Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74518
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párrafo, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.518, "Ciancio, Mario Rubén c/ Municipalidad de Olavarría. Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, admitió la defensa de prescripción y desestimó la pretensión indemnizatoria deducida por el señor Mario Rubén Ciancio contra la Municipalidad de Olavarría, tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos en la vivienda de su propiedad que -según indicara la actora- tendrían su origen en las deficiencias de la obra pública de desagüe pluvial subterráneo emplazado frente a dicho inmueble. Las costas de ambas instancias fueron impuestas por el Tribunal de Alzada al accionante vencido -art. 51 inc. 1, CCA, t.o. ley 14.437- (v. fs. 741/751).
Disconforme con ese pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 755/760), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 761/762.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 767) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Azul, rechazó la defensa de prescripción opuesta por el Municipio de Olavarría y admitió parcialmente la pretensión indemnizatoria deducida por Mario Rubén Ciancio con fecha 6 de febrero de 2012, por los perjuicios sufridos en la vivienda de su propiedad, como consecuencia de las deficiencias de la obra pública de conducto pluvial que corre bajo la avenida del tramo donde se asienta dicho inmueble.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, consideró que la prescripción no había operado. Al efecto ponderó, que se encontraba en presencia de un "...hecho generador complejo, alongado y agravado en el tiempo, lo que en doctrina se denomina ‘daño continuado’..." (fs. 656 vta.).
Recordó la interpretación restrictiva del instituto, lo que implicaba -para el caso- que, ante la incertidumbre, el derecho subsistía.
Señaló que en la especie los hechos configurativos de los perjuicios, continúan acaeciendo y acrecentándose en el tiempo, por lo cual el derecho a exigir su reparación no pudo empezar a prescribir (v. fs. 652/668).
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Comuna demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, admitió la defensa de prescripción, desestimando la pretensión actora.
II.1. Liminarmente, destacó que la responsabilidad endilgada a la accionada era de naturaleza extracontractual -derivada de la deficiente construcción o falta de mantenimiento, arreglos y conservación de la obra pública de desagüe pluvial- y que el plazo aplicable era el bienal fijado por el art. 4.037 del Código Civil (conf. ley 340, aplicable al caso), debiendo computarse a partir del momento en que el hecho dañoso se exteriorizó y fue conocido por el accionante, conforme doctrina legal de este Tribunal que citó al efecto.
Indicó que las alegaciones del propio accionante, daban cuenta de que el hecho dañoso objeto de demanda se exteriorizó -por lo menos- dos décadas antes de la promoción del presente juicio (iniciado el 6 de febrero de 2012, v. fs. 151 vta.), en tanto refirió que la presencia de grietas y resquebrajamientos en el inmueble se evidenció al poco tiempo de que este adquiriera la propiedad -lo que ocurrió en el año 1991- (v. fs. 745/747 vta.).
II.2. Por otro lado, descartó que el actor hubiera tomado conocimiento de la mecánica del hecho recién en el año 2011, fecha en la que adujo habría accedido a los informes técnicos sobre los cuales basó sus alegaciones.
Examinó las propuestas y pedidos administrativos que el accionante expresó haber efectuado al municipio para lograr una solución al tema –v.g. reclamo de fecha 22 de octubre de 1993; decreto municipal 1.256/93 que impuso restricciones al dominio en el área; misiva al intendente de fecha 15 de julio de 2005; informe del ingeniero Mario Jaureguiberry de agosto de 2006- y concluyó, que el conocimiento por parte del actor del hecho dañoso, su mecánica y sus consecuencias, debió producirse en la fecha del citado informe del ingeniero Mario Jaureguiberry, el cual además de relevar los daños que presentaría la vivienda, había señalado que existiría un hundimiento del suelo de fundación hacia la vereda municipal ocasionado por una mala práctica del buen arte de construir al efectuar el relleno del terreno sobre los canales existentes en el lugar (v. fs. 748 y 748 vta.).
II.3. Por último, disintió con el juez de primera instancia en cuanto a que la subsistencia a través del tiempo de los efectos del acto dañoso o su eventual agravamiento, obstaban a que en el caso comenzara a correr el plazo de prescripción.
Agregó que tanto la exteriorización como el conocimiento por el actor del hecho dañoso y de sus consecuencias, no se produjeron en la fecha que éste adujo (año 2011) sino que habrían tenido lugar con una anticipación suficiente como para juzgar que, al momento de interponerse la demanda, el plazo bienal de prescripción aplicable se encontraba holgadamente vencido, máxime cuando no se alegó y menos aún se acreditó la existencia de hechos que eventualmente hubieran podido suspender el curso de la prescripción.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 755/760, en el que denuncia: a) errónea aplicación de los arts. 3.989, 4.030, 4.037 y concordantes del Código Civil; 1.710, 1.711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; b) absurdo valorativo y c) violación de la doctrina legal que cita.
III.1. En primer lugar, manifiesta que la interpretación que realizó el a quo sobre el punto de partida del plazo de prescripción resulta absurda y violatoria de la doctrina de esta Corte en la materia.
