Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74126
En la ciudad de La Plata, a 27 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.126, "Martínez, Dalmiro Tadeo y otro contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, modificó la sentencia de grado en cuanto al monto indemnizatorio fijado en concepto de desvalorización del establecimiento rural del señor Dalmiro Tadeo Martínez, en base a la responsabilidad atribuida a la Provincia por el anegamiento de dicho predio, y la confirmó en lo restante. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado (art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437; v. fs. 1.176/1.185).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.189/1.199 vta.), siendo denegado el primero y concedido por la Cámara interviniente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.201/1.202).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.207), agregada la memoria presentada por la parte actora (v. fs. 1.213/1.216 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar –parcialmente- a la pretensión indemnizatoria deducida por el señor Dalmiro Tadeo Martínez contra la Provincia de Buenos Aires, al tener por acreditado que a raíz de las lluvias acaecidas el 28 de noviembre de 2002 se produjo el anegamiento del establecimiento rural de su propiedad, y que ello fue consecuencia de la rotura del terraplén de las vías del ferrocarril General San Martín -que hacían de contención hídrica del fundo- y que dicho derrumbe, se produjo por la deficiente construcción por parte de la Provincia demandada de un canal aliviador paralelo al mismo.
En consecuencia, previo descartar la incidencia causal de las precipitaciones ocurridas en el lugar y rechazar los rubros peticionados en concepto de daño emergente, pérdida de cultivos, lucro cesante y daño moral, condenó a la Provincia a indemnizar a la actora por la desvalorización del terreno.
Las costas fueron impuestas de acuerdo a los respectivos vencimientos.
Por otro lado, desestimó la demanda incoada por la firma Martínez Arenaza e Hijos S.A., con costas.
II. A su turno, la Cámara del fuero hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, modificó la sentencia de grado en cuanto al monto indemnizatorio fijado en concepto de desvalorización del establecimiento rural del señor Dalmiro Tadeo Martínez, y la confirmó en lo restante.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. Respecto a la crítica enderezada a cuestionar la atribución de responsabilidad a la Provincia, señaló que la recurrente se limitó a sostener que el campo del actor -con prescindencia de la rotura del terraplén- resultaba naturalmente inundable, pero sin cuestionar el pronunciamiento de grado en cuanto atribuyó responsabilidad a la Provincia por la deficiente construcción del canal aliviador.
Sentado ello, destacó que el iudex , luego de analizar adecuadamente el material probatorio obrante en la causa -imágenes certificadas, documentación e informes periciales-, concluyó que el daño producido al inmueble del accionante encontró su causa eficiente en la rotura del terraplén, que permitió que las precipitaciones ocurridas con fecha 28 de noviembre de 2002, produjeran el anegamiento de una parte del establecimiento rural "La Esmeralda".
En virtud de ello, indicó que la interpretación dada por la demandada de las imágenes anteriores al aludido hecho -a partir de la cual pretende evidenciar la presencia de agua en el establecimiento del actor-, resulta insuficiente para demostrar error de juzgamiento.
En ese sentido, destacó el informe pericial elaborado por el ingeniero agrónomo Loza, quién luego de estudiar la evolución de las áreas afectadas en base a imágenes satelitales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), plancheta IGM, fotos aéreas y observación en-stu, consignó que "...A partir de mediados del año 2001 el campo de autos comienza a tener un aporte de agua, que con anterioridad estaba impedido por el terraplén de las vías del ferrocarril [...] se puede observar que en años anteriores a dicha fecha, los suelos se recuperaban después de varias y abundantes precipitaciones...".
En ese contexto, concluyó que la interpretación efectuada por la demandada de las imágenes satelitales no se corresponde con la realizada en su informe por el citado perito y puntualizó -con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sobre la validez de las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieran apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que solo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos, lo cual -agregó- no acontecía en la especie.
Por lo demás, descartó la incidencia causal de los fenómenos naturales, toda vez que el informe expedido por la Cátedra de Climatología y Fenología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, determinó que no fueron extraordinarias las lluvias del 28 de noviembre de 2002.
II.2. Por otro lado, consideró procedente el agravio vinculado a la indemnización establecida por el iudex en concepto de desvalorización.
Al respecto, ponderó que no resulta razonable lo decidido por el magistrado de grado, en cuanto fijó la desvalorización -estimada en 10%- respecto de todo el establecimiento rural (1.430 has.), cuando del informe pericial surge que la superficie productiva afectada es de 343 hectáreas. En consecuencia, circunscribió la mentada desvalorización a la zona anegada y adecuó el monto indemnizatorio a la citada área.
