Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 14875 2020
Expte. Nº 14875 .-
Autos: "SANCHEZ JUAN ALBERTO C/ ESTADO PROVINCIAL S/PRETENSION INDEMNIZATORIA ".-
Mercedes, de Marzo de 2020.-
Estos autos caratulados "SANCHEZ JUAN ALBERTO C/ ESTADO PROVINCIAL S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", expediente Nº 14875, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del departamento judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs.13/26 se presenta por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 del Dpto. Judicial de San Martín, el Sr. Juan Alberto Sánchez por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Víctor Martín Olivieri, promoviendo formal demanda por daños y perjuicios contra los Sres. Sbte. Gustavo Perdomo, Sbte. Néstor Enrique Guida, Sgto. Víctor Díaz, Of. Alicia Barcala, Of. Emilce Arina, y contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, todo ello por los daños padecidos por la actora en oportunidad de su detención transitoria el día 23 de agosto de 2006.
Relata los hechos que sirven de antecedentes a la acción intentada mencionando que prestaba servicios de custodio de mercaderías en tránsito para la empresa de seguridad Guard S.A., cuando en oportunidad de custodiar un camión en tránsito hacia la localidad de Lanús con su auto particular, a la altura del peaje de Villa Espil, Partido de San Andrés de Giles, tres móviles policiales le ordenaron al actor y a su acompañante que bajaran del vehículo, esposándolos e interrogándolos, sin mediar mayores explicaciones.
Manifiesta que el obrar policial habría sido producto de la denuncia de un camionero que había alertado la portación de una escopeta en el interior del vehículo en el que se encontraban el actor y su acompañante de servicio.
Refiere que el personal policial no quiso escuchar las explicaciones relacionadas con el servicio de custodia que se encontraban prestando, ni verificar la documentación necesaria para la portación de las armas que llevaban en el vehículo, sino que limitaron su accionar al arresto para luego arrastrarlos hasta el playón de estacionamiento del peaje y golpearlos brutalmente.
Trasladados que fueron a la dependencia policial de San Andrés de Giles, refiere que el personal policial le negó los pedidos de traslado al hospital para que atendieran las heridas padecidas como consecuencia de la golpiza recibida, tomándoles declaración testimonial hasta cinco horas de transcurrido el hecho, momento en el cual lo trasladaron al hospital de San Andrés de Giles para ser examinado y atendido.
Al momento de mensurar su reclamo, inicia el detalle de los rubros reclamando por los daños físicos padecidos, refiriendo haber sufrido rotura de ligamentos en la rodilla de pierna izquierda como consecuencia de la golpiza policial, traumatismos en tórax, manos, pierna derecha y espalda, hipotrofia de cuádriceps, cicatriz de artroscopia sobre rodilla izquierda, disminución en la flexión en 20°, secuelas de síndrome meniscal operado y síndrome por stress post traumático en grado moderado a grave.
Manifiesta haber debido someterse a operación y enyesado por la rotura de ligamentos, lo que le imposibilitó movilizarse, sufriendo dolores constantes, llevándolo prácticamente a la inmovilidad, incluso a la fecha de interposición de la demanda.
En función de lo relatado, estima una incapacidad del 35% psicofísica parcial y permanente, por lo cual reclama la suma de $230.000.
A su turno, refiere padecer daño psíquico o psicológico como consecuencia de las lesiones padecidas, daño tal que le impide continuar, gozar y disfrutar alegremente como con anterioridad al hecho dañoso, que demanda de tratamiento para en definitiva elaborarlos mentalmente.
Así, solicita una indemnización por tal concepto de $55.000.
También reclama la actora por el rubro de daño moral resarcitorio del desmedro extrapatrimonial, la lesión a los sentimientos personales y tranquilidad anímica, citando frondosa doctrina, en función de la cual sostiene su reclamo de $66.000 bajo tales conceptos.
Finalizando el detalle de los rubros que componen su reclamo, reclama por los gastos de farmacia en los que ha incurrido y por el alquiler de vehículos de traslado a los centros asistenciales, ascendiendo el reclamo por ambos conceptos a la suma de $2.000.
Sin perjuicio de lo anterior, finaliza su reclamo solicitando compensación por los gastos de traslado en los que incurrió como producto de su inmovilidad. Bajo tal rubro reclama la suma de $600.
Ofrece prueba, funda en derecho y finalmente peticiona.
