Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 18104 2019
Expte. Nº 18104.- Autos: LOPEZ ALICIA RAMONA Y OTRO/A C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - PREVISION.- Mercedes, de Julio de 2019.-ES
Estos autos caratulados "LOPEZ ALICIA RAMONA Y OTRO/A C/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y OTRO/A S/PRETENSION INDEMNIZATORIA - PREVISION", expediente Nº 18104, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: I.- Que a fs. 12/31 se presenta el Dr. Gustavo Armando Farina en representación de la Sra Alicia Ramona Lopez y la Srta. María Noelia Lagrotte, iniciando demanda contra el prefecto mayor Marcelo Gorosito y contra la Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Seguridad-, con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños derivados del fallecimiento de Guillermo Daniel Lopez, hijo y concubino -respectivamente- de sus representados.- Inicia su capitulo de hechos, diciendo que el día 07 de diciembre de 2013 aproximadamente a las 19.25, el Sr.
Lopez fallece como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático. Al respecto, manifiesta que este había llegado al Hospital Blas Dubarry desde la Unidad 5 Mercedes del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se encontraba detenido en calidad de imputado, a disposición del Tribunal Criminal Oral n° 4 del Departamento Judicial Mercedes, a la espera del juicio oral. Así las cosas, dice que el día de su muerte, el ahora fallecido se encontraba en la celda 109 del pabellón cuarto, piso tercero, con su compañero de celda Sergio Gustavo Gutiérrez Vera, pero que "nada se sabe acerca de lo que ocurrió allí" (sic). Refiere en cuanto a lo sucedido -por medio del relato que hace su compañero de celda al prestar declaración testimonial en la I.P.P. 14.988/13- que "eI estaba con la cabeza afuera -la había pasado por el pasaplato- hablando con otro de los internos, yo estaba acostado en la cama de arriba en la celda y empecé a escuchar unos sonidos raros, como que tosía.
En un momento me dí vuelta y ví que Guillermo estaba temblando. Me dí cuenta enseguida que le estaba agarrando corriente, se estaba electrocutando. Me bajé inmediatamente de la cama y en principio pensé en agarrarlo, pero me dí cuenta enseguida que me iba a electrocutar yo también. Fue entonces que con mi remera le pegué al cable y ahí fue que lo pude rescatar .en ese momento Guillermo como que se cayó, pero le quedó la cabeza atorada en el pasaplato, así que lo agarré en mis brazos para que no se ahorcara con el pasaplatos y lo sostuve hasta que el guardia vino a abrir la puerta. Recuerdo que le grité al guardia para que viniera a buscar a Guillermo... " Luego del relato transcripto, inicia un capitulo dedicado a la responsabilidad.
Al respecto, comienza refiriendose a la electrocución, exponiendo que la precariedad de la instalación eléctrica de una celda es asombrosa y su peligrosidad, escalofriante, para lo que transcribe lo informado por la licenciada en Criminalística en el marco de la causa penal, donde refiere que "al ingreso a la celda puede observarse la presencia de un líquido (posiblemente agua) y al costado de la puerta de ingreso, sobre una mesa, un ladrillo refractario con alambre metálico en la parte superior, del cual salen dos cables que se conectan precariamente al artefacto y al otro extremo no posee ficha conectora macho. Que asimismo puede observarse que la fuente de electricidad que posee la celda es a partir del único foco que posee la misma ..." agregando que tampoco hubo interruptores de electricidad, ni mecanismos de seguridad (disyuntores, etc.).- Por otra parte dice, en cuanto a las medidas de seguridad, que la instalación no responde a la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles a la que adhiere la Pcia.
De Bs. As, a través del Ministerio de Infraestructura, vivienda y servicios públicos.- Arguye que los cables no cumplían con las reglas de instalación, como tampoco no existía o no funcionó la protección contra contactos indirectos.- Expone que se ha incumplido con el art. 2° de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario (decreto ley 9079/78), que establece la obligación del Estado provincial de garantizar la seguridad de los internos, adunando también, que esta responsabilidad del Estado es extensiva al funcionario demandado en función de lo normado por el art. 1112 del Cód. Civil. Finalmente, inicia un capitulo dedicado a los daños reclamados.- En cuanto al reclamo de la Sra. Maria Noelia Lagrotte por la muerte de su concubino, peticiona: Daño moral: A su respecto, manifiesta que con el Sr.
