Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74099
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.099, "Couselo, Claudia Angélica contra Municipalidad de La Matanza. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por la señora Claudia Angélica Couselo contra la Municipalidad de La Matanza (v. fs. 387/407).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 418/432 vta.), el que fue concedido por la alzada a fs. 434 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 439), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La señora Claudia Angélica Couselo promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza pretendiendo la adecuación de su jornada laboral de conformidad a lo establecido por la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo de fecha 14-XII-2006 y, en consecuencia, solicitó que se le abonen las horas trabajadas en exceso, más intereses. Requirió, asimismo, se condene al municipio demandado a adecuar su antigüedad conforme la carrera profesional hospitalaria.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza reconoció el derecho de la actora a obtener la reducción de su jornada laboral en 1/4 de la correspondiente a su clase y función desde el 14 de diciembre de 2006, fecha en que se produjo la declaración de insalubridad en el Hospital Municipal del Niño mediante la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo, sin afectar su situación de revista o retribución ni el monto de los aportes que efectúa al sistema previsional (v. fs. 341/357).
De ese modo, ordenó al municipio demandado a reducir a 27 horas semanales la jornada de la accionante, sin perjuicio de admitir -por razones de interés público- la posibilidad de reencuadrar su situación en una jornada de 36 horas semanales efectivas, cuya remuneración y aportes previsionales deberán ser liquidados con arreglo a un régimen horario de 48 horas semanales (v. consid. VII a fs. 352/353).
Por otra parte, admitió parcialmente el reclamo en relación al pago de las horas trabajadas en demasía a partir de la jornada laboral reducida.
De ahí, condenó al demandado a abonar las horas suplementarias laboradas en exceso de la jornada laboral reducida (9 horas semanales) desde el 21 de mayo de 2008 hasta el 1 de agosto de 2011, conforme las pautas establecidas por el art. 21 de la ley 11.757 entonces vigente y las que surgen de la prueba pericial contable, con más la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días.
Por último, reconoció -en virtud del principio de progresividad- el derecho de la parte actora al cómputo de la antigüedad reclamada por los servicios prestados en el Hospital Zonal Profesor doctor Ramón Carrillo por el período 1 de julio de 2001 al 31 de mayo de 2004.
Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de agravios (v. fs. 387/407).
Para así decidir, en lo que al recurso extraordinario interesa, el Tribunal de Alzada centró la cuestión a dilucidar en determinar el régimen normativo aplicable a la doctora Couselo, en virtud de la declaración de insalubridad efectuada por la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo.
III.1. Indicó que la sentencia del juez de grado no transgrede el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC) toda vez que el magistrado resolvió la cuestión conforme lo planteado en la demanda, pudiendo, por imperio del principio iuria novit curia , enmendar el derecho invocado o suplir el omitido sin que ello importe infracción al principio antes aludido ni afectación del derecho de defensa de la contraparte.
Señaló que a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida, supuestos que no se verifican en el caso bajo análisis.
III.2. Por otra parte, precisó las normas que conforman el marco jurídico del sub lite , a fin de analizar el agravio relativo a la afectación de la autonomía municipal.
En tal sentido recordó que los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial reconocen, respectivamente, los derechos de los trabajadores y los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial garantizan a todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.
Mencionó que la ley 11.759 establece el régimen que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que se encuentren adheridos a dicha ley (conf. art. 1, ley cit.).
En ese marco sostuvo que la carrera hospitalaria en el ámbito de la comuna accionada se encuentra regulada por la ordenanza 7.785/84, de la cual no surge referencia alguna al régimen de insalubridad.
Afirmó que la norma mencionada no determina en forma expresa las condiciones laborales de los profesionales de la salud ante las eventuales modulaciones que los regímenes horarios pudieran sufrir en los casos en los que -como el de autos- exista una declaración de insalubridad por parte de la autoridad administrativa con competencia para ello.
Señaló que la Subsecretaría de Trabajo tiene la facultad de declarar insalubres los lugares de trabajo (arts. 2 y 37, ley 10.149), por lo cual es resorte de dicho organismo declarar -a través del procedimiento pertinente y previa intervención de las áreas competentes- esa condición respecto de lugares, tareas o ambientes de trabajo.
Recordó que la interpretación de las normas debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Asimismo, señaló que la jerarquía normativa impone una disciplina de pensamiento en el intérprete al indicarle un orden de prelación que no puede desconocerse en la tarea de interpretación.
Señaló, con cita en doctrina de este Tribunal, que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas y que la interpretación que de ellas se efectúe debe hacerse de tal manera que las mismas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas (causas Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001; C. 101.787, "Municipalidad de Chivilicoy", sent. de 2-III-2011; C. 117.079, "Racing Club Asociación Civil", sent. de 8-IV-2015; B. 67.395, "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.)", sent. de 20-IX-2017, e.o.).