II -Desistida que fuera la acción respecto de los demás codemandados y enderezada en el sentido de dirigir la demanda únicamente contra los Sres. Gustavo Perdomo y Néstor Enrique Guida y la Provincia de Buenos Aires, se corre traslado de la misma a los referidos.
III. A fs. 91/101 se presenta a contestar demanda el Sr. Enrique Néstor Guida con el patrocinio de la Dra. Mónica Balmaceda, solicitando se rechace la misma, con costas.
Luego de negar todos los hechos en forma genérica y específica con más la autenticidad de toda documental acompañada, relata su versión de los hechos iniciando por aclarar que no se encontraba en el operativo conectado con los hechos denunciados por el actor.
Aclara así que en la época del hecho se desempeñaba en la División de la Zona Vial de Mercedes, propiamente en el Destacamento Vial de San Andrés de Giles ubicado sobre la Ruta Nacional N° 7, km. 101.5, revistiendo el cargo de Ayudante de Guardia de Destacamento Clase "A".
Luego entonces, encontrándose en ejercicio de sus funciones, recibida que fue la alerta de radio en relación a la intimidación con arma de fuego realizada por los ocupantes de un vehículo Suzuki patente ASH778 al conductor de un camión Mercedes Benz patente EMW827, se dispuso el envío de tres miembros del personal del destacamento, quedándose el demandado Sr. Guida en el destacamento en función de su cargo.
Adiciona que a la llegada del móvil al destacamento se enteró que los ocupantes del vehículo Suzuki y el camión Mercedes Benz habían sido trasladados por personal de la Comisaría de San Andrés de Giles.
En definitiva, afirma no haber tenido contacto alguno con el actor, por lo que no existe nexo causal alguno entre los hechos denunciados y el demandado en conteste.
Subsidiariamente solicita que, para el eventual caso de hacer lugar a la demanda, la misma no prospere sino por un monto inferior al 20% de lo pretendido, por considerar duplicados los rubros pretendidos, injustificados los montos que los componen y, en general, infundado el reclamo.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.
IV. A fs. 165/169 se presenta la Fiscalía de Estado por medio de su apoderado, Dr. Facundo Santana, a contestar demanda, solicitando se rechace la misma en todas sus partes. Luego de la negativa genérica y pormenorizada de los hechos alegados por las partes, solicita en primer lugar se difiera el dictado de la sentencia hasta tanto no haya finalizado la causa penal iniciada con motivo de los hechos denunciados en el escrito de inicio (esto es, la Instrucción Penal Preparatoria N° 198.808, en adelante, la "IPP").
Asimismo, afirma que, para el caso que se lograse establecer un adecuado nexo causal entre las lesiones denunciadas y el accionar policial al momento de la detención, deberá centrarse el análisis de lo que constituye el ejercicio de la función policial en orden a la prevención de los delitos y sobre todo en oportunidad de su comisión. En definitiva, concluye que la Provincia no deberá responder por lo que es el resultado del ejercicio represivo de los agentes del orden ante el actuar delictivo.
Sostiene que el actuar de los agentes policiales de la Provincia se encuentra justificado por cuanto actuaban en consecuencia para evitar un posible mal mayor. Como corolario de ello deriva que, en caso de corresponder indemnización al actor, la misma debería ser a título de responsabilidad por actividad lícita del estado, la cual excluye al lucre cesante y se funda en razones de equidad.
Cuestiona a continuación la cuantía de los daños denunciados por el actor, como así también la orfandad de elementos en la demanda que permitan una objetiva cuantificación de los mismos, por lo que impugna la liquidación realizada por la actora en general y en particular respecto de cada rubro, apoyándose en cuantiosa jurisprudencia.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.
V -A fs. 172/173 se presenta el Sr. Gustavo Roberto Perdomo con el patrocinio letrado del Dr. Juan Antonio Sanguineti, interponiendo ante todo la excepción de incompetencia del Sr. Juez en aquel momento interviniente, por cuanto los domicilios de los agentes y el lugar del hecho denunciado se ubican en jurisdicción del suscripto.
Posteriormente, a fs. 185/195, opone excepción de falta de legitimación activa y pasiva, y subsidiariamente contesta demanda, la que solicita sea rechazada en todos sus términos, con costas a la actora.
