Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa me 36006 2022
Expte. Nº 36006 .-
Autos:"ALSINA ELIANA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-MD
Estos autos caratulados "ALSINA ELIANA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE BRAGADO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expediente Nº 36006, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 125/140 en fecha 27 de octubre 2017 se presenta ante el Tribunal de Trabajo de Bragado, la Sra. Eliana Soledad Alsina con el patrocinio letrado de la Dra. Paola Lorena Alsina, promoviendo formal demanda por despido indirecto contra la Municipalidad de Bragado.
Inicia el relato de los hechos, exponiendo que mantuvo una relación laboral con la comuna accionada desde el 01 de Septiembre de 2011, desarrollando tareas como Trabajadora Social, primero dentro del área de Asistencia a la Victima y luego en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del NNyA.
Continúa su relato manifestando que en dicha oficina trabajó por el período de septiembre 2011 hasta el mes de noviembre de 2014, conforme surge de los contratos de locación consecutivos que acompaña, debiendo cumplir una jornada laboral de 12 horas semanales con una remuneración de pesos dos mil doscientos ($ 2.200) para luego, actualizarse a pesos tres mil ($3.000).
Que en diciembre de 2014, paso a formar parte del "Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del NNyA". Actualizando su remuneración a la suma de pesos siete mil ($7.000), sin indicar cual era su jornada laboral, toda vez y tal como expone no había un horario determinado, estando a disposición del Servicio por 24 horas en virtud de las guardias pasivas.
Que a partir del mes de julio de 2015 su remuneración se actualizó a la suma de pesos ocho mil cincuenta ($8.050), hasta el mes de septiembre de 2016, cuando la comuna demandada decide incorporarla a "Planta Temporaria", que según alega, desconociendo su antigüedad y consignando una remuneración inferior a la que venía percibiendo.
Señala que en varias oportunidades solicitó la regularización de su contrato de trabajo, toda vez que la forma de contratación vulneraba sus derechos como trabajadora, ya que jamás tuvo acceso a una obra social, ni al reconocimiento de su antigüedad y aportes previsionales."... Siempre existió la promesa que "se procedería" a la debida registración, sin embargo al momento de ocurrir NO SE RECONOCIO LA ANTIGÜEDAD Y SE PROCEDIO A ABONAR UNA REMUNERACION INFERIOR A LA QUE VENIA PERCIBIENDO.".
Manifiesta que trabajó para la demandada estableciendo un vínculo laboral ininterrumpido. Que la Municipalidad, decide registrar el contrato de trabajo, pero desconociendo la antigüedad, por lo que no existió mayor remedio que recurrir a la Justicia.
Expone que en fecha 21 de Junio de 2016 suscribió el último contrato de locación de obra, por el lapso de tres meses a partir del 1 de Julio y finalizando el 1 de Septiembre de 2016, informándole que existía la posibilidad de registrar su contrato de trabajo, consultando así la fecha de ingreso que se consignaría, la jornada laboral y remuneración. No recibiendo respuesta alguna.
Que en relación a ello, tuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Social con la Dra. Natalia Gatica quien le indica que a partir de la fecha debía cumplir el horario de 8.00 a 14.00 horas, además de seguir realizando la guardia pasiva."...Consultando sobre mi remuneración advierto que la misma ERA MENOS A LO QUE COBRABA. Solicité la explicaciones pertinentes a lo cual me terminan diciendo que "no me preocupara y que se solucionaría". Creí de buena fé en la palabra, sin embargo, ello no ocurrió. Tal como surgen de los recibos acompañados mi remuneración FUE MENOR A LO QUE COBRABA, además de haber consignado UNA FECHA DE INGRESO FALSA, toda vez que se consigna 1/09/2016 cuando comencé a trabajar el 1/09/2011...".
En función de ello, la Municipalidad le estaba haciendo renunciar a 5 años de antigüedad y la relación se torno imposible de continuar, al punto tal que sus Superiores le indican que debía devolver las llaves para poder ingresar al Servicio. Ello fue lo que motivo dar comienzo al intercambio epistolar.
En función de los antecedentes de hecho relatados, reclama la suma de $475.060, conforme al siguiente detalle:
Fecha de ingreso: 01/09/2011
Fecha de egreso: 23/11/2016
Remuneración: $15.000
Art. 245: $ 75.000
Preaviso: $15.000
Integración despido: $ 3500
Vacaciones Años. 2016: $8400
SAC 2016: $ 5910
Vacaciones (período no prescripto) $ 16.800
SAC (Periodo no prescripto): $30.000
Ley 24013 Art. 9: $228.700
Ley 25323, Art. 2: $46.750
Art 80: $45.000
A continuación ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
II. Que en fecha 31/10/2017 se dio traslado de demandada y a fs. 159/163 en fecha 06 de marzo de 2018, se presenta la Dra. Karina Daniela Caballero, letrada apoderada de la Municipalidad de Bragado, interpone excepción de incompetencia, planteando que la demanda es de estricta índole administrativa, en torno al contrato de locación de servicio o a la relación de empleo público que se denuncia, que por razón de la materia corresponde declarar la incompetencia del Tribunal y remitir las actuaciones al Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes.