Bajo esas premisas, sostuvo que el legislador puso en cabeza de la Provincia la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo.
Por otra parte, destacó que fue la Municipalidad demandada quien requirió a la autoridad provincial el reconocimiento de insalubre de las tareas que se desarrollan en ciertas áreas de salud de la comuna, no pudiendo desconocer los efectos que de ella se derivan, como ser la aplicación del decreto 1.351/71.
Entendió que de tal modo se desprende el reconocimiento del propio municipio en orden a que la ordenanza 7.785/84 no regula la cuestión en materia de insalubridad, la aceptación de que dicha competencia la tiene el organismo provincial y que el municipio -en esta materia y por ese acto propio- fue quien renunció o limitó su autonomía en lo que es objeto de controversia.
Refirió a la doctrina de este Tribunal que tiene dicho que por aplicación de la denominada "teoría de los actos propios" resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (conf. doctrina de las causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
III.3. En relación al pago de las sumas reclamadas por la actora en vista de las horas que trabajó en exceso, el Tribunal de Alzada señaló que en tanto la accionante fue designada con un régimen horario de 36 horas semanales y teniendo en cuenta la forma en que se resolvió la pretensión de la reducción horaria, corresponde hacer lugar a su pedido.
Afirmó que, en todo caso, por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida el municipio se hallaba en mejores condiciones de aportar los elementos tendientes a demostrar que la actora no trabajó las horas asignadas.
III.4. Por otra parte, rechazó el agravio vinculado con el reconocimiento de la antigüedad por los servicios prestados por la demandante en el marco de su residencia médica en el Hospital Zonal Profesor doctor Ramón Carrillo por considerar que el argumento relativo a la inexistencia de convenio de reciprocidad entre la comuna y la Provincia, además de ser reiteración de lo argumentado en la contestación de demanda, no constituía una crítica razonada (v. fs. 371 y 176 vta.). Sin perjuicio de ello, sostuvo que de los términos de la ley 10.471 (arts. 29, 30, 31, 32 inc. "a" y 52), de las constancias de autos (v. fs. 240 y 10 del legajo 23.232 de la actora) y de conformidad con la doctrina legal de este Tribunal (causa B. 56.318, "Triaca", sent. de 26-V-1998) surgía que el planteo de la actora resultaba procedente.
III.5. Por último, no advirtió razones atendibles para hacer lugar al cuestionamiento respecto a la imposición de las costas y apartarse así del principio objetivo de la derrota que a partir de la modificación del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437) rige en la materia.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 418/432 la Municipalidad demandada denunció la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, entonces vigente.
Específicamente advirtió que el Tribunal a quo efectuó una interpretación errada en cuanto señaló que la ordenanza 7.785/84, que regula la carrera hospitalaria en el ámbito municipal, fue dictada en el marco de la ley 11.759 y no como derivación del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional.
Reiterando argumentos expuestos en el recurso de apelación, planteó que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC).
Afirmó que la relación laboral de la accionante con el municipio no se rige por la ley 11.759 ya que dicha norma no se aplica a los trabajadores profesionales que desarrollan sus tareas en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública municipal.
Expresó que no es válido el argumento de que la ordenanza 7.785/84 fue dictada en el marco de la ley 11.759 -que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que hubiesen adherido-, pues más allá de la inconsistencia temporal, la vigencia de la ordenanza municipal citada deriva del art. 2 inc. "b" de la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656).
Adujo que la decisión de las instancias ordinarias vulnera el principio de autonomía municipal toda vez que la resolución 11.572/06 se fundó en el decreto 1.351/71, cuyo ámbito de aplicación está reservado para los establecimientos asistenciales que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sostuvo que el expediente iniciado por el municipio ante la cartera laboral no constituye un acto administrativo en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, motivo por el cual no puede interpretarse que el municipio adhirió a la ley 11.759, ni que se encuentre derogado el decreto municipal 282/98. Menos aún que se extienda el decreto 1.351/71 a establecimientos asistenciales no previstos en dicha norma.
En ese entendimiento, consideró que la sentencia en crisis realizó una indebida aplicación de la "teoría de los actos propios" a la luz de la doctrina legal de este Tribunal.
En forma subsidiaria, se agravió del reconocimiento efectuado por la Cámara de las horas suplementarias laboradas en exceso, en cuanto entendió que ello vulnera la doctrina legal que rige en materia de carga probatoria.
Por otra parte, en relación a lo decidido respecto de la antigüedad por los servicios prestados en el Hospital Zonal Profesor doctor Ramón Carrillo señala que el Tribunal de Alzada, bajo la invocación del principio de progresividad, resolvió en contradicción con las disposiciones legales aplicables a la relación estatutaria de autos.
