Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 13154 2018
Expte. Nº 13154.-
Autos: PALLERO SASHA BELEN C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Julio de 2018.-AC
Estos autos caratulados "PALLERO SASHA BELEN C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y OTRO S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA" expediente Nº 13.154, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
RESULTA: I.- Que a fs. 33/40 se presenta el Sr. Víctor Raúl Pallero por sí y en representación de su hija menor de edad Sasha Pallero, junto al patrocinio letrado de la Dra. María Dolores Kitroser, iniciando demanda indemnizatoria por la suma de pesos cincuenta mil ochocientos ($ 50.800,00) o lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse, contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Escolar de la Ciudad de 25 de Mayo y/o contra quien resulte civilmente responsable de los daños sufridos por la menor como consecuencia de los actos o conductas discriminatorias de los demandados.-
Relata que su hija presenta una patología denominada atrofia espina, que afecta su fuerza muscular, obligándola a que su circulación sea a través de medios mecánicos. Explica que dicha patología no afecta la capacidad intelectual de su hija.
Comenta que debido a la falta de respuesta de sus reiterados e insistentes reclamos se vio obligado a iniciar diversas acciones, así refiere que interpuso un amparo contra I.O.M.A y otro contra la Dirección General de Cultura y Educción de la Pcia de Bs As. A su vez comenta que realizó la pertinente denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, quien emitió dictamen concluyendo que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, había incurrido en una conducta discriminatoria en los términos de la ley 23.592.
Sintetiza diciendo que responsabiliza en forma exclusiva a la demandada por los daños padecidos por su hija como consecuencia de los actos o conductas discriminatorias arbitradas en su contra.-
En capítulo aparte, al que titula reclamo indemnizatorio, refiere que tratará cada uno de los rubros por separado conforme la responsabilidad que se le atribuye a la demandada.
En cuanto al daño material dice que reclama por ese rubro los gastos de traslado. Dice que ante la falta de acondicionamiento de los baños para personas discapacitadas en el establecimiento educativo, debía retirar a su hija más temprano para llevarla a su casa a realizar sus necesidades, diciendo que era inhumano que la niña tuviera que aguardar hasta el horario de salida.-
En atención a ello comenta, que en varias oportunidades lo llamaron de la escuela para que retirara a su hija y que al encontrarse en su lugar de trabajo y dada la situación de urgencia debía tomar un remises para trasladarse de un lugar a otro.-
Reclama por este rubro la suma de pesos ochocientos ($ 800,00).-
En cuanto al daño moral refiere que desde el año 2005 -conforme la documental que oportunamente se acompañará- comenzó a solicitar al Consejo Escolar de 25 de Mayo el acondicionamiento de la Escuela EPB N°62 de dicha Ciudad con el fin de logar un ambiente apto para personas con discapacidad.
Comenta que recién con fecha 04/08/2008 la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires informó que se encontraba terminada la obra de refacción del baño, las rampas y la adecuación de la vereda y que la instalación del elevador se encontraba pendiente.-
A partir de ello sostiene, que resulta clara la conducta antijurídica de la demandada debido a que demoró aproximadamente 3 años en acondicionar el establecimiento educativo y que ello perjudicó la educación de la niña.-
En tal sentido expone que si bien la menor no dejó de concurrir al establecimiento, ello obedeció a su incansable lucha, sorteando todos los obstáculos que el estado interponía en su camino; comenta que durante gran parte del ciclo lectivo su hija debía retirarse más temprano del establecimiento, que el resto de sus compañeros al no contar con un baño apto para discapacitados, y que ello perjudicó el rendimiento escolar de Sasha.-
Alega que el daño moral deviene de la falta de condiciones dignas para que una persona discapacitada pueda ejercer su derecho a la educación, a la igualdad de trato.-
Puntualiza luego respecto al daño moral padecido por la menor. Dice que el dolor padecido, las incomodidades a las que se vieron sometidos, las preocupaciones y temores sobre la enfermedad de la menor, sumado a la incertidumbre acerca de si todas esas circunstancias y acontecimientos perjudicarían o tornarían ilusorio tanto el tratamiento, como la asistencia psicológica que su hija recibía en forma permanente, deben ser reparados.-
Alega que hace un año y medio que su hija se encuentra bajo tratamiento psicológico, el que tiene como finalidad que la misma acepte su discapacidad. Expresa que dicho tratamiento se ha visto obstaculizado, debido a que no se facilita por parte del estado la accesibilidad de personas discapacitadas al establecimiento educativo. En tal sentido acompaña un informe del profesional psicológico que trata a la niña.-
Refiere que del informe de la profesional tratante surge que su hija se siente discriminada dentro del ámbito escolar, y que dicha discriminación no se relaciona con el trato entre compañeros, docentes, directivos, sino por no estar dadas las condiciones mínimas para que una persona con discapacidades diferentes se traslade dentro de la escuela.-
Refiere que su vida familiar y de relación se vio alterada a partir del año 2005, fecha en que comenzó su incesante lucha por proteger los derechos de su hija, diciendo que la burocracia vivida le producía una sensación de desaliento.
