Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27726 2020
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Expte. Nº 27726.-
Autos: ACOSTA CLAUDIA ESTHER C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA.-
Mercedes, de Junio de 2020.-ACB
Estos autos caratulados "ACOSTA CLAUDIA ESTHER C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", expediente Nº 27726, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 96/103 se presenta por ante el Tribunal de Trabajo Nro. 1 de Moreno, la Sra. Claudia Esther Acosta por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra. Yamila Yanel Quintero, promoviendo formal demanda por despido injustificado contra la Municipalidad de Moreno.
Inicia el relato de los hechos que sirven de antecedentes a la acción intentada mencionando que desempeñaba tareas de coordinación de zona sanitaria en el barrio de Cuartel Quinto, habiendo ingresado bajo la dependencia de la Municipalidad de Moreno el 10 de diciembre de 2015, y percibiendo una remuneración mensual normal y habitual de $22.446,24 al 06/01/2017. Acompaña copia simple del Decreto 0133 de la Municipalidad de Moreno, del 2 de enero de 2016, por el cual se la designó para las tareas mencionadas con efectos a partir del día 1 de enero de 2016.
Continúa su relato manifestando que, mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones, el día 22/12/2015, sufrió un accidente de tránsito, producto del cual padeció un fuerte traumatismo conocido comúnmente como latigazo o esguince cervical. Habiéndose hecho atender por la aseguradora de riesgos del trabajo correspondiente (ART Provincia Seguros) y dada de alta que fuera, le fue indicado que debía continuar con atención en su obra social. Al momento de retomar la actividad laboral, se vio forzada en diferentes oportunidades a lo largo de los siguientes meses a tomar distintos períodos de licencia, por cuanto proseguía sintiendo molestias y dolor constante, que permanecía a lo largo de toda la jornada.
Así la cosas, y mientras gozaba de una de las licencias médicas recién referidas, el día 9 de enero de 2017 la Municipalidad aquí demandada le notificó la extinción de la relación de acuerdo con el Decreto 0045/17.
En función de ello, el día 18 de enero de 2017 cursó reclamo mediante carta dirigida al Secretario de Gobierno, en donde lo intimaba a revocar el decreto de baja, en función de los antecedentes relatados anteriormente, los cuales transcribe en tal misiva. Ante la falta de respuesta por parte del Municipio, cursa nuevo reclamo mediante carta documento despachada con fecha 10 de febrero de 2017, en la cual practica liquidación de los rubros indemnizatorios pretendidos por considerarse despedida en forma arbitraria, y con apoyo en lo dispuesto por la ley nacional número 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), de acuerdo con el texto actualizado mediante las modificaciones introducidas por ley 25.323 (doble indemnización en caso de empleo no registrado regularmente) y 25.345 (indemnización adicional en caso de no entrega del certificado de trabajo).
Atento el silencio de la municipalidad cuestionada, la actora ahora inicia formal acción indemnizatoria, en la que, en función de los antecedentes de hecho relatados, reclama la suma de $169.175,70 conforme el siguiente detalle:
Antigüedad: $22.446,24
Sustitutiva de preaviso: $22.446,24
Sueldo anual complementario preaviso: $1.870,52
Días trabajados del mes: $6.516,65
Integración mes de despido: $15.929,59
Sueldo anual complementario integración mes de despido: $1.327,47
Sueldo anual complementario proporcional: $553,47
Vacaciones no gozadas: $309,94
Sueldo anual complementario vacaciones no gozadas: $25,83
Indemnización art. 2 ley 25.323: $30.411,03
Indemnización art. 45 ley 25.345: $67.338,72
Todo ello, con más los intereses correspondientes hasta su efectivo pago, costas, entrega de certificado de trabajo, acreditación de aportes previsionales y sociales, aplicación de multas y/o astreintes a favor del trabajador en caso de incumplimiento.
Ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
II. Resuelta a fs. 108/109 la incompetencia del juzgado de origen en función de lo proveído por el Sr. Juez previniente a fs. 104 y lo manifestado por la actora a fs. 105, llegan los autos a conocimiento del suscripto decidiéndose la admisibilidad de la demanda instaurada, interpretándose la falta de respuesta a los telegramas de la actora como una situación análoga al silencio administrativo previsto por el art. 16 inc. 1 del CPCA, y se ordenó el traslado de la demanda al Municipio demandado.