Lopez mantenía una relación concubinaria, que se inició a principios del año 2012 primariamente como un noviazgo y luego conviviendo en un hogar común desde mayo del año 2012, exponiendo que, como fruto de la unión, naceria su vástago, pues al momento del inicio de la presente, la Sra. Lagrotte cursaba el último período de su embarazo, teniendo fecha probable de parto para julio de 2014, lo que acrecienta la angustia y el dolor por la muerte de su pareja. Para ello, solicita declaración de inconstitucionalidad, del art. 1078 del C.C., diciendo que este viola la garantía de igualdad ante la ley consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional. Refiere que viola el principio alterum non laedere -y su correlato de reparación integral del daño- ,como así también el principio de protección integral de la familia.- Por el concepto peticionado, reclama la cantidad de quinientos mil pesos ($500.000).- Peticiona también el rubro valor vida.
En cuanto al mismo, dice que el Sr. Guillermo Daniel López, trabajaba para el Sr. Richard Demarco en la ciudad de 25 de Mayo, cargando ladrillos y descargando en calle 35 entre 2 y 3, obteniendo por ello unos $250 por día en extenuantes jornadas laborales, teniendo un ingreso mensual de $6.000, ganancias que en su totalidad, eran volcadas al sostén del grupo familiar, razón por la cual, con su fallecimiento, se provoca un descalabro en la economía familiar, que se verá sumamente afectada. Por este concepto, solicita una indemnización de cuatrocientos mil pesos ($400.000).- En cuanto al rubro daño psiquico, plantea que no puede desconocerse la seria afección de la salud psicológica de la concubina por la inesperada y traumática muerte del Sr.
López, como tampoco el quebranto espiritual de tanta envergadura como la pérdida intempestiva y trágica de un compañero de vida. Refiere que debe merituarse el elevado impacto emocional que experimenta la Sra. Lagrotte debido a su juventud, su embarazo y ante la reducción de proyectos propios y disminución de sus horizontes de vida, lo que le ocasiona una incapacidad del 30% de la total obrera. Por este rubro reclama la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).- Reclama también un valor por tratamiento de recuperación psicológica por la suma de veinticinco mil pesos ($25.000).- Finalmente, reclama el rubro gastos del sepelio de su concubino, por la suma de ocho mil pesos ($8.000).- Luego, se reclaman los daños de la Sra.
Alicia Ramona López por la muerte de su hijo. En cuanto al rubro daño moral, dice -citando a la SCBA- que cuando se trata de la muerte de un hijo no se requiere prueba específica alguna de que los padres han sufrido un agravio de índole moral, porque en el orden natural de las cosas está que la pérdida de un ser querido de tan estrecha vinculación biológica y espiritual ha de herir en lo más íntimo el sentimiento y las afecciones de quienes se dicen damnificados por encontrarse en esa situación, de modo que aparece así obvio señalar que, en caso así, su procedencia es innegable. Por dicho rubro reclama la suma de cuatrocientos mil ($400.000).- En cuanto al valor vida -perdida de chance, dice que a la fecha del hecho, el malhadado López contaba con tan sólo 30 años de edad, que se caracterizaba por su apego al trabajo, percibiendo por tal motivo un ingreso mensual de alrededor de seis mil pesos, con el que atendía primariamente las necesidades de su grupo familiar.
Refiere que Guillermo López convivía con su concubina, su madre, y sus cuatro hermanos, y que con su fallecimiento, ha desaparecido por completo la chance de ayuda que el mismo iba a brindar en su vejez. Por ello solicita, en concepto de indemnización, la suma de trescientos mil pesos ($300.000).- Reclama también el rubro daño psíquico. A su respecto, refiere una incapacidad del orden del 20%, lo que cuantifica en la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000), reclamando también como gastos de recuperación.- Reclama gastos de tratamiento de recuperación psicológica, por la suma de veinte mil pesos ($20.000).- Solicita también la inconstitucionalidad de los art. 7 y 10 de la Ley 13.928 y 4 de la Ley 25551.- Finalmente, ofrece prueba y peticiona.- II.- Que a fs.19/24vta. se presenta a contestar demanda la Sra. representante fiscal, Dra.
Ana María Tarsia. En primer término, niega -de manera pormenorizada- los hechos expuestos en el escrito de demanda. Luego, continua su derrotero defensivo, manifestando que no debe perderse de vista que López y su compañero de celda indebidamente realizaron instalaciones eléctricas, transgrediendo las órdenes y normas de Servicio Penitenciario, no pudiendo, de esta manera, endilgarse responsabilidad alguna a los dependientes provinciales, quienes actuaron tal como las circunstancias lo requerían, con la diligencia que era su deber poner.- Expone que tampoco resulta viable atribuir responsabilidad por la tenencia de objetos de fabricación casera, puesto que se trata -según refiere- de elementos realizados por los propios internos, quienes acuden a todos los artilugios a su alcance para sustraerse del control de las autoridades penitenciarias.