Refiere, al igual que el juez de primera instancia, que el presente caso se trata de un daño continuado y que ello se evidencia con las distintas pruebas aportadas al proceso.
Sostiene que no puede tomarse como punto de partida para el análisis del período prescriptivo, ni la compra de la casa, ni la evidencia de los daños sufridos, ya que a través de estos momentos se tomó conocimiento de las consecuencias del daño, pero no de su causa.
Afirma que la acción nació y quedó expedita para su parte, cuando estuvo en condiciones de conocer la causa de los daños en su propiedad, lo cual -aduce- recién ocurrió en el año 2011, momento en que accedió al informe elaborado por el ingeniero Bilbao. Agrega que su profesión de maestro mayor de obra no lo obligaba a conocer ni la existencia del desagüe pluvial, ni que ello fuera la causa de los daños en su vivienda.
III.2. Por otro lado, se agravia de la valoración efectuada por el a quo respecto de la conducta del municipio que -a su entender- ocultó pruebas y datos, puntualmente el citado informe del ingeniero Bilbao, a partir de cuyo conocimiento -aduce- pudo entablar correctamente la demanda.
Considera que esta negativa aparece como una causal suspensiva de la prescripción, ya que le impidió iniciar oportunamente el proceso. Solicita la aplicación analógica al caso del art. 4.030 del Código Civil, que establece el inicio del plazo de prescripción desde que el dolo fuese conocido.
Destaca que el municipio no cumplió con la obligación legal contenida en los arts. 1.710, 1.711 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, que le imponía el deber de actuar de buena fe y evitar causar un daño o no agravarlo.
Entiende que con los errores de la sentencia en la valoración de la conducta de la Comuna accionada, se demuestra con claridad el absurdo en la valoración de los hechos y en la decisión que lleva a rechazar la demanda por prescripción.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC.).
IV.1. Como surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte a través del recurso extraordinario intentado, versa sobre la determinación del dies a quo del plazo de prescripción.
En relación al aspecto en debate, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que determinar el inicio del plazo de prescripción y el modo de computar el mismo, en tanto constituyen típicas cuestiones de hecho, corresponden en forma privativa a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria cuando se invoca y se acredita absurdo (conf. doctr. causas A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; Q. 71.256, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.739, "Pérez", sent. de 10-V-2017; A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
Es doctrina consolidada de este Tribunal, que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 74.237, "G., T.V.", sent. de 28-XII-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
Entiendo que, en la especie, el impugnante no logra demostrar un vicio de esas características.
IV.1.a. En efecto, la Cámara determinó que la responsabilidad endilgada a la Comuna demandada era de naturaleza extracontractual; que el plazo aplicable era el bienal fijado por el art. 4.037 del Código Civil (ley 340, aplicable al caso, conf. art. 7, CCC) y que el mismo debía computarse a partir del momento en que el hecho dañoso se exteriorizó y fue conocido por el accionante (conf. doctr. causa C. 105.994, "Ques", sent. de 13-VII-2011) .
Bajo tales parámetros, analizó el escrito de demanda y las diversas probanzas acompañadas, que revelaron las siguientes circunstancias: i) que la exteriorización de los daños en la vivienda del actor se evidenciaron a poco tiempo de su adquisición -lo que ocurrió en el año 1991- y ii) que las actuaciones administrativas ante el municipio, a fin de obtener una solución sobre la problemática objeto de demanda, tuvieron su hito inicial en el reclamo formulado por el accionante con fecha 22 de octubre de 1993.
A los fines de establecer el punto de partida del plazo de prescripción, el a quo consideró determinante el informe del ingeniero Mario Jaureguiberry de fecha agosto de 2006 -elaborado a pedido del actor- por entender que el mismo "además de relevar los diversos daños que presentaría la vivienda de marras, indicó que existiría un hundimiento del suelo de fundación hacia la vereda municipal ocasionado de una ‘...mala práctica del buen arte de construir al efectuar el relleno del terreno sobre los canales existentes en el lugar, según los testimonios recogidos de habitantes de antigua data...’" (fs. 748, último párrafo).
A partir de allí, consideró que el conocimiento del actor respecto del hecho dañoso y de sus consecuencias se habría producido a la fecha del citado informe y no en el año 2011, tal como lo propugnara el recurrente, por lo cual concluyó que al momento de interponerse la demanda (esto es, 6 de febrero de 2012, v. fs. 151 vta.), el plazo bienal de prescripción aplicable al caso se encontraba holgadamente vencido.
IV.1.b. Frente a lo así decidido con base en la valoración de la prueba reunida, el recurrente si bien denuncia la existencia de absurdo, luego solo se limita a exponer su propio criterio acerca del punto de partida del cómputo prescriptivo, el cual lo sitúa en agosto de 2011, momento en que manifiesta haber tomado conocimiento del informe técnico elaborado por el ingeniero Bilbao. Asimismo, introduce un planteo novedoso, al imputar dolo en la conducta de la Comuna accionada, por entender que ocultó el citado informe, pretendiendo la aplicación analógica del art. 4.030 del Código Civil y así, postular la suspensión del inicio del plazo de prescripción a la fecha que sindica.
