Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79194
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.194, "V., J. M. c/ Municipalidad de General Alvarado s/ Pretensión indemnizatoria - Otros juicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y acoger parcialmente el articulado por la parte actora, elevó el quantum indemnizatorio fijado en el grado en concepto de indemnización por daño moral a la suma de $178.000, y ordenó se liquide siguiendo las pautas allí sentadas; y estableció la suma de $9.805.914,70 en concepto de indemnización por lesiones e incapacidad física y psíquica de carácter permanente —art. 1.746 del Código Civil y Comercial— con más sus intereses, los que deberán liquidarse siguiendo las pautas indicadas en el punto II.3.2.4. Impuso las costas a la vencida (v. sentencia de fecha 3-X-2023).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de General Alvarado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-X-2023), el que fue concedido por la Cámara interviniente el día 19 de diciembre de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (14-VI-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, acogió la demanda interpuesta por J. M. V., responsabilizando a la comuna demandada por falta de servicio, ello básicamente al no haber previsto las medidas de seguridad suficientes para evitar el accidente que sufriera el actor en una dependencia comunal mientras realizaba reparaciones en el techo del corralón municipal de la ciudad de Miramar.
El magistrado condenó a pagar al municipio la suma de $340.020, con más intereses, por los siguientes conceptos: (i) Incapacidad temporaria y lucro cesante, $94.520; (ii) Gastos médicos, $20.000; (iii) Daño psicológico, $185.500; y (iv) Daño moral, $40.000.
II. A su turno, la Cámara de Apelación, al desestimar el recurso de apelación de la demandada y acoger parcialmente el de la parte actora, elevó el quantum indemnizatorio por revestir las lesiones físicas y psicológicas sufridas por el actor el carácter de permanente y no meramente transitorio, como las calificó el sentenciante de grado.
Luego de considerar que se encontraba configurada en la especie la presencia de un supuesto de responsabilidad estatal por omisión, y respecto a los agravios vertidos por la parte actora en punto al alcance de las lesiones, el tribunal a quo señaló que de la prueba pericial psicológica de fecha 19 de mayo de 2022 y en respuesta al pedido de aclaración respecto de si la lesión del señor V. resultaba permanente, se desprendía que la incapacidad del nombrado se encontraba consolidada y no tendría posibilidad de remisión en el corto y/o mediano plazo.
A su vez, la Cámara sostuvo que no existían motivos serios para postular que la lesión física (ósea y ligamentaria en la rodilla derecha) sufrida por el demandante, adquiriera el carácter de temporaria.
Por el contrario, indicó que una adecuada e integral valoración de las constancias del informe pericial traumatológico y, además, un juicio de sentido común acerca de la gravedad de las lesiones que una caída de diez metros puede ocasionar en los miembros inferiores de la víctima, permitían colegir que las lesiones físicas ocurridas y verificadas en los autos, eran esencialmente permanentes.
Puntualizó que, en el caso, correspondía aplicar —a los efectos de determinar y cuantificar el rubro incapacidad física y psíquica permanente—, la pauta contenida en el art. 1.746 del Código Civil y Comercial.
Recordó que la norma legal citada establece —en lo que interesa— que "en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades...".
Estimó que, informado por los expertos que el actor sufrió dos incapacidades parciales con motivo del hecho bajo escrutinio, determinadas en un 36,5% por lesiones físicas y un 10% por el daño psíquico, el cálculo de incapacidad permanente total debía realizarse reteniendo íntegramente el porcentaje mayor [36,5%], en tanto que el segundo deberá calcularse sobre la capacidad restante [10% —incapacidad psíquica— sobre 63,5% —capacidad restante— = 6,35%], los que sumados arrojan un total de 42,85% de incapacidad parcial y permanente (v. pto. 3.2.2. de la sentencia).
Agregó que el capital a ponderar conforme el art. 1.746 del Código Civil y Comercial = $9.708.826,44, tomando como referencia la fórmula que explicita en el punto 3.2.3.
Remarcó que correspondía también valorar, junto con el detrimento de la aptitud para realizar actividades productivas, desde una perspectiva más amplia que la propia naturaleza del suceso, la afectación de la actividad social y de relación de la víctima, y así lograr un juicio equilibrado que permita satisfacer el derecho a una reparación integral.