Entonces, invoca -a la luz de la rapidez de los acontecimientos, según dice- la existencia de la imprevisibilidad, como eximente de la responsabilidad por el hecho por el que se reclama, puesto que las autoridades carcelarias no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su deber poner.- Refiere que en el caso, se deberá particularmente evaluar la conducta del propio occiso en la ocurrencia del accidente ante la fabricación y la manipulación de electricidad en forma indebida.- Aduce que si bien, "no esta debidamente acreditado que fue lo que sucedió con su compañero de celda el 7 de Diciembre de 2013" (sic), si se puede afirmar que las particulares circunstancias en las que ocurrió el hecho, lo que la habilita a sostener que ambos - y en lo que particularmente interesa el propio Lopez - "se sustrajeron voluntaria y maliciosamente de la posibilidad de inspección de parte del personal penitenciario, y en forma oculta hicieron uso de una instalación eléctrica en debidas condiciones y generaron un riesgo de su integridad física notorio y evidente, conducta ésta que se constituyó en la causa del daño por el que ahora se acciona" (sic).
Resalta que en la especie, no se trata de la custodia de incapaces, sino de adultos con pleno discernimiento y capacidad para decidir respecto de los riesgos que están dispuestos a asumir, por lo que refiere que la manipulación espontánea de cables de una celda en un ámbito carcelario por parte de un interno, constituye un acto deliberado de éste, pero además, es malicioso e ilegal, porque indefectiblemente quien manipula electricidad o fabrica elementos caseros para conexiones clandestinas obtiene y/o mantiene en su poder, una clara voluntad de sustraerse a la autoridad e indudablemente sabe que se expone a una sanción.- Dice que entonces, entra a jugar la doctrina de la aceptación del riesgo, que morigera, hasta dejar sin efecto, la atribución de la responsabilidad.- En relación a los daños reclamados, argumenta -rubro por rubro- en contra de su procedencia.
Seguidamente ofrece la prueba de la que intenta valerse. Por último, peticiona, solicitando el rechazo de la demanda. III.- Que a fs.80/86 se presenta a contestar demanda el Sr. Marcelo Gorosito, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Daniel Mendiola.- En primer término, niega de forma particularizada los hechos expuestos en el escrito de demanda. Luego, inicia un capítulo dedicado a la realidad de los hechos. Allí, expone que el Sr. Guillermo Lopez, estuvo detenido en la Unidad Cinco Mercedes, desde el 09 de enero de 2009 hasta el 06 de junio de 2011, egresando en libertad por cumplimiento de condena, y recientemente se encontraba alojado en calidad de detenido en la Unidad Cinco Mercedes, en forma ininterrumpida desde el 04 de septiembre del 2012, a disposición del Tribunal Criminal N° 4 de Mercedes en causa 1237/00 y Juzgado de Garantías N° 3 Departamental, por el delito de Robo calificado.
Continua diciendo que el mencionado interno, el día 07 de diciembre de 2013, se encontraba en el interior de la celda que habitaba N° 109 del pabellón N° 4, tercer piso, de la Unidad Cinco Mercedes, cuando en horas de la tarde, sufrió una descompensación en su estado de salud, la cual pudo haber sido provocada por una descarga eléctrica, según el relato de su compañero de celda interno Sergio Gustavo Gutiérrez. Por ello, es derivado en forma urgente al Hospital Local BIas Dubarry, donde posteriormente falleció. Resalta al respecto, que por ello dió inicio a la IPP 09-00-14988/13, en trámite por ante la UFI N° 2 Departamental, y que deberá ser la Justicia la que determine en forma indubitada, la real y verdadera causal de muerte del interno López.
Luego, dice que para el supuesto que el motivo de su muerte haya sido la electrocución ( y conforme el relato de los hechos que hace el interno Gutiérrez), la misma se debió a la "instalación eléctrica" de la celda, cuando lo descripto, no se trata de una instalación eléctrica, sino de una alteración de la misma en forma ilegal (sin autorización), y clandestina, realizada por alguno o ambos de los habitantes de la propia celda.- Posteriormente, se refiere a la ausencia de responsabilidad de su parte, exponiendo que para el supuesto caso que dicha causal de fallecimiento fuera la electrocución, no puede pasarse por alto cual ha sido la conducta de la víctima y/o un tercero en dicho desenlace fatal, puesto que la instalación eléctrica de la celda, se encuentra realizada conforme los cánones de seguridad en la materia y cuenta con la dirección, supervisión, y control de la Dirección de Infraestructura Edilicia dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
Aduce que la instalación, "oficial" o "legal", no incluye, ni permite la existencia de cables sueltos en la misma, y mucho menos de cables que, partiendo de los cables del foco, sean estirados o prolongados, para finalizar sin aislamiento ni protección alguna, en un clavo existente en la pared como señala el otro habitante de la celda N° 109, interno Gutierrez. Dice que esos "alargues" son realizados por los internos en forma clandestina e ilegal, sin contar con autorización de las autoridades del Servicio Penitenciario, procediéndose en el caso de encontrar dichas instalaciones adulteradas, al secuestro de los cables, volviendo la instalación a su forma original. Manifiesta que el presente, es un típico caso de culpa de la víctima y/o de un tercero por el cual no se debe responder, puesto que la propia negligencia e imprudencia de la víctima le ha provocado su deceso, siendo su conducta ajena a la responsabilidad endilgada a su parte.- Por otra parte, dice que la instalación eléctrica tampoco es incumbencia personal y/o funcional de su parte, puesto que no cuenta con las facultades de decisión, ni de ejecución, ni con el presupuesto o los recursos necesarios para ello.- Con respecto a la responsabilidad, expone que las actoras sólo manifiestan e invocan el art. 1112 del C.
