Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 11334 2018
Expte. Nº 11334.-
Autos: QUIPILDOR NORMA DEL VALLE C/ MIELES CERCHAR RANDOLPH JOSE Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA-OTROS.-
Mercedes, de Agosto de 2018.-GP
Estos autos caratulados "QUIPILDOR NORMA DEL VALLE c/MIELES CERCHAR RANDOLPH JOSE y Otro/a s/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expediente Nº 11334, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.19/28, se presentan los Dres. Carlos Martín Capandegui y Manuel Enrique Capandegui en carácter de apoderados de Norma del Valle Quipildor, promoviendo demanda contra Randolph José Mieles Cerchar y contra la Municipalidad de Marcos Paz, con el objeto de que se los condene al pago de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la deficiente prestación médico asistencial brindada a la hija de la actora -Johana Belén Rojas.-
Relata que, con motivo de los hechos sucedidos, se instruyó la correspondiente Instrucción Penal Preparatoria N° 167.117 por ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes, caratulada "Mieles Cerchar, Randolph José s/ Homicidio culposo".-
Agrega que la misma fue oportunamente elevada a juicio, quedando radicada ante el Juzgado Correccional N° 1 del mismo Departamento Judicial, dictándose sentencia condenatoria con fecha 31 de mayo de 2009.-
Narra que en la primer cuestión a tratar, se encontró acreditada la existencia del hecho en su exteriorización material, de la siguiente manera: "Se acreditó debida y legalmente en autos, que el día 5 de mayo de 2005, en horas de la mañana, la señora Norma del Valle Quipildor lleva al Hospital de Marcos Paz "Dr. Héctor J. D'Agnillo" a sus dos hijas menores Johana Belén Rojas y Karina Celeste Rojas, de cuatro y ocho años de edad, respectivamente, por indicación de la médica de la Unidad Sanitaria Rayo de Sol (Salita de Primeros Auxilios) de Marcos Paz, debido a problemas de dificultad respiratoria. Que esta facultativa las había derivado al Hospital, solicitando la internación de ambas, de acuerdo a la sintomatología que presentaban. Previo a ello, había hablado telefónicamente con un médico pediatra -Dr. Dressman- de ese nosocomio, anticipando la derivación de las pacientes. Que una vez en la guardia del Hospital, las niñas son atendidas, recibiendo oxígeno y nebulizaciones, presentando ambas un cuadro de neumonía. Por orden del médico de guardia -Dr. Mieles Cerchar- queda internada solo Karina (la mayor), pese a la insistencia de la madre de que fueran las dos internadas. A Johana se le indica tratamiento ambulatorio y se hace saber a sus padres las "pautas de alarma". Así las cosas, la menor Johana empeora su estado de salud y es nuevamente llevada al Hospital ese mismo día, aproximadamente a las 21:30 hs. El mismo profesional la atiende y la deja en observación en la guardia, con suero y oxígeno. Pasadas unas horas y teniendo en cuenta el estado de la nena, a la 1:30 hs. ya del día siguiente (viernes 6 de mayo) el facultativo ordena su internación en la sala general del Hospital. Durante el transcurso de las horas Johana se agrava y a las 8:10 hs. fallece por paro cardíaco, debido a neumonitis. Su hermana es trasladada al Hospital Posadas y luego de estar internada veinte días, es externada".-
Pone de resalto que el fallo condenatorio fue confirmado, con fecha 28 de octubre de 2009, por la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías de este Departamento Judicial.-
En cuanto a la responsabilidad, afirma que se evidencia en la impericia y negligencia puesta en la atención médica de la menor Johana Belén Rojas, lo cual resultó causa eficiente de su fallecimiento, pues todos los presupuestos jurídicos de la misma, se encuentran plenamente acreditados en el expediente penal.-
Tal es así, que el Juzgado Correccional N° 1, Departamental, lo declaró culpable del delito de homicidio culposo y lo condenó a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la profesión de médico por el término de siete años; entendiendo que el aquí demandado violó el deber de cuidado que correspondía en el caso, ya que omitió tomar las medidas que estaban a su alcance para lograr salvaguardar la vida de su paciente, Johana Belén Rojas.-
Por otro lado -continúa diciendo- al margen de la responsabilidad directa del médico, sostiene la responsabilidad del ente asistencial o clínica, que descansa en su "deber tácito de seguridad", que funciona con carácter accesorio.-
Afirma que la conducta de los demandados encuadra en violación al cumplimiento de los deberes médicos asistenciales; el cual se configura por el incumplimiento de los medios y diligencias adecuados en la asistencia del paciente, en los que se incluye el defectuoso examen del enfermo, el error de diagnóstico, los daños que culposamente se han ocasionado, la no realización de los estudios, exámenes y análisis para poder diagnosticar correctamente, etc.-
Por lo expuesto, entiende que resulta sencillo concluir que en el presente caso, tanto el Dr. Mieles Cerchar como la Municipalidad de Marcos Paz en representación del Hospital Municipal Dr. Héctor J. D' Agnillo, son responsables por el fallecimiento de la menor Johana Belén Rojas; y por tanto, deberán responder por los daños y perjuicios ocasionados a su madre Norma del Valle Quipildor.-
En cuanto a los daños reclamados, afirma que la muerte de Johana Belén, causó un profundo dolor a su progenitora, quien sufrió una pérdida familiar y afectiva de inmenso significado, como así también se encontró repentinamente sin la esperanza de vida que todo hijo sabe brindar en momentos que estos lo necesiten.-
Peticiona por un lado "chance" material o probabilidad de vida futura.
