Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 13205 2019
Expte. Nº 13205.-
Autos: COSTANZO RUBEN DARIOC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Noviembre de 2019.-GP
Estos autos caratulados "COSTANZO RUBEN DARIO c/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expediente Nº13.205, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.19/27 se presenta Rubén Darío Costanzo, con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Alberto Marino, iniciando pretensión indemnizatoria por la suma de $200.000 con más sus intereses, contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con sustento en los daños que se le ocasionaran a partir de la ejecución de títulos erróneos y el uso de las facultades conferidas por el art. 13 bis del Código Fiscal que recayeron sobre su patrimonio.-
En cuanto a los hechos, relata que todo comenzó con un grosero error cometido por la demandada al valuar su propiedad a los fines de determinar el impuesto inmobiliario.-
Que como surge de la copia de escritura que adjunta, resulta propietario del bien identificado catastralmente como Circunscripción XVIII, Sección H, Quinta 268, Manzana 268-B, Parcela 6, partida inmobiliaria 26.752, de la ciudad de Chivilcoy, la cual posee una superficie total de 333m2, encontrándose edificados solo 123 m2.-
Que por un alevoso error de apreciación o de carga en el sistema operativo catastral que se llevara a cabo, la demandada consigna para su propiedad, una superficie cubierta de 600 m2., valuando en consecuencia fiscalmente el inmueble en aproximadamente $ 400.000 primero, y luego en $ 241.809, cuando la valuación real asciende a tan solo $ 82.593, llevando en consecuencia el impuesto de un importe de $60 por periodo, a una suma de $360 por cuota, tal como surge del mismo título que ejecuta la demandada.-
Frente a tal anomalía, continúa relatando, debió recurrir a un profesional para que lo asesore, presentando en consecuencia ante la Dirección Provincial de Rentas Distrito Chivilcoy, los formularios y la Declaración Jurada sobre individualización, características y valuación, Ley 10.707, en la que consignaron los verdaderos datos relativos a la superficie edificada y características del inmueble.-
Aclara, que si bien en forma interna modificaron el equívoco, resultó que nunca enviaron las nuevas circunstancias al Departamento de Apremios.-
Que en la primera semana del mes de octubre de 2008, al percibir su sueldo como empleado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tomó conocimiento que ante la falta de pago de los períodos liquidados ante tal superficie errónea, se le trabó embargo administrativo sobre sus haberes y luego pudo también verificar que se le habían embargado los fondos depositados en su Caja de Ahorros N° 4-734-000004441140 del Nuevo Banco Bisel S.A., todo ello por la suma de $ 40.874,80, embargos que dice, hasta la fecha de interposición de la demanda continuaban efectivos.-
Refiere entonces, que nuevamente por un error de la demandada se vio involucrado en complicaciones a las que resultaba ajeno, pero que le ocasionaron serios perjuicios, no solo económicos, sino fundamentalmente emocionales, ya que durante meses se ha visto impedido de afrontar sus obligaciones pecuniarias cotidianas, ello, por tener su sueldo y otras pertenencias retenidas injustamente, truncándosele, incluso, proyectos personales por no poder disponer libremente de su patrimonio.-
Como consecuencia de lo expuesto, inició reclamo administrativo el 11 de noviembre de 2009 ante la Dirección Provincial de Rentas, Distrito Chivilcoy, del cual no ha obtenido respuesta.-
Debió entonces dirigirse directamente a la ciudad de La Plata, con los trastornos económicos, laborales y familiares que ello implica, y presentar un reclamo administrativo ante Defensoría del Contribuyente ARBA, presentación que originó los reclamos N° 36.298 y N°36.299, los que luego de verificar el error, arrojaron una resolución favorable a su parte.-
Y según informes de la Defensoría del Contribuyente, tanto ambos reclamos administrativos, se encontraban desde el mes de mayo y junio, en el Departamento de Apremios, La Plata, con el objeto de que se reliquide la deuda.-
Afirma que, sin embargo, mientras ellos se tomaban su tiempo, su patrimonio continuaba afectado, ya que no se dieron las órdenes pertinentes para que se suspendan las medidas cautelares, hasta tanto Apremios determine lo que efectivamente sí debía abonar.-
Agrega que el error cometido por la demandada, le ha generado innumerables daños, que continuaron y expandieron.-
Esto es así desde que, teniendo la posibilidad económica de tomar un crédito para ver realizados proyectos personales y familiares por los que durante años ha bregado, es informado, al pretender gestionar el trámite ante la entidad bancaria elegida, de que no era apto, en razón de su figuración como moroso en los informes que expiden las entidades e instituciones de riesgos financieros.-