Refuta la omisión del a quo de abordar la inexistencia de un convenio de reciprocidad entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires respecto de la residencia médica que cumplió la actora en un establecimiento provincial, circunstancia que -en su criterio- constituye un óbice para reconocer dichos años a los efectos pretendidos (arts. 63 y 80, ordenanza 7.785/84).
Afirma, teniendo en cuenta la habilitación legal y constitucional que expresamente consagraba el art. 2 la ley 11.757 entonces vigente, que el régimen provincial de la Carrera Médico Hospitalaria (ley 11.759) es incompatible con el régimen especial de empleo establecido en el ámbito municipal (ordenanza 7.785/84).
Indica que el art. 80 de la ordenanza citada prevé que "la situación de revista del agente en la carrera para el consiguiente cómputo de antigüedad se efectuará considerando los años de servicio de empleados en establecimientos hospitalarios oficiales de la Municipalidad de La Matanza, o los que respondan a una carrera de orden municipal o provincial, cuando existan convenios de reciprocidad. Cuando se den en el orden nacional o de otras provincias condiciones similares a las que establece la presente ordenanza para los hospitales oficiales de la Municipalidad de La Matanza, la Secretaría de Salud Pública con el dictamen favorable de la Comisión Profesional Permanente, podrá firmar convenios de reciprocidad con ellos".
Concluye que la inexistencia de un convenio de reciprocidad suscripto entre su representada y la Provincia referida al reconocimiento de la antigüedad de los agentes incluidos en la Carrera Hospitalaria torna improcedente el derecho reconocido por las instancias ordinarias, vulnerando -a su criterio- el principio de separación de poderes en su proyección al derecho público local (art. 5, Const. nac.).
Refirió que la solución propiciada por el Tribunal de Alzada sobre esta cuestión, en tanto confirma lo decidido por el juez que previno se contrapone al criterio vertido en un precedente del propio Tribunal para resolver una cuestión análoga.
Finalmente, reiteró el agravio expuesto en la apelación respecto a la imposición de las costas.
V. Adelanto que, en mi opinión, el recurso interpuesto no prospera.
V.1. Conforme surge de los antecedentes de la causa la actora se desempeña como médica neonatóloga en el Hospital Municipal del Niño de San Justo, cuyo servicio -entre otros- ha sido declarado insalubre mediante la resolución 11.572 del 14-XII-2006.
La Cámara interviniente entendió, de acuerdo a las normas implicadas y a los principios constitucionales rectores, que la competencia en materia de insalubridad es de resorte provincial.
La sentencia atacada destacó que la norma municipal que regula la carrera hospitalaria no contiene previsión alguna respecto al régimen de insalubridad y que, conforme las disposiciones de la ley 10.149, la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo la posee la Subsecretaría de Trabajo (arts. 37 y 40, ley cit.).
La controversia en este aspecto se muestra sustancialmente análoga a la suscitada en los autos A. 73.780, "Dávila" (sent. de 26-XII-2018). De allí que, tal como se decidiera en el citado precedente el agravio en torno a la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, no es de recibo.
En ese orden, cabe señalar que con relación a la interpretación que efectúa el Tribunal de Alzada para reconocerle a la parte actora el derecho a la reducción de su jornada laboral, en virtud de la declaración de la insalubridad de las tareas que desarrolla el personal de Neonatología del Hospital Municipal del Niño y a la circunstancia que fuera el propio municipio quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo en diversas áreas de salud, la recurrente sólo refiere que el art. 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades entonces vigente (ley 11.757) menciona los sujetos excluidos de su aplicación, entre los que se encuentra el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto.
En tal sentido, afirma que la ley provincial 11.759 no es aplicable a la relación estatutaria que la accionante mantiene con la comuna.
V.2. De una atenta lectura de la pieza recursiva advierto que la recurrente no cumple adecuadamente con la fundamentación de sus agravios, sino que reitera -ante esta instancia extraordinaria- las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueron adecuadamente consideradas -y rechazadas- por el Tribunal a quo , circunstancia que obsta a la procedencia de aquellos.
Es doctrina de esta Suprema Corte que resulta insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. de las causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Sobre ese modo de proceder esta Corte tiene dicho que luce insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013 y A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014).
V.3. A su vez, el recurrente señala que la ordenanza 7.785/84 de manera alguna podría derivar de la ley 11.759, sino de lo dispuesto por la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656) que regulaba el régimen para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, del cual quedaba excluido el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto (art. 2 inc. "b").
Tal argumento tampoco puede prosperar, en tanto la prestación de los servicios de los profesionales de la salud cuyos lugares han sido declarados insalubres debe diferenciarse de alguna manera con los restantes servicios, contando con un régimen especial.
Adiciono a ello que fue el propio municipio demandado quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo de diversas áreas de salud de la comuna.
V.4. El agravio relativo a la indebida aplicación de la doctrina de los actos propios también
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.