Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74267
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.267, "Suarez, Marisa Viviana contra Municipalidad de La Matanza. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Matanza y admitió parcialmente el deducido por la parte actora, en relación al período en el que se le deberán abonar las horas suplementarias trabajadas en exceso en virtud de la reducción de la jornada laboral a raíz de la declaración de insalubridad formalizada mediante la resolución 11.572/06 (v. fs. 391/409).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 412/424).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La señora Marisa Viviana Suarez promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza pretendiendo la adecuación de su jornada laboral de conformidad a lo establecido por la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo de fecha 14-XII-2006 y al decreto 1.351/71. Asimismo solicitó se le abonen las horas trabajadas en exceso.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza -en la oportunidad de resolver la medida cautelar solicitada- (v. fs. 50/54) ordenó al municipio demandado a reducir la jornada laboral de la actora a 27 horas semanales manteniendo la remuneración de la jornada de 36 horas, de conformidad con la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo, lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada a fs. 79/83.
A fs. 340/354 luce agregada la sentencia de primera instancia en la cual el juez que previno reconoció el derecho de la actora a obtener la reducción de su jornada laboral en 1/4 de la correspondiente a su clase y función desde la fecha en que se produjo la declaración de insalubridad en el Hospital Municipal del Niño mediante la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo, sin afectar su situación de revista o retribución ni el monto de los aportes que efectúa al sistema previsional.
En consecuencia, ordenó al municipio demandado a reducir a 27 horas semanales la jornada de la accionante, sin perjuicio de admitir -por razones de interés público- la posibilidad de reencuadrar su situación en una jornada de 36 horas semanales efectivas, cuya remuneración y aportes previsionales deberán ser liquidados con arreglo a un régimen horario de 48 horas semanales (v. cons. VII a fs. 351/352).
Por otra parte, admitió parcialmente el reclamo en relación al pago de las horas trabajadas en exceso a partir de la jornada laboral reducida.
De ahí, condenó al demandado a abonar las horas suplementarias laboradas en exceso de la jornada reglamentaria (9 horas semanales) desde la efectiva notificación de su reclamo a la comuna -15 de marzo de 2012- hasta el 7 de enero de 2013, con arreglo a las pautas previstas en el art. 21 de la ley 11.757 entonces vigente y las que surgen de la prueba pericial contable. A ello, adicionó la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días debiendo liquidarse desde la fecha que cada suma ha sido debida hasta la fecha del efectivo pago (arts. 622, Cód. Civ.; 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561 y 5, ley 25.561).
Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
III. Apelado el pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín desestimó el recurso presentado por la Municipalidad demandada e hizo lugar, parcialmente, al interpuesto por la parte actora (v. fs. 391/409). En consecuencia, ordenó el pago de las horas suplementarias trabajadas en exceso a partir del 6 de enero de 2011 -fecha en la cual se designó a la doctora Suarez como médica con especialidad en neonatología- hasta el 7 de enero de 2012, siempre y cuando hayan sido efectivamente laboradas.
En lo que a la instancia extraordinaria interesa, cabe señalar que el Tribunal de Alzada centró la cuestión a dilucidar en determinar el régimen normativo aplicable a la doctora Suarez, en virtud de la declaración de insalubridad efectuada por la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo.
III.1. Indicó que la sentencia del juez de grado no transgrede el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC) toda vez que el magistrado resolvió la cuestión conforme lo planteado en la demanda pudiendo, por imperio del principio iuria novit curia , enmendar el derecho invocado o suplir el omitido sin que ello importe infracción al principio antes aludido ni afectación del derecho de defensa de la contraparte.
Señaló que a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida, supuestos que no se verifican en el caso bajo análisis.
III.2. Por otra parte, precisó las normas que conforman el marco jurídico del sub lite a fin de analizar el agravio relativo a la afectación de la autonomía municipal.
A esos fines recordó que los arts. 14 bis y 39 de las Constituciones nacional y provincial reconocen, respectivamente, los derechos de los trabajadores y, los arts. 41 y 28 garantizan a todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.
Mencionó que la ley 11.759 establece el estatuto que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que se encuentren adheridos a dicha ley (conf. art. 1, ley cit.).
Indicó que el municipio demandado no adhirió al mencionado régimen, y que la carrera hospitalaria municipal se encuentra regulada por la ordenanza 7.785/84 de la cual no surge referencia alguna al régimen de insalubridad.
Afirmó que dicha norma no determina en forma expresa las condiciones laborales de los profesionales de la salud ante las eventuales modulaciones que los regímenes horarios pudieran sufrir en los casos en los que -como el de autos- exista una declaración de insalubridad por parte de la autoridad administrativa con competencia para ello.