Finalmente funda en derecho y ofrece prueba.-
Todo ello ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n°10 Departamental.-
II. A fs.43 atento la inhibición declarada por la titular a cargo del Juzgado que entendió originariamente -v. fs. 41- se recibió la causa en este Juzgado.-
III. A fs.56/58 atento la intimación a proseguir la acción bajo apercibimiento de caducidad y en atención al dictamen del Asesor de Incapaces interviniente obrante a fs.54, se resuelve declarar la caducidad de instancia respecto del actor Víctor Pallero, continuando el reclamo de la menor Sasha Pallero, disponiendo que se le designe un tutor especial -ad litem- que la represente.-
IV. A fs. 70 asume la intervención el Dr. Sixto Miguel Piccolomini, Defensor Oficial en lo Civil n°1 Departamental, en representación de la menor.-
V. Conferido el traslado de demanda, se presenta a fs.79/81 el Dr. Ricardo G. Uncal en su carácter de letrado apoderado de Fiscalía de Estado, interponiendo al progreso de la acción - como de previo y especial pronunciamientola excepción de prescripción .-
Sostiene que en el caso de autos el plazo de prescripción comienza a correr una vez que las obras de reacondicionamiento de la escuela estuvieron finalizadas.-
En tal sentido alega que de los propios dichos de la actora surge que las obras habrían finalizado el 04/08/2008 y que en su consecuencia, teniendo presente la fecha de inicio de la demanda 13/08/2010, la acción se encontraría prescripta.-
VI. Sustanciada la excepción con la actora, la misma la contesta -v. fs 82/83- rechazando la defensa, alegando que cuando el perjuicio es continúo como en el caso de autos, no procede la excepción planteada.-
VII. A fs.85 se resuelve diferir la excepción de prescripción planteada para el momento de dictar sentencia.-
VIII. A fs.99/107 se presenta nuevamente el Dr. Ricardo G. Uncal esta vez contestando demanda. Como primera cuestión alega que atento la caducidad de la acción decretada respecto del Sr. Víctor Pallero solo subsiste la acción incoada por la menor y en razón de ello, los daños por aquel reclamados no resultan procedentes.-
Sostiene que de la simple lectura de la demanda se desprende que la parte actora pretende que se la indemnice por los daños que manifiesta haber sufrido como consecuencia de la demora de la administración en la realización de las obras de adecuación del establecimiento educativo para el uso de personas con discapacidad motriz.-
En tal sentido sostiene que la demora en la realización de las refacciones no resultó irrazonable.-
Al respecto alega que se trataba en el caso, de encarar las refacciones de una escuela que por la antigüedad en su construcción no poseía las condiciones edilicias solicitadas, siendo necesario adecuarlas a las necesidades de una estudiante con discapacidad motriz.-
En tal sentido expresa que de conformidad con el marco normativo dispuesto para la realización de obras en cualquier establecimiento público, resulta obligatorio - a tal efecto- transitar el procedimiento establecido en el régimen de contratación pública.-
A su vez remarca, que las autoridades de la escuela fueron proactivas tratando de evitar que esa necesaria demora afectara la escolaridad de la entonces menor, y que entre las medidas adoptadas, trasladaban las actividades que se desarrollaban en la planta superior del establecimiento a la planta baja, todo ello, con el fin de desactivar los límites físicos presentes en el establecimiento, para que así la menor concurra a las actividades.
Refiere que con dicho proceder se garantizó el acceso a las actividades y su continuidad a lo largo de los ciclos lectivos.-
Por otra parte alega que se le permitió al actor que retirara a su hija en forma anticipada, durante el período previo a la realización de las refacciones en el baño, esto es, desde marzo a julio de 2008, debido a que el 04/08/2008 la DGCE informó en el expediente judicial de amparo que las obras de refacción del baño, las rampas y la adecuación de la vereda habían finalizado.-
En cuanto a la demora alegada dice que no resultan ciertas las manifestaciones de la actora en cuanto a que se tardó 3 años en la realización de las obras.-
En tal sentido indica, que los pedidos que el Sr. Pallero aduce haber efectuado desde el año 2005, parecen haber sido realizados de manera informal y en forma verbal, diciendo al respecto que la primera presentación ante el Consejo Escolar data del año 2007.