Considera que la vida de un hijo hace perder a los padres una "chance" de contenido económico, representada por la expectativa de sostén, apoyo y colaboración en la ancianidad y ante los problemas que la vida puede representar.-
Pues todos los padres tienen la expectativa de "acompañamiento" por los hijos, desde luego afectivo, pero también en orden a la seguridad económica e integral. Es decir que con la muerte de un hijo se genera un riesgo de inseguridad, por la eliminación de quien podía y se esperaba que fuera más adelante un sostén ante cualquier contingencia problemática, cuya posibilidad aumenta con el correr de los años y ese riesgo debe resarcirse como pérdida de una chance. Cita jurisprudencia.-
Entienden que por el rubro en estudio se debe fijar en favor de la actora una indemnización no inferior a los $250.000, al momento del hecho y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse y lo que V.S. estime de acuerdo con la facultad que al efecto establece el art. 165 del C.P.C., con más actualización monetaria e intereses correspondientes.-
Por otro lado peticiona el daño moral, en virtud del principio de reparación integral. Solicita se indemnice en el presente caso, el quebranto espiritual que sufre toda persona ante la repentina e injusta muerte de un ser querido, en este caso de tan estrecha vinculación biológica, como es la hija de la actora.-
Considera que debe tomarse en consideración que la desaparición física de la menor Johana Belén Rojas, se produce en una circunstancia imprevisible y evitable; experimentando la accionante, como consecuencia del grave trance sufrido, insalvables perturbaciones en sus conductas habituales, modificando sus caracteres y comportamientos en forma negativa. Cita jurisprudencia.-
En base a ello y a las especiales circunstancias del presente caso, entiende que por el rubro en estudio se debe fijar, en favor de la actora una indemnización no inferior a la de $ 450.000, al momento del hecho y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse y lo que V.S. estime de acuerdo con la facultad que al efecto establece el art. 165 del C.P.C., con más actualización monetaria e intereses.-
Peticiona de igual modo el daño y tratamiento psicológico. Refiere, que si bien es cierto que la muerte de un ser querido lleva un tiempo de recuperación y es más un padecimiento espiritual que psíquico, también lo es que cuando se produce una enfermedad intelectual, afectiva o volitiva a raíz del hecho, más allá de los límites de normalidad o del poder de la personalidad para absorber, elaborar y superar la situación lesiva, el mismo debe ser indemnizable como rubro independiente.-
En el caso de autos, desde el instante mismo en que la actora se enteró del fallecimiento de su hija, entró en un estado de shock del que aún no han logrado salir, quedando con graves padecimientos de orden psicológico, que se traducen en disminución de las aptitudes en todos los ámbitos de sus vidas: físico, laboral, familiar, de relación, etc. Cita jurisprudencia.-
Asevera que el daño reclamado en este ítem, resultará probado con la pericia solicitada al efecto, como asimismo la necesidad de que la accionante sea sometida a un tratamiento psicológico adecuado para superar el estado en que se halla por el hecho motivo de este juicio. Por ello, estima que la indemnización no debe ser inferior a $ 50.000, a la fecha del hecho, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más actualización monetaria e intereses.-
Por último, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. A fs.41/47 se presenta a contestar demanda el Dr. Mariano Morán en carácter de apoderado de la Municipalidad de Marcos Paz.-
En primer término deja planteada la excepción de prescripción en los términos del art. 35 inc. h) del C.P.C.A.-
Sostiene al respecto que la responsabilidad que le cabe al Estado resulta ser de carácter extracontractual y que la prescripción que opera para la misma es la que se establecen en el art. 4037 del Código Civil de la Nación Argentina, es decir a los 2 años. Cita Jurisprudencia.-
Refiere que la prescripción que deviene de la responsabilidad extracontractual, comienza a contarse desde el momento del hecho lesivo, es decir que en el caso traído a conocimiento, el plazo de prescripción debe contarse desde el día 06 de mayo de 2005.-
Por ello, considera que la presente demanda fue presentada extemporáneamente, puesto que la acción fue iniciada con fecha 18/11/2009, es decir a más de cuatro 4 años del deceso de la menor Johana Belén.-
Agrega que para el caso de que la actora se haya constituido como "Particular Damnificado" en el proceso penal al que hace referencia en su escrito de inicio, ello de modo alguno interrumpió o suspendió la prescripción establecida por el art. 4037 del Código Civil de la Nación Argentina.-