Por ello, la Cámara fijó como monto indemnizatorio en concepto de indemnización por lesiones e incapacidad física y psíquica la suma que resulta de aplicar la fórmula de cálculo de capital propuesta en los términos del art. 1.746 del Código Civil y Comercial [esto es, $9.708.826,44] elevada en un 1% [porcentual que equivale a $97.088,26] y que arroja un valor equivalente a la cantidad de ($9.805.914,70), con más sus intereses.
Por otra parte, elevó el monto establecido en el grado en concepto de indemnización por daño moral, a la suma de $178.000, valor que estimó razonable y prudente, establecido a la fecha del evento dañoso, esto es, el 18 de febrero de 2018, remarcando que dicha suma fue la reclamada en el escrito de inicio; con más sus intereses.
Por último, desestimó las críticas de la parte actora postuladas respecto de la cuantía establecida en concepto de gastos por tratamiento psicológico y gastos médicos; y el pedido formulado en cuanto solicitó que el Tribunal de Alzada disponga, respecto de la totalidad de los rubros indemnizatorios reconocidos, la aplicación de la tasa activa.
III. Contra este pronunciamiento la parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1. Alega que se ha configurado absurdo en la sentencia recurrida, y en tal sentido, manifiesta que el fallo arribó a una conclusión diametralmente opuesta a lo afirmado por el perito médico en su dictamen.
Sostiene que la Cámara concluyó que existe una lesión de carácter permanente, cuando el experto afirmó de modo concluyente que no tenía ese carácter.
Expone que resulta absurda la determinación de incapacidad permanente, cuando no existe en el informe pericial ni una sola adjetivación de ese tipo.
Destaca que tampoco existe ningún elemento de relevancia para que los jueces hayan dejado de lado la prueba pericial y sus claras y contundentes afirmaciones respecto de la posibilidad de recuperación de la lesión.
En tal sentido, agrega que al solicitarse que el experto determine si la incapacidad es definitiva o transitoria, aquel dictaminó que "...si debo considerar permanente a la incapacidad, entendiendo por permanente a la que no tiene ninguna posibilidad de mejorar o recuperarse, debo indicar que la asignada al actor no resulta permanente" (respuesta 1 de las explicaciones vertidas con fecha 24-V-2022).
Así, aclara, que la operación de una lesión de ligamentos, otorga posibilidad de mejora o recuperación.
Y concluye, que en una secuencia lógica y razonable —cuyo quiebre configura absurdo—, si tiene posibilidad de mejorar, no es permanente.
III.2. Similar planteo esgrime con relación a la prueba pericial psicológica, en tanto refiere que la experta ha afirmado que en el largo plazo (con tratamiento) hay posibilidad de remisión (v. respuesta 2 de las explicaciones brindadas con fecha 12-VI-2022).
Añade que incluso en la respuesta 3 de las explicaciones, expresa que "el tratamiento psicológico recomendado persigue hacer mitigar o evitar la cronificación (el agravamiento) de las secuelas psíquicas del actor como consecuencia del hecho de autos".
En ese orden, entiende que el tratamiento permite que aquellas no sean crónicas, único supuesto en el cual la incapacidad sería de tipo permanente.
Explica que la necesidad de tratamiento —como lo sostiene la Cámara— no importa el carácter permanente de la lesión, ya que si esta puede mejorar en el largo plazo, es evidente que es irrazonable considerarla definitiva.
III.3. Por otra parte, sostiene que el Tribunal de Alzada ha inaplicado los arts. 1.716, 1.726 y 1.727 del Código Civil y Comercial, por cuanto la sentencia condena a pagar una consecuencia lesiva que se encuentra fuera de la extensión de los resultados causales conectables con la omisión atribuida.
Arguye que la inaplicabilidad de ley alegada se da en una de las funciones de la teoría de la causalidad adecuada, que es la que determina la extensión de las consecuencias.
En tales circunstancias, afirma que siendo que ambos informes periciales determinan que las lesiones tenían y tienen posibilidades de mejora, la condena a resarcir como definitivas y absolutas —es decir, permanentes— importa extender causalmente la responsabilidad por consecuencias casuales.
Estas últimas son las que se derivan del hecho con un acontecimiento distinto y no previsible (conf. art. 1.727, Cód. Civ. y Com.). En el caso, el acontecimiento distinto y no previsible está dado por la inexistencia de una intervención quirúrgica y por la inexistencia de un tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico.
