Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 9260 2018
Expte. Nº 9260.-
Autos: VILLAR RICARDOC/ HOSPITAL HECTOR D´AGNILLO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA.-
Mercedes, de Junio de 2018.-GP
Estos autos caratulados "VILLAR RICARDO c/ HOSPITAL HECTOR D'AGNILLO s/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte Nº 9260, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1, del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 61/66 se presenta el Dr. Daniel Antonio Giantomasi, en representación del Sr. Ricardo Villar, interponiendo demanda contra el Hospital Héctor D'Agnillo dependiente de la Municipalidad de Marcos Paz por la suma de pesos $19.440 o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse, en concepto de diferencias salariales. Asimismo peticiona el reencasillamiento en la carrera hospitalaria.-
Al mismo tiempo solicita que las cantidades reclamadas sean reajustadas con el cálculo de los intereses compensatorios liquidados según tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento a treinta días (tasa activa).-
En cuanto a los hechos, relata que en fecha 26 de diciembre de 1975 el actor se recibió de médico ingresando a trabajar como concurrente en el servicio de cirugía -ad honorem- desde el 22 de noviembre de 1977 hasta el 12 de abril 1978 en que se le comienza a pagar la concurrencia.-
Que en fecha 24 de diciembre de 1982, por concurso de carrera medico hospitalaria -según decreto ley 7878/72 vigente en ese momento- es designado profesional clase III, conforme a decreto municipal N°354 del año 1982.-
En el año 1984 afirma que se lo nombra como jefe interino del Servicio de Tocoginecología.-
Que en diciembre de 1987 y hasta marzo de 1991, ocupó el cargo de Secretario de Salud Pública y Acción Social de la Municipalidad de Marcos Paz, por lo que se le concedió licencia especial a su cargo en el Hospital, con retención del puesto por cargo de mayor jerarquía.-
Refiere que después de la renuncia al cargo de Secretario de Salud, volvió a ocupar su cargo en el Hospital hasta la actualidad.-
Continúa relatando que en fecha 1 de junio de 2006 se agrega a su cargo la función de Jefe de Departamento Quirúrgico (Coordinador del Servicio), lo que significó un aumento en su salario de $1.620.-
Afirma que ese hecho fue anunciado y publicitado entre otras formas por el canal 5 de Marcos Paz y en el diario Regional (digital) del día 6 de junio de 2006 y la puesta en función fue realizada con la presencia del Secretario de Salud de la comuna Dr. Héctor Olivera y el Director del Hospital Dr. Mc Loughlin.-
Agrega que con el fin de demostrar el cumplimiento de la función, acompaña como prueba documental, notas cursadas por los distintos servicios del hospital al jefe del departamento quirúrgico, en este caso el Dr. Villar.-
Explica que sin mediar comunicación alguna, ni hecho que pueda vincularse a la profesión de médico, a partir del 1 de octubre de 2007 se le deja de abonar el complemento por Jefe de Departamento Quirúrgico.-
Ante ese hecho y la posibilidad de que exista alguna resolución Municipal de suspensión del cobro, requirió por nota de fecha 22/11/2007 copia del legajo personal, no recibiendo contestación alguna.-
Que presentó pronto despacho el que tampoco fue contestado.-
Ante tal circunstancia -sigue- remitió intimación por telegrama de fecha 12/02/2008 el cual tampoco mereció respuesta.-
Por otro lado, hace hincapié en que es tal el avasallamiento a la dignidad del profesional que hasta el día de hoy, en lugar de aplicar a la actividad la ley 10471 la cual rige la carrera hospitalaria, lo hacen por la ley 11757 Estatuto del Personal de las Municipalidades, en la que no existe el régimen laboral para el personal médico.-
Pone de resalto que es la ley 10471 de la Provincia, la que viene a remplazar a la ley 7878/72 que regía la carrera hospitalaria, y que fue adoptada por el Municipio por Resolución N° 367 de 1982.-
Que específicamente la ley 10471, prevé en su art 55 que los agentes que a la fecha de sanción de la ley revistan en cargos ganados por concurso bajo el régimen de decreto ley 7878/72, serán escalafonados automáticamente de acuerdo a lo previsto en art 8.-
Explica que el Doctor Villar fue nombrado según concurso de carrera medico hospitalaria en el cargo de profesional clase III según las previsiones de la Ley 7878/72.-.
