Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 4057 2018
Expte. Nº 4057.-
Autos: RAMIREZ JUAN ANICETO C/ FISCALIA DE ESTADO - PCIA. DE BA. AS. S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA.-
Mercedes, de Junio de 2018.-ES
Estos autos caratulados "RAMIREZ JUAN ANICETO C/ FISCALIA DE ESTADO - PCIA. DE BA. AS. S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", expediente Nº 4057, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 10/13 se presenta la Dra. Silvina Ledesma, en nombre y representación de Juan Aniceto Ramirez, con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la privación de la libertad que sufriera el accionante por el lapso de un año y tres meses, por el delito de robo calificado por el uso de armas y tenencia de armas de guerra.-
Comienza su relato diciendo que, en 9 de marzo de 1999, el Sr. Ramírez se vio privado de su libertad, lo que sucedió hasta el día "7 de junio del año 2000", donde fue absuelto. Al respecto, resalta que no solo fue absuelto sino que, de las constancias de la causa penal y lo ocurrido en el juicio oral, surgió claramente que la detención del actor fue infundada y "armada" por los policías José Luis de Paolo, Héctor Ricardo Sánchez y Benito Faustino Barco, al punto tal que el agente fiscal desiste de la acusación.-
Expone que el Tribunal Oral n° 1 - advirtiendo que se daban los supuestos del art. 287 y ccdtes. del Código Procesal Penal- remite los antecedentes a la UFI de turno a los fines de la investigación del presunto delito de acción pública cometido por la prevención policial.
Refiere que luego, se solicitó la elevación a juicio, encontrándose -al momento que interpuso la demanda- en el Juzgado de Garantías n° 1 para su resolución.-
Pone de manifiesto que si bien su mandante no resultaba ser un "angelito" (sic) pues tenía antecedentes penales, a la fecha de su detención, el último de ellos tenía 10 años de antigüedad, refiriendo también que en ese momento, se encontraba viviendo en Salto con una pareja que lo vinculó con la vida religiosa, y dejó el camino transitado en su juventud.
En cuanto a la responsabilidad del demandado, refiere que la misma resulta encuadrable dentro del primer párrafo del art. 1113 del Código Civil, en atención a que los agentes que cometieron el delito prestaban servicios en la Comisaría de Salto, siendo en consecuencia, la Provincia de Bs. As. , responsable por el daño causado.-
En cuanto a los daños, inicia reclamando daño material. Así las cosas, refiere que el actor se desempeñaba como jornalero a destajo, acarreando bolsas y bultos en diferentes acopiadores y cooperativas de la zona, refiriendo que con esa pesada tarea, obtenía una remuneración promedio de $ 2.000,00; con los que mantenía a su núcleo familiar. Reclama, por los 15 meses que estuvo detenido, la suma de $ 30.000,00.
Asimismo, refiere que deja sujeta la prudente valuación de los gastos originados por todos los trastornos sufridos durante la época de detención, como viajes de familia a visitarlo, su defensa en juicio y demás emolumentos anejos.-
Reclama también daño moral. Al respecto, dice que la irregular detención del actor configura un ilícito civil en los términos del art. 1066 del Código Civil, procediendo la correspondiente indemnización por aplicación del art. 1078 del C.C. Por aquel daño, reclama la suma de $ 55.000,00 o en lo que en mas o en menos resulte de las probanzas de autos, destacando que el daño que aquí reclama tiene especiales características, puesto que no solo fue un dolor en parte inefable, sino que el hecho de estar hacinado entre rejas un año y tres meses, separados de sus afectos, privado de su libertad y de hasta la luz del sol, es un daño que supera en su intensidad a cualquier otro de igual naturaleza, más aun cuando no ha originado ninguna causal ni tuvo la menor participación en el delito que le fue imputado.
Plantea la inconstitucionalidad del art. 51 inc. 1 del CPCA. por entender que el mismo resulta violatorio del principio a la integridad de la indemnización civil, del acceso a la justicia y de la propiedad.- Por último, funda en derecho, ofrece prueba y finalmente, peticiona.-
II. Que a fs. 19/20 se presenta el Dr. Oscar Francisco Luchetti y opone excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento.-
Al respecto, dice que el plazo de computo de prescripción comienza a correr desde la fecha del evento dañoso, la cual data del 07/06/2000, día en que el actor recuperó su libertad luego de haber sido detenido por la policía de Salto por el presunto robo calificado por uso de armas y tenencia de armas de guerra.