Sin embargo, omite efectuar una réplica integral que evidencie la existencia de absurdo en la valoración de los elementos de prueba examinados por la Cámara, como así también, respecto de las conclusiones fácticas que sobre su base fueron delineadas.
Sus planteos se agotan en propugnar, sin más sustento que en su propio concepto, un inicio del plazo de prescripción diferente al considerado por el tribunal a quo , sin lograr demostrar, como era su carga hacerlo, que en el razonamiento seguido por los sentenciantes se haya incurrido en el aludido vicio de absurdo (art. 279, CPCC).
Al respecto cabe destacar que, conforme tiene dicho esta Corte, cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto del que se derivan conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. doctr. causas Ac. 58.939, "Nuñez,", sent. de 23-III-1999; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016; C. 121.056, "Viscay Iturria", sent. de 8-XI-2017; C. 120.743, "O., E. J.", sent. de 21-III-2018; e.o.).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como ha afirmado esta Corte, es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causas C. 96.091, "Guevara", sent. de 11-III-2009; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017 y A. 73.210, ya citada).
Agrego, en relación a la circunstancia de que los perjuicios pudieran presentar un proceso de duración prolongado, tal como lo señaló la Cámara es doctrina de esta Corte, que la prescripción corre desde que la acción se encuentra expedita. En el caso de la prevista por el art. 4.037 del Código Civil debe contarse, en principio, desde el momento del hecho y no a partir de la aparente agravación del daño o desde el conocimiento de su exacta dimensión, pues el dies a quo del plazo prescriptivo no se ve alterado por el hecho de que el daño persista, ni por la eventualidad de que éste se vea agravado por la derivación de un proceso ya conocido, pues tal agravación no implica la existencia de una nueva causa generadora de responsabilidad ni da lugar a una nueva acción que pudiera prescribir a partir de entonces (conf. doctr. causas Ac. 61.898, "Comercial, Inmobiliaria, Agropecuaria, Financiera C.I.N.A.G., S.A.", sent. de 31-III-1998; C. 95.597, "Possenti", sent. de 1-X-2008; C. 118.091, "Álvarez", sent. de 8-VII-2014; C. 119.358, "Borras", sent. de 1-VII-2015).
Lo expuesto es suficiente para rechazar esta parcela del intento recursivo (conf. art. 279, CPCC).
IV.2. Por otro lado, el recurrente denuncia como erróneamente aplicados los arts. 4.030, 4.037 y 3.989 del Código Civil (ley 340). Sin embargo, no logra demostrar la violación denunciada.
En efecto, no encontrándose controvertido el encuadre de la conducta atribuida a la demandada en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, los argumentos expuestos en la impugnación -de la manera en que han sido esbozados- no resultan eficaces para cuestionar la selección de la norma y del plazo de prescripción bienal determinados (conf. doctr. art. 279, CPCC).
El planteo por el cual el recurrente atribuye dolo al municipio accionado, para requerir la aplicación analógica al caso del art. 4.030 del Código Civil -y lograr de esta forma la suspensión del plazo prescriptivo hasta la fecha que propugna- (v. fs. 757 vta. último párrafo) no ha sido puesto a consideración de las instancias inferiores en la oportunidad procesal pertinente.
Siendo ello así, reiteradamente se ha declarado que las argumentaciones que no fueron sometidas a decisión de los jueces de grado en el momento procesal oportuno -en el presente, en ocasión de iniciar la demanda- son fruto de una reflexión tardía y resultan extemporáneas, constituyendo una cuestión novedosa y -por lo tanto- no atendibles en la instancia extraordinaria (conf. doctr. causas Ac. 88.256, "Riera", sent. de 3-X-2007; C. 117.904, "Aguirre", sent. de 26-III-2014; C. 121.223, "Riquelme", sent. de 6-VI-2018; e.o.).
Por otro lado, no procede lo expuesto con cita en los arts. 1.710, 1.711 y concordantes del Código Civil y Comercial, toda vez que dicho texto legal no resulta aplicable al caso; ni se advierte la denunciada conculcación de las restantes normas del Código Civil (ley 340) citadas a fs. 759, por cuanto no se acredita de qué forma se materializa dicha infracción, tarea a cargo del agraviante -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas Ac. 80.811, "Burgos", sent. de 20-IX-2006; C. 104.493, "Grizutti", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
IV.3. Finalmente, tampoco resulta de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal que el recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de esta Suprema Corte que recayeron en causas con distinta plataforma fáctica a la que conforma el caso sub examine (conf. doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; e.o.).
Conforme tiene dicho esta Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. doctr. causas A. 72.293 y A. 72.762, cits.).
V. Por los fundamentos expuestos, no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas, el absurdo valorativo aducido, ni la violación de la doctrina legal (art. 279, CPCC y su doctrina), corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 289 último párrafo, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289 último párrafo, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia