Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 17151 2020
Expte. Nº 17151.-
Autos: LUNA PABLO GASTON C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA.-
Mercedes, 5 de Mayo de2020.-NG
Estos autos caratulados "LUNA PABLO GASTON C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", expediente Nº 17151, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs 18/21, se presenta el Sr. Pablo Gastón Luna, con el patrocinio letrado del Dr. Claudio Ezequiel Tapia, promoviendo demanda contra la Municipalidad Moreno, pretendiendo la anulación del Decreto N° 0274/13, de fecha 22/02/2013, emitido por el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se dispuso su cesantía en el cargo que desempeñaba en el municipio.
Solicita al mismo tiempo la declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada por considerar que afecta el derecho de estabilidad en el empleo, y peticiona la reincorporación a sus tareas, el pago de los haberes, y demás remuneración y rubros caídos desde la fecha de cese.-
Asimismo, reclama la reparación por el daño moral ocasionado a consecuencia del cese.-
En su relato de los hechos refiere que revestía el carácter de empleado de planta temporaria en la Municipalidad de Moreno, siendo su fecha de ingreso 01/09/2006 (Legajo N° 14578), cumpliendo funciones en la Dirección General Red de Emergencias Médicas, desempeñándose como profesional temporario Asistente Social y Sanitario (MT1), con un haber mensual sujeto a retenciones de $ 7.334.
Manifiesta que al momento del cese contaba con una antigüedad de 6 años y 6 meses, habiendo sido contratado sucesivamente.
Relata que su jornada de trabajo al momento de la culminación del vínculo, se extendía desde las 8.00 hs. del sábado a las 8.00 hs. del domingo, no siendo fijos sus horarios, ya que eran adecuados por la accionada de manera arbitraria e imprevista.
Explica que el vínculo con la comuna se caracterizaba por la informalidad, pese a las características del empleo, asegurando que en su legajo no había contrato alguno.-
Relata que inesperadamente, con fecha 22/02/2013, el Sr. Intendente Municipal emite el Decreto 0274/13, mediante el cual dispone la cesantía a partir de la fecha de notificación, sin fundamentación alguna.-
Refiere que luego de tomar conocimiento del Decreto, se presentó ante el Dr. José Diliza -Director de Emergencias Médicas- a efectos que le explique los motivos que originaron la decisión de darle la baja, quien le manifestó que su perfil no era el buscado, y por ello no se renovaría su contrato.-
Señala que la decisión arbitraria de la comuna le ocasionó enormes padecimientos morales que deben ser resarcidos.
Explica que su vida se vio notoriamente alterada por la baja decretada, debiendo desprenderse de algunos bienes de importancia para poder solventar los gastos en los cuales había incurrido de acuerdo a sus ingresos.
Relata que en ese momento se encontraba en tratativas con el Banco Ciudad para acceder a un préstamo hipotecario, que no pudo concretarse como consecuencia del despido, lo que repercutió en su equilibrio espiritual y su vida de relación.
Entiende que los padecimientos expuestos fueron provocados por el accionar ilegitimo de la demandada y deben ser reparados.-
Por último, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que conferido el traslado de las actuaciones administrativas allegadas (legajo N° 14578), se presenta el actor con el patrocinio letrado del Dr. Héctor Fernando Rodríguez y amplia demanda (cfme. arts.30 y 32 CPCA).
En primer lugar expone que las supuestas inasistencias, malos tratos, etc., mediante las cuales la comuna pretende fundar el distracto, no se encuentran respaldadas por ningún registro en su legajo.-
Alega que el decreto que adoptó la medida cuestionada, resulta totalmente infundado, sumado ello a que el mismo fue dictado mientras se encontraba gozando de su licencia anual por vacaciones.