Refiere que la inclusión en la carrera hospitalaria, se ve reflejado claramente "en el art 2 inc b de la ley de Municipio que dice: art. 2: Quedan excluidos del presente régimen:.. inc. b: En personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos ni hubieran previsto".-
En tal sentido sostiene que aun en el caso de que el hospital sea Municipal se debe regir por la ley provincial creada al respecto.-
Considera que las diferencias fundamentales entre ambas legislaciones son no solo salariales sino también y mucho más importantes, en lo que respecta a los derechos de los profesionales comprendidos.-
Por todo lo expuesto, solicita el reencasillamiento que le corresponde según la ley de carrera hospitalaria vigente (ley provincial 10.471) debiéndole ubicar según el art 8 de la ley escalafonaria en el cargo de Medico de Hospital A o sea, profesional con más de 20 años de antigüedad dentro de la carrera medica hospitalaria, cargo proveniente por concurso de acuerdo al Decreto ley 7878/72 que regía la actividad hasta el dictado de la presente ley, que la reemplazó.-
Asimismo, atento a no existir motivo valedero comunicado, para el no pago del complemento por bonificación especial de la jefatura de Departamento quirúrgico, solicita el pago del mismo por el tiempo y monto correspondiente de acuerdo a la liquidación que realiza.-
A continuación ofrece la prueba de la que intenta valerse y peticiona.-
II. A fs. 88/94 se presenta contestando demanda el Dr. Mariano Morán en carácter de apoderado de la Municipalidad de Marcos Paz.-
En primer término realiza una negativa pormenorizada de los hechos alegados en la demanda y que no sean objeto de expreso reconocimiento por su parte.-
Afirma que el Dr. Ricardo Villar fue incorporado al Hospital del Municipio de Marcos Paz, Dr. Héctor D'Agnillo mediante Decreto n° 354 de fecha 24 de Diciembre de 1982, como Profesional III del Escalafón Municipal para el Servicio de Tocoginecología.-
Respecto del complemento reclamado, destaca que es el propio actor quien reconoce que fue incorporado al Municipio como Profesional Clase III mediante el Decreto Municipal N° 354 del año 1982.-
Y agrega, que esa categoría nunca ha sido modificada, y solo basta con ver las últimas cinco planillas de sueldo correspondientes a los meses de Diciembre de año 2009, Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2010, en donde consta que el Dr. Villar tiene asignada la Categoría 13, con las remuneraciones acordes a la Ordenanza Complementaria de la Ordenanza N° 73/2009 de Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2010 de fecha 18 de Diciembre de 2009.-
En cuanto a la no aplicación de la Ley 10.471, entiende que no existe ningún avasallamiento a la dignidad del agente, pues ninguna norma de la Ley Provincial 10.471 ha sido vulnerada por su poderdante en la relación que lo une con el Dr. Villar, por cuanto la mencionada normativa no ha sido adherida por el Municipio y por lo tanto no es aplicable.-
Pone de resalto que no existe responsabilidad de su poderdante en el hecho que ahora se ventila, ello en virtud de que nunca ha dejado de cumplir con obligación alguna de las que ha asumido.-
Apartado seguido, impugna la liquidación de intereses a aplicarse y solicita aplicación de la ley 24.283.-
Continúa manifestando que para el hipotético caso de que se acogiere la pretensión, deberá limitarse el cómputo de los intereses.-
Explica que, desde que se promovió la presente acción han pasado 2 años, sin que se haya producido el acto introductorio de instancia (cédula notificatoria de la acción) y dicha circunstancia no es imputable más que a la negligencia de la contraria.-
En tal sentido, dice que si se tardaron 2 años en anoticiar a su poderdante de la existencia de un juicio en su contra, no es lógico que el actor se beneficie con un interés completamente indebido.-
Por tal razón, solicita que en la hipótesis de acoger el reclamo, se fije el interés retroactivo al momento de la traba de la litis y no desde la promoción de demanda, ya que hubo muchos años de inactividad de la contraria que en modo alguno puede ser tomado en su perjuicio.-
Por último y para el hipotético caso de dar lugar a la acción contra la comuna, considera improcedente el juramento estimatorio del art. 39 de la ley 11.653, ya que el mismo opera cuando lo que se discute es el monto o cobro de las remuneraciones, pero no el hecho mismo que les diera origen y que constituye su causa jurídica. Cita doctrina y jurisprudencia.-
Finalmente ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.-
III. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 131/132 conforme los extremos que informa la certificación de fecha 02/05/2017 y presentados el alegato por la parte actora -en fecha 26/02/2018- y por la accionada -en fecha 08/03/2018- se llama con fecha 12/03/2018 autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, es posible extraer que el actor reclama por un lado, el pago del complemento -por el periodo que dejó de percibirlo- de la bonificación especial por cumplir la función de Jefe del Departamento Quirúrgico; y por otro lado solicita el correcto encasillamiento en la carrera Hospitalaria de conformidad a la ley provincial 10.471.-