En apoyo de su pretensión, manifiesta que en la Instrucción Penal Preparatoria realizada como consecuencia de los hechos denunciados (que ofrece como prueba) no ha podido verificarse la existencia de lesiones, ni individualizado funcionario policial alguno que haya ejercido fuerza contra la actora. Así, el mencionado demandado Sr. Perdomo no fue imputado ni existió, conforme su entendimiento, actividad procesa útil en tal IPP que lo tuviera como autor de las alegadas lesiones.
En función de ello, el Sr. Fiscal General del Departamento Judicial de Mercedes, que a instancias de la actora tuvo intervención en la IPP, siguiendo el criterio del Sr. Agente Fiscal y ordenó el archivo de las actuaciones, lo que a su entender prueba la falta de sustrato necesario para legitimar el reclamo resarcitorio o, eventualmente, dirigirlo contra el Sr. Perdomo.
Subsidiariamente, como se adelantó, contesta demanda negando en general y particular todos los hechos alegados por el actor, remitiendo nuevamente a la IPP, para destacar que de la misma surgen los precarios médicos efectuados por el médico oficial a la actora en autos, por los que se certifica la inexistencia de las lesiones ahora denunciadas. Entiende que tales certificados, de fechas 24/08/2006 y 26/08/2006, son instrumentos públicos que hacen plena fe de su contenido, lo que solicita sea tenido presente al momento de resolver.
Afirma que la atención médica, provista esta vez por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del actor, tuvo inicio el 29/08/2006, es decir seis días después de los hechos que lo vinculan al actor, por lo que entiende no existe nexo de causalidad suficiente.
A mayor abundamiento, sostiene que acreditada que pudiera ser la existencia del daño alegado, corresponderá determinar la antijuridicidad, imputabilidad y relación causal, circunstancias que no se encuentran presentes en autos.
Ello en el entendimiento de que de los hechos relatados por el actor surgen incumplimientos a la normativa aplicable, tales como la falta de color rojo del vehículo que conducían, como así también la identificación obligatoria en las puertas delanteras, la utilización de balizas blancas sobre su techo ni credencial visible a efectos de evitar confusiones, que entiende rompen el eventual nexo causal. Asimismo, refiere el incumplimiento de la obligación del prestador de seguridad privada de comunicar a las comisarías todo objetivo a cumplir en jurisdicción de las mismas.
Entonces, concluye, frente a las circunstancias recién relatadas, el exhibir un arma de grueso calibre durante su tránsito por la Ruta Nacional N° 7 lógicamente alertó al camionero que inicialmente denunció tal hecho, lo que obligó el accionar de la fuerza de seguridad destinado a prevenir, disuadir y reprimir conductas ilícitas. No obstante ello, reitera la inexistencia de obrar ilícito por parte de la fuerza policial, por cuanto se obró en un todo de acuerdo con el cuadernillo de instrucción del personal policial, conforme los indicios dados por el actor y su acompañante, antes referidos.
Finalmente, y sin desconocer lo manifestado en cuanto al correcto proceder de la fuerza policial, refiere estar legalmente obligado a actuar frente a la amenaza de delito, y que de no hacerlo se haría pasible de sanciones administrativas y de la comisión del delito de incumplimientos de los deberes inherentes al cargo.
Luego de cuestionar la composición y cuantía de los rubros reclamados, ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
VI. Resuelta que fuera por el Sr. Juez previniente la excepción de incompetencia a favor del suscripto (fs. 221/222), se difirieron las excepciones opuestas para el momento de resolver la cuestión de fondo (249) y una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 283/285, y agregados los alegatos presentados por las partes, se llamó autos para sentencia, y
I. Corresponde en primer lugar fijar los hechos que motivan las presentes actuaciones, a la luz de los dichos de las partes y las probanzas practicadas.
Así, no resulta controvertida la ocurrencia de la aprehensión del actor en autos, producida el día 23 de agosto de 2006 cerca de las 23:30 hs., a raíz de una denuncia efectuada por un tercero en relación a la portación de un arma de fuego en el interior del vehículo particular en el que se transportaban el Sr. Sánchez y su acompañante.
Si bien del relato de los hechos no hay coincidencia entre las partes en relación a la presencia de los demandados Sbte. Perdomo y Sbte. Guida, la misma se encuentra probada a fs. 15 de la IPP, en donde el Teniente Primero Gabriel Nelson Rojas informa al Instructor de la causa que los sindicados fueron despachados al procedimiento de aprehensión de los Sres. Sanches y Toledo. Añade en tal informe que con posterioridad llegaron otros dos patrulleros, lo que ratifica los dichos del actor en cuanto a la participación de los tres móviles.