Asegura que tal como se expusiera en la demanda, el intempestivo cese lo privó inesperadamente de los ingresos necesarios para subsistir.-
Expone que fue un gran dolor el que experimentó al ser cesanteado en forma imprevista y que esta circunstancia fue la que le ocasionó un profundo daño moral.-
Por idénticos fundamentos solicita resarcimiento por daño psicológico, y explica que el mismo es entendido como un daño propio e independiente del daño moral, y que se configura mediante la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima y que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso.-
Como último de sus ítems, solicita la compensación por el daño al proyecto de vida, el que según refiere es entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como aquel que se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.
Cita jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Federal, relativa a este aspecto.-
Por último, ofrece prueba pericial psicológica.
III. Que conferido el traslado de ley, con fecha 22/12/2016, se presenta la Dra. Silvina Ledesma, en el carácter de apoderada de la Municipalidad de Moreno y contesta la demanda planteada.-
En primer término, niega categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda y desconoce la autenticidad de la prueba documental acompañada por el accionante que no haya sido expedida por su mandante.-
En su relato, refiere que el actor ingresó al municipio con fecha 01/09/2006, como personal temporario y es dado de baja por Decreto N° 274/2013, quedando desvinculado el día 23/02/2013.
Explica que la renovación del personal temporario se realiza de oficio por el Departamento Ejecutivo y la cesación del contrato de empleo público, resulta ser producto del ejercicio de actividades discrecionales de la Administración (Ley 11.757 -actualmente derogada por la Ley 14656).
Asegura que el actor siempre revistió la condición de personal temporario, designación efectuada al amparo de los arts. 12, 92 y ccs. de la Ley 11757.
Argumenta que el personal alcanzado por el régimen de la Ley 11.757, se clasifica en planta permanente y planta temporaria, comprendiendo esta última al personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios. En ese orden, asegura que el único empleado que goza de estabilidad es el personal de planta permanente.-
Refiere que la actora inició el reclamo por la nulidad de un decreto que dispone su cesantía y en la oportunidad pertinente transforma su demanda en una indemnización por daños y perjuicios.-
Cuestiona que entonces nos encontramos ante un decreto que dispone la cesantía cuya nulidad no se ataca y que -como todo acto administrativo- goza de presunción de legitimidad y ejecutoriedad.
Expone que en virtud de dicha condición el particular tiene la carga de impugnar el acto administrativo que considera ilegítimo, agotar la vía administrativa y obtener su declaración de ilegitimidad -en sede administrativa o judicial- como condición para acceder al resarcimiento de los daños y perjuicios que el acto le hubiere ocasionado.-
Alega que el decreto de cesantía es un acto administrativo legítimo, que en modo alguno genera derecho a una indemnización a favor del actor.-
Por último, se opone a la producción de la prueba, impugna la liquidación efectuada por el accionante, ofrece la prueba que hace a su derecho y peticiona.-
IV. Con fecha 18/09/2018, se celebra la audiencia de prueba y -habiéndose producido únicamente la prueba relativa los documentos en poder de la demandada- a solicitud de la apoderada de comuna con fecha 05/02/2019, se certifica el vencimiento del periodo probatorio.-
V. Que habiéndose agregado los alegatos de la parte actora - en fecha 25/10/2019- se llama autos para sentencia con fecha 11/11/2019, y:
1. Que de los términos de la pretensión articulada es posible extraer que el accionante pretende la nulidad del Decreto N° 0274 -dictado por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Moreno- mediante el cual se dispone la baja del actor en el cargo que desempeñaba (Profesional Temporario -Asistente Social y Sanitario- en la Secretaria de Salud), por considerar que el mismo es ilégitimo, en tanto afecta su derecho a estabilidad en el empleo.
Que a consecuencia de ese actuar de la administración que imputa ilegítimo, entiende que corresponde que sea reincorporado a su puesto de trabajo, y se le abonen haberes, salarios caídos y demás rubros indemnizatorios correspondientes.-
Asimismo, reclama el pago de una indemnización por los padecimientos morales y psicológicos sufridos a consecuencia de la ruptura intempestiva del vínculo laboral-.