Expone que, conforme se advierte desde la fecha inicialmente indicada hasta la interposición de la demanda, ha transcurrido más de los dos años previstos por el art. 4037 del Código Civil para los casos de responsabilidad extracontractual.-
Asimismo dice que, si bien el actor inicio BLSG con fecha 04/06/2002, la acción indemnizatoria la interpone el 27/10/2005, esto es, con posterioridad al vencimiento del nuevo plazo bienal transcurrido a partir de la interposición del beneficio, plazo que se extinguió el 04/06/2004, por lo que peticiona se rechace la demanda.-
III. Que a fs. 33/40 se presenta a contestar demanda, la Sra. representante fiscal Dra. Mónica A. Tisnes.-
Luego de realizar una negativa pormenorizada de los hechos, interpone, excepción de prescripción, esta vez como defensa de fondo, para posteriormente, cuestionar la responsabilidad achacada a la Provincia de Bs. As..
Al respecto, dice que la actuación de la policía inicia y finaliza con la aprehensión y como mucho, hasta el momento de la prisión preventiva, razón por la cual, la prescripción comienza a correr en ese momento y no con posterioridad a la finalización de la causa seguida en su contra, por lo que habiéndose dictado aquella en 19/03/99 y la demanda iniciado en 04/06/2002, han trascurrido más de dos años.-
Así las cosas, destaca que el accionante no demanda por error en el procedimiento seguido en su contra, sino que endilga la responsabilidad en virtud de lo establecido en el art. 1113 del C.C, como comitente de los agentes policiales que estuvieron a cargo de su detención, a quienes acusa de haberle armado la causa en su contra, por lo que entiende que deberá probarse cabalmente las irregularidades que dice el actor que han cometido los funcionarios intervinientes para generar responsabilidad.-
Expone, por otra parte, que a pesar de las investigaciones realizadas por las presuntas irregularidades policiales, cabe advertir que en el caso de encontrarse en curso la denuncia por falso testimonio, no podrá dictarse ninguna decisión contra su representada sin la previa decisión del fuero penal, en atención a lo dispuesto por el art. 1101 del CC.-
Dice también que la finalidad de la IPP es comprobar mediante diligencias conducentes si existe un hecho delictuoso, establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, etc., individualizar a los autores y partícipes del hecho investigado, verificar la educación, costumbres, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; comprobar los efectos penales y la extensión del daño causado por el delito.-
Continua diciendo que recibida la IPP, se remitió la misma al Juzgado de Garantías interviniente, por lo que, en definitiva, existieron dos órganos que convalidaron la actuación policial y a los cuales no se les ha imputado ningún reproche.-
Concluye entonces que, siempre que de las actuaciones policiales surgieran cumplidos los pasos procesales que el ordenamiento indica, intervención oportuna del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía, la imputación de responsabilidad queda sin asidero alguno por el supuesto perjuicio que el trámite del proceso pudo producirle al actor, desde que -según dice- todos los organismos intervinientes, se habrían limitado al cumplimiento cabal de las obligaciones que el ordenamiento legal impone.-
Luego de ello, niega los daños reclamados solicitando su rechazo y contesta el planteo de inconstitucionalidad respecto del art. 51 del CPCA introducido por la actora, refiriendo, luego de citar jurisprudencia al respecto, que no resulta entendible cual es la violación constitucional que el actor pareciera invocar para sustentar su planteo, razón por lo cual solicita su rechazo.-
Finalmente, peticiona.-
IV. Que a fs. 45 la actora contesta el traslado conferido respecto de la excepción de prescripción opuesta.-
Al respecto, refiere que en el caso se tramitó un beneficio de litigar sin gastos -en adelante BLSG- que fue concedido en fecha 29 de noviembre de 2002 y notificado a la demandada con posterioridad, manifestando con este proceder el actor, su intención de no abandonar el derecho que le asiste.-
Por otra parte, refiere que a pesar de que la demandada no lo menciona, en fecha 7 de julio de 2000, el Tribunal Oral n° 1 ordena expedir copias en la causa "Ramírez Juan Aniceto s/ Robo agravado por el uso de armas y tenencia ilegal de arma y tenencia ilegal de arma de guerra", a fin de que sean remitidas a la UFI a fin de que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública y que así, la justicia penal tramito en la UFI n°2 la IPP n° 69.154 caratulada "De Paolo, José Luis s/ Falso Testimonio", la que fue solicitada la elevación a juicio en fecha 27/08/2003.-
En aquel sentido, destaca que el actor se presentó allí como particular damnificado, figura que resulta -según refiere- análoga a la querella prevista por la legislación penal nacional. Así las cosas, dice que el art. 3982 del Código Civil establece que la querella criminal suspende el término de la prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños, cesando la suspensión por terminación del proceso penal.-