II.3. Finalmente, descartó la aplicación de la ley 12.836, en virtud de que los daños en el predio del actor datan del 28 de noviembre de 2002, y la aludida ley prevé la consolidación de toda obligación no financiera y exigible a cargo del Estado provincial que tenga causa o título anterior al 30 de noviembre de 2001.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 1.189/1.199 vta., en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación y errónea aplicación de los arts. 513, 514, 901 a 906, 1.067, 1.068, 1.069, primer párrafo, y 1.083 del Código Civil, ley 340; 77 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo; 384, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; b) vulneración de las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso (arts. 17 y 18, Const. nac.) y c) absurdo valorativo.
III.1. En primer lugar, insiste en cuestionar la responsabilidad atribuida a la Provincia, reprochando absurdo por el modo en el que se estableció el nexo causal entre la falta atribuida al Estado provincial y el perjuicio reconocido en la sentencia en crisis.
En este sentido, indica que resulta absurdo afirmar, como lo hizo el a quo -convalidando lo decidido por el juez de grado-, que a partir de la ruptura del terraplén el campo de la actora ha sufrido anegamientos, ocasionados por las precipitaciones acaecidas el 28 de noviembre de 2002, siendo aquel hecho la causa eficiente.
Ello así, en tanto considera que se ha omitido ponderar la prueba que evidencia que el campo en cuestión es por naturaleza inundable, como así también, el carácter extraordinario de las lluvias acaecidas el 28 de noviembre de 2002, circunstancias que -a su entender- se constituyeron en causa adecuada o, eventualmente, en concausa del perjuicio reclamado.
III.2. Por otro lado, cuestiona la indemnización fijada en concepto de desvalorización.
Al respecto, indica que el ingeniero Loza señaló que no hay pérdida de la capacidad productiva del suelo después de la afectación sufrida, o sea, los suelos se recuperaron. En virtud de ello, considera que no hay perjuicio que justifique el otorgamiento de una indemnización por desvalorización del predio.
Aduna que, si los suelos se han recuperado normalmente, como también lo afirma el ingeniero Scarpati, no existe motivo para sostener el rubro de marras, por lo cual considera absurda la decisión del Tribunal al declararlo procedente.
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. Se advierte que los reproches planteados por la impugnante reconducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha del supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas C. 110.731, "Olguín", sent. de 15-VII-2015; A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que determinar la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño, como también su ruptura constituyen -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- típicas cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre su evaluación en forma absurda, lo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (conf. doctr. causas A. 71.239, "Koretzky", sent. de 3-IV-2014; A. 72.282, "Murua", sent. de 21-VI-2017; e.o.).
Asimismo, es doctrina consolidada de este Tribunal, que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
Entiendo que, en la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado.
IV.2. En efecto, el Tribunal de Alzada, a partir de las constancias obrantes en autos (imágenes satelitales, informes periciales y demás documentación agregada) que consideró analizadas adecuadamente en el decisorio recurrido, tuvo por acreditado que el daño producido al inmueble del actor encontró su causa eficiente en la rotura del terraplén, circunstancia que permitió luego, a raíz de las precipitaciones ocurridas el 28 de noviembre de 2002, el anegamiento de una parte del establecimiento rural.
En virtud de ello, y con base en el informe pericial elaborado por el experto Loza, quién puntualmente consignó que "...A partir de mediados del año 2001 el campo de autos comenzó a tener un aporte de agua, que con anterioridad estaba impedido por el terraplén de las vías del ferrocarril...", descartó la interpretación efectuada por la demandada de las imágenes satelitales -por la cual pretende evidenciar la presencia de agua en el establecimiento rural del actor con anterioridad a la rotura del terraplén-, por no corresponderse con la realizada por el ingeniero agrónomo en su informe (v. fs. 1.182 y vta.).
Por último, descartó la incidencia causal de los fenómenos naturales, con base en el informe técnico de la Cátedra de Climatología y Fenología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que indicó que no fueron extraordinarias las lluvias del 28 de noviembre de 2002 (v. fs. 1.183).
IV.3. Frente al cuadro fáctico así compuesto por la judicatura, la impugnante, si bien denuncia la existencia del vicio de absurdo, luego se limita a reiterar planteos esgrimidos desde el inicio de la causa, tales como insistir en la naturaleza inundable del campo en cuestión, como así también, en el carácter extraordinario de las lluvias acaecidas el 28 de noviembre de 2002, circunstancias que -a su entender- actuarían como causa, o eventualmente, concausa del perjuicio reclamado.
Más, en ese derrotero, soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por el a quo para revalidar la solución propuesta por el juez de grado, al confirmar, por un lado, que la causa del anegamiento del campo del actor se encuentra en la rotura del terraplén, circunstancia que modificó la situación hídrica existente, al permitir el ingreso de aguas al predio que con anterioridad estaba impedido por el citado terraplén y -por otro lado- que las lluvias acaecidas el 28 de noviembre de 2002 no fueron extraordinarias, en tanto así lo indicó el informe técnico elaborado al respecto.
