Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74071
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.071, "Cacho, Daniel Oscar y otro contra Marcón, Luisa Valeria y otros. Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- dispuso rechazar la defensa de prescripción opuesta por la codemandada Provincia de Buenos Aires y hacer lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por la parte actora, mediante la cual pretendió la reparación de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del menor Mariano Cacho, como consecuencia de la deficiente atención médica recibida en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a los apelantes vencidos -art. 51 inc. 1, Código Contencioso Administrativo, texto ordenado ley 14.437- (v. fs. 2.030/2.060).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.066/2.073 y vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 2.074 y vta.
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 2.180/2.183), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 2.184), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- dispuso: i) desestimar la defensa de prescripción opuesta por la codemandada Provincia de Buenos Aires; ii) declarar la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil y iii) hacer lugar -con el alcance indicado en los antecedentes del fallo- a la demanda contencioso administrativa promovida por la parte actora -en su carácter de progenitores y hermanos del menor Mariano Cacho-, contra los doctores Eduardo Andrés Ramajo, Luisa Valeria Marcón, la Provincia de Buenos Aires y la firma citada en garantía Economía Comercial S.A., mediante la cual pretendió la reparación de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del citado menor, como consecuencia de la deficiente atención médica recibida en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata (HIEMI).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa-, el Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado, por considerar que los argumentos blandidos no lograron socavar el razonamiento estructurado en la sentencia de primera instancia para repeler la defensa de prescripción opuesta en la contestación de demanda.
I.1. En primer lugar, señaló que atento la fecha del hecho dañoso (4 de marzo de 2002) y la de interposición de la demanda (7 de marzo de 2005), el escrutinio de los plazos de prescripción de la acción impetrada y de sus eventuales implicancias -suspensión e interrupción- debía efectuarse a la luz del entonces vigente Código Civil.
I.2. Posteriormente, se adentró al análisis de la crítica argüida por el Fisco provincial, mediante la cual reprochó que se le otorgue aptitud suspensiva del plazo de prescripción a la carta documento obrante a fs. 742, ello así: i) por haber sido remitida a la Fiscalía de Estado, cuando debió direccionarse a la Provincia de Buenos Aires o Ministerio de Salud provincial y, ii) a todo evento, por no encontrarse acreditada su recepción y contenido.
I.3. El Tribunal de Alzada desestimó los reproches precedentes en base a las siguientes consideraciones:
I.3.a. Con relación a la primera crítica, sin perjuicio de puntualizar que fue fruto de una reflexión tardía, circunstancia que -aclaró- de por sí autorizaría a repeler la queja, ponderó que el rol institucional de defensor de los intereses de la Provincia de Buenos Aires, que le asignaran a la Fiscalía de Estado tanto el constituyente provincial (art. 155, Const. prov.) como el legislador (mediante dec. ley 7.549/69), la sitúa en una posición tal que le impide desconocer los efectos jurídicos suspensivos de una carta documento que fuera remitida por quienes se consideraban acreedores del Estado provincial.
Destacó, que aunque la misiva no se dirigió directamente a la Provincia de Buenos Aires, tuvo como destinatario al organismo constitucional que, integrando la burocracia estatal provincial, asume el trascendente rol de defender los intereses patrimoniales provinciales.
A partir de lo expuesto, concluyó que la remisión por los actores de la carta documento a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires no constituye óbice para que se postule su aptitud para suspender el término de la prescripción de la acción con el alcance fijado por el art. 3.986 del Código Civil, entonces vigente.
I.3.b. Por otro lado, a tenor de la constancia documental obrante a fs. 742 y el informe elaborado por el Correo Argentino de fs. 1.061, concluyó sobre la veracidad del reclamo y la fecha de su realización. En suma, consideró que la parte actora acreditó la existencia de un acto con eficacia suspensiva del término de la prescripción (arts. 375 y 384, CPCC).