Concluye que si la incapacidad resulta permanente —como indica el pronunciamiento de la Cámara— en tanto no hay mejoría ya que no se han efectuado los tratamientos que permitirían la recuperación, entonces el carácter permanente es consecuencia de ese acontecimiento —ausencia de tratamiento— que no era previsible para la Municipalidad.
Agrega que el art. 1.726 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que "excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles" y no las descriptas en la última parte del art. 1.727.
Y en este caso, atento la posibilidad de mejora prevista por ambos peritos, la condena a resarcir los daños que se derivarían de no mejorar —ya que se trata de daños a causa de no realizar los tratamientos—, el Tribunal de Alzada ha extendido las consecuencias resarcibles, transgrediendo los arts. 1.726 y 1.727 del ordenamiento citado.
III.4. Mantiene, por último, reserva del caso federal.
IV. El recurso no prospera, dada su manifiesta insuficiencia (conf. art. 279, CPCC)
IV.1. En primer lugar, en relación con el absurdo alegado en la impugnación, resulta necesario recordar que esta Suprema Corte ha establecido que cuando se cuestiona una tarea propia de las instancias ordinarias, como en el caso la valoración de la prueba pericial, es imprescindible demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador resulta irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa (conf. doctr. causas C. 101.032, "S., H.", sent. de 18-II-2009; C. 111.450, "Aguerre", sent. de 19-XII-2012; C. 106.293, "Cesyt S.R.L.", sent. de 22-X-2014; C. 121.190, "Loria", sent. de 18-II-2021; e.o.).
En tal sentido, se ha resuelto que para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer de manera paralela la propia valoración de la prueba, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se controvierten son el producto de una ponderación irrisoria. Por ende, dicho vicio no se configura ante cualquier error, ni siquiera ante la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable, requiriéndose un grave desvío lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación de alguna prueba (doctr. causas A. 75.010, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 6-XII-2019; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; A. 76.040, "Rossi", sent. de 26-XI-2021; A. 76.214, "Gómez", sent. de 27-V-2022; e.o.).
Ahora bien, en la especie, donde básicamente se discute el modo en que el Tribunal de Alzada valoró la prueba rendida, la apelación extraordinaria se sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio. Las expresiones que la Cámara reproduce de la experticia, y las conclusiones a las que llega responden a una interpretación válida de tal diligencia, que puede o no ser compartida, pero en la medida en que no se demuestre absurdo, su apreciación es privativa de la instancia anterior.
Sentado ello, considero que no se ha logrado poner en evidencia el vicio lógico denunciado.
En efecto, la Cámara —en base a la experticia médica con especialidad en ortopedia y traumatología de fecha 26 de abril de 2022 y su aclaratoria de fecha 24 de mayo de 2022; y la prueba pericial psicológica de fecha 19 de mayo de 2022 y sus explicaciones de fecha 12 de junio de 2022— encontró, por un lado, que no existen motivos serios para postular que la lesión física (ósea y ligamentaria en la rodilla derecha) que sufriera el señor V. adquiriera el carácter de temporaria, sino por el contrario, una adecuada e integral valoración de las constancias del informe pericial traumatológico, y además, que un juicio de sentido común acerca de la gravedad de las lesiones que una caída de diez metros puede ocasionar en los miembros inferiores de la víctima, permiten colegir que las lesiones físicas ocurridas en el caso, son esencialmente permanentes (v. pto. 3.1.2. del pronunciamiento).
Por el otro, atendiendo las pautas fijadas por el baremo nacional decreto 659/96, el actor padece "reacciones vivenciales anormales neuróticas (neurosis)" en grado II, que conforme anexo I del referido decreto necesitan tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico, vinculadas causalmente con el suceso dañoso, con un porcentual de incapacidad del 10% conforme las tablas allí especificadas, incapacidad laborativa que se encuentra consolidada y que dista de remitir en el corto y/o mediano plazo, concluyó que la incapacidad psíquica del accionante es de esencia permanente (v. pto. 3.1. de la sentencia).
Contrariamente a lo dicho por la representación comunal, no surge que los padecimientos de esta naturaleza puedan ser superados, o que sean meramente transitorios. Las conclusiones de la Cámara en este punto, no ameritan críticas con el grado de intensidad exigido en esta instancia casatoria.