III. Mediante presentación electrónica de fecha 4 de junio de 2018 se presenta la Municipalidad de Moreno a contestar demanda, la que solicita se rechace en todos sus términos por inadmisible, en función de a) no haberse agotado la vía administrativa al no existir acto de la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final que habilite la instancia judicial; y b) haber caducado el plazo que tenía la actora para interponer la demanda, toda vez que el decreto de cese le fue notificado a aquella con fecha 9/01/2017 y la misma instauró su demanda con fecha 11/10/2017, por lo que entiende superado el plazo de 90 días para interponer el recurso.
No obstante lo anterior, al momento de contestar subsidiariamente la demanda, la Municipalidad califica de erróneo el encuadre jurídico dado por la actora a la relación existente entre las partes. Así, menciona que la accionante, aún cuando manifiesta ser de aplicación la ley 14.656 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades), funda los rubros indemnizatorios en función de las disposiciones de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo Nro. 20.744.
Luego entonces aclara que la relación existente entre la Municipalidad y la aquí actora se rigió por la ley provincial Nro. 11.757, que la encuadraba como Personal Temporario del departamento ejecutivo local, por lo que le era aplicable el régimen de Empleo Público.
Es por ello que entiende no aplicable la normativa en que basa su reclamo.
Por su parte, dado el carácter temporario que adjudica a la relación existente entre las partes, sostiene la demandada que no corresponde a la actora el beneficio de estabilidad. Abunda mencionando que, dada su pertenencia a la planta transitoria, el vínculo existente entre las partes se mantenía vigente en función del plazo de designación que emanaba de cada acto administrativo, no pudiendo extenderse más allá de los límites de aquellos.
Finalmente impugna la liquidación practicada por actora, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
IV. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, conforme audiencia obrante a fs. 144/145, y presentados los correspondientes alegatos, se encuentran los autos en estado de dictar sentencia; y
I. En forma previa al análisis de la cuestión de fondo corresponde dar breve tratamiento en primer lugar a las excepciones opuestas por la comuna demandada, esto es la inadmisibilidad formal de la demanda en función de no encontrarse agotada la vía administrativa, como así también por cuanto considera agotado el plazo del que la actora disponía para interponer su recurso en sede judicial.
Al respecto, corresponde poner de resalto que las mencionadas excepciones fueron opuestas fuera del plazo legal con que para ello contaba la demandada.
En efecto, la oposición al progreso formal de la acción ha de resolverse a la luz de lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (Ley 12.008, texto según Ley 13.101), ordenamiento que prevé, para canalizar aquella, la excepción de inadmisibilidad de la pretensión.
Específicamente, el art. 35 del mencionado cuerpo legal enumera taxativamente las excepciones admisibles, dentro de las cuales la "Inadmisibilidad de la pretensión" (art. 35, inc. 1. "i") debe ser opuesta solo como defensa previa y en el plazo estipulado en el art. 34 inc. 1 CPCA.
Las defensas pretendidas por la Municipalidad de Moreno fueron opuestas en el escrito de contestación de demanda presentado con cargo electrónico del día 4 de junio de 2018. Por su parte, la demanda le había sido notificada con fecha 4 de abril de 2018 (conf. cédula agregada a fs. 134/136). De allí se desprende con claridad que el plazo de quince (15) días para oponer las excepciones conforme art. 34 inc. 1 CPCA se encontraba vencido, resultando las mismas extemporáneas.
Por su parte y como se adelantó, las excepciones opuestas no son pasibles de ser tratadas como defensas de fondo en función de lo dispuesto por el art. 35, inc. 2.
De allí que corresponde rechazar tales defensas opuestas por la Municipalidad de Moreno, lo que así dejo decidido (conf. art. 34, 35 y 77 CPCA, art. 155 CPCC).
II. Superada la cuestión formal corresponde ahora definir el régimen jurídico aplicable al vínculo entre las partes, y desde allí analizar los planteos esgrimidos por aquellas.
Cabe recordar entonces que la presente acción tiene como finalidad obtener un resarcimiento económico por la ruptura del vínculo laboral que unía a la actora con la Municipalidad de Moreno, en la que la primera se desempeñaba como Coordinadora de Zona Sanitaria en el barrio de Cuartel Quinto.