En subsidio contesta demanda, negando -de manera pormenorizada- los hechos expuestos en aquella.
Continua luego, dando su versión de los hechos, explicando que con fecha 1 de septiembre de 2011 la comuna demandada contrató los servicios de la Sra. Eliana Alsina, a los fines de que la misma se desempeñe profesionalmente en el Centro de Asistencia a la Víctima, cumpliendo la cantidad de doce (12) horas semanales. Las partes se vincularon entre sí, por medio de diversos contratos de locación, cuyas copias fueron agregadas por la accionante en el escrito inicial. Claramente decidieron vincularse en forma libre por un período determinado, cuya naturaleza no era una relación laboral. En principio, prestó servicios bajo la órbita del Centro de Asistencia a la Víctima y Mediación, y posteriormente ante el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y Adolescencia, y en ambos casos la profesional manejaba sus horarios y la forma de su desempeño profesional, sin subordinación alguna ante ninguna autoridad municipal.
Manifiesta que, con el fin de jerarquizar el personal municipal en el área de Servicio Local fundamentalmente, se le propuso a la actora su ingreso a planta temporaria, la cual aceptó presentando la documentación requerida en el marco de la Ordenanza 4770/16. Es decir, que comenzó a desempeñarse como agente municipal con fecha 1° de septiembre de 2016. Aclara que en la fecha citada no venció ningún contrato de locación de obra, ya que el último contrato suscripto entre las partes vencía el 30 de septiembre de 2016. Cumpliendo una jornada laboral de lunes a viernes de 8 horas a 14 horas en la Oficina de Servicio Local.
La relación laboral que dio inició a la fecha mencionada se rige por la Ordenanza 4770/16 (Estatuto del Empleo Público Municipal).
Que en fecha 1° de octubre de 2016 la actora sin ningún tipo de aviso ni justificativo dejó de concurrir a cumplir con sus tareas laborales. Es así, que con fecha 8 de noviembre de 2016 la actora remite su primer telegrama laboral a su representada, y con fecha 23 de noviembre de 2016 se le envío la correspondiente contestación, por la cual se la intimó a que se presente a cumplir con sus tareas habituales, bajo apercibimiento de decretar su cesantía.
Luego expone que se dicto el Decreto 65/17 mediante el cual se dispuso la baja de la actora por abandono de su cargo, a partir del 1° de octubre de 2016.
Finalmente impugna la liquidación practicada por la accionante, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.
III. Que en fecha 26/04/2018 el Tribunal de origen, declaró la incompetencia de la presente causa, ordenando remitir la causa al Juzgado Contencioso Administrativo a mi cargo, conforme los artículos 2° inc. a) y 31 inc. a) de la Ley 11653; art. 2 LCT, art. 166 Constitución de la Prov., art 1° Ley 12.008; Estatuto del Empleado Público Municipal; Ordenanza 4770/16, Ley Provincial N° 14.656. Admitiendo competencia en fecha 09/04/2019.
IV. Sustanciada la prueba ofrecida por las partes, conforme la audiencia de fecha 11/05/2021, y presentados los alegatos por la parte actora en fecha 24/02/2022 y la demandada en fecha 15/03/2022, se encuentran los autos en estado para dictar sentencia; y
1. Cabe recordar que la presente acción tiene como finalidad obtener un resarcimiento económico por la ruptura del vínculo laboral que unía a la actora con la Municipalidad de Bragado. Por su parte, la comuna accionada manifiesta que la actora encuadra en la figura de abandono de trabajo.
De la documental acompañada surge que en un primer momento fue contratada para cumplir funciones en el Centro de Atención a la Victima, con la modalidad de contrato de locación -conforme los contratos consecutivos que acompaña como documental la actora a fs.101/111, no siendo desconocida por la comuna demandada-, inicia su periodo en septiembre de 2011 hasta el mes de noviembre de 2014, debiendo cumplir una jornada laboral de 12 horas semanales.
En el mes de noviembre de 2014 se realiza un nuevo contrato de locación de obra, para que la actora preste servicios como psicóloga en el servicio local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bragado, sin indicar la jornada laboral, al cual le sucedieron contratos consecutivos, siendo el ultimo de ellos con vencimiento en fecha 30 de septiembre 2016 -ver los contratos que obran a fs. 112/120, reitero que no fueron desconocidas por la contra parte.-.