2. Ahora bien, visto los términos en que la demanda ha quedado planteada, entiendo de preliminar importancia -al menos en esta causa- delimitar claramente la pretensión de la actora, para luego, avanzar respecto a la cuestión de fondo.-
En esa tarea, conviene ante todo memorar, que la demanda es la que determina la apertura de la instancia y deja fijado los límites de la acción y su naturaleza, y si bien ambos sujetos -actor y demandado- tienen el deber de litigar verazmente, se ha establecido que, el actor es quien más necesidad tiene de ser claramente explícito y detallar todos los extremos que razonablemente deben considerarse de interés para la litis. Pues le corresponde a él la carga de ilustrar al juzgador con mucho más detenimiento que el que pueda desplegar el demandado (conf. cita en articulo "Valor vinculante de la conducta procesal de las partes en el proceso civil" Autor Tepsich María B; 2044, Publicada en SJA 26/05/2004; JA 2004-II-1085).-
Y en este sentido, no puede pasar por alto cierta vaguedad en el relato del actor en el que pretende fundar su reclamo, defecto formal que advierto, no solo pretende subsanar al momento de presentar su alegato, introduciendo nuevos argumentos donde apuntalar su derecho, sino también intentando ampliar su pretensión sobre cuestiones que no fueron alegadas en la demanda, extremo que, resulta inadmisible en esa instancia.-
Por otra parte y más allá de la negativa de los hechos expuestos por la demandada en su conteste, lo cierto es que ésta, tampoco aporta -conforme su carga procesal de contestación de demanda- una versión de los hechos que ilustre con claridad a la cuestión traída a estudio (art. 354 inc. 2 y su doctrina del CPCC, art. 27 inc. 1, art. 77 CPCA).-
De todos modos y aun soslayando esta deficiencia expositiva y argumental, no cabe más que acudir a la prueba producida en autos, para ver si desde allí, puede tenerse por acreditados hechos con entidad suficiente, que conduzcan a reconocer el derecho alegado por el actor.-
Respecto de lo cual, me permito adelantar que, en atención al modo en que la litis ha quedado planteada, la pretensión intentada, no encuentra andamiaje favorable, no ya por un defecto formal, sino en función de lo dispuesto por el art. 375 del C.P.C.C.-
3. Ingresando en la primera cuestión traída a estudio, esta es el reconocimiento de la Bonificación especial, recuerdo que el actor pretende por tal concepto un resarcimiento que liquida en la suma de $19.440 más sus intereses, por diferencia salarial desde octubre de 2007 hasta agosto de 2008 -momento en que inicia la demanda- y la diferencia del SAC por ese mismo periodo.-
Agregó al respecto, que en fecha 1 de Junio de 2006 se le incorporó a su cargo la función de Jefe del Departamento Quirúrgico (Coordinador del Servicio), extremo que afirma, significó en su salario, un adicional de $1620 el cual, desconociendo los motivos, dejó de percibir desde el 1 de octubre de 2007.-
Por su lado, la comuna accionada, se ha limitado a sostener que el actor ha sido designado mediante Decreto Municipal N°354 del año 1982 como Profesional Clase III y esa categoría nunca fue modificada.-
4. De este modo, esta parcela de debate estará dirigida a determinar, si efectivamente el actor fue designado en el cargo de Jefe del Departamento Quirúrgico y si en tal caso, correspondía la percepción de la bonificación especial.-
Extremos sobre los que me permito adelantar, que la prueba producida resultó insuficiente para generar convicción respecto del desempeño -tanto desde el punto de vista formal y material- del cargo funcional invocado.-
En efecto, no se desprende de la presente causa que haya existido por parte de la autoridad municipal, un acto administrativo que patentice su voluntad de designar al actor en la función que alega, extremo que -en principio- obstaculiza el avance al reconocimiento del derecho alegado.-
Que tampoco surge de la causa, aun cuando medie ausencia de acto de designación, cual es el motivo por el cual efectivamente el actor percibió durante el periodo junio de 2006 a septiembre de 2007 aquella bonificación especial.-
Que tampoco la prueba pericial, logró echar luz sobre este punto controvertido.-
En tal sentido la experta puntualizó que:
a) El actor ingresó a trabajar el 12/4/1978 bajo el Decreto N°163/78, en la partida 2.1.1.1.1.2 Personal Profesional Técnico del Hospital "Dr. Hector D´Anguillo", Profesional Clase II.-
b) Luego de Concurso de Antecedentes, fue designado por Decreto N°354 del 24/12/82 Profesional II del Escalafón Municipal, en la partida 2.2.1.1.1.1.3 para el Servicio de Tocoginecología.-
c) Por Decreto N°2212/87 del 15/12/87 fue designado Secretario de Salud y Acción Social.-
d) En fecha 5/10/1990 renuncia al cargo de Secretario de Salud y Acción Social, la cual es acepada mediante Decreto 143/90 y a partir de allí se reincorpora a su cargo anterior en el Hospital.-