I.4. Como corolario, ponderó que: i) no encontrándose controvertido que el plazo de prescripción aplicable es el regulado en el art. 4.037 del derogado Código Civil; ii) el hecho ilícito ocurrió con fecha 4 de marzo de 2002; iii) ha mediado una intimación fehaciente y con entidad para suspender por el término de un año el plazo prescriptivo en los términos del art. 3.986 del derogado Código Civil y; iv) la demanda fue interpuesta a las 8:44 hs. del día 7 de marzo de 2005 (esto es, dentro del plazo de gracia del día hábil siguiente al que finiquitara el plazo de prescripción), el pronunciamiento de grado se ajusta a derecho en cuanto repeliera la defensa de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 2.066/2.073 vta., en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: i) violación de los arts. 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional; 155 de la Constitución provincial; 3.986 del derogado Código Civil y decreto ley 7.543/69; ii) arbitrariedad y iii) violación de doctrina legal de esta Corte que entiende comprometida en el caso.
II.1. Considera arbitraria la decisión de la Cámara en cuanto desestima la defensa de prescripción, al otorgarle efecto suspensivo a la carta documento remitida a la Fiscalía de Estado, aun cuando la misma no haya sido dirigida a la Provincia o a la autoridad provincial a la que se le endilga responsabilidad (Ministerio de Salud provincial o al propio HIEMI).
Sostiene, que tanto el decreto ley 7.543/69 como el art. 155 de la Constitución provincial, establecen en forma clara y precisa las incumbencias y ámbitos de actuación del Fiscal de Estado, y que solo una interpretación forzosa de dicha normativa permite concluir en la legitimación de esa representación fiscal para tenerla por receptora válida de la intimación cursada a los efectos suspensivos previstos en el art. 3.986 del derogado Código Civil.
Señala, que no todo es parte de una misma burocracia estatal -como lo llama la Cámara-, y que se debe interpretar en conjunto la ley que regula el ejercicio de la función del Fiscal de Estado con la ley de Ministerios provinciales (ley 13.575), que específicamente regula sus atribuciones y competencias, que no se confunden con las atribuciones del primero.
Infiere que la sentencia es arbitraria, pues llega a una interpretación por extensión de la norma que se desvía de la voluntad expresa del legislador.
Asimismo, indica que la decisión en crisis, vulnera el principio de división de poderes y de legalidad, al crear en forma arbitraria ámbitos funcionales no previstos por el legislador.
Manifiesta que el a quo soslayó la condición de independiente del organismo constitucional, circunstancia que aleja aún más la posibilidad de ser vinculado con una cartera ministerial a través de una interpelación dirigida a ésta.
Denuncia que se violentó la defensa en juicio y el debido proceso, en tanto la sentencia en crisis incurre en una conclusión que no resulta derivación razonada del derecho vigente, contraviene un adecuado servicio de justicia, soslaya la división de poderes y el principio de legalidad.
II.2. En otro orden de ideas, denuncia que el fallo atacado adolece de errores de lógica jurídica, toda vez que la relación jurídica procesal ha quedado conformada con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, siendo este último representado procesalmente por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (art. 1, dec. ley 7.543/69).
Frente a ello, pondera que cualquier acto preconstitutivo del proceso que pretende tener efectos en el curso del mismo, sólo puede ser tenido por válido y eficaz si se cumple con el sujeto procesal contra quién dicha acción habrá de interponerse, y no contra otro diferente (principio de identidad).
II.3. A todo evento, señala que la intimación a la que se pretende asignar efectos suspensivos del curso de la prescripción ha sido remitida a la Delegación Mar del Plata de la Fiscalía de Estado.
Puntualiza que, los arts. 27 y siguientes del decreto ley 7.543/69 exigen que la promoción de las acciones contra la Provincia o sus reparticiones autárquicas deberán ser notificadas mediante cédula al despacho del señor Fiscal de Estado, bajo pena de nulidad.