El recurrente procede a descalificar el decisorio del Tribunal de Alzada sin conseguir demostrar que los razonamientos desarrollados por los sentenciantes hubieran incurrido en errores graves, trascendentes y fundamentales que evidencien infracción a lo prescripto por los arts. 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (art. 279, CPCC), ya que la aclaración vertida por el perito especialista en ortopedia y traumatología (pto. 1 del escrito de fecha 24-V-2022), no confiere a las lesiones sufridas por la víctima el carácter de permanentes como se pretende, sino que explicita que con los resultados de una futura cirugía "podría mantenerse una afectación de tareas diarias del individuo", mas ello no deja de constituir una afirmación hipotética e incierta al momento de la evaluación médica.
En concreto, las alegaciones vertidas en la impugnación con el objeto de cuestionar lo decidido por el tribunal en esta parcela traducen un mero disentimiento que lejos está de rebatir de manera eficaz las conclusiones del fallo y menos aún de demostrar que son producto de un razonamiento absurdo (art. 279, CPCC), motivo por el cual se impone su rechazo.
IV.2. Por otra parte, alega el impugnante que el Tribunal de Alzada ha inaplicado los arts. 1.716, 1.726 y 1.727 del Código Civil y Comercial, por cuanto la sentencia condena a pagar una consecuencia lesiva que se encuentra fuera de la extensión de los resultados causales conectables con la omisión atribuida, en tanto afirma que siendo que ambos dictámenes periciales determinan que las lesiones tenían y tienen posibilidades de mejora, la condena a resarcir como definitivas y absolutas —es decir, permanentes— importa extender causalmente la responsabilidad por consecuencias casuales.
IV.2.a. Al margen de la discusión relativa a la eventual aplicación de las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial a la responsabilidad del Estado —cuestión que, en su caso, debería analizarse a la luz de lo dispuesto por los arts. 1.764 y 1.765—, lo cierto es que, tratándose de una cuestión eminentemente fáctica y probatoria, pesa sobre quien la invoca la carga de alegar y demostrar en forma concreta el absurdo que se atribuye a la sentencia.
En efecto, bajo la invocación de una supuesta errónea aplicación de los arts. 1.726 y 1.727 del Código Civil y Comercial, el recurrente no introduce una cuestión jurídica autónoma vinculada con la extensión normativa de la responsabilidad, sino que reedita su disconformidad con la atribución del carácter permanente a las lesiones del actor. La alegada indebida extensión a "consecuencias casuales" no constituye sino una reformulación del mismo cuestionamiento fáctico-probatorio ya examinado al tratar el absurdo invocado en el punto IV.1. En tales condiciones, el planteo carece de virtualidad para habilitar la instancia extraordinaria por la vía de la inaplicabilidad de ley.
IV.2.b. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que las consecuencias casuales son aquellas que se derivan del hecho a partir de la intervención de un acontecimiento distinto y no previsible. En el sub examine , el recurrente pretende identificar ese acontecimiento con la ausencia de una intervención quirúrgica y de tratamientos medicamentosos o psicoterapéuticos, lo que no resulta atendible.
En efecto, la invocación de los arts. 1.716, 1.726 y 1.727 del Código Civil y Comercial tampoco habilita la solución que postula el impugnante. Sostiene este que el carácter permanente de la incapacidad —tal como fue establecido por la Cámara— obedecería a la falta de realización de los tratamientos indicados, circunstancia que configuraría un acontecimiento distinto y no previsible en los términos del art. 1.727. Sin embargo, tal construcción parte de una premisa que no se verifica en la causa.
Como quedó señalado en el punto IV.1., el perito médico traumatólogo, al brindar las aclaraciones requeridas (presentación de 24-V-2022), indicó que aun con una eventual intervención quirúrgica "podría mantenerse una afectación de tareas diarias del individuo", lo que evidencia que los resultados favorables invocados por el recurrente se sitúan en el plano de lo meramente hipotético. Aun en el supuesto de llevarse a cabo la cirugía y los tratamientos psicológicos sugeridos, no es posible asegurar con grado de certeza la reversión de las secuelas constatadas.
En tales condiciones, no puede sostenerse que el carácter permanente de la incapacidad derive de un acontecimiento extraño, autónomo e imprevisible, sino de la propia entidad de las lesiones acreditadas en autos. Por ello, el planteo articulado debe ser desestimado.
V. Por los motivos expuestos, no habiéndose demostrado absurdo en la p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.