Civil, sin atribuir a su persona omisión o conducta alguna que permita al menos poder inferir algún grado de responsabilidad en el hecho .- Finalmente, y en relación a los daños reclamados, argumenta -rubro por rubro- en contra de su procedencia, y ofrece la prueba de la que intenta valerse. Por último, peticiona, solicitando el rechazo de la demanda. IV.- Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia obrante a fs. 101/102 y presentado el alegato por la parte demandada Fiscalia de Estado en fecha 18/12/2018, se llama en fecha 27/12/2018, autos para sentencia, y
1. Que los actores promueven la presente demanda, a los fines de obtener indemnización por los daños y perjuicios sufridos con motivo del fallecimiento de su concubino -la Srta. María Noelia Lagrotte- y su hijo -la Sra. Alicia Ramona López- en circunstancias de encontrarse detenido en la Unidad Carcelaria Nº 5 de la localidad de Mercedes.- Consideran responsable del hecho a la Provincia de Buenos Aires -Servicio Penitenciario Bonaerense- por el cumplimiento irregular y defectuoso del deber de custodia y al Prefecto Mayor Marcelo Gorosito.- En contraposición, la accionada Fiscalía de Estado alega que la rapidez con que se sucedieron los hechos, ha determinado la imposibilidad de los oficiales de guardia, de impedir la producción del daño, invocando la "existencia de la imprevisibilidad" como eximente de responsabilidad.- De igual modo, sostienen ambos accionados que la causa determinante del hecho dañoso fue la conducta de la víctima, la que debe enfatizarse como fundamento de la interrupción del nexo causal.- 2.- Hechos: Que no se encuentra controvertido en autos que quien en vida fuera Guillermo Daniel López, falleció el día 07 de diciembre de 2013 a raíz de un paro respiratorio traumático, dentro de la Unidad Carcelaria Nº 5 de la ciudad de Mercedes, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense, lugar donde se encontraba detenido.- Vale aclarar asimismo en esta instancia, que como consecuencia de los sucesos planteados en la presente, se dio lugar a la formación de la causa penal Nº 09-00-014988-13 -agregada sin acumular- tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes.- Al mismo tiempo, debo reparar en que si bien las referidas actuaciones de sede penal no fueron ofrecidas por la accionada, no pasa inadvertido que las constancias igualmente han sido adquiridas definitivamente como prueba para este proceso (principio de adquisición), sin afectación alguna a la doctrina que postula la imposibilidad -en algunos casos- de trasladar al proceso civil las probanzas adjuntas en sede penal -vg. testimoniales sin control de la contraparte- bajo el fundamento de salvaguardar la garantía de defensa.- Tiene dicho al respecto la SCBA que "el fundamento por el cual las constancias del proceso penal no son oponibles a quien no las ofreció radica en la preservación de la garantía de la defensa en juicio en relación a quien no pudo controlar dichas pruebas.
Pero si la actuación de la parte que controvierte esas constancias muestra su participación en el pleito criminal confirmatoria del conocimiento que tuvo del mismo y su posibilidad de controvertirlo, así como su falta de oposición a la incorporación de aquéllas al expediente civil, es de toda evidencia que la garantía ha sido respetada" (SCBA C. 109.149, 29/08/2012 "Valenzuela, José Adrián contra Moyano, Hugo y otros. Daños y perjuicios") y siendo que el segundo extremo es el que concurre en la especie, entiendo que su valoración al momento de resolver la presente litis no infringe derechos de la contraparte.- Asimismo cabe recordar que "por el principio de adquisición de la prueba, no importa quién la ha producido ni aportado, sino su contribución a la resolución del litigio" (SCBA C. 109.149, 29/08/2012 "Valenzuela, José Adrián contra Moyano, Hugo y otros.
Daños y perjuicios").- En tal sentido y aún no desprendiéndose de la contestación de demanda, el ofrecimiento expreso y puntual de las actuaciones penales, no pasa desapercibida la gravitación que la propia demandada pretende otorgarle a la referida prueba en el de
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