Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78379
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.379, "Agostinelli, Juan Alberto y otro/a c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Indemnizatoria - otros juicios-Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar parcialmente al deducido por la Fiscalía de Estado. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en lo relativo al porcentaje de distribución de la responsabilidad como así respecto del cómputo y la tasa de los accesorios fijados. Finalmente, revocó la parcela de la sentencia relativa al rubro daño moral, desestimándolo.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VI-2021, 20:57:29 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 8-IX-2022.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria deducida por los actores contra la Provincia de Buenos Aires por los daños ocasionados sobre un campo de su propiedad ubicado en la localidad de Pehuajó.
Para así decidir, en forma previa, efectuó un repaso de la normativa involucrada y las constancias probatorias reunidas, destacando en particular el informe pericial realizado por el perito ingeniero Fernando D. Arturi.
En ese piso de marcha, juzgó que el anegamiento del campo respondió principalmente a dos causas; por un lado, al evento lluvioso de carácter extraordinario ocurrido en el año 2012, y por otro, a las obras de canalización realizadas por la Provincia de Buenos Aires.
En relación a las precipitaciones, ponderó lo informado por el experto en lo referido a que para el año 2012 se había registrado el promedio más alto de los últimos sesenta y cinco (65) años, cuya marca alcanzó los 1.587,5 mm.
Por su parte, en lo vinculado a las obras, precisó que la prueba pericial había acreditado el impacto que produjeron en el campo, particularmente en lo referido a la desaparición del escurrimiento mantoso, la recepción de aguas de otras cuencas y finalmente la falta de conservación adecuada de los canales.
A partir de allí, adujo que de no haberse ejecutado la obra de canalización no se habría incrementado el afluente de agua que transita a través del predio de los actores.
Finalmente, puso de relieve que de las constancias colectadas surgía que —con anterioridad a las obras de canalización— ya se habían producido inundaciones frente a precipitaciones extraordinarias, destacando en particular la ocurrida en el año 1987. Sin embargo, restó a estas relevancia al sostener que tales anegamientos habían sido más leves que el denunciado en autos.
En tal contexto, y previo a encuadrar la responsabilidad de la Provincia dentro de la actividad lícita, distribuyó la responsabilidad en un 65% al Estado provincial y un 35% a las precipitaciones extraordinarias ocurridas en la zona.
En cuanto al alcance de la reparación, estimó procedentes los rubros daño emergente y moral, cuantificándolos. Finalmente, también receptó el lucro cesante, aunque difirió su estimación para una etapa posterior a la sentencia.
Por último, fijó intereses desde el día 1 de abril de 2012 —fecha en que se produjeron las inundaciones— y hasta su efectivo pago de acuerdo a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta (30) días.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación incoado por la parte actora e hizo lugar parcialmente al deducido por la Fiscalía de Estado, modificando de ese modo el pronunciamiento de grado.
Para así resolver, y en lo que aquí interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, recordó que la cuestión litigiosa se circunscribió a decidir si existió responsabilidad imputable a la Provincia de Buenos Aires a partir de la ejecución de la obra de canalización de marras o, por el contrario, si la inundación acaecida en el fundo respondió exclusivamente a las características geomorfológicas del campo más las precipitaciones extraordinarias ocurridas en el año 2012.
II.2. Acto seguido, consideró acertado lo resuelto por la jueza de grado en cuanto tuvo por acreditada la existencia de factores concausales que coadyuvaron a provocar el evento. Sin embargo, juzgó que debía modificarse el porcentaje de responsabilidad atribuido.
Fundó tal decisión al otorgar mayor relevancia, de un lado, al nivel histórico de precipitaciones registradas en el año 2012 y, del otro, a las características propias del campo que, ante períodos de lluvias por encima del promedio se había anegado casi en su totalidad aún antes de efectuada la canalización, ponderando finalmente la prueba documental reunida (fotos certificadas, acta notarial de constatación y certificado emitido por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario ley 10.390) que a su modo de ver daban cuenta del estado de afectación del inmueble.
Bajo tal contexto modificó el porcentaje inicial imputado a la Provincia, reduciéndolo a un 55%.
