Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 21705 2019
Expte. Nº 21705.-
Autos: VACCARO RICARDO ARISTOBULO C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA.-
Mercedes, de Marzo de 2018.-GP
Estos autos caratulados "VACCARO RICARDO ARISTOBULO c/ MUNICIPALIDAD DE MORENO s/ Pretensión Indemnizatoria", Expte Nº 21705, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 52/69 se presenta el Dr. Edgardo Ramón Bravo, en representación del Sr. Ricardo Aristóbulo Vaccaro, interponiendo demanda contra la Municipalidad de Moreno a fin de que se lo condene a abonar al actor la suma de $92.553 y/o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, en concepto de rubros remuneratorios, indemnizaciones por el periodo no prescripto y multas, todo ello más su intereses.-
Asimismo solicita a la accionada, la exhibición en autos de los originales de los comprobantes de depósito ante el ente recaudador pertinente de las contribuciones debidas como obligado directo y de los aportes y cuotas a cargo del actor, retenidos por la demandada, con destino a la seguridad social.-
En cuanto a los hechos en particular, relata que ingresó a prestar servicios para la contraria en fecha 1 de enero de 2010, cumpliendo tareas conforme organigrama de la accionada, en el trabajo que le fuera asignado como "Asesor" en la Subsecretaria de Protección Integral y Participación Ciudadana, aclarando que es retirado de una fuerza de seguridad: Prefectura Naval Argentina.-
Explica que cumplió tareas como asesor técnico, calidad laboral ésta que lo incluye en el ámbito regulatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme lo explícita la reglamentación que regula la relación laboral del personal Municipal, señalando al mismo tiempo que dicha especialidad también luce en la constancia laboral que expide la demandada.-
Dice que cumplía su actividad laboral todos los días de la semana, sábados, domingos y feriados, en un periodo - horario corrido- de 12 horas diarias, en forma alternada -un día sí, un día no- desde las 07:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas y que su última remuneración mensual, normal y habitual correspondió al mes de noviembre de 2013, sueldo bruto por la suma de $6.026,53.-
Refiere que la relación contractual laboral vinculatorias de las partes, se extinguió el día en que agotada la licencia médica, se presenta a sus tareas y la accionada le niega el acceso a su lugar de trabajo.-
Hace hincapié en que antes de verificarse ésta circunstancia, se encontraba enfermo con un diagnóstico por depresión, medicado, con certificados médicos entregados a la demandada sin objeción o reserva alguna.-
Aclaró que el intercambio telegráfico cursado entre su mandante y la accionada, la última pieza postal que el trabajador remite no fue respondida en forma pormenorizada por la demandada, y tan solo se remitió en su responde a una negativa general.-
Sostiene que la relación laboral estaba encuadrada dentro de la LCT - Ley 20.744, toda vez que la reglamentación propia que regula la actividad del personal en relación de dependencia de las Municipalidades, principia y fenece durante la vigencia de la ley 11.757 verificándose en el ámbito y aplicación de la ley 11.757 que conforme art. 2 y referido al cuerpo de asesores, excluye a ésta calidad o actividad, cayendo la cuestión y situación laboral aludida en el ámbito del derecho del trabajo que contempla la ley 20.744.-
Afirma que la Ley 11.757 fue modificada y su vigencia principia en el año 2015 y tiene su vigencia a partir de su promulgación estableciendo un plazo para su aplicación de 180 días y ello surge así de la ley que modifica la anterior.-
Apartado seguido hace hincapié respecto a la estabilidad del empleo público, tomando en consideración la Ley 11.757 y 14.656. Cita jurisprudencia.-
Se refiere a continuación a la temeridad y malicia de la accionada, pues afirma que al verificarse el despido, el actor se encontraba enfermo con tratamiento psiquiátrico, extremo que asevera se desprende de la multiplicidad de certificados médicos entregados a la demandada y recibidos en principio sin objeción alguna.-
Agrega que posteriormente, fueron rechazados, negándole la recepción de los mismos, lo que lo obligó a trascribirlos en piezas postales y que dice agregar a la demanda.-
A continuación hace referencia al intercambio postal con la Municipalidad, las que transcribe. Entiende al respecto que la negativa genérica de la comuna, carece de virtualidad suficiente, menos aún para enervar el reclamo pormenorizado que efectúa su mandante. Cita jurisprudencia.-
Finalmente práctica liquidación, componiéndose de la misma en base a lo dispuesto por el art.80, 156, 213, 231 a 233, 245 Ley 20744, art 45 ley 25.345 y ley 25.323.-
A continuación ofrece la prueba de la que intenta valerse.-