En ese entendimiento, afirma que la presentación como particular damnificado no puede equipararse a la querella a la que alude el art. 3982 bis de C.C. porque el Código de Procedimiento Penal no la admite en los delitos de acción pública, careciendo entonces aquélla de eficacia suspensiva deI plazo de prescripción. Cita jurisprudencia.-
Por lo expuesto solicito se haga lugar a la excepción interpuesta.-
Apartado seguido, deja planteada la excepción de falta de legitimación en el demandante en los términos del art. 35 inc. g) del C.P.C.A.-
Expone que la parte actora se encuentra representada por quienes manifiestan ser sus apoderados, en el caso los Dres. Carlos Martin Capandegui y Manuel Enrique Capandegui, acreditándolo con copia simple de "sustitución parcial de poder" otorgado por ante la escribana Claudia Mariela Ferrer, titular del Registro número 1566 de la Capital Federal, al folio 112 del protocolo del año 2008.-
Dice que el mencionado instrumento público que acredita la representación invocada, adolece de la legalización correspondiente que le permita ser utilizado en extraña jurisdicción a la de su otorgamiento y por lo expuesto, es que opone excepción de falta de poder.-
Agrega, que la copia de sustitución parcial de poder no se encuentra debidamente legalizados, conforme las leyes vigentes que rigen la materia, por lo que la actora carece de legitimación en los presentes obrados. Cita Jurisprudencia.-
Luego, subsidiariamente contesta demanda.-
En primer término y por imperativo procesal niega todos y cada uno de las afirmaciones vertidas por la parte actora en el apartado al que ha denominado "IV.- HECHOS", y que no sean objeto de expreso reconocimiento en su responde.-
En cuanto a los hechos, sostiene que su mandante no tuvo participación alguna en el suceso que terminara con la vida de la menor Johana Belén ROJAS, por lo que la actora carece de fundamentos para traer a este proceso a su poderdante, quien ha sido completamente ajeno al lamentable suceso que se ventila.-
Considera por lo expuesto, que surge la falta de responsabilidad de su poderdante en el hecho traído a conocimiento, y por ello solicita se rechace la presente acción, con expresa imposición de costas a la actora.-
En cuanto los rubros peticionados, impugna los mismos y las cantidades que peticiona la parte actora en su demanda, por resultar antojadizas, ajenas a derecho, abusivas y sin elemento probatorio alguno que las avale.-
Finalmente, para el hipotético caso de que prosperase esta demanda, deja planteada la pluspetición inexcusable en los términos del art. 72 del C.P.C.C..-
Por último ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
III. A fs. 132, no habiéndose podido notificar al codemandado, se ordena la designación de Defensor Oficial respecto del accionado Randolph José Mieles Cerchar.-
IV. A fs. 134 el Dr. Luis I. Garegnani -Defensor Oficial en lo Civil- toma la intervención ordenada en autos.-
En lo fundamental, niega expresamente todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la parte actora, reservándose la respuesta definitiva para después de producida la prueba, en la oportunidad prevista en el art. 354 inc.1 último párrafo del C.P.C.C.-
V. A fs. 154/159 la parte actora se presenta nuevamente contestando en esta oportunidad las excepciones planteadas por la Municipalidad de Marcos Paz.-
En cuanto a la excepción de prescripción, sostiene que el presente caso se trata de una responsabilidad de tipo contractual. Cita doctrina y jurisprudencia.-
Cree que al igual que con los médicos que atendieron a la víctima, entre el Hospital Municipal y la madre del enfermo, existió un contrato, y el incumplimiento de las obligaciones que fluyen de dicho acto se rige por lo dispuesto en el art. 505 y sus concordantes del Código Civil y por tanto, la prescripción de la acción de daños se enmarca en el art. 4023 y no en el art. 4037 del Código Civil.-
Por otra parte, aclara que aún en el caso de entenderse que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, la excepción de prescripción debe ser rechazada en orden a lo dispuesto por el art. 3982 bis del Código Civil. Cita doctrina y jurisprudencia.-
En el presente caso, el hecho ocurrió el día 6 de mayo de 2005 y ni bien iniciadas las actuaciones penales correspondientes, su parte representada, en el mismo mes de mayo de 2005, a través de su apoderada de entonces -Dra. Ángela Beatriz Morales Comini- con el patrocinio letrado del Dr. Enrique Terrarossa, se constituyó y fue tenida en carácter de particular damnificada, por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.-