Deduce analógicamente que, si el actor pretendió intimar a la Provincia o al Ministerio implicado a través de su representación, debió mínimamente dirigirse al despacho del Fiscal de Estado y no a la Delegación departamental.
II.4. Concluye, que el correcto dimensionamiento de la función de la Fiscalía de Estado y consecuentemente, la ausencia de su legitimación para ser interpelado por el art. 3.986 del Código Civil, entonces vigente, habría conducido al acogimiento de la defensa de prescripción planteada por esa representación fiscal y, por lo tanto, al rechazo de la pretensión indemnizatoria receptada en el decisorio en crisis.
III. En coincidencia con lo dictaminado por la señora Procuradora General, opino que el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1. Preliminarmente, advierto que la Cámara actuante ponderó que los argumentos -vinculados a la falta de legitimación pasiva de la Fiscalía de Estado para ser interpelada en representación del Ministerio de Salud o del propio HIEMI- que fueran llevados a esa instancia por la recurrente, constituyeron fruto de una reflexión tardía, lo que de por sí -aclaró- ameritaría repeler la queja (v. fs. 2.040).
En este sentido, el a quo señaló que las razones vertidas en el libelo de apelación no fueron expuestas en ocasión de articular la defensa de prescripción, en la que sólo se postuló que la remisión de la carta documento a la Fiscalía de Estado "...'bajo ningún punto de vista ha logrado alcanzar los efectos que prevé el art. 3.986' del Código Civil" (fs. cit.).
En efecto, esta consideración respecto a la novedad de los planteos esgrimidos en la instancia recursiva, no ha merecido réplica alguna en la pieza en tratamiento.
Al respecto cabe recordar, que es requisito de ineludible cumplimiento para la recurrente, la réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.763, "Cheves", sent. de 29-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
III.2. Sin perjuicio de lo expuesto, tampoco advierto en esta instancia extraordinaria la existencia de algún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, habida cuenta que lo que se plantea como agravios y causales de casación, no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad del Fisco recurrente con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
III.2.a. En efecto, como surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte a través del recurso extraordinario intentado, se circunscribe a determinar si la carta documento enviada a la Fiscalía de Estado, tuvo aptitud para suspender el término prescriptivo con el alcance establecido por el art. 3.986 del Código Civil, entonces vigente.
En este contexto, alegando la violación de ciertas normas (art. 155, Const. prov. y dec. ley 7.543/69) y doctrina legal que estima aplicable al caso, la recurrente pretende discutir en esta instancia lo relativo a la configuración o no de una causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción resarcitoria.
En respuesta a ello, liminarmente cabe recordar que este Tribunal ha señalado que las cuestiones vinculadas con la suspensión o interrupción de la prescripción resultan, por regla, ajenas a su competencia de casación.
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que determinar el plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causa A. 71.567, "Zapata", sent. de 4-V-2016).
Fuera de que la recurrente omite incluso mencionar la causal de absurdo, aludiendo al supuesto de arbitrariedad que resulta propio del recurso extraordinario federal (conf. doctr. causas C. 119.025, "Aceto", sent. de 6-V-2015 y C. 120.250, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 2-III-2016), lo cierto es que, al margen de esa cuestión terminológica, la impugnante ni siquiera se ha encargado de precisar el modo en que habría quedado configurado el aludido desvío lógico del fallo atacado (v. fs. 2.066/2.073 vta.).
III.2.b. Más allá de lo expuesto, tampoco se advierte un vicio lógico jurídico que descalifique la decisión del Tribunal de Alzada.
