Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77347
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.347, "Quiroga, Erica Graciela c/ Miloco, Ana Carolina y otros s/ pretensión indemnizatoria - otros juicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la pretensión indemnizatoria promovida en autos (v. sent. de fecha 18-V-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2021, 9:17:24 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 9-IX-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 30-III-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Erica Graciela Quiroga (por sí y en representación de su hijo Franco Emiliano Varas) promovió demanda contra Ana Carolina Miloco, la Municipalidad de Junín y la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con motivo del accidente, ocurrido el día 10 de agosto de 2018, en el que Franco Emiliano Varas circulaba en una motocicleta por calle Primera Junta de la ciudad de Junín, en dirección a la Ruta Nacional 188, y en la intersección semaforizada con Avenida Libertad, al cruzar con luz verde, es embestido —en su lado izquierdo— por una camioneta patrullero conducida por la agente policial Miloco, que acudía —alega, aparentemente— a una emergencia, a excesiva velocidad por la mencionada avenida, sin sirena y sin respetar el semáforo.
Endilgó responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires por estar afectado el móvil al servicio de seguridad y a la Municipalidad de Junín como propietario del automotor, el cual cediera en comodato al Ministerio de Justicia y Seguridad para el uso por los agentes policiales a los fines del cumplimiento de su labor.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín rechazó la acción promovida en autos (v. sent. de fecha 19-XI-2020).
Sostuvo que quedaba fuera de debate que el móvil policial se desplazaba en un acto de servicio, destinado a interceptar a un motovehículo en el que circulaban dos NN masculinos quienes minutos más tarde lo abandonan en las intersecciones de Avenida Libertad y Ruta Nacional 188 dándose a la fuga a pie (cfr. acta de procedimiento, IPP 04-00-007513-18, "Lesiones culposas - art.94, Víctima-denunciante: Varas, Franco Emiliano").
Apreció, según las pruebas aportadas, que el móvil transitaba por Avenida Libertad con las balizas encendidas, luces delanteras prendidas y el uso continuo de la bocina -carecía de sirena- y colisionó en la intersección de la calle Primera Junta con una motocicleta guiada por Varas, de diecisiete años de edad, que circulaba por la mencionada arteria (cfr. croquis del sumario policial y declaraciones de testigos en la mencionada sede).
Concluyó que el papel de embistente resulta poco relevante, porque el actor debió ceder el paso con sustento en el art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito, en virtud de que la bocina del patrullero era audible. Desde allí es que juzgó que el señor Varas con su exclusivo accionar, interrumpió totalmente el nexo causal entre el hecho y el daño padecido.
III. Apelado dicho pronunciamiento por la parte actora, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, confirmó esa decisión (v. sent. de fecha 18-V-2021).
III.1. Sostuvo inicialmente que, dado que la circulación fue en una avenida, de la prueba pericial rendida en autos no surgía que el móvil policial haya circulado a exceso de velocidad. En torno a la prioridad de paso, entendió que al estar en un cruce con semáforos en funcionamiento al momento del siniestro, la tiene en principio quien lo tiene libre, por estar en "verde".
Luego de ello señaló que el argumento referido a que el móvil conducido por la citada agente policial violó la manda semafórica y avanzó, embistiendo mecánicamente a Varas, era incompleto con motivo de que en el escrito de demanda el actor adujo que no era aplicable en el caso el art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito en cuanto manifestó "pues no había ningún delito en flagrancia en los que se encuadre la actuación de la policía a bordo del patrullero sino que -a estar a las actuaciones mencionadas IPP acudían en apoyo de otros agentes en una persecución a personas que se desplazaban a pie" y en segundo lugar, al apelar negó extemporáneamente el carácter policial del vehículo, al entender que no era claramente identificable como tal, por contener solamente una inscripción en la puerta trasera.
En respuesta a ello señaló que el art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito da pautas de conducción previas al siniestro y de ponderación de la conducta posteriores a este. Especificó que en las arterias con construcciones es harto difícil observar el tipo de vehículo con el que se llega a las encrucijadas dado que se ve alterado el "cono de visibilidad".
III.2. Descartó que el vehículo embistente no estuviese en persecución, pues consideró que el móvil conducido por Miloco estaba afectado al uso policial y en el momento del siniestro "se dirigía al ATSA por masculinos que se habrían escapado de una interceptación de zona 12 22959 quienes dejaron la moto tirada en la calle República lo cual el móvil procede a persecución" (hora 12:39:50) conforme el informe del suceso del Centro de Atención Telefónica de Emergencias de Campana.