Como se advierte, las críticas ensayadas por la recurrente resultan -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye per se base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda conformada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental en lo decidido por el sentenciante (conf. doctr. causas C. 98.961, "Gasparoni", sent. de 18-V-2011; C. 117.063, "Gabutti", sent. de 30-X-2013; e.o.).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. doctr. causas C. 117.541, "Scaglia", sent. de 13-VII-2016 y C. 121.570, "Charlón", sent. de 8-XI-2017), se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. doctr. causas A. 71.831, "Muñoz", sent. de 10-XII-2014 y A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016) y se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación apontocada exclusivamente en su propio criterio (conf. doctr. causas L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013 y L. 119.433, "Villalba", sent. de 11-IV-2018).
Por lo demás, cabe destacar que, la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde, es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causas A. 71.055, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; e.o.).
Asimismo, la invocación aislada de determinados medios de prueba, carece de virtualidad para invalidar un análisis en el que ha primado la consideración integral de los elementos colectados en la causa, cuya valoración de manera conjunta e interrelacionada, constituye un método que aleja la posibilidad de vislumbrar en la labor del judicante la presencia del citado vicio invalidante (conf. doctr. causas L. 84.285, "Bramajo", sent. de 16-IV-2008; L. 102.278, "S.,J.A.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 111.621, "Delía", sent. de 30-IX-2014).
Lo expuesto es suficiente para sellar adversamente la suerte del agravio precedentemente analizado.
IV.4. Por otro lado, tampoco es de recibo la crítica enderezada a cuestionar el reconocimiento del rubro indemnizatorio fijado en concepto de desvalorización.
La determinación de la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios remite a la apreciación del material probatorio y a típicas cuestiones de hecho, ajenas, en principio, a la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional en que se demuestre el absurdo (conf. doctr. causa A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018), extremo que no encuentro configurado en la especie.
En efecto, la Cámara ponderó que no resultaba razonable lo resuelto por el magistrado de grado, en cuanto fijó la desvalorización -estimada en 10%- respecto de todo el establecimiento rural, cuando la superficie productiva afectada era de 343 hectáreas.
Para así decidir, el a quo no ha hecho otra cosa que estar a lo analizado por los informes periciales técnicos, elaborados por los especialistas en la materia, no advirtiendo ninguna desinterpretación en el material probatorio.
En este sentido, el perito ingeniero agrónomo Loza consideró que, por la nueva situación del predio -al tener una alcantarilla que permite la entrada de agua de otra cuenca-, la desvalorización no es menos de un 10%. A lo cual agregó que la entrada de agua extra no solo ha producido una afectación de los suelos, sino que, a su vez, ha demorado su recuperación, o sea hay un cambio en las condiciones hídricas (v. fs. 546 in fine y 554 in fine ).
No advierto absurdo en la decisión del Tribunal de Alzada , en cuanto reconoce el rubro en cuestión con fundamento en la citada pericia, que estimó la desvalorización del terreno con base en el cambio de la situación hídrica del campo, más allá, de evaluar la ausencia de pérdida de la capacidad productiva del suelo, aspecto, este último, del cual pretende aferrarse la recurrente para alegar falta de fundamentación en el reconocimiento del rubro otorgado.
Por lo demás, no resulta ocioso destacar que la demandada, en oportunidad de impugnar la pericia (v. fs. 573), nada expresó con relación a la desvalorización estimada, ni tampoco produjo prueba alguna que contradiga tal peritaje.
Se advierte, que la recurrente, en su queja, se limita a desconformarse con la decisión adoptada por la Cámara, efectuando una interpretación sesgada de las pericias obrantes en la causa, sin lograr, con ello, demostrar el error grave, grosero y manifiesto que denuncia, única vía que habilita la revocación del pronunciamiento. Pues no basta con el disenso producto de la personal interpretación de los hechos y las pruebas para declarar absurda la actividad desplegada en la instancia anterior (conf. doctr. causa C. 98.105, "Cascallares", sent. de 10-VI-2009).
Por lo tanto, la falta de demostración del vicio lógico alegado implica el rechazo de esta parcela del recurso (art. 279, CPCC).
IV.5. La misma solución desfavorable se impone para la invocada violación a las normas constitucionales y legales, por cuanto no se acredita de qué manera el resolutorio colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la agraviada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017).
V. Por los fundamentos expuestos, no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas, ni el absurdo valorativo aducido, (arts. 279, CPCC y doctr.), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289, último párrafo, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor
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