Resulta probada también la lesión existente en la rodilla izquierda por el actor (fs. 9 y 37/44 de la IPP), y los efectos que tal lesión tuvo en la esfera física (fs. 550/554) y psíquica (fs. 503/505) del demandante en autos.
Debe destacarse que las partes no han cuestionado los elementos que surgen de la mencionada IPP, como así tampoco su valor probatorio.
Establecidas las circunstancias fácticas anteriormente descriptas, a los fines de determinar la existencia de conducta antijurídica reprochable a los Sres. Perdomo y/o Guida y/o la Provincia de Buenos Aires, corresponde preguntarse ahora si resulta probado que en oportunidad de la aprehensión del actor los agentes policiales demandados le produjeron el daño probado, y en su caso, si el actuar de aquellos fue de acuerdo a lo establecido por los procedimientos y conductas exigibles a los miembros de las fuerzas de seguridad provinciales.
II. Convendrá iniciar tal análisis recordando la doctrina consolidada de la Corte Suprema de la Nación en cuanto a que la responsabilidad del Estado por los actos y omisiones de sus órganos es una responsabilidad directa, fundada en la idea objetiva de falta de servicio, supuesto que se configura cuando la administración no cumple sino de una manera irregular los deberes y obligaciones impuestos a los órganos del Estado por la Constitución, la ley o el reglamento o, simplemente, por el funcionamiento irregular del servicio.
Por su parte, tiene dicho la Corte Nacional que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad ilícita exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, como ser la existencia de un daño cierto, la relación de causalidad entre el accionar del estado y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la Administración (CSJN, 12/11/96 "Tecnobetón S.A. c/ Estado nacional").
De allí que el daño causado por el Estado, como cualquier daño, para ser indemnizable y comprometer su responsabilidad requiere, además, la existencia de un nexo causal adecuado entre el acto imputable a la administración y la lesión sufrida por el reclamante. Debe existir entre el daño alegado y la conducta estatal una relación inmediata de causa y efecto.
En definitiva, se requiere que el daño sea jurídicamente imputable a la administración y para ello es necesario que el daño sea consecuencia de la actividad de la administración (lícita o ilícita). Dicho de otro modo, se debe encontrar el vínculo entre el daño y la actividad estatal, y esta relación de causalidad debe ser probada por quien reclama la indemnización.
En ese contexto, si no se probaran las causas que produjeron el hecho dañoso no podrá concluirse en que medie responsabilidad de la accionada por no poder verificarse la imputabilidad a su parte revelando la relación causal.
III. El problema radica entonces en el onus probandi, es decir, la carga probatoria para la procedencia de la acción, que comprende el hecho motivo de la causa y al nexo causal. En este sentido, se ha expresado que "...En todo proceso de daños, siempre debe el pretensor detenerse y precisar no solo la existencia de un daño probado, alcance y valoración cuantitativa, sino también que toda su extensión sea la consecuencia directa del hecho dañoso" (Julia E. Gandolla, Las Cargas Probatorias. Importancia en el Proceso. Aspecto Constitucional. Revista de Derecho de Daños. La prueba del Daño. T.I Ed. Rubinzal-Culzoni).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios precedentemente apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).
Reafirmando lo anterior, el Máximo Tribunal Provincial sostuvo que "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente, incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración (SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
IV. Es sobre las premisas fijadas anteriormente que me permito adelantar que la actora no ha logrado probar los hechos en que funda su pretensión, al menos en un grado tal que permita al suscripto considerar que el daño que alega sea objetivamente imputable a la administración demandada y/o los agentes policiales participantes al momento de su aprehensión, por lo que debe soportar las consecuencias de ese omitir en el propio interés.
Así, debe notarse que la actora no ha podido dar evidencia directa ni aportado indicios suficientes que permitan activar una presunción hominis, de que el daño sufrido por el actor haya sido consecuencia de una golpiza dada por la policía provincial, por cuanto no está probada la existencia de tal golpiza.
Como primera cuestión, surgen algunas contradicciones entre lo manifestado por la actora en su escrito postulatorio y la prueba producida. Así, en su escrito de demanda, la actora alega ". aproximadamente cinco horas después de los hechos acaecidos, personal policial se digna a trasladarme al Hospital de San Andrés de Giles para ser examinado por un médico, en atención a las lesiones que sufrí con motivo del maltrato y golpiza recibidos" (fs. 15 vta.)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.