Sobre este piso de marcha es que delimitó que debía analizarse como circulaba un vehículo en servicio de emergencia conforme lo prescripto en el art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito.
Estimó adecuada la decisión que adoptó el conductor del móvil de emergencia respecto a que al carecer de sirena utilizó la bocina a modo de aviso precautorio. Ello tendiente a evitar "...un mal mayor al que intenta resolver".
En el marco del examen que efectuó también tuvo por acreditado que las balizas del móvil funcionaban y estaban encendidas, empero, consideró que en una encrucijada y en horario diurno, estas no ofrecían demasiada capacidad de visualización para quien circula de modo perpendicular, como lo hizo Varas, y que el conductor del móvil policial accionó la bocina, conforme los dichos de los testigos presenciales del hecho, Breme y Forte, ajenos a la Policía.
Interpretando el art. 61 párrafo segundo de la Ley Nacional de Tránsito sostuvo que el deber es circular con las balizas, pero solamente "si su cometido requiriera extraordinaria urgencia", se agregará el sonido de la sirena. En ese contexto entendió que el uso de este último dispositivo no será en todas las situaciones de emergencia sino en aquellas en que sea ponderada de extraordinaria.
III.3. Consideró que el sonido de la bocina podría ser asimilado al de la sirena. Ello por cuanto los testigos Breme y Forte lo oyeron, deduciéndose que otras personas (entre ellos Varas) estaban en condiciones también de hacerlo.
Para más, expresó que la ausencia de carnet de conducir no permitía saber si Varas tenía la aptitud psicofísica, que incluye la auditiva, para obtener esa licencia (cfr. art. 14 inc. "a" apdo. 4, Ley Nacional de Tránsito), si bien tampoco se probó que poseyera una disminución que le hubiera impedido escuchar la bocina.
En este punto también, manifestó que dicha normativa prevé, por una parte, la obligación de todo usuario de la vía pública de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias y que no pueden seguirlos y, por otra, prohíbe en la vía pública el uso de la bocina salvo en caso de peligro (arts. 48 inc. "v" y 61 de la citada normativa).
En ese marco ponderó que la conducción de Varas no habría sido prudente, con motivo de que el móvil conducido por la agente policial utilizaba la bocina, cuyo sonido debió significarle al menos una advertencia de peligro, y que, ante ello, prosiguió el cruce, porque tenía la señal semafórica que lo autorizaba.
III.4. Finalmente desestimó que se haya configurado ante el proceder de la agente policial una falta de servicio por varios motivos. En primer lugar, por cuanto era de relativa significación que la sirena funcionara; en segundo lugar, en virtud de que la conducta de la señora Miloco de acudir en apoyo a otra unidad no aparece como un incumplimiento de su deber primario ante un requerimiento radial (cfr. decreto 747/05, Anexo I); y, por último, ante el proceder del demandante.
También descartó el planteo de irregularidad formulado por la parte actora en torno a la inadecuación de los criterios administrativos de actuación a los parámetros de la ley 24.449, al considerar que el tiempo que insumió el arribar al requerimiento de apoyo no aparecía desatinado ni anacrónico ya que el art. 2 del Anexo I del decreto 747/05, lo conceptualizó como "toda circunstancia, urgente necesidad o catástrofe que pueda comprometer la vida, libertad, seguridad e integridad de las personas físicas o jurídicas o la de sus bienes y que exija objetivamente un auxilio inmediato", el que debe ser ponderado por regla por el convocante, "el usuario" (cfr. arts. 1 párrafo segundo y 2 del Anexo I del decreto mencionado).
Ponderó que de las actuaciones administrativas se desprendía que el resultado del procedimiento al cual se dirigía el móvil conducido por Miloco se ajustaba a ese contexto.
Por último, desestimó la falta de servicio con sustento en la velocidad de circulación del móvil policial, en su carácter de embistente, en haber cruzado el semáforo en rojo y en la pérdida de dominio del vehículo, ello en virtud de que la conducta de la víctima era interruptora del nexo causal.
En efecto, sostuvo que Varas al arribar a la encrucijada no podía saber si el vehículo que se aproximaba tocando bocina era una autobomba, un móvil de cuerpo de bomberos, uno afectado a las fuerzas armadas o de seguridad, una ambulancia, o uno particular, ni tampoco si acudía a un requerimiento, o venía de colaborar por ejemplo, en un accidente vial y transportaba un herido grave; empero, continuó porque el semáforo lo estaba habilitando.