Por último solicita la aplicación de la Tasa Activa, plantea la Inconstitucionalidad del tope indemnizatorio, denuncia Pacto de Cuota Litis y plantea la Inconstitucionalidad respecto de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 modificados por el art. 4 de la Ley 25.561 y el art. 5 del Decreto 214/2001 y aplicación al caso del art.276 de la LCT.-
Por último, peticiona.-
Manifiesta en particular que conforme normativa vigente durante la relación laboral hasta el distracto, esta se encuadraba en el ámbito de la ley 11.757, empero, aclara que el art. 2 expresamente excluye justamente a la calidad de "Asesor Técnico" y en consecuencia la relación se encuadra en el ámbito del derecho del trabajo que contempla la Ley 20.744. Cita Jurisprudencia.-
III. A fs. 80 se presenta la Dra. Micaela Elisa Lombardi, en carácter de apoderada de la Municipalidad interponiendo excepción de incompetencia.-
En primer lugar solicita se declare la inadmisibilidad de la pretensión deducida en los términos del art. 31 inc. 3, por falta de agotamiento de la vía administrativa.-
Explica que el accionante ha omitido agotar el procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido por el art. 14 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008).-
Pues si bien instó el procedimiento administrativo mediante la misiva remitida donde solicitara se aclare su situación laboral, su mandante contestó notificándole que había sido dado de baja el 30/11/2013, decidió no continuarlo, impidiendo a su parte ejercer su facultad de revisión de los actos por ella emitidos.-
Afirma en consecuencia que no hay acto administrativo que emane de la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final que agote el procedimiento administrativo y habilite la vía judicial conforme lo requiere el art. 14 inc.1 ap. a del CPCA.-
Por ello entiende que la demanda interpuesta debe ser declarada inadmisible y rechazada por prematura.-
Asimismo, sostiene que debe rechazarse la demanda por la caducidad del plazo previsto por el art 18 de la ley 12008.-
Afirma que el actor está incluido en las prerrogativas de la Ley Provincial N°11757 (Derogada por la Ley 14656) que en su art. N° 2 excluye al personal de bloques políticos del Departamento Deliberativo y Cuerpo de Asesores. Pero que a pesar de ello mediante la Ordenanza salarial N° 5544/12 artículo N° 1 se contempla dichos cargos, los cuales se ven reflejados en el Anexo V de la Carrera Administrativa Municipal - Escalafón Planta Temporaria de Jornada Ordinaria.-
Relata que el actor ingresó a prestar tareas para su mandante con fecha 1 de enero de 2010, siendo su última designación la del decreto N° 2523 de fecha 28 de octubre de 2013, designándose desde el 1 y hasta el 30 de noviembre de 2013 inclusive, en la Planta de Personal Temporario, a tenor de lo dispuesto por el artículo 12, 92 y cc de la ley 11.757.-
Que sin haber renovación de contrato, el actor fue dado de baja el 30 de noviembre de 2013, habiendo cobrado su última liquidación con fecha 31 de diciembre de 2013.-
Encontrándose por ello, el presente reclamo prescripto al momento de inicio de la demanda.-
Cabe destacar que la Administración tomó la decisión de no renovar el contrato de empleo público al actor, a partir del 30/11/2013 por pertenecer a planta temporaria.-
Refiere que más allá de lo planteado originariamente, la demanda es radicada en el Tribunal de Trabajo Departamental, cuando no corresponde el encuadramiento de este caso particularmente en LCT y si corresponde la aplicación de la Ley 11.757 y Ley 12008, debiendo tener en cuenta que el artículo 18 de la ley 12008 establece el plazo de 90 días para deducir la pretensión.-
Afirma que de las constancias obrantes "no surge recurso o impugnación procedimental alguna de parte del accionante que permita tomar otra fecha para determinar el inicio del cómputo del plazo del artículo 18 más que la del día siguiente al cese reconocido por la propia actora".-
Agrega que el cese reconocido por el actor se produjo el 30 de noviembre de 2013 y la demanda se promueve el 30 de diciembre de 2015, por lo que habiéndose excedido ampliamente el plazo del artículo 18 de la ley 12008 considera que corresponde desestimar la demanda por extemporánea.-
Apartado seguido y en subsidio, opone excepción de prescripción.-
Dice al respecto que, para el hipotético e improbable supuesto que no se haga lugar al pedido de caducidad de plazo planteado, opone la excepción de prescripción prevista por el art 256 de la LCT. En efecto alega que si el actor fue dado de baja por su mandante el día 30 de noviembre de 2013 y según constancias que obran en autos la presente demanda fue iniciada el 30 de Diciembre de 2015, se encuentra sobradamente vencido el plazo de 2 años establecido por el art 256 de la LCT y por ello solicita se haga lugar a la excepción articulada con costas a la actora.-