2. De las constancias obrantes en las presentes actuaciones se advierte que ambas partes reconocen en sus escritos que la actora trabajaba para el Municipio demandado, como agente de planta temporaria, resultando por lo tanto, un hecho no controvertido.
Tampoco media controversia entre las partes, en cuanto a la finalización del contrato temporario, ambas coinciden en que data del 23 de febrero de 2013 (lo que también se desprende de la copia del Decreto N° 0274, obrante en el legajo del actor agregado en autos sin acumular y su notificación -v.fs.4 y 5 de este expte. judicial).
3. Reconocida por la propia actora su condición de revista en planta transitoria, la primer cuestión a dilucidar en la presente litis es respecto de la legitimidad de aquel acto que dispuso su cese.-
Previo a ello, debo aclarar que si bien actualmente se encuentra en vigencia la Ley 14.656, la misma no resulta de aplicación en el caso, en tanto la relación de empleo con la comuna transcurrió en su totalidad bajo la órbita de la Ley 11757, vigente a ese entonces.-
Que la mentada Ley 11.757, disponía dos categorías en las que podían encuadrar los trabajadores: Planta Permanente, integrada por trabajadores que gozaban de estabilidad (art.12 ap.1 Ley 11.757) y Planta Temporaria, que se componía con trabajadores cuya situación de revista resultaba más precaria (art. 12 ap 2), entre los que se ubicaba el personal temporario, el personal reemplazante, destajistas y el personal contratado por locación de servicios.-
Que bajo este régimen, la Ley 11.757, regulaba el derecho a la estabilidad, y clasificaba al personal en dos grupos -permanentes y temporarios, determinando en cada caso los derechos que le asisten y las condiciones y modalidades de ingreso. Así, en su art. 92 disponía: "Personal temporario mensualizado o jornalizado son aquellos agentes necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal".-
Por ello, la solución normativa respecto a la inestabilidad y a la posibilidad del cese, en principio no ofrece duda, pues, el mismo Estatuto de Personal Municipal (Ley 11.757 cit.) prevé esta solución; y en tal sentido resulta ajustado a ella el criterio del Superior Tribunal Provincial, acerca de que el personal de planta temporaria, agentes mensualizados, jornalizados, reemplazantes y contratados se hallan incorporados a un régimen de excepción, no poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación (doct. de la mayoría en causas B. 49.724, "Requejo", sent. del 16VI1987; B. 49.890, "Villalba", sent. del 11VIII1987; B. 50.547, "Zaragoza", sent. del 31V1988; B. 51.827, "Palacios", sent. del 16XI1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. del 11IV1995; B. 54.753, "Batista", sent. del 12V1998; L. 68.993, "Castro", sent. del 14VII1998; B. 57.364, "Capuano", sent. del 31VIII1999; B. 56.876, "Torres", sent. del 24XI1999; B. 56.457, "Hermosilla", sent. del 2VIII2000; B. 57.700 "Montes de Oca", sent. del 10IX2003; B. 57.741, "Lori", sent. del 18II2004).-
Así también se ha dicho que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (causas B. 57.741, B. 57.551 y A. 69.913, B. 62.513, "Gundín", sent. del 22/10/2008).
Siendo ello así y encontrándose reconocida la situación del actor como agente temporario, no caben dudas que ha quedado excluído de las previsiones que en materia de estabilidad prevee el Estatuto para los empleados del municipio, dado que su condición de revista le ha impedido adquirir aquel carácter.-
Ello permite concluir, que a la situación laboral del actor le son aplicables las disposiciones que para el personal temporario, establece el mentado Estatuto Municipal (art. 92 y concs.Ley 11.757), y en ese marco no gozaba de la estabilidad propia del régimen de empleados de planta permanente.-
4.-. En virtud de lo expuesto en los apartados que anteceden, se colige que la actora no puede en su reclamo, ampararse en la garantía de estabilidad estatutaria.