En ese marco concluyó que la conducta del conductor de la moto era la reprochable al no obrar con la prudencia que la circunstancia exigía.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 19 de la Constitución nacional; 36 incs. "a" y "b", 39 inc. 1, 41 inc. 1, 44 inc. "a", 48 inc. "v", 50, 51 y 61 de la ley 24.449 y 2, 1.722, 1.724, 1.725, 1.727 y 1.757 del Código Civil y Comercial, preceptos que considera aplicables por analogía (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2021, 9:17:24 hs.).
También alega absurdo en la valoración de los hechos acreditados en la causa transgrediéndose los arts. 34 inc. 4, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Plantea los siguientes agravios:
IV.1. Que la decisión de la Cámara vulnera el art. 61 primer párrafo de la ley 24.449, al valorar erróneamente las circunstancias fácticas del caso.
Alude a que del primer párrafo del citado precepto se desprende que la autorización legal a los vehículos de emergencia de no respetar las normas de tránsito está admitida únicamente ante situaciones excepcionales y "siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver".
Alega que conforme a ello es inaceptable que el fallo en crisis haya soslayado la velocidad con que la camioneta ingresó a la encrucijada, la que fuera entre 51 a 54 km/h, así como que avanzara con la luz roja en una arteria urbana de asiduo tránsito peatonal —tal como se desprende de los testimonios de los señores Breme y Forte, que dan cuenta de que en las inmediaciones se encuentra el Rectorado de la UNNOBA, un kiosko de revistas y un supermercado- a las 12:30 hs. del mediodía, transgrediendo los arts. 39 inc. "b", 44 párrafo primero y 50 de la ley 24.449.
Sostiene que conforme se desprende de la pericia mecánica el vehículo policial perdió el dominio del rodado, aun habiendo divisado el ingreso de la moto, embistiendo con su parte delantera sobre el lateral izquierdo de la motocicleta y que luego del impacto, el ciclomotor quedó enganchado debajo del paragolpes de la camioneta recorriendo unos 14 a 15 metros hasta detenerse.
IV.2. Por otra parte, entiende que el Tribunal de Alzada al considerar correcto el uso de la bocina a modo de aviso precautorio incurre en un razonamiento absurdo.
Aduce que constituye una máxima de experiencia que la posibilidad de causar daños mayores no puede sino verse potenciada ante la ausencia de las advertencias legalmente dispuestas. Trae a colación lo expresado por esta Corte en la causa C. 101.647, "Ramos", sentencia de 21-IV-2010, que si bien versó sobre los arts. 57 inc. 2, 82 y 83 de la ley 11.430, debe de allí extraerse en especial que es condición de los vehículos públicos de emergencia realizar señales de advertencia que permitan a los demás conductores oír y advertir que se encuentran en esa situación.
IV.3. También cuestiona que la Cámara haya omitido apreciar que el automóvil policial no estaba persiguiendo algún delito fragrante, sino que había sido comisionado para acudir en apoyo de otro, en una persecución de dos masculinos a pie, por lo que esa situación no tornaba imprescindible cruzar una encrucijada con el semáforo en rojo, de asiduo tránsito vehicular y peatonal y en horario pico y a una velocidad que excedía la precautoria.
Desde allí entiende que el Tribunal de Alzada vulneró el art. 61, primer párrafo, de la ley 24.449, el que no concede un bill de indemnidad al móvil policial.
IV.4. Asimismo, alega la errónea aplicación del art. 61, cuarto párrafo, de la ley 24.449.
Cuestiona la valoración efectuada por el fallo en crisis en cuanto equiparó las aptitudes sensoriales que tuvo el conductor de la moto con la de los testigos Breme y Forte que manifestaron que escucharon el sonido de la bocina.
Manifiesta que la Cámara ignora que existieron circunstancias accidentales que exigían una advertencia extraordinaria, como que la camioneta policial circulaba en la fase previa a la colisión a 54 km/h y las posibilidades auditivas del conductor se vieron necesariamente disminuidas por la distancia física que lo separaba.
A su vez, sostiene que al considerar la sentencia impugnada que la bocina pudo utilizarse en reemplazo de la sirena vulnera la referencia dogmática contenida en el art. 61, tercer párrafo, de la Ley Nacional de Tránsito y desconoce que es un hecho público y notorio asequible a cualquier persona media que solo el sonido de la sirena cumple la función de advertencia, cualidad que no es predicable para la bocina.