Seguidamente, niega todos los hechos narrados por el actor que no sean de expreso reconocimiento en esta contestación, como así también desconoce la totalidad de la documental acompañada por el actor, tanto en su forma como en su contenido por no constarle su autenticidad, a excepción de aquella emanada por el municipio que representa.-
En cuanto a los hechos en particular, cree que los hechos alegados por el actor no se condicen con la realidad.-
Afirma que el actor con categoría "asesor temporario" ha ingresado a prestar tareas para su mandante con fecha 1 de enero de 2010, siendo su última designación la del decreto N° 2523 de fecha 28 de octubre de 2013, designándose desde el 1 y hasta el 30 de noviembre de 2013 inclusive, en la Planta de Personal Temporario, a tenor de lo dispuesto por el artículo 12, 92 y cc de la ley 11.757.-
Pone de relieve que formando parte el actor de la planta temporaria, se decidió no volver a renovar el contrato que unía a ambas partes y es por ello que el día 30 de noviembre de 2013, al expirar el último contrato, el actor fue dado de baja.-
En cuanto al encuadre legal que pretende darle la parte actora a la relación de empleo, dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta desacertada porque la misma ley en su art. 2, inc."a" excluye a los empleados públicos Nacionales, Provinciales y Municipales.-
Destaca, que sin embargo el propio actor, más adelante en su confuso relato, y hablando de la estabilidad del empleo público alega el art. 4 y 7 de la ley 11.757, es decir, que según su conveniencia y en forma antojadiza, se coloca dentro de una u otra norma.-
En realidad -continúa- el actor está incluido en las prerrogativas de la Ley Provincial N° 11757 (Derogada por la Ley 14656) que en su Art. N° 2 excluye al Personal de bloques políticos del Departamento Deliberativo y Cuerpo de Asesores, pero que a pesar de ello mediante la Ordenanza salarial N° 5544/12, artículo N° 1 contempla dichos cargos, los cuales se ven reflejados en el Anexo V de la Carrera Administrativa Municipal, Escalafón Planta Temporaria de Jornada Ordinaria, que dice acompañar como prueba documental.-
Dice que lo expuesto por el accionante, no puede de modo alguno vulnerar o poner en jaque la legalidad del derecho que invoca su mandante al contratar y cesar dicha contratación.-
Destaca que la organización del personal administrativo, y en particular la selección y promoción de los agentes públicos es competencia del poder administrador, y que al efecto no puede desconocerse su propio criterio de eficacia, siempre que no contradiga los principios de legalidad y de razonabilidad, exigencias éstas que constituyen una regla general ineludible en el ejercicio de las potestades públicas. Cita jurisprudencia.-
Sobre el particular, sostiene que el actor siempre revistió la condición de personal temporario, como el mismo lo alega y por lo tanto, queda sentado que consintió en ingresar en tal condición al municipio, celebrando sucesivamente contratos a plazos determinados durante un periodo de tiempo sin reserva ni cuestionamiento alguno, no existiendo, por otra parte, acto administrativo alguno que formal y expresamente lo designara o nombrara para desempeñarse como empleado efectivo de la planta permanente de la administración municipal.-
Concluye que, habida cuenta de lo expuesto, y del carácter temporario de las funciones desarrolladas por el actor en calidad de contratado, integrando su planta transitoria, funciones que fueran asignadas por la autoridad en el marco de una política administrativa cuyo enjuiciamiento es ajeno al órgano judicial, no pudo adquirir la estabilidad pretendida, razón por la cual debe rechazarse la demanda.-
Finalmente impugna la liquidación practicada por el actor, ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.-
V. A fs. 181/189 nuevamente se presenta la actora, contestando en esta oportunidad el traslado conferido a fs.179.-
Manifiesta en relación a la baja de la relación laboral, que en contradicción a lo manifestado por la comuna, no ha tomado conocimiento toda vez que la supuesta notificación con intervención de un funcionario " ad hoc" y las menciones que lucen en la misma, constituyen hechos afirmados unilateralmente por una persona que pertenece al mismo organigrama de la demandada.-
Señala que el funcionario, que suscribe la mentada cédula de notificación, no transcribe la parte dispositiva del acto administrativo y tampoco se infiere que tenga facultades suficientes para poner fin a una relación laboral que a la luz de la documentación acompañada por la misma demandada surge que el actor fue designado por medio de un decreto, que emana del Intendente Municipal, y no de un funcionario de menor jerarquía que carece, de legitimación y competencia suficiente para resolver un vínculo laboral. Cita jurisprudencia.