Por ello expone que, si la prescripción de la acción comienza a correr desde el 07/06/2000 y el actor se presenta como particular damnificado y es tenido en tal carácter en fecha 24/06/2000, y el proceso aún no está terminado, la suspensión del término de la prescripción aún se encontraba vigente al momento de interposición de la demanda.-
Luego de citar doctrina y jurisprudencia, pide se rechace la excepción opuesta.-
V. Que a fs. 48/51 se resuelve la excepción opuesta, difiriendo la misma para el momento de dictar sentencia.-
VI. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 65 y presentados los alegatos por las partes, se llama -en fecha 02/05/2016 autos para sentencia, el que se suspende en fecha 15/09/2016 en virtud de la medida para mejor proveer allí dispuesta en la que se solicitó al Tribunal en lo Criminal n° 3 de este Departamento Judicial a efectos de que remita -ad effectum videndi et probandi- la causa caratulada " De Paolo José Luis s/ Falso Testimonio y falsedad ideológica de Instrumento Público", en original o en copias certificadas .-
Asimismo, a fs. 150, el actor acompaña -ante la falta de contestación de los oficios del Tribunal Oral Criminal- los escritos originales en su poder, respecto de su presentación como particular damnificado efectuada oportunamente.- De la misma, en fecha 26/10/2017 se confiere traslado al fisco, quien notificado, no formula manifestación alguna al respecto.-
VII. Que en fecha 27/04/2018, se reanuda el llamamiento de autos para sentencia suspendido en fecha 15/09/2016 y ;
1. Como ha quedado planteada la litis corresponde, en primer lugar, dar tratamiento a la excepción de prescripción opuesta por la demandada Fiscalía de Estado, respecto de la acción resarcitoria intentada por Juan Aniceto Ramírez.-
Sostiene la demandada, que el lapso de tiempo previsto en el art. 4037 del Código Civil transcurrió largamente.-
En la especie, cabe recordar que la prescripción liberatoria es el medio de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. El código sustantivo la presenta como una excepción hábil para repeler una acción, en la que quien la entabla, ha dejado durante un tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere (Art. 7 C.C. y C. N, arts. 3947 y 3949 Cód. Civil).-
La prescripción tiene, pues, una manifiesta utilidad: obliga a los titulares de los derechos a no ser negligentes en su ejercicio y pone claridad y precisión en las relaciones jurídicas.-
Su acogimiento implicaría para la parte actora, la caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia procesal y trae aparejado, como consecuencia, tornar ineficaz la acción entablada luego de transcurrido cierto lapso de tiempo. La aplicabilidad de este instituto, en vistas a sus consecuencias, debe ser interpretada restrictivamente (Conf. causa de este mismo juzgado de 7-10-2008 "Nasello Antonio Alfredo c/ Municipalidad de Chivilcoy y otros/ Daños y Perjuicios").-
Entonces, no encontrándose controvertido el plazo de la prescripción -2 años- por el tipo de responsabilidad -extracontractual-, corresponde determinar la fecha en la cual la misma se inicia a los fines de su cómputo. Ello, en atención a que Fiscalía de Estado arguye que el plazo comenzaría a correr, desde el momento de la aprehensión (o en su defecto - agrega- en el momento en que se efectiviza la prisión preventiva) . Sin dejar de observar igualmente, que la demandada se contradice con su escrito de oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento, donde refiere que el cómputo se inicia con el dictado de la sentencia absolutoria.-
Al respecto, cabe recordar que la prescripción de la acción de reparación cae en las previsiones del art. 4037 del C.C. ( art. 7 CCYCN), siendo en tal sentido, pacífica la doctrina de la SCBA en cuanto expresa que: "El plazo de prescripción de la acción por responsabilidad extracontractual de la administración es de dos años a partir del momento de producido el daño, conforme al artículo 4037 del Cód. Civil, modificado por la ley 17.711" (Conf. SCBA, Ac 79.514 13-08-2003 " Castillo Ramón Oscar c/ Echaburu C. Paz s/ Daños y perjuicios ")
También se ha dicho que "El inicio del curso de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer, y como regla general ello acontece cuando sucede el hecho que origina la responsabilidad pero, excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria no nace hasta ese segundo momento pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente." (cfme. CC LP, causa " Fernandez, Gaston Marcelo C/ Serena, Simon Lorenzo S/Daños Y Perj. Del./Cuas." de 20/12/2016).-