Luego refiere que el actor inició la acción de amparo en el año 2008, tramitando dicha causa por ante el Juzgado de Garantías n°3 Departamental y que fue allí que su mandante, antes de la notificación de la demanda, esto es con fecha 28/02/2008 autorizó por fondo compensador al Consejo Escolar de 25 de Mayo, un monto estimativo de $ 21.383,94 para el reacondicionamiento del baño para uso de discapacitados y que además, se gestionó un subsidio de $ 89.683,16 para la instalación del ascensor que comunicara a ambas plantas de la escuela.-
Expresa que un mes después, esto es el 16/04/2008, el actor tuvo respuesta a su reclamo través de la sentencia dictada en el proceso de amparo, donde se condenó a la administración a realizar las obras de reacondicionamiento necesarias.-
Por todo ello concluye que la petición formal del actor obtuvo una pronta respuesta por parte de la administración y que ello descarta la posibilidad de calificar a la demora como arbitraria.-
En cuanto al daño moral alegado expresa que el único daño vigente es el daño de la menor, ello en atención a la caducidad decretada respecto del actor y que - en su caso, el monto total solicitado debe ser reducido a la mitad en el caso de prosperar la acción.-
Sostiene que no existe un daño que pueda ser causalmente vinculado al actuar de la administración, diciendo que la menor siempre recibió la contención necesaria del colegio y de todos sus compañeros quienes intentaron desactivar con gestos humanos, los condicionamientos físicos que presentaba la construcción antigua de la escuela.-
Dice que si bien resulta entendible que tanto la enfermedad de la menor como la espera durante la realización de las obras, pudo generar malestar, ello no resulta suficiente para el reconocimiento del daño moral pretendido, toda vez que la autoridad administrativa procedió con apego al principio de legalidad.-
Finalmente ofrece prueba y peticiona.-
IX. A fs.162 habiendo alcanzado la mayoría de edad comparece en autos la joven Sasha Belén Pallero ratificando la actuación llevada a cabo en la causa en su representación.-
X. Transitada la etapa para la producción de la prueba ofrecida por las partes, y vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad tanto la parte actora como la demandada, se llama autos para sentencia (fecha 19/03/2018) y;
1. Como primera cuestión corresponde resolver la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, ello conforme su diferimiento para este momento procesal (v. res. fs.85).-
Alega la demandada que a la fecha de promoción de la acción, esto es el 13 de agosto de 2010, la misma se encontraba prescripta.-
Como fundamento de la defensa opuesta refiere que en el caso de autos el plazo de prescripción comienza a correr una vez finalizada la acción dañosa, lo que dice aconteció al terminar las obras de reacondicionamiento de la escuela.-
En base a tal argumento alega que conforme surge de los dichos de la actora, ello habría acontecido el 4 de agosto de 2008, es decir, que para esa fecha las obras oportunamente dispuestas estaban terminadas.-
Concluye diciendo que desde la fecha en que se produjo el supuesto hecho dañoso (4 de agosto de 2008) a la fecha de inicio de la demanda (13 de agosto de 2010) la acción esta prescripta.-
2. Por su parte la actora solicita el rechazo de la excepción planteada diciendo que a la fecha que indica la demandada las obras de refacción no estaban terminadas, y que si bien, en su escrito inicial se aludió a esa fecha fue al solo efecto informativo.-
Sostiene que con fecha 04/08/2008 aún se encontraba pendiente la instalación del elevador, es decir que las obras de reacondicionamiento dispuestas no habían culminado.-
Por todo ello peticiona que no existiendo en autos una prueba clara y fehaciente de que la conducta ilícita continuada por parte de la demandada hubiera cesado el 04/08/2008, es que afirma que al momento de inicio de la demanda el plazo bienal no estaba cumplido.-
3. Ahora bien, cabe adelantar que la defensa alegada, no ha de tener acogida favorable, ello conforme los argumentos que seguidamente se exponen.-
Al respecto la demandada toma como fecha de inicio para el cómputo del plazo de prescripción el 04/08/2008, diciendo que esa fecha se corresponde con la fecha de finalización de las obras reclamadas a la administración.-
Al respecto se ha dicho: "El inicio del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (art.3958 del Código Civil) y como regla general ello acontece cuando sucede el hecho que origina la responsabilidad pero, excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo momento pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente." (CC0202 LP 120615 282 S 20/12/2016 "Fernández Gastón Marcelo c/ Serena Simón Lorenzo s/ Daños y Perjuicios").-