Que con fecha 31 de mayo de 2009, el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, dictó sentencia condenando al aquí demandado por el delito de homicidio culposo; fallo que fue confirmado el día 28 de octubre del mismo año, por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del mismo Departamento Judicial.-
Con fecha 4 de noviembre de 2009, los defensores del imputado, hicieron reserva de recurrir la resolución de 2da Instancia, lo cual finalmente no hicieron debidamente; quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra al accionado.-
Finalmente -sigue precisando- con fecha 10 de noviembre de 2009, por intermedio de quienes suscriben, se interpuso la demanda que diera inicio a las presentes actuaciones. Es decir que, de ninguna manera puede sostenerse que la acción civil derivada del hecho ilícito que terminara con la vida de la hija de su instituyente se encuentra prescripta.-
Agrega, que el hecho acaeció el día 6 de mayo de 2005; y mediante la presentación como particular damnificado se suspendió el término de prescripción de la acción civil.-
Que el proceso penal terminó en el mes de noviembre de 2009, fecha en que quedó firme la sentencia condenatoria dictada en contra del demandado, lo que implica el cese de la suspensión del término de la prescripción y con fecha 10 de noviembre de 2009 se interpuso la demanda que diera origen a las presentes actuaciones.-
Concluye por ello, que el término de la prescripción de la acción civil fue debidamente suspendido a los pocos días de ocurrido el hecho, mediante la presentación como particular damnificado y la demanda se interpuso cuando aún no había quedado firme la sentencia condenatoria dictada en contra del accionado; por lo que, fue presentada en legal tiempo y forma.-
Agrega que, a los fines de demostrar la firme intención de desvirtuar la presunción de abandono o la inacción, y con el objeto de suspender y/o interrumpir el término de la prescripción, no sólo se formuló la correspondiente denuncia penal y se constituyó como particular damnificada, sino que además, previo a la interposición de la demanda, mandó a los accionados las cartas documento que se acompañaron como prueba documental e inició el juicio de beneficio de litigar sin gastos.-
Todo ello, hace presumir indubitablemente la intención de la actora de no abandonar su derecho a ejercitar su pretensión resarcitoria, demostrando un interés activo en el resguardo de sus derechos.-
En relación a la falta de legitimación planteada, por carecer, la Sustitución Parcial de Poder, de la correspondiente legalización que permita ser utilizado en jurisdicción extraña a la de su otorgamiento, acompañan a los fines de enmendar la omisión cometida por su parte, la copia de la Sustitución Parcial de Poder en cuestión, con la correspondiente legalización extendida por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; solicitando se tenga por subsanada dicha falta, y se rechace la excepción de falta de legitimación para obrar en el accionante opuesta por la contraria.-
VI. A fs. 191/194 la Defensora Oficial -María Claudia Merino- contesta la vista conferida en autos, en los términos del art. 354 del C.P.C.C.-
En primer lugar, manifiesta tomar conocimiento de la sentencia condenatoria recaída en sede penal, en relación al demandado ausente Randolph José Mieles Cerchar.-
Que en relación a los rubros y montos indemnizatorios pretendidos en la demanda, de acuerdo a la prueba producida manifiestó lo siguiente:
En cuanto a la chance material o probabilidad de vida futura: Solicita que al momento de cuantificar el daño, en orden a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, se reduzca el monto reclamado en la demanda , toda vez que el mismo no guarda relación de causalidad adecuada con el daño a indemnizar, considerando que se trataba de una niñita de cuatro años, que no desarrollaba tareas remuneradas y que no surge tampoco que se destacara en alguna actividad artística, deportiva o cultural con proyección suficiente de éxito futuro.-
Hace hincapié en que del informe pericial se extrae que la señora Quipildor percibe una pensión derivada por fallecimiento de su esposo y una pensión por madre de siete hijos, de los cuales solo viven actualmente con ella sus hijas Karina y Noelia. Que la actora es ama de casa, lo que hace presumir que no atraviesa por dificultades económicas que le requiera trabajar afuera y no surge que se vea necesitada de contar con la ayuda de los otros hijos, resaltando, que de necesitarla, se supone que éstos también contribuirán al sostenimiento de su madre, razones por las cuales, solicita que de admitirse este rubro, al momento de su cuantificación
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.