Aclaró la experta que no surge del legajo del actor, que cumpliera funciones como Jefe del Departamento Quirúrgico (Coordinador del Servicio), por algún decreto o memo interno.-
En cuanto a la función cumplida por el actor en el Hospital según el legajo, afirma que al momento de la pericia era ginecólogo del Hospital y en el recibo de Dic./2015 figura en el Agrupamiento 3 Personal Profesional, Cat.:3-P III, Cargo: 1-P III, conforme Legajo 322.-
Asimismo se le preguntó a la experta, la función real que cumplía el agente, a lo que respondió que lo desconocía y en el hospital se le informó que el actor era Ginecólogo del Hospital.-
En cuanto a la bonificación afirmó, que pudo observar que en los recibos que van desde el 06/2006 hasta el 09/2007, se percibió una bonificación de $1620.-
Bajo ese piso de marcha, la única certeza adquirida es que el actor recibió una bonificación por el periodo junio 2006-septiembre 2007, pero desconociendo el motivo de su percepción, como así también los motivos por los cuales la administración dejó de abonarlo.-
Que resulta importante destacar, que la prueba documental aportada por la actora (no desconocida por la contraparte en los términos del art. 37 del C.P.C.A.) esta es aquella agregada a fs. 5/15, si bien intenta acreditar que efectivamente cumplía la función de Jefe del Departamento Quirúrgico, lo cierto es, que toda aquella documental data de fecha en la que el actor sí percibió una bonificación y por lo tanto, no hace más que aportar un indicio, respecto al ejercicio de la función jerárquica en ese período, pero que en modo alguno -ante la falta de prueba suficiente- puede concluirse con algún grado de probabilidad que se desempeñe en ese cargo en el tiempo subsiguiente de aquel.-
Al mismo tiempo, no puedo soslayar, que fue el propio actor quien desistió de los testigos oportunamente ofrecidos, prueba que entiendo, podría haber echado luz sobre las tareas efectivamente cumplidas en el Hospital dependiente de la Municipalidad de Marcos Paz (ver escrito de fs. 233 y presentación electrónica de fecha 26/04/2017).-
Lo expongo en esos términos, porque considero que no solo correspondía al actor -ante la ausencia de un decreto de designación en el cargo que alega- probar que materialmente cumplía la función de Jefe de Departamento Quirúrgico por el periodo en que reclama el complemento, sino también probar y alegar la norma concreta que en tal supuesto lo autorizaba a percibir la bonificación especial, extremo que ha omitido en su demanda.-
Y si bien no es un hecho discutido por la comuna accionada la percepción de tal bonificación especial por el periodo junio de 2006 a septiembre de 2007, lo cierto es, que tal reconocimiento no basta para admitir el derecho a percibir una bonificación por una función que no se ha demostrado ejercer durante el periodo posterior a septiembre de 2007.-
Pues aun cuando se ignora la naturaleza del suplemento pretendido -solo se consigna Bonificación Especial- lo cierto es que su percepción se encontraría sujeta al efectivo desempeño de la Función de Jefe del Departamento Quirúrgico, lógica que se desprende del propio relato traído por el actor.-
En ese entendimiento y toda vez que el accionante, no ha podido acreditar la situación de revista que alega, no corresponde acceder a su reclamo indemnizatorio.-
Sin olvidar al respecto, que como lo ha sostenido el Máximo Tribunal provincial, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de los hechos en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso, sino también en virtud de la presunción de legitimidad que reviste la actividad de la Administración Pública (art. 375, C.P.C.C.; doctr. causas B. 49.793, "Bianco", sent. del 13-X-1987; B. 49.858, "Brave Construcciones S.A.", sent. del 25-VII-1989; B. 57.150, "Humbertmann", sent. del 6-IV-1999; B. 55.353, "Cobos", sent. del 21-VI-2000) (SCBA LP B 63142 S 09/05/2007 "Diazzi, Julián c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) s/Demanda contencioso administrativa").-
5. Corresponde en esta parcela tratar la segunda cuestión planteada, la cual se aboca a determinar si corresponde que la relación de empleo público entre el actor y la comuna, deba estar regida por la Ley 10.471.-
Ello, sin dejar de poner de resalto, que es la propia carencia argumental del actor la que acota mi decisión a ese ajustado marco propuesto en la demanda.-
Preliminarmente corresponde hacer hincapié, que la ley 10.471 -régimen de los profesionales de la medicina de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- establece en su art. 56 que "Los Municipios de la Provincia podrán adherirse al régimen de la presente ley y a su reglamentación disponiendo su aplicación al personal profesional y servicios correspondientes de su dependencia, conforme a la clasificación que a tal efecto efectúe el Ministerio de Salud".-
Sobre el particular el Municipio de Marcos Paz, denunció en su contestación de demanda, la falta de adhesión por parte de la comuna al régimen de la ley 10.471 y asimismo, de las constancias obrantes en la causa, no surgen normas y/o ac
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