Que mediante Decreto N° 4411/16, se la designa a la actora a partir de 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre 2016, para desempeñar tareas como empleada de planta transitoria -conforme surge del decreto de mención acompañado por la municipalidad de Bragado en la presentación electrónica de fecha 02/06/2021, donde digitaliza el Legajo N°3872, no siendo desconocidos por la actora-.
Finalizando la relación a partir del día 1° de octubre de 2016, mediante Decreto 67/17 de fecha 09 de enero de 2017, por abandono de cargo, toda vez que la comuna demandada procedió a intimar a la empleada municipal, en el marco de la Ley Provincial N°14656 y la Ordenanza Municipal N°4770/2016, a que en los términos del articulo 66 inc. g), se reintegre a sus tareas habituales al día hábil subsiguiente de notificada, bajo apercibimiento de decretar la cesantía, y en atención al incumplimiento a desempeñar sus tareas dentro del plazo previsto, verificándose la figura de abandono de trabajo se le decreta la baja - v. decreto de fs. 158/158 vta. de estas actuaciones-.-
Con ello ha quedado demostrado que la relación laboral como agente municipal finaliza con el Decreto N° 67/17 de fecha 09 de enero de 2017 -obrante a fs. 158- en pleno tránsito de la relación como empleo publico transitorio, con fundamento en el incumplimiento por parte de las obligaciones de la actora , es por ello, que le asiste razón a la demandada en el punto relacionado al ordenamiento legal que debe aplicarse al caso, toda vez que rige la cuestión sometida a juzgamiento la Ordenanza 4770/16 y el Estatuto para Personal de las Municipalidades la Ley 14.656.
Y bajo ese escenario se ha de encontrar la solución del caso, en el que resulta determinante, por un lado, la falta de todo cuestionamiento en sede administrativa como judicial del citado decreto de baja y por otro lado, que el derecho que reclama la actora a obtener una indemnización por despido injustificado, corresponde a un régimen de empleo que no le resulta aplicable.
2. En efecto, he de advertir, que es la propia actora, la que en su relato, reconoce que se dio por despedida, lo cual, queda acreditado, con las copias de los intercambios epistolares de fecha 8 de noviembre de 2016 "...intimo a Ud. para que en el término de 30 días proceda a registrar en debida forma relación laboral....Hago saber a Ud. que en caso de silencio me consideraré injuriada y despedida por su exclusiva culpa..." -ver constancias obrantes a fs. 148-, en fecha 23 de noviembre de 2016 la Municipalidad de Bragado responde "...le hago saber que rige el Estatuto del Empleado Público Municipal aprobado por la Ordenanza 4770/16...INTIMO a reintegrarse al día hábil subsiguiente de recibida la presente a sus tareas habituales...bajo apercibimiento de decretar su cesantía...".
Fue así que en fecha 25 de noviembre de 2016 la actora contesta el telegrama "...hago efectivo el apercibimiento dispuesto y me considero injuriada y despedida por su exclusiva culpa..." -ver constancias obrantes a fs. 151-.
Que dicho extremo, conduce a un panorama adverso a su pretensión, atento que dentro del régimen administrativo, la accionante, debió, ante lo que consideraba injurioso, realizar -en su caso-, el reclamo administrativo y/o judicial, tendiente a abastecer el derecho que considerara vulnerado; en cambio optó por considerarse despedida, lo cual solo es propio del régimen laboral común respecto del cual no resulta acreedora de ningún derecho.
En consecuencia, la actora, por un lado, centró su pretensión, sobre la base de un régimen jurídico que ningún derecho le otorgaba, y por el otro, no activó ningún carril procedimental (Art. 41 Ley 14.656) en vías de resolver su situación laboral, sino que canalizó unicamente -ya en esta sede judicial- el reclamo de una indemnización.
De allí, que el encuadre jurídico del caso, lo da, el art. 20 de la ley 12008 establece: "... Inc.2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, como reclamo autónomo, luego de finalizado el proceso de anulación que le sirve de fundamento y dentro del plazo de prescripción de la misma.".
Nótese, que es el propio código que rige la materia, el que ha establecido expresamente, la "accesoriedad" de una pretensión sobre la otra, es decir, de la pretensión indemnizatoria respecto de la anulatoria ".que le sirve de sustento" y que deriva de un acto administrativo ilegítimo.-
Así, dicha accesoriedad o subordinación de la pretensión de daños derivados de un acto ilegítimo, respecto de la anulatoria, ha sido invariablemente reconocida por la jurisprudencia del más Alto Tribunal Nacional, en los casos: "Alcántara Diaz Colodero" (Fallos: 319:1476) y "Nava" (Fallos: 319:1532), donde quedó asentado que dicho presupuesto de admisibilidad se funda en la presunción legal de legitimidad de los Actos Administrativos.