Ante su sorpresa, intentó con otras entidades financieras privadas y luego en distintos negocios de artículos para el hogar, obteniendo en todos los casos la misma respuesta negativa.-
Agrega, que se desempeñó laboralmente como Sub-Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo la Subestación Norte de la ciudad de Chivilcoy, que es de estado civil casado y de esa unión nacieron cuatro hijos.-
Continúa diciendo, que los pedidos de préstamo obedecían a la imposibilidad de proveer a la totalidad de requerimientos que demandaba el sostén de su familia, máxime si se tiene en cuenta lo que implican cuatro hijos menores.-
Refiere que su aparición como deudor moroso, originó entre otras tantas amarguras e inconvenientes, la imposibilidad de obtención de créditos de cualquier índole.-
Afirma que de la relación del hecho que antecede, surge de modo indudable la culpa imputable en forma exclusiva y excluyente al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la producción del evento dañoso, pues de su proceder, devino un incomprensible error, traducido en embargos y publicaciones espurias, artificiosas e injuriosas.-
Que en el caso, la demandada no actuó con la diligencia y prudencia que la ocasión imponía, pues considera que previo a las intimaciones y luego a la traba del embargo y publicaciones consecuentes, era su obligación haber cotejado la veracidad de los datos del operativo de carga, así, de este modo, se hubieran evitado las consecuencias dañinas que le ocasionaron tanto en su honra y reputación, como en el ámbito comercial.-
En cuanto a los daños, reclama en primer lugar el daño material, por haberse encontrado privado de contar con las sumas que mes a mes se le han ido quitando de sus haberes a causa del embargo, las cuales dice se le deberán reintegrar debidamente actualizadas.-
A los fines de la justipreciación, dice que se ha visto impedido de contar con un promedio, a valores actuales, de $ 1500 por mes, durante dos años. -
Además, solicita la compensación material de las privaciones que ha debido sobrellevar por lógica consecuencia del embargo y su figuración como moroso.-
Que además de ciertos gastos y gestiones que ha debido afrontar para combatir tamaña injusticia administrativa, tanto él como su familia, se han visto impedidos de contar con innumerables bienes materiales que, de no haberse confiscado su patrimonio; hubiesen podido gozar libremente, como ser ropa, vacaciones, salidas de esparcimiento, libros, juguetes, comidas etc. y otras tantas necesidades elementales que han sido indebidamente recortadas impidiéndoseles su justo disfrute. -
Agrega, que también se ha visto impedido en otras necesidades no tan primarias, pero igualmente de valor, corno cambiar el auto en su justo momento, realizar pequeñas inversiones en su casa y tantas otras cuestiones propias de la economía de una familia. -
Sobre dicha base reclama la suma $100.000, como compensación por este rubro.-
Asimismo, reclama el daño moral. -
Refiere que la comisión de un acto antijurídico permite por sí sola presumir la existencia del agravio moral; es una prueba in re ipsa, y surge inmediatamente de los hechos mismos. -
Que el honor es un bien inmaterial y el derecho al mismo reconoce su origen en la existencia propia del hombre; por lo que es considerado sin duda uno de los derechos más importantes. -
Alega que el hecho injurioso llevado a cabo por la demandada ha ocasionado daño a su honor y a su vez produjo un menoscabo tangible en su reputación, confianza, prestigio y crédito comercial del que es merecedor en el medio social. -
Pone de resalto que, de manera constante, el Estado viene desaprensivamente haciendo uso de sus facultades absolutas por supuestos incumplimientos que a la postre, se demuestran que no son tales y luego pretenden reparar el daño causado, solamente comunicando, pasado un tiempo, el levantamiento de la medida cautelar y sin dar ninguna explicación. -
Entiende que ello, se encasilla en una indudable violencia y un menoscabo al patrimonio espiritual. -
Que la situación descripta, es un hecho que pone en tela de juicio su honestidad, su buen nombre y su integridad moral, elementos todos que manifiestan su índole ofensiva en el plano moral, dada su aptitud especial para lesionar los sentimientos, las afecciones y la tranquilidad anímica, lo cual basta para tener por acreditada, la existencia del daño moral. -
Considera que es innegable, que el hecho ilícito del que resultara víctima, le ha provocado un daño moral, sobre cuya existencia no es menester prueba alguna, dado que surge de la ilicitud del acto y su determinación debe hacerse tomando en cuenta las particularidades del caso; tales como el buen nombre y reputación del que gozaba en el ámbito de la ciudad Chivilcoy y en sus inmediaciones. -