II.3. Sobre el final, receptó los agravios vertidos por la demandada en torno a los rubros daño moral, disminución del valor venal, pérdida de plantas frutales y alambrado eléctrico, revocándolos.
Asimismo, modificó el cómputo de los intereses y lo fijó a partir de la fecha de notificación de la demanda, con excepción del rubro lucro cesante que estableció a partir de cada período devengado hasta el efectivo pago adicionándole una tasa de interés diferenciada conforme la doctrina de esta Corte en la materia.
III. Frente a lo así decidido, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 519, 901, 903, 906, 1.067, 1.068, 1.083 del Código Civil; 164, 375, 384, 457, 473, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 11, 15, 161 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 17 y 18 de la Constitución nacional. Finalmente alega absurdo en la valoración de la prueba.
III.1. La recurrente se agravia de la sentencia puesta en crisis en cuanto si bien receptó parcialmente su recurso, pese a ello, le atribuyó un 55% de responsabilidad en base a afirmaciones que entiende meramente dogmáticas y que no se condicen con las pruebas incorporadas a la causa.
El eje central del recurso transita sobre la denuncia de absurdo en la valoración de la prueba, en especial la pericial.
En tal dirección, sostiene que la Cámara efectuó una interpretación parcial del dictamen pericial por cuanto ponderó solo las respuestas dadas por el experto a los puntos de pericia ofrecidos por los actores, omitiendo de ese modo las contestaciones a los puntos por ella brindados y que, según su visión, resultaban determinantes para descartar cualquier responsabilidad de la Provincia en el evento de autos.
En ese contexto, explica que el dictamen pericial informa como un hecho irrebatible que la precipitación ocurrida en el año 2012 fue la máxima histórica. Asimismo, el campo en cuestión para el mes de marzo del año 1987, es decir, antes de construirse todo tipo de canalización y ante similares precipitaciones, presentó un 89% de su superficie total inundada.
Frente a ello concluye que, si en condiciones naturales y con lluvias de menor magnitud el predio se inundó casi en su totalidad, cuál sería el motivo para suponer que no habría de inundarse de igual o mayor manera luego de la máxima y extraordinaria precipitación del año 2012.
Bajo tal escenario, enfatiza que el absurdo se revela en la circunstancia de que, pese a reconocer la Cámara lo anteriormente expuesto, en cuanto sostuvo que "...tal como quedó también demostrado con los datos históricos adunados, el nivel de precipitaciones registradas y las características propias del campo el que ha respondido de acuerdo a los datos históricos anegándose casi en su totalidad, en otros períodos de lluvias por encima del promedio, aún antes de efectuada la canalización...", le imputa en forma irrazonable e infundada un 55% de responsabilidad a su representada.
III.2. En otro plano, considera relevantes los certificados de emergencia agropecuaria suscriptos por los actores.
Aduce que, conforme surge de dicha prueba documental, para el período 07/07 al 12/07 el campo objeto de autos se encontraba afectado en un 80%, cifra que —indica— ascendió al 90% entre el 04/12 y 09/12. A partir de allí, asevera que al momento en que la actora denuncia el ingreso de las aguas a su fundo (abril de 2012), este ya estaba inundado casi en su totalidad.
III.3. Remata diciendo que el evento de autos se debió exclusivamente a la conjunción de precipitaciones extraordinarias sumadas a la conformación geomorfológica donde se encuentra ubicado el fundo, descartando finalmente que se encuentre acreditada una relación de causalidad entre las obras ejecutadas a su cargo y el daño invocado por la actora.
IV. El recurso prospera en virtud de los argumentos que expondré a continuación:
IV.1. En el presente se discute —tal como ha quedado de manifiesto en los antecedentes reseñados— el modo en que el tribunal valoró la prueba rendida, lo que nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos, la existencia del nexo causal y del material probatorio.
A su vez, en la especie, esta Corte ha expresado en forma reiterada que la determinación de la relación adecuada de causalidad entre el obrar y el daño constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en sede extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. causas C. 116.964, "Peralta", sent. de 29-V-2013; C. 116.855, "Villagra", sent. de 7-V-2014; e.o.).
Vale recordar que el concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (doctr. causas C. 120.316, "Calfin", sent. de 26-VI-2016; C. 121.718, "D'Angelo", sent. de 20-VII-2019; A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022 y A. 78.299, "Spirito", sent. de 18-XI-2025).