Añade que la Cámara reconoce esa equivocidad de la advertencia cuando señala que "al arribar a la encrucijada Varas no podía saber si el vehículo que se aproximaba tocando bocina era una autobomba, un móvil de cuerpo de bomberos, uno afectado a las fuerzas armadas o de seguridad, una ambulancia, o uno particular, ni tampoco si acudía a un requerimiento, o venía de colaborar en un accidente vial, o transportaba a un herido grave".
Enfatiza que el fallo en crisis al avalar el uso de la bocina justificando la prioridad de paso vulneró los arts. 44 inc. "a" de la ley 24.449 y 1.722, 1.724, 1.727 y 1.757 del Código Civil y Comercial.
IV.5. Aduce también que el Tribunal de Alzada ha transgredido el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial al haber reparado en que el conductor de la moto carecía de carnet de conducir.
Señala, que si bien el actor incurrió en una falta de tipo formal, la ausencia de aquel extremo no infiere por sí solo respecto a la responsabilidad en la producción del accidente. A tal fin reseña lo dicho por esta Corte en la causa Ac. 100.055, "Ditter", sentencia de 17-VI-2009.
En adición aduce que la destreza del señor Varas se desprende al suscribir el acta labrada en la audiencia de fecha 27 de agosto de 2019, de la pericia médica que refiere a la falta de alguna anomalía en sus capacidades sensoriales, y de los informes de la Dirección General de Cultura y Educación, que dan cuenta de que a la fecha del siniestro poseía la condición de alumno regular de un colegio y de otras instituciones respecto a su desempeño deportivo.
IV.6. Por último, sostiene que la Cámara al desestimar la responsabilidad por falta de servicio achacada a la Provincia de Buenos Aires infringió el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial por cuanto valoró incorrectamente las circunstancias fácticas y aplicó erróneamente el decreto 747/05.
Señala que el fallo en crisis al considerar que el deber primario de la agente era acudir al requerimiento radial de apoyo ignora que todos los que conducen un vehículo en la vía pública deben respetar la vida y la integridad de las personas que utilizan dicha vía y que, en el caso, ello no ha sucedido por cuanto la actuación del agente policial creó una situación de grave riesgo social, situación que se desprende de las lesiones sufridas por el señor Varas que lo incapacitaron en un 44,75%.
En adición expresa que la sentencia impugnada ha afirmado erróneamente que "no acudir al requerimiento radial de apoyo a otra unidad, podría haber generado incumplimiento de las funciones de la agente" toda vez —alega— que el móvil conducido por la agente Miloco podía transitar a una velocidad precautoria y conforme las circunstancias lo permitieran.
Desde allí es que aduce que la Cámara no analizó la proporcionalidad de los medios y fines del servicio y vulnera el art. 19 de la Constitución nacional que prohíbe dañar a otro y preceptos del derecho común sobre culpabilidad y previsibilidad del daño, que considera de aplicación analógica.
V. El recurso prospera parcialmente.
V.1. Tal como quedó expresado en la reseña anterior, y aun cuando el escrito recursivo es ciertamente desordenado y no ha sido estructurado de un modo claro, los agravios de la recurrente pueden sintetizarse de la siguiente manera: i. en primer lugar alega el exceso de velocidad del móvil policial; ii. critica el uso de la bocina en lugar de la sirena; iii. expresa tenuemente que no estaba en funciones de persecución; iv. vuelve —aunque con fundamento en la violación al art. 61 de la Ley Nacional de Tránsito— sobre el asunto vinculado a la sirena; v. se refiere a la ponderación sobre la falta de licencia de conducir del actor; y vi. finalmente se queja de la decisión en torno a la falta de servicio.
Solo uno de estos agravios habrá de resultar idóneo para revocar un tramo de la sentencia conforme lo expongo seguidamente.
V.1.a. En primer lugar, repasando el núcleo de la cuestión controvertida, cabe puntualizar que conforme surge de las constancias probadas en este proceso y de la causa penal adunada, el día 10 de agosto de 2018 en las calles Primera Junta y Avenida Libertad de la ciudad de Junín se produjo una colisión entre un móvil policial y un motovehículo. El automotor conducido por la demandada Miloco, era un vehículo afectado al uso policial, que se desplazaba a una velocidad entre 51 a 54 km/h y a las 12:30 hs. del mencionado día al dirigirse hacia Avenida La Plata y Madres de Plaza de Mayo, haciéndolo por la Avenida Libertad, al llegar a la intersección con calle Primera Junta, atravesó con el semáforo en rojo y colisionó con una motocicleta que transitaba por estaú
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