6% anual desde la producción del perjuicio y hasta el momento tenido en cuenta para la estimación de la deuda y de allí en más, resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), es decir, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Concluye en que la decisión, en el punto, viola la doctrina legal reseñada y, asimismo, los arts. 768, 770, 772 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. Con relación al primer agravio planteado, los fundamentos brindados por la Cámara no logran ser rebatidos por la recurrente, la cual, si bien invoca absurdo, en modo alguno logra acreditarlo.
Recuerdo que dicho vicio lógico no queda configurado ante cualquier error o ante la apreciación opinable o discutible, siendo necesario que se demuestre una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador o que el pronunciamiento se asiente en presunciones no fundadas en los hechos de la causa, obviando ponderar los acontecimientos relevantes según tales constancias (conf. causas C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014; C. 122.646, "Marti", sent. de 6-XI-2019; C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021; entre muchas), extremos que —como señalé— no demuestra la agraviada.
El Tribunal de Alzada extendió el reconocimiento del rubro pérdida de chance más allá de la sentencia, teniendo en cuenta la expectativa de vida de los progenitores, no sólo con sustento en el art. 1.745 inc. "c" del Código Civil y Comercial de la Nación, sino precisamente en la doctrina de este Tribunal que expresamente citó (causas Ac. 36.773, sent. de 16-XII-1986 en "Acuerdos y Sentencias", 1986-IV-426; Ac. 52.947, sent. de 7-III-1995 en "Acuerdos y Sentencias", 1995-I-208 y votos del doctor Soria en las causas C. 78.556, "R., M. C.", sent. de 20-XII-2006 y C. 92.796, "Maidana", sent. de 4-V-2011).
Consideró que al estimar el rubro pérdida de chance en un reclamo como el efectuado en autos debía ponderarse particularmente la edad de los progenitores del causante al momento del hecho dañoso, así como la expectativa de vida de aquellos y sus condiciones tanto personales como socioeconómicas.
Destacó que el criterio de base de cálculo tomado por el señor juez de primera instancia respecto del SMVM, ante la falta de otras pruebas en el caso, había resultado correcto aunque determinó que debió referirse a su valor real, el que tuviera al momento correspondiente para realizar la evaluación de la deuda, es decir al momento de dictar sentencia, pues no correspondía la determinación del SMVM a valores históricos.
No obstante aclaró que el monto fijado por el señor juez de la instancia previa para el período comprendido entre la fecha del hecho dañoso y la del dictado de la sentencia de primera instancia había quedado firme y que, entonces, sólo aplicaría el realismo económico para el momento estimado a partir de dicho pronunciamiento.
A partir de allí, determinó el cálculo que correspondería hacer a fin de indemnizar a los padres del fallecido en concepto de pérdida de chance, extendiendo la estimación del rubro desde el fallecimiento y hasta la edad promedio de vida estimada para cada uno de ellos.
Tal conclusión basal del pronunciamiento del Tribunal de Alzada no ha recibido adecuada impugnación en el recurso extraordinario bajo tratamiento; pues el impugnante en modo alguno ha logrado demostrar la existencia de un grosero error en el razonamiento del Tribunal de Alzada, tal como indiqué precedentemente.
Sabido es que, para que la Corte pueda revisar una cuestión como la planteada por la recurrente no basta con denunciar absurdo y exponer —de manera paralela— su propia versión o interpretación de los hechos, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda de aquellos, con el alcance ya explicado. Pues, por más respetable que pueda ser la opinión del impugnante, ello no autoriza —por sí solo— para que esta Corte sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (causas Ac. 92.913, sent. de 6-IX-2006 y C. 85.518, sent. de 18-IV-2007; e.o.; conf. doctr. causas C. 120.286, "Lorenzo", sent. de 8-III-2017; C. 117.344, "S. R. G.", sent. de 22-IV-2015 y C. 124.492, "Bulgarella", sent. de 4-VII-2024).
En esas condiciones, cobra virtualidad la doctrina que establece que tanto la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, como la fijación de su cuantía, constituye una potestad privativa de los jueces de grado. Y esta prerrogativa sólo puede ser analizada en casación cuando no es ejercida con la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (conf. causas C. 112.849, "Teerink", sent. de 28-XII-2011; C. 121.817, "Gómez", sent. de 9-VI-2020; C. 123.487, "Soto", sent. de 4-VIII-2023; etc.).
Por todo lo expuesto, corresponde poner de relieve que las apreciaciones traídas en el recurso no logran poner en evidencia la existencia del vicio lógico denunciado (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. Por otra parte, la alegada violación del principio de congruencia debe también ser desestimada, toda vez que el Tribunal de Alzada se limitó a extender temporalmente el derecho que ya fuera reconocido (indemnización en concepto de pérdida de chance conf. art. 1.745 inc. "c", Cód. Civ. y Com.).
Dicho reconocimiento fue otorgado desde la sentencia hasta la edad promedio de vida de cada uno de los padres de la víctima, pues —como precisamente aclaró la Cámara— el período anterior, que iba desde el hecho generador del daño hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, se encontraba firme y consentido.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta parámetros análogos a los utilizados por el señor juez de primera instancia, los cuales no recibieron crítica de la parte actora y las formuladas por la demandada no prosperaron por cuanto se consideró que el criterio tenido en cuenta para fijar la cuantía era suficiente y razonable. Y en la decisión adoptada por la Cámara no se observa excedido el marco de su competencia ni violado el principio de congruencia (conf. doctr. art. 289, CPCC).
IV.3. Respecto del planteo relacionado a la fecha de inicio del cómputo de los intereses sobre la indemnización reconocida como pérdida de chance, que la Cámara ubica al momento del hecho generador de la muerte de Federico Alejandro Perrotta, conforme lo decidido en la instancia previa, el agravio tampoco puede prosperar.
Entiende la recurrente que el cálculo debió ser tomado desde la fecha de la sentencia, insistiendo con atribuirle carácter de daño futuro a tal rubro. Sin embargo, como bien ha destacado el Tribunal de Alzada, esta Suprema Corte ha reconocido a esa clase de perjuicio el carácter de daño cierto (conf. doctr. citada supra, v. pto. IV.1.), y la doctrina que considera violada no resulta aplicable al presente por no tratarse de un caso análogo (causa C. 121.387, sent. de 6-XII-2017).
Basta señalar al respecto que es criterio de esta Suprema Corte que los intereses por la indemnización de un hecho ilícito, tal el caso de autos, se deben a partir de la fecha de su acaecimiento, siendo esta tesis la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación (cfr. causas Ac. 40.669, sent. de 12-IX-1989; Ac. 45.272, sent. de 11-VIII-1992; Ac. 73.594, sent. de 19-II-2002; e.o.).
IV.4. Ahora bien, en relación con la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia de intereses, asiste razón a la recurrente. Ello así toda vez que la sentencia de Cámara, si bien omite fijarlos expresamente en la parte dispositiva del fallo, confirma en ese aspecto lo resuelto en la instancia de grado. De este modo, la aplicación de la tasa de interés pasiva digital, al mismo tiempo que fija un valor actual para el cálculo indemnizatorio del período de extensión que reconoce al rubro pérdida de chance, no resulta ajustada a la doctrina reiterada en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018); C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) y C. 123.090, "Paredes" (sent. de 18-IX-2022), las que fueron correctamente señaladas en el recurso bajo tratamiento.
Tal como sostiene el impugnante es doctrina de este Supremo Tribunal que no corresponde adicionar la tasa de interés pasiva más alta cuando los montos indemnizatorio
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