En otras palabras, al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los informes de los expertos, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que de la forma en que se lo hace en la sentencia no puede ser (conf. causa C. 105.234, sent. de 17-II-2010 y C. 104.616, sent. de 27-VI-2012).
Asimismo, en el caso adquiere relevancia la doctrina de este Tribunal en cuanto dispone que la apreciación de la fuerza de convicción de los dictámenes periciales es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y sus conclusiones son irrevisables en casación, salvo supuesto de absurdo (doctr. causas A. 71.891, sent. de 3-XII-2014 y A. 72.356, "M., J.M.", sent. de 30-III-2016).
IV.2. Bajo este prisma de análisis entiendo que la recurrente ha impugnado debidamente las motivaciones básicas del fallo, logrando demostrar la presencia de absurdo en la sentencia del Tribunal de Alzada. Y que —además—, ello ha sido hecho de forma eficaz como para demostrar que debe ser revocada. El riguroso valladar que supone la acreditación del absurdo, ha sido superado en el sub lite.
Cabe recordar que la Fiscalía de Estado sostiene que no se ha acreditado una relación de causalidad entre las obras ejecutadas a su cargo y el daño invocado por la actora. Por el contrario, según su visión, el mismo obedeció a dos factores que resultaron preponderantes, esto es: las precipitaciones extraordinarias y la conformación geomorfológica donde se encuentra ubicado el fundo.
Este aserto ha sido debidamente acreditado en el recurso. Repárese en particular que se incorporan dos cuadros comparativos (v. apdo. VI del escrito de impugnación), que recogen los datos aportados por los peritos a lo largo del proceso de los cuales surge de manera indubitable que, en el año 1987, antes de la construcción de las obras, el porcentaje del fundo inundado en época de precipitaciones extraordinarias ascendía al 89%. Acierta pues el representante fiscal cuando señala que, en la medida que las lluvias excederían el nivel normal, la zona se inundaba en tiempos en que la canalización no existía.
Lo anterior se corrobora con los restantes cuadros realizados en el recurso, donde se coteja el nivel de precipitaciones según las imágenes satelitales. De ello surge, que el anegamiento del fundo tenía su origen en el nivel de precipitaciones y no en la acción antrópica.
V.1. Ahora bien, en el dictamen pericial elaborado por el ingeniero Fernando D. Arturi (v. presentación electrónica de fecha 22-X-2017) en oportunidad de dar respuesta a los puntos de pericia de la parte actora, el experto informó sobre el impacto que habría producido la acción antrópica a instancias de la Provincia en el campo de los actores. En tal sentido, puso énfasis en la desaparición del escurrimiento mantoso del fundo, la recepción de aguas de otras cuencas y la falta de conservación adecuada de los canales (v. ptos. a, c y e).
V.2. Sin embargo, del examen de las respuestas a los puntos de pericia ofrecidos por la demandada, surgen los siguientes datos de relevancia:
V.2.a. Preguntado el perito para que indique si las parcelas 1.938 a y 1.943 a que integran el campo presentan hoyas o depresiones naturales, respondió: i) Parcela 1.943 a: Se observa la presencia de la curva de nivel 82.50 m IGN que luego se extiende por otras parcelas vecinas, configurando una hoya de gran tamaño que, a su vez, define la ubicación de la denominada Laguna de Arrillaga. Por debajo de 82.50 m IGN corresponde un 30% de la superficie de esta parcela, siendo un 65% aproximadamente entre 82.50 m IGN y 85 m IGN y mayor a 85 m IGN un 5% del predio. ii) Parcela 1.938 a: Se observa también la presencia de la curva de nivel 82.50 m IGN. Por debajo de 82.50 m IGN, corresponde un 33% de la superficie de esta parcela, aproximadamente y un 67% entre 82.50 m IGN y 85 m IGN.