Finaliza sosteniendo que, teniendo en cuenta el desequilibrio espiritual, las lógicas perturbaciones de ánimo experimentadas por motivo de la situación derivada del error en que incurriera la accionada y que motivara su incorrecto proceder, embargando sus bienes y la incorrecta publicidad de su supuesta situación financiera morosa, la no subsanación inmediata del problema, no obstante el reconocimiento de dicho error y los subsiguientes requerimientos verbales y epistolares realizados al efecto; considera prudente estimar el rubro en la suma de $100.000. Cita doctrina y jurisprudencia.-
Por ultimo ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.-
II. A fs.42/45 se presenta a contestar demanda la Fiscalía de Estado a través de su apoderado Dr. Pablo Guidi.-
En primer término, niega todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, así como la autenticidad de la totalidad de la documentación agregada, que no sea instrumento público, por no constarle la autenticidad de la misma.-
Luego realiza una negativa pormenoriza de los hechos alegados en la demanda.-
Apartado seguido, y ante el hipotético e improbable supuesto de prosperar total o parcialmente la demanda incoada, impugna expresamente los rubros y montos peticionados por resultar los mismos improcedentes, excesivamente elevados, como así mismo responder a cálculos que no se compadecen con la realidad de los hechos, ni se ajustan a guarismos que con estos tengan relación alguna.-
Dice que la reparación integral de un daño para ser equitativo no debe convertirse en un premio a la desdicha, ni en una fuente de enriquecimiento sin causa para nadie.-
Que es de aplicación la jurisprudencia elaborada en torno a los arts. 1068 y 1069 del Cód. Civil, en cuanto a que el hecho no debe convertirse en una fuente de lucro para las eventuales víctimas.-
Hace hincapié en que en la hipótesis de un reclamo indemnizatorio por el daño producido por un accionar ilícito que genere responsabilidad civil, corresponde al accionante probar la existencia del daño, que es el resultado de un acto u omisión antijurídico y el nexo adecuado de causalidad entre el evento dañoso y el perjuicio que es su resultado.
En cuanto al daño material exigido, señala que los presupuestos fijados para la procedencia de tal rubro, no se encuentran debidamente acreditados, y solo denota un claro intento de engrosar el monto del reclamo.-
Agrega que la pérdida de chance o lucro cesante, es una cuestión sumamente delicada y su estimación debe tomar en cuenta los hechos ocurridos en ese período, los cuales deben ser juzgados en orden a su causalidad y su eficiencia dañosa.-
Que según se infiere del reclamo de la actora, peticiona un lucro cesante 'futurto", rubro que entiende debe ser rechazado por no encontrarse debidamente acreditado.-
Asimismo, pone de resalto que el daño puramente eventual, no es indemnizable, siendo requisito esencial que sea indudable su existencia.-
Las perspectivas deben ser una proyección razonable, lo cual no ocurre en el caso, ya que la suma solicitada es sumamente elevada.-
Y pone de resalto que, ante el reclamo indemnizatorio por un daño producido por un accionar que genere responsabilidad civil, es el accionante quien debe probar la existencia del daño, que es el resultado de un acto u omisión antijurídico y el nexo adecuado de causalidad entre el evento dañoso y el perjuicio que es su resultado y por lo tanto el daño reclamado debe ser probado.-
En cuanto al daño moral, también manifiesta su oposición, por considerarlo inexistente, no guardando relación con el hecho en cuestión. Cita jurisprudencia.-
III. A fs. 47, se presenta nuevamente el actor, denunciando en esta oportunidad como hecho nuevo, que la accionada, en el marco del Apremio N°11545, había desistido del proceso.-
Entiende que tal circunstancia, viene a acreditar la denunciada responsabilidad que en autos le endilga, por el daño que se le ocasionara ante la ejecución de títulos erróneos y el uso de facultades inconstitucionales conferidas por el art. 13 bis del Código Fiscal.-
IV. Corrido el traslado del mismo, se presenta el apoderado fiscal, poniendo de resalto que la actora denuncia en calidad de hecho nuevo el desistimiento total del proceso por parte del Fisco en ambos juicios de Apremio, circunstancia que es errónea debido a que ha sido de modo parcial.-
Explica que de la Resolución de Arba del mes de marzo de 2011, surge que el Fisco desistió en forma parcial de los títulos ejecutivos, a los fines de readecuar sus montos, pero ello no implica que haya desistido en forma total de ambos juicios.-
Aclara que al desistir en forma parcial, no hace más que reconocer y afirmar que existe una deuda del actor a favor del Fisco.-
Hace hincapié en que el actor es deudor y las acciones se motivaron a raíz de su omisión de cumplir con sus obligaciones tributarias, ante la promoción de los juicios de apremios.-
Destaca también, el interés superior que configura para el Fisco el cobro de sus impuestos, por entenderse que los tributos constituyen la fuente principal de ingresos para la atención de las múltiples fines y objetivos del estado, que se transmiten luego a la comunidad.-