Por su lado, la Municipalidad demandada postula la aplicación al caso de la Ley 11.757, sosteniendo que la causal de egreso de la actora está vinculada a la no renovación del contrato que la unía al municipio, por lo que no corresponde en consecuencia indemnización alguna.
Cabe poner de resalto entonces que, conforme la documentación que en autos fuera acompañada por la actora, quedó reconocido que la misma se desempeñaba como Coordinadora de Zona Sanitaria Cuartel V (recibos de sueldos de fs. 9 a 26, Decreto Municipal 0133/16 allegado a fs. 27, legajo obrante a fs. 177 y declaraciones testimoniales de fs. 184, 185, 186) en la Municipalidad de Moreno.
Asimismo, ha quedado demostrado que la relación se inició el 10 de diciembre de 2015, designándose a la accionante en el cargo mencionado en el párrafo anterior el día 1 de enero de 2016 (ver Decreto de designación de fs. 27) y finalizando la relación el día 9 de enero de 2017 (ver Decreto de cese 0045/17 de fs. 130 y notificaciones de fs. 123 y 28).
Es por ello que, en vista de lo expuesto, considero que asiste razón a la demandada en el punto relacionado al ordenamiento legal que debe aplicarse al caso, toda vez que la ley que rige la cuestión sometida a juzgamiento es exclusivamente el Estatuto para el Personal de las Municipalidades, que a la fecha de los hechos tratábase de la Ley 14.656.
Al respecto la Suprema Corte expresó que el derecho consagrado por los arts. 14 bis de la Constitución Nacional y el 39 de la Constitución Provincial no es de carácter absoluto, sino que establece un principio general, sujeto a una razonable reglamentación (SCBA, B50208, S, 26/2/1991, "Deheza"), papel que desempeña, en este caso y para el espacio temporal en que se desarrollaron los hechos de autos, la Ley 14.656.
Por su lado la Reforma Constitucional de 1957 tuvo como finalidad, al incluir en el texto el art. 14 bis, sentar los principios protectorios de los derechos del trabajador en la cúspide del ordenamiento jurídico positivo. Y coincidentes resultan doctrina y jurisprudencia respecto a que el art. 14 bis de la C.N., comprende al trabajo en sus diversas formas, tanto al que se desarrolla dentro del campo de la actividad privada como de la pública.
No obstante, una cosa es la protección de los derechos en base a la utilización de algunos principios del derecho laboral, y otra la aplicación de su normativa.
La Constitución Provincial prevé en su art. 171 que las sentencias serán fundadas en el texto expreso de la ley, y solo a falta de este a los principios jurídicos de la materia que se trate o a los generales del derecho.
Así, la relación del empleador con el trabajador del estado, al ser regulada por el derecho público, debe recurrir a normas e institutos del derecho administrativo. Y al entrar a tallar los principios del derecho laboral, deben conjugarse conforme la situación de revista en las distintas plantas dispuestas por la ley aplicable, la cual debe tener primacía.
El Superior Tribunal Nacional, en el caso "Gil c/U.T.N." (Fallos: 312:245) sostuvo que frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes sean de carácter permanente o no, y a la disposición del art. 2° inc. a) de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo (la "LCT"), dicha ley no es aplicable a los dependientes de la Administración Pública, salvo que por acto expreso se los incluya en su régimen o en el de las convenciones colectivas de trabajo, es inatendible la pretensión del actor de que su situación se excluya del régimen del derecho público, para regirse por el derecho laboral, al no existir el acto de inclusión que exige el citado inc. a) del art. 2°.
Esta posición fue reiterada en las causas "Galiano" (Fallos: 312:1371) y "Leroux de Emede" (Fallos: 314:376), en el que se puso de relieve que no sólo existía un régimen jurídico específico, sino que el contrato se había fundado en aquél, de donde surgía que "de los términos de la contratación resultaba evidente que no fue voluntad de la administración incluir a la empleada en el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo".
Bajo ese piso de marcha, del decreto de designación de la actora -agregado a fs. 27- no se desprende ningún elemento que permita suponer que hubo intención de que aquella relación se rigiera por LCT ni que haya razón alguna para considerar que la agente Acosta se encontrara comprendida en el supuesto de excepción del art. 2 inc. a de la LCT.