A este respecto, cabe destacar que la Cámara, luego de tener por acreditado la veracidad del reclamo y la fecha de su realización -extremos que llegan firme a esta instancia-, señaló que la circunstancia de haber sido dirigida la carta documento a la Fiscalía de Estado (en vez de a la Provincia de Buenos Aires o al Ministerio de Salud), no era óbice para que aquella surtiera efectos suspensivos de la prescripción de la acción, con el alcance fijado en el art. 3.986 del derogado Código Civil, en tanto el destinatario de la misma resultó ser el organismo constitucional que, integrando la burocracia estatal provincial, asume el trascendente rol de defender los intereses patrimoniales provinciales.
Destacó, que dicho rol institucional que le asignaran a la Fiscalía de Estado tanto el constituyente provincial (art. 155, Const. prov.) como el legislador (mediante dec. ley 7.549/69), la sitúa en una posición tal que le impide desconocer los efectos jurídicos suspensivos de una carta documento que fuera remitida por quienes se consideraban acreedores del Estado provincial.
Frente a tal base argumental, el Fisco codemandado -reiterando los mismos argumentos planteados en la apelación ordinaria-, se limita a cotejar el razonamiento de la Cámara con la letra del art. 155 de la Constitución provincial y del decreto ley 7.549/69, para finalmente concluir que el mismo es fruto de una interpretación forzosa, ya que de la normativa citada no surge la legitimación de esa representación fiscal para tenerla por receptora válida de la intimación cursada a los efectos de suspender el plazo de la prescripción en los términos del art. 3.986 del Código Civil, entonces vigente. A todo evento, postula -por analogía con el traslado de la demanda-, que la carta documento debió ser notificada en el despacho del señor Fiscal de Estado y no en la delegación departamental.
Como se advierte, la recurrente se limita a reproducir los agravios invocados en el recurso de apelación -ya ponderados por el a quo -, sin añadir otros, y con desatención del análisis desarrollado por dicho tribunal. Así, la Cámara juzgó -a partir de la interpretación jurídica de la normativa involucrada- que el trascendente rol de la Fiscalía de Estado en la defensa de los intereses patrimoniales provinciales, le impide desconocer los efectos jurídicos suspensivos de una carta documento que fuera remitida por quienes se consideran acreedores del Estado provincial.
Esta parcela de análisis del fallo de segunda instancia -al margen de su acierto o error- no fue controvertida por la impugnante en su recurso extraordinario, quien, de esa forma, prescindió de realizar una crítica concreta e integral de la sentencia. En otros términos, no abordó apropiadamente las mencionadas razones adoptadas por el órgano jurisdiccional para cimentar la decisión puesta en entredicho e incurrió, con ello, en un déficit recursivo que obsta su decisión favorable en este punto.
En este sentido esta Corte tiene dicho que, resulta insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
Lo expuesto sella la suerte adversa del planteo analizado en este punto, toda vez que el déficit que exhibe la pieza recursiva a ese respecto enerva la posibilidad de revisar la solución jurídica del fallo, en tanto no puede ser suplido oficiosamente por esta Suprema Corte mediante inferencias o interpretaciones que tiendan a sustituir a la parte interesada en el cumplimiento de una carga que le es propia (conf. doctr. causas A. 72.739, "Pérez", sent. de 10-V-2017 y A. 71.438, "Cappiello", sent. de 12-VII-2017).
Finalmente, corresponde recordar que la interpretación de la prescripción debe ser restrictiva y en consecuencia, prescindiendo del juego de presunciones de virtualidad abdicativa, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho, criterio que acentúa su importancia cuando se trata de establecer la posibilidad real que pudo asistir a una persona de emprender una acción útil en defensa de sus derechos (conf. doctr. causa L. 78.855, "Cebrymsky", sent. de 18-IV-2007).
III.3. Por otro lado, tampoco es de recibo la alegada violación de las normas legales y constitucionales, toda vez que no se logra acreditar de qué manera el pronunciamiento colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la agraviada -en este caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016).
III.4. La misma suerte adversa debe correr el agravio referido a la violación de la doctrina legal de este Tribunal que la recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de esta Suprema Corte que recayeron en causas con distin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.