Bajo ese escenario, cabe admitir como "dies a quo" de la prescripción, el momento en que las obras finalizaron, pues en definitiva allí ha quedado expedita la acción para el reclamo de los daños que pudieran corresponder. No obstante ello, lo cierto es que no se puede determinar - con precisión- a partir de la prueba producida, la fecha exacta en que ese evento se produjo.-
Efectivamente, si bien la demandada ha tomado como fecha de finalización de las obras el 04/08/2008, lo cierto es, que no surge de las constancias del proceso de amparo ("Pallero Víctor Raúl s/ amparo" Expte n°6626/1) marco donde se ordenaron las obras, ni de la restante prueba aportada, constancia fehaciente de que en la fecha indicada las obras estuvieran finalizadas.-
De la causa indicada solo surgen los informes elaborados por las distintas áreas intervinientes, que daban cuenta de que las obras ordenadas estaban en proceso de ejecución, en tal sentido el último informe data del 28 de abril de 2008. Allí se informa en cuanto a la instalación del ascensor, que se encuentra gestionándose el subsidio al establecimiento (ver fs.4, 8 y 10 del expte n°5100-24062/2008).-
En definitiva, no surge de autos prueba alguna que acredite que con fecha 04/08/2008 las obras estuvieran culminadas, lo que en definitiva perjudica el cómputo del plazo de prescripción, pues no resulta acreditada la fecha de inicio indicada por la demandada.-
En orden a ello y no habiendo la demandada arrimado probanza alguna con el propósito de apuntalar la defensa por ella planteada, lo que hubiera quedado abastecido con las constancias del expediente donde tramitaron las obras que llevó a cabo la administración en la Escuela EPB N°62 de 25 de Mayo, del que cabe presumir su existencia, pero que en autos no ha sido ofrecido como prueba de descargo, es que no cabe más, que proceder al rechazo de la excepción planteada.-
4. Resuelta la cuestión liminar, corresponde ingresar a la cuestión de fondo.-
4.1. La actora demanda a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, diciendo que la demora -3 años- en acondicionar el establecimiento educativo al que concurría su hija, con la finalidad de permitir la accesibilidad de persona discapacitadas, configura una clara conducta antijurídica que debe ser reparada.-
En definitiva, la petición de la actora está orientada al reclamo de los daños que manifiesta haber sufrido como consecuencia de la demora de la administración, diciendo que dichos actos o conductas han sido discriminatorios.-
La demandada, si bien no controvierte que las obras de acondicionamiento del establecimiento demandaron su tiempo, plantea que la demora alegada no puede ser calificada de irrazonable, y que por ello no resulta antijurídica la conducta achacada a la administración.-
4.2. Precisado de este modo los extremos del caso sujeto a conocimiento y decisión, la cuestión conduce a determinar si la demora de la administración en realizar las obras de reacondicionamiento en el Establecimiento Educativo al que concurría la actora, resulta una conducta antijurídica y si dicha conducta tuvo la aptitud para generar el agravio moral pedido.-
En este estado cabe señalar que conforme el derrotero de la causa, solo habrá de determinarse si se encuentra configurado el daño moral sufrido por la joven Sasha Pallero, ello toda vez, que los daños reclamados por Víctor Pallero no han ser considerados en esta causa, en atención a la declaración de caducidad. (v. fs 56/58).-
Precisado ello corresponde examinar las pruebas incorporadas a la causa, fijando los hechos que se encuentran acreditados.-
Cabe destacar que los antecedentes de la situación planteada surgen mayormente acreditados de la documental allegada a esta causa, en particular de la causa caratulada "Pallero Víctor Raúl s/ amparo" n° 6626/1 la que tramitó por ante el Juzgado de Garantías n° 3 Departamental y del legajo de la alumna allegado a esta causa (v. reserva de fecha 06/06/2016).-
4.2.2. Derrotero del reclamo contra la Administración: Ahora bien, sin perjuicio de que la demandada no plantea una sustancial controversia respecto de los reclamos efectuados por el Sr. Víctor Pallero, tal extremo ha quedado acreditado con las constancias del legajo de la alumna oportunamente allegado y las constancias del proceso de amparo. Allí surgen los reclamos efectuados ante las autoridades del Establecimiento y por ante el Consejo Escolar de 25 de Mayo, a través de los cuales solicita el reacondicionamiento del Establecimiento para permitir el acceso y circulación de su hija discapacitada (v. Acta n°6 de mayo de 2005 -fs.133-, nota de fecha 09/08/2006 -fs.120-, Acta n° 19 de marzo 2007 -fs.111-, nota de fecha 12
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