III. Por otro lado, al momento de realizarse el examen de admisibilidad por el suscripto, se interpretaron los telegramas enviados por la actora a la municipalidad demandada como un recurso interpuesto contra el acto administrativo de cese de relación de empleo público.
Sin embargo, arribado el conflicto a sede judicial la actora no desarrolló expresamente una línea argumentativa (ni de hecho ni de derecho) impugnatoria del acto de cese, desarrollando cuáles serían los incumplimientos de la administración a las condiciones de legitimidad a los que el acto administrativo estaba sujeto de acuerdo a las normas aplicables, esto es, no ha puesto de relieve los vicios en los elementos del acto, entre los que se incluye la manera en que resultaría violado el régimen específico -Estatuto para el Personal de las Municipalidades-.
De allí que no se pueda avanzar en tal sentido, por no aportar la actora elemento alguno que así lo permita. Consecuentemente, el acto debe ser tenido por firme.
Digo esto pues, sin perjuicio de haber sorteado con éxito la etapa de admisibilidad, por el tipo de pretensión elegida (indemnizatoria), ello no puede ir en desmedro de la necesidad de realizar un cuestionamiento directo del acto, pues más allá de lo plasmado en el art. 15 de la Const. Provincial, su anulación es el pilar fundamental de acceso a un reclamo indemnizatorio.
IV. Como quedó definido en la designación, la relación laboral era de carácter temporaria en orden a lo dispuesto por el art. 111 de la Ley 14.656 y en uso de las facultades conferidas por el art. 108 incs. 9 y 17 de la Ley Orgánica de la Municipalidades.
Lo cierto es que de los antecedentes colectados en la causa, a partir del Acto de designación, y la naturaleza que exhibe las tareas que desarrollaría la agente -coordinador- me hacen afirmar que se trataba de una contratación temporaria comprendida en la planta de personal, pero excluido de una contratación de naturaleza política.
Tampoco surge en modo alguno que la categoría que le fuera otorgada a la agente Acosta posea carácter "político", y de ese modo quedar excluido del régimen de la Ley 14.656.
Por el contrario, encuentro que la categoría de "Asesor" asignada al actor, lo fue en los términos dispuestos por el art. 111 de la Ley 14.656, el cual dispone "Personal temporario mensualizado o jornalizado: son aquellos trabajadores necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario o eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal. Quedan comprendidos en esta clasificación los asesores."
Como corolario de lo antes expuesto, y sin que implique juzgamiento alguno del Acto Administrativo de cese, la relación entre las partes se exhibe, sin cortapisas, compatible con la de los agentes de planta temporaria por la propia naturaleza de sus funciones.
V. Y en ese orden de cosas, como se adelantó, la actora no centró su pretensión dentro del carril procedimental o eventualmente procesal en vía de resolver su situación laboral, sino que lo canalizó únicamente en el reclamo de una indemnización en función de derechos reconocidos por la LCT, con lo cual el encuadre jurídico del caso lo da la propia norma legal vigente, a la que debo recurrir.
El art. 20 de la ley 12008 establece: "... inc. 2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma."
Nótese que es el propio código que rige la materia, el que ha establecido expresamente la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de sustento" y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Díaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19.549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid. 6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Derivando lo expuesto en el caso de autos, y conforme surge del relato de la actora, el acto administrativo de cese llega consentido a este estadio procesal, siendo la propia actora la que sella la suerte de su reclamo al optar por una vía inadecuada con el régimen de empleo público vigente y al que se hallaba sujeta.
Es por ello que la demanda no puede prosperar.
VI. Se tiene dicho que, si no se resuelve la ilegitimidad del accionar administrativo, la pretendida reparación pecuniaria queda carente de sustento legal.
No encontrando ilicitud en el acto administrativo, y siendo en principio presupuesto necesario para ello, corresponde no hacer lugar al pedido de resarcimiento del daño. Así lo ha resuelto la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, al exponer que: "Es que, la pretensión resarcitoria fundada en la ilegitimidad de un acto administrativo es accesoria y se encuentra subordinada a la previa declaración de su invalidez (conf. arg. CCASM in re "Men
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.