Señaló que la Subsecretaría de Trabajo tiene la facultad de declarar insalubres los lugares de trabajo (arts. 2 y 37, ley 10.149), por lo cual es resorte de dicho organismo declarar -a través del procedimiento pertinente y previa intervención de las áreas competentes- esa condición respecto de lugares, tareas o ambientes de trabajo.
Recordó que la interpretación de las normas debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Asimismo señaló que la jerarquía normativa impone una disciplina de pensamiento en el intérprete al indicarle un orden de prelación, que no puede desconocerse en la tarea de interpretación.
Señaló, con cita en doctrina de este Tribunal, que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas y que la interpretación que de ellas se efectúe debe hacerse de tal manera que las mismas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas (causas Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001; C. 101.787, "Municipalidad de Chivilicoy", sent. de 2-III-2011; C. 117.079, "Racing Club Asociación Civil", sent. de 8-IV-2015; B. 67.395, "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.)", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Bajo esas premisas, sostuvo que el legislador puso en cabeza de la Provincia la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo.
Por otra parte, destacó que fue la Municipalidad demandada quien requirió a la autoridad provincial el reconocimiento de insalubre de las tareas que se desarrollan en ciertas áreas de salud de la comuna, no pudiendo desconocer los efectos que de ella se derivan, como ser la aplicación del decreto 1.351/71.
Entendió que de ello se desprende el reconocimiento del propio municipio de que la ordenanza 7.785/84 no regula la cuestión en materia de insalubridad, la aceptación de que dicha competencia la tiene el organismo provincial y que el municipio -en esta materia y por ese acto propio- fue quien renunció o limitó su autonomía en lo que es objeto de controversia.
Refirió a la doctrina de este Tribunal que tiene dicho que, por aplicación de la denominada "teoría de los actos propios" resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (conf. doctr. causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
III.3. En relación a la improcedencia del pago de las sumas reclamadas por las horas que trabajó en exceso, el Tribunal de Alzada señaló que en virtud de que la accionante fue designada con un régimen horario de 36 horas semanales y teniendo en cuenta la forma en que se resolvió la pretensión de la reducción horaria, corresponde que se le abonen las horas trabajadas en exceso.
Advirtió que la Municipalidad demandada no aportó prueba alguna que desvirtuara la afirmación de la actora respecto a la jornada de trabajo conforme su acto de designación -ver fs. 213/214 de legajo-, aclarando que en atención a los períodos de licencia que tuvo la doctora Suarez deberán abonarse las horas efectivamente trabajadas.
III.4. Por último, no encontró razones atendibles para hacer lugar al agravio respecto a la imposición de las costas y apartase del principio objetivo de la derrota que a partir de la modificación del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437) rige en la materia.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 412/424 la Municipalidad demandada denunció la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, entonces vigente.
Específicamente advirtió que el tribunal a quo efectuó una interpretación errada en cuanto señaló que la ordenanza 7.785/84 que regula la carrera hospitalaria municipal fue dictada en el marco de la ley 11.759, y no como derivación del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional.
Reiterando argumentos expuestos en el recurso de apelación, planteó que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC).
Afirmó que la relación laboral de la accionante con el municipio no se rige por la ley 11.759 ya que dicha norma no se aplica a los trabajadores profesionales que desarrollan sus tareas en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública municipal.
Expresó que no es válido el argumento de que la ordenanza 7.785/84 fue dictada en el marco de la ley 11.759 -que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que hubiesen adherido-, pues más allá de la inconsistencia temporal, la vigencia de la ordenanza municipal citada deriva del art. 2 inc. "b" de la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656).
Adujo que la decisión de las instancias ordinarias vulnera el principio de autonomía municipal toda vez que la resolución 11.572/06 se fundó en el decreto 1.351/71, cuyo ámbito de aplicación está reservado para los establecimientos asistenciales que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sostuvo que el expediente iniciado por el municipio ante la cartera laboral no constituye un acto administrativo en los términos de la ley orgánica de las municipalidades, motivo por el cual no puede interpretarse que el municipio adhirió a la ley 11.759, ni que se encuentra derogado el decreto municipal 282/98 y, menos aún, que se extienda el decreto 1.351/71 a establecimientos asistenciales no previstos en dicha norma.
En ese entendimiento consideró que la sentencia en crisis realizó una indebida aplicación de la "teoría de los actos propios" a la luz de la doctrina legal de este Tribunal.
En forma subsidiaria, se agravió del reconocimiento efectuado por la Cámara de las horas suplementarias laboradas