Que conforme lo dispuesto por el art.108 inc. 9 del Dec. Ley 6796/58, es atribución del Órgano Ejecutivo disponer el nombramiento y la cesantía de los empleados, con arreglo a las disposiciones sobre estabilidad del personal.-
Por su parte, el art. 101 del Estatuto del Personal de las Municipalidades, lo faculta para disponer el cese de los empleados de planta temporaria cuando razones de servicio lo aconsejen. Y conforme estas pautas legales, puede ser mantenido en el servicio renovando su designación, o por el contrario, pueden darse por finalizadas sus funciones como ha acontecido en el caso (cfr. art. 101 de la ley 11.757) (conf. doct. SCBA, causa B. 60.405, "Ludueña de Andrade", entre otras).
En razón de ello, he de concluir que la decisión de no renovación de la relación laboral del actor, no se revela ni arbitraria ni ilegal como la califica.
En tal contexto, cabe entonces reputar legítima la decisión del Ejecutivo Municipal al exteriorizar el ejercicio de una prerrogativa legalmente reconocida a la Administración, como resulta ser la de no renovar el contrato temporario que lo unía al actor.-
Por tales fundamentos, corresponde rechazar la pretendida anulación del Decreto N° 0274 del Sr. Intendente de la Municipalidad de Moreno.
5. En cuanto al reclamo indemnizatorio, de lo hasta aquí expuesto y de las constancias de autos, no se desprende que el accionante haya llevado adelante actividad probatoria alguna, que conduzca a acreditar la ilegitimidad de la actuación municipal que desencadene la posibilidad de ser indemnizado.-
Recordemos que en la materia rige la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de fundamento" (art.20.2 CPCA) y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos. Así se expuso que ". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Bajo ese escenario, la escasa prueba producida en autos no habilita a arribar a una solución contraria, en el sentido de reconocer una reparación económica al actor aquí reclamante, pues el tiempo que duró el vinculo entre las partes, por sí solo, no conduce a reconocer una indemnización, como en aquellos casos en que así se ha decidido cuando el vínculo temporal se exhibe prolongado en el tiempo, pero se han acreditado extremos configuradores de una desviación de poder en el actuar de la administración, lo que lejos esta de verificarse en autos (vgr. CSN " Ramos", " Sanchez" , "Cerigliano" y SCBA "Maza Vergara").-
A mayor abundamiento cabe destacar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).-
Reafirmando el Máximo Tribunal Provincial que: "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente- incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración ( SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).-
Por lo tanto, no sin dejar de recordar que conforme al art. 375 del CPCC es el demandante quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su derecho, he de concluir que el accionante no ha probado, la existencia de una actuación u omisión ilegitima, resultando tal carencia suficiente, para frustrar irremediablemente la pretensión de reparabilidad que aquí se enarbola (art. 375 del C.P.C.C.).-
Por ello, es que entiendo que la indemnización peticionada, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la misma.-
6. Respecto a las costas del proceso, tratándose de un reclamo en materia de empleo público, conforme al art 51 inc. 2º del C.P.C.A. (texto según ley 14.437), corresponde se impongan por el orden causado. Lo que así también decido.
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 12 inc. 1° y 3°, 51, 77 y cctes. del CPCA (Ley 12.008 y sus modif.); art.163, 375, 384 y cctes. CPCC, art. 108 inc. 9 Dec. Ley 6769/58, arts. 12, 92, 101 y ccs. Ley 11757 y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión anulatoria formulada contra el Decreto N° 0274 de fecha 13 de febrero de 2013.-
2. Rechazar la pretensión de indemnización contenida en la demanda contra la Municipalidad de Moreno.-
3. Imponer las costas por su orden (art. 51 inc. 2º C.P.C.A., texto según Ley 14.437).
4. En atención al modo en que termina el proceso corresponde regular los honorarios de los letrados intervinientes, y en esa tarea corresponde tomar como base regulatoria el importe reclamado en la demanda (ver. fs. 28/29 ampliación de dem
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