Y por tal razón y en virtud de la existencia de una deuda a favor del Fisco provincial, se encuentra facultado conjuntamente con ARBA para trabar medidas cautelares tendientes a garantizar el cobro de las deudas, las que una vez abonadas por el deudor serán levantadas en forma inmediata.-
VI. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs.68/69, conforme los extremos que informa la certificación de fecha 19/06/2017 y presentado el alegato solo por la parte demandada mediante presentación electrónica de fecha 08/04/2019, se llama en fecha 12/04/2019, autos para sentencia (notificado a la Fiscalía de Estado mediante cedula electrónica de fecha 05/08/2019) y;
1. Que el actor reclama el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación de la demandada, la que considera irregular, por el hecho de habérsele ejecutado títulos erróneos y por el uso por parte de la administración de las facultades conferidas por el art. 13 bis del Código Fiscal, ejecutando medidas cautelares sobre su patrimonio.-
Específicamente sostiene, que transitar por aquellos carriles, le ha provocado un daño material y moral.-
Por su parte, la demandada sostiene, que no se cumplen los requisitos mínimos de procedencia de una demanda de daños y perjuicios, por cuanto no se ha configurado ningún menoscabo que tenga entidad suficiente para justificar una indemnización, resultando ésta la plataforma sobre la que apuntala su defensa.-
2. Particularmente en autos, el servicio administrativo involucrado, es la recaudación del impuesto inmobiliario por la Provincia de Buenos Aires.-
Y es sobre aquella actividad desplegada, en la que deberá determinarse si la autoridad pública demandada, incurrió en la irregular prestación de un servicio, generadora en el caso de responsabilidad.-
De allí que para la procedencia de la pretensión, se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera se ha producido el daño alegado, cuáles fueron los motivos y demostrar que las consecuencias dañosas son atribuibles al accionado.-
3. En ese orden de ideas creo oportuno entonces adentrarme en el análisis de la cuestión suscitada y de sus probanzas.-
En tal cometido considero útil referirme en primer lugar, específicamente a los antecedentes administrativos de esta causa.-
a) Que si bien no fueron allegadas a la presente, las actuaciones administrativas N°36298 y 36299 relacionadas al reclamo formalizado por el contribuyente, encuentro que la demás documentación arrimada a la causa evidencia la existencia de aquel reclamo en sede administrativa.-
En efecto, de las actuaciones agregadas N°2360-0191804-2009 (documental reservada), se desprende (ver fs.20) que el contribuyente inicia el expediente 2360-0230084/2010 manifestando disconformidad con la determinación realizada de oficio y solicitando su corrección, ello respecto de la superficie verificada a los fines de tomar la valuación fiscal del inmueble y desde allí, la determinación del tributo.-
Como consecuencia de aquel reclamo, ARBA dicta la Disposición Delegada N° 1247 de fecha 15/04/2010, mediante la cual se ha reconocido que la superficie de la parcela es la indicada en las declaraciones juradas presentadas por el interesado, y por ello resuelve dar de baja los empadronamientos efectuados con fecha 16/11/2004 y 16/03/2007 respecto del Inmueble identificado catastralmente como C. XVIII. Sección H, Quinta 268, Manzana 268b, Parcela 6, Partida 26752 del Partido de Chivilcoy.-
Asimismo se ordena empadronar para el bien descripto, las declaraciones juradas con vigencia catastral al 01/01/2000 y registrar y comunicar al Departamento de Actuaciones Administrativas Catastrales y enviar al departamento de Apremios.-
b) También es un hecho probado, que con fecha 30 de noviembre de 2009 se inició juicio de Apremio contra Rubén Darío Constanzo, ante este mismo juzgado, el que ha tramitado como "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Costanzo Rubén Darío s/Apremio" Expte. Nº 11.545, mediante el cual se reclamaba el impuesto inmobiliario por los periodos 02 a 05/2008, 01 a 02/2009 y sus recargos exigibles formalizados mediante el título ejecutivo N°442.314 y los periodos 01 a 05/2005, 01 a 05/2006 y recargos exigibles de las cuotas 02 a 05/2006, formalizados por el título ejecutivo N°442.311, todos correspondientes al dominio 028-016580, partida 26752 y por la suma de $7.357,41.-
c) De igual modo, ha tramitado el apremio "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Costanzo Rubén Darío s/Apremio" Expte. Nº 2133, iniciado en fecha 3 de junio de 2005, mediante el cual se reclamaba el impuesto inmobiliario por los periodos 02 a 04/2000, 01 a 04/2001, 21/2001, 01 a 04/2002, 21/2002, 01 a 04/2003, 21/2003, 01 a 04/2004, 21/2004 y 51/2004 formalizados mediante el título ejecutivo N
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