V.2.b. Requerido el perito para que explique las características geomorfológicas naturales de la zona de estudio como así la mecánica o comportamiento de estas hoyas frente al aporte meteorológico, respondió: "...el campo de las actoras se encuentra ubicado dentro de una interduna longitudinal. Se nota, en la zona en estudio, la presencia de bajos u hoyas, que se encuentran definidos por curvas de nivel cerradas, que poseen una flecha, apuntando hacia su interior. Esta hoya representa en el terreno una concavidad o depresión que se va llenando o colmatando cuando ocurren precipitaciones. Si estas son de bajo nivel y el suelo posee buenas características de infiltración, el agua de lluvia puede infiltrarse en el terreno y percolar hasta capas más profundas. En cambio, si el suelo va perdiendo la capacidad de infiltración y el nivel de precipitaciones aumenta, el agua se va acumulando en la hoya y si las precipitaciones continúan puede llegar a desbordar...".
Finalmente sostuvo: "...En casos de precipitaciones muy abundantes, estas hoyas al colmatarse comienzan a desbordarse. Incluso las hoyas vecinas empiezan a comunicarse entre sí, pudiéndose formar, de esa manera, importantes extensiones continuas de agua sobre el terreno..." (v. pto. b.2).
V.2.c. Consultado el experto sobre el porcentaje de inundación del campo entre los años 1985 y 2014, el perito elaboró, en base a las imágenes satelitales, el cuadro obrante en la página ocho de la diligencia.
Del mismo surgen, entre otros datos, que el porcentaje de anegamiento del predio en el año 1987 fue del 88,97%, en el año 2000 del 65,16% y en el año 2001 del 90,22%.
Esto evidencia, de un modo categórico, que la principal causa de acumulación de agua en el campo de la actora, fueron las excesivas precipitaciones.
V.2.d. Preguntado el perito sobre el comportamiento del campo previo al inicio de toda obra respondió que al 15 de septiembre de 1986 el 37,59% se encontraba inundado, porcentaje que al 27 de marzo de 1987 ascendió al 88,97% (v. pto. b.9.).
V.2.e. Requerido el experto para que se expida sobre las precipitaciones ocurridas en el año 2012 y su comparación con años anteriores informó que el promedio anual de la serie de sesenta y cinco (65) años estudiada fue de 921 mm y para el año 2012 se alcanzó la máxima histórica con un promedio de 1.587,5 mm de precipitación, registro que finalmente calificó como extraordinario. Asimismo, refirió que para el año 1987 —donde el porcentaje de inundación fue del 88,97— las precipitaciones alcanzaron a 1.286,3 mm (v. ptos. b.11 y 14).
V.3. Sobre la base de lo expuesto se extraen las siguientes conclusiones: i) el campo objeto de autos se caracteriza por la presencia de bajos u hoyas que, en caso de precipitaciones muy abundantes, pueden formar importantes extensiones continuas de agua sobre el terreno; ii) en el año 1987, previo a toda obra de canalización y frente a un promedio de precipitaciones que alcanzaron 1.286,3 mm, el predio se inundó casi en su totalidad, precisamente el 88,97% de su superficie y; iii) en el período 2012/2013 —fecha donde se produce el evento dañoso— la inundación afectó al 90,22% de la superficie. Asimismo, en dicho período se registraron 1.587,5 mm de precipitaciones, promedio que no solo fuera calificado como extraordinario, sino que incluso resultó ser el máximo anual acontecido en un período de sesenta y cinco (65) años.
Estas conclusiones, fueron debidamente planteadas por el recurrente en su impugnación.
VI. Desde tal mirador, se colige entonces que la Provincia de Buenos Aires no ha aportado en el caso ninguna condición adecuada para que se produzca la inundación del campo de los actores, circunstancia que encuentra su origen en factores de orden natural —morfología del campo y lluvias extraordinarias— ajenos a las obras realizadas.
De ello se sigue que, en lo que llega discutido a esta instancia, y de una lectura integral del informe pericial —que fuera realizada de modo parcial por la Cámara— que la causal de la inundación, no fue la obra realizada por la Provincia, sino antes bien el alto nivel de precipitaciones y la conformación geomorfológica del predio anegado.
Bajo esta idea rectora, hay un dato que no puede ser soslayado y que conduce derechamente al rechazo de la pretensión: la actora no hizo consideración alguna acerca del hecho de que el fundo de su propiedad registró inundaciones totales antes de la canalización, y en época de precipitaciones extraordinarias. A la luz de ello, resultaría inver
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