Considera por ello, que el acto es nulo de nulidad absoluta e insanable, por faltarle los requisitos propios que hacen a su validez intrínseca.-
En relación a la prescripción, agrega que aun cuando las referencias del acto notificatorio fueran ciertas, el acta no tiene fecha completa, le falta el año y si se toma como válida la mención del día, la mentada y deficiente notificación empieza a producir sus efectos espurios a partir del día siguiente.-
Continua relatando que, suponiendo que el día 09/12 correspondía al año 2013 -tomando como indicativa la fecha que luce en el anverso de la notificación- no se habría producido prescripción alguna del presente reclamo laboral, toda vez que el plazo de 2 años no se encontraba cumplido, debido a que existió una suspensión del plazo prescriptivo entre el 23/10/2013 y el 02/12/2013, a consecuencia de la actuación ante el Ministerio de Trabajo -Delegación Moreno. Cita jurisprudencia.-
Luego dedica otro parcela de su responde, a los dispuesto por el art. 7 de la Ley 11.757, manifestando al respecto, que no se puede utilizar una ley haciendo una exégesis parcial del citado artículo.-
Hace referencia a que trabajó más de 3 años y 11 meses, y es una cuestión no negada por la comuna, lo que evidencia un incumplimiento de los deberes de funcionario público al utilizar "contratos sucesivos", con una finalidad de abuso y coacción para que el dependiente siempre esté pendiente de que no se le renueve el mentado contrato de empleo público.-
Seguidamente insiste en que el presente casi debe ser resuelto a la luz de la LCT, ello en orden a lo dispuesto por la exclusión dispuesta en el art. 2 de la ley 11.757.-
Finalmente, en cuanto a la caducidad, alega que la misma no existe, toda vez que no se ha promovido reclamo administrativo previo, y por lo tanto no tienen aplicación en la presente causa.-
Agrega al respecto que, en modo alguno una decisión administrativa expulsiva puede reverse, menos aún que la Administración sanee un acto de alcance particular a través de otro acto que descalifique el anterior, pues buscar un camino para conmover a la Administración agotando una vía administrativa, para luego ir a la judicial, lesiona el " debido proceso adjetivo legal " contenido innominadamente en el art 18 de la CN. Cita jurisprudencia.-
Todo ello ante el Tribunal de Trabajo N°1 de Moreno General Rodriguez.-
VIII. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 218/219 conforme los extremos que informa la certificación de fecha 29/08/2017 y presentados el alegato por la parte actora -fs.346/351- y por la accionada en fecha 24/10/2017, se llama con fecha 07/11/2017 autos para sentencia y;
1. Previo a analizar las circunstancias de hecho y de derecho en el que se plantea el fondo de la pretensión, corresponde referirme en primer lugar al planteo de inadmisibilidad formal de la demanda sustentada por la Municipalidad de Moreno.-
Cabe poner de resalto que la oposición al progreso de la acción, ha de resolverse a la luz de lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (ley12.008 texto según ley 13.101), ordenamiento que prevé, para canalizar aquella, la excepción de inadmisibilidad de la pretensión.-
Específicamente el art. 35 del mencionado cuerpo legal, enumera taxativamente las excepciones admisibles, dentro de las cuales la "Inadmisibilidad de la pretensión" (art. 35 inc "i"), debe ser opuesta solo como defensa previa y en el plazo estipulado en el art 34 inc 1 Ley 12.008.-
Sin embargo, ese planteo del demandado no encuentra un curso favorable, al menos en esta parcela de debate, toda vez que de las constancias obrantes en la presente causa, no se desprende que haya hecho uso de aquella defensa planteándola como una "excepción previa" sino que ha dejado planteada la oposición formal al progreso de la acción como defensa de fondo, supuesto no admitido por el Código Contencioso Administrativo en el art. 35 inc.2.-
Nótese al respecto, que sin perjuicio de haber tramitado en un principio en sede laboral, la comuna en su responde de demanda, se opone a la admisibilidad de esta, invocando el art.31 inc.3 del CPCA y no oponiendo ninguna excepción previa, de las enumeradas en el art. 35 del mismo cuerpo legal.-
De este modo, admitida la pretensión y corrido el traslado de demanda -extremo sin cuestionar- quedó vedada la posibilidad al magistrado de volver sobre tal cuestión al momento de dictarse la sentencia definitiva, pues lo contrario, importaría desbaratar una situación procesal ya consolidada en detrimento del principio de la preclusión procesal, con clara afectación al principio de seguridad jurídica que debe primar en el desarrollo del proceso.-
En consecuencia, la mencionada oposición al progreso formal de la acción debe ser desestimada, lo que así dejo decidido.-
2. Superada la cuestión formal corresponde, dirigirse a resolver sin más, el planteo vinculado a la excepción de prescripción opuestas por la comuna, la que quedó planteada en los términos del art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (ver fs. 174vta).-
En consideración de lo expuesto, a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.