Teniendo en cuenta los distintos momentos que las partes enarbolan como punto de inicio de la prescripción, entiendo que en el caso, corresponde ubicarlo cuando se produce la absolución del Sr. Ramirez. Ello, en atención a que, a partir de la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Oral n° 1, se establece que la detención del aquí actor, se debió a una irregular actuación policial de los agentes que luego fueran enjuiciados en la causa "De Paolo José Luis s/ Falso Testimonio y falsedad ideológica de Instrumento Público". En efecto, en ese pronunciamiento, se revela la arbitrariedad o ilegitimidad de la prisión preventiva sufrida por un estado de sospecha sustentada en actuaciones policiales cuya falsedad se iban a tener luego definitivamente verificadas con la condena al agente De Paolo.-
Vease que inequívocamente, ya en esta instancia los jueces del Tribunal Oral n° 1 pusieron sobre el tapete estas irregularidades al consignar en su fallo que: "...no puede soslayarse el mencionar, más allá de lo dicho y solicitado por el señor Fiscal en su alegato, las serias y graves irregularidades observadas en el curso de la Audiencia de Debate respecto de la exposición de los testigos, de las cuales resulta una unánime rectificación de las declaraciones prestadas en la IPP, echando un manto de sombras sobre aquellas al confrontarlas con éstas últimas. Tal circunstancia adquiere aún mayor gravedad cuando el que depone es un funcionario público, servidor del orden y a partir de las cuales se inicia una investigación tendiente a incriminar a una persona a la cual se la priva de su libertad" (ver fs. 201 causa "Ramirez Juan Aniceto s/ Robo Agravado por el uso de armas y tenencia ilegal de arma y tenencia ilegal de arma de guerra").-
Y sin perjuicio de que ambas partes indican que el fallo absolutorio habría sido dictado en fecha 07/06/2000, resalto que, conforme la causa penal, el mismo es absuelto con fecha 07/07/2000. (ver fs. 202 de causa caratulada "Ramirez Juan Aniceto s/ Robo Agravado por el uso de armas y tenencia ilegal de arma y tenencia ilegal de arma de guerra",).-
2. Fijado ello es que corresponde decidir si en autos, concurre causal de interrupción de aquel plazo.
Para ello procederé entonces, al análisis referido a si la presentación de Juan Aniceto Ramirez en la mencionada IPP, ha tenido la virtualidad de suspensión del plazo para entablar la acción de daños y perjuicios contra el demandado.-
Con esa finalidad, recuerdo que el artículo 3982 bis del Código Civil (Art. 7 C.C. y C. N) establecía que "Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella criminal contra los responsables del hecho, su ejercicio suspende el término de la prescripción de la acción civil, aunque en sede penal no hubiere pedido el resarcimiento de los daños. Cesa la suspensión por terminación del proceso penal o desistimiento de la querella".- Al respecto, la doctrina ha explicado que "La querella criminal exterioriza la voluntad del damnificado de sentirse dolorido por el ilícito, y se produce aunque no se individualice al querellado. En cambio, no causa la suspensión de la prescripción la mera denuncia penal, ni mucho menos la simple presentación de la víctima en la causa penal pero sin constituirse en querellante... " (Conf. Félix A. Trigo Represas, Código Civil Comentado, art. 3982 bis C.C pág. 391 Ed. Rubinzal Culzoni).- A su vez, la jurisprudencia ha precisado el alcance de la norma de marras, al decir que al atribuir efectos suspensivos a la presentación como querellante en el proceso penal, el legislador ha querido aludir genéricamente a una actitud cierta del damnificado que -superando la mera denuncia del delito-, pretende participar en el trámite judicial y defender activamente sus derechos con el máximo de facultades admitido por el ordenamiento local. De ahí que corresponda asimilar, en cuanto a tales efectos, la presentación del actor en la causa criminal como particular damnificado -aunque no haya solicitado en aquella sede la indemnización de los daños ni la obtención de medidas cautelares- actividad procesal que, en la Provincia de Buenos Aires, se asemeja a la figura contemplada por la ley de fondo, permitiéndose así la aplicación de la referida causal de suspensión en el ámbito de ese estado provincial. (SCBA, Ac 83056 1-03-2004 " Casas, Delia Esther y otro c/ Moris, Fermín s/ Daños y perjuicios derivado de cuasidelito", SCBA, Ac 86805 S 3-5-2006, " Cáceres, Miguel Ricardo c/ Scarfia, José Walter y otro s/ Daños y perjuicios").-
3. Determinada la norma aplicable al caso (art. 3982 bis C.C) y la asimilación del particular damnificado al querellante, resta dilucidar si la alegada presentación efectuada por el actor en sede penal suspende el curso de la prescripción.- Al respecto, si bien de la documental remitida no se encuentra agregada dicha presentación, sí luce, en el expediente 69.154 del Tribunal Criminal n° 1 caratulado "De Paolo José Luis s/ Falso Testimonio", la resolución judicial suscripta por el Sr. Juez Alejandro Noceti Achaval en 24 de junio de 2002, que tiene al Dr. Orlando Gallo en representación de Juan Aniceto Ramirez como particular damnificado (ver fs. 98), de fecha 24 de junio de 2002.-
Respecto de la presentación que da origen a dicha resolución, lo cierto es que de las piezas documentales remitidas, como ya se ha adelantado, aquella no se encuentra agregad
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