". dicha conclusión es una consecuencia lógica de la naturaleza accesoria -en el ámbito del derecho administrativo- de pretensiones como las antes indicadas respecto de la acción de nulidad, en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos (art.12, ley 19549), por cuyo mérito se presume que toda la actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente" (CSN causa "Alcántara Díaz Colodredo" del 20/08/96, consid.6°; ver también: Cámara Contencioso Administrativo Federal, en plenario "Petracca" ED 118-391).-
Es decir que, cuando la pretensión reparatoria, está enlazada, o es generada a raíz del dictado de un acto administrativo ilegítimo, es presupuesto de admisibilidad de aquella la anulación de este último, pues caso en contrario, la demanda se torna inadmisible en virtud de la norma citada.
Derivando lo expuesto al caso de autos, y conforme surge del relato de la actora, el acto administrativo de cese, llega consentido a este estadio procesal, siendo la propia actora, la que sella la suerte de su reclamo, al optar por una vía inadecuada con el régimen de empleo público vigente y al que se hallaba sujeta.
Sentados estos parámetros y del examen de los hechos expuestos en la demanda, puede concluirse, que la pretensión de una reparación económica, importa de manera indubitable el cuestionamiento de la validez del acto administrativo que pusiera fin a la relación laboral que unía a la actora con la comuna demandada; acto que como antes expuse se encuentra consentido en sede administrativa, por la falta de impugnación.
Concretamente, ante el Telegrama enviado por la actora en el que se consideraba despedida (supuesto no admitido sobre el régimen en que se desarrollaba la relación laboral), y frente a la falta de cumplimiento por parte aquella de sus labores, el Municipio demandado, le remite carta documento de fecha 13 de enero de 2017, por la cual notifican el cese por abandono de trabajo, es decir, le informan la extinción de la relación laboral, conforme, acá sí, lo regido por la ley 14656. Dicha Ley dispone en su art. 103 inc. a) que es obligación de los empleados "...Prestar los servicios en forma regular y continua." prescribiendo consecuentemente la sanción de cesantía para el supuesto de que el agente incida en abandono del servicio sin causa justificada (art. 107 inc. 1).
Asi se lo hace saber mediante carta documento a la agente afectada: "...El Decreto Municipal n° 67/17, dictado con fecha 09 de enero de 2017, reza: "VISTO:...EL INTENDENTE MUNICIPAL. DECRETA: ARTICULO 1°.- DISPONESE LA BAJA a partir del 1° de octubre de 2016 de la AGENTE ALSINA ELI NA SOLEDAD, LEGAJO N° 3872, DNI N° 32.527.990,oportunamente designado mediante el Decreto N° 4411/2016, por abandono de su cargo, de conformidad con los considerandos expuestos en el presente decreto. ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Personal. ARTICULO 3°.- FÍRMESE, REGÍSTRESE, COMU NIQUESE, PUBLIQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y ARCHÍVE5E" (ver carta documento de fs. 155 y decreto obrante a fs. 158).
3. Con relación al abandono del cargo, el art. 108 determina que ".el agente que incurra en cinco (5) inasistencias consecutivas, sin previo aviso, será considerado incurso en abandono de cargo. Se lo intimará para que se reintegre a sus tareas dentro del término de un día hábil subsiguiente al de la notificación y si no se presentare, vencido el plazo, se decretará su cesantía, salvo cuando pudiere justificar valedera y suficientemente la causa que hubiere imposibilitado la respectiva comunicación". Articulo 118: "...el personal temporario podrá ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo sin causa justificada..". Articulo 119: "...cualquiera fuera el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación...".
Asimismo, la Ordenanza Municipal 4770/16 en su articulo 101 dispone: "...el personal temporario podrá ser dado de baja, sin sustanciación de sumario administrativo previo, cuando razones de servicio así lo aconsejen o cuando incurra en abandono de cargo, de conformidad con lo prescripto en el articulo 66° inc. g) que estable, "...Podrán imponerse hasta sanciones expulsivas por las siguientes causales: g) abandono de cargo cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador. Para que el abandono se configure se requerirá previa intimación fehaciente emanada de autoridad competente a fin de que retome el servicio dentro del término de un (1) día hábil subsiguiente al de la notificación (https://hcdbragado.gob.ar/digesto).-
Digo esto pues, sin perjuicio de haber sorteado con éxito la admisibilidad, por el tipo de pretensión elegida, ello no puede ir en desmedro de la necesidad de realizar un cuestionamiento directo del acto, pues más allá de lo plasmado en el art. 15 de la Const. Provincial, su anulación es el pilar fundamental de acceso a un reclamo indemnizatorio.
Bajo ese escenario la demanda no puede prosperar, por ello, es que la indemnización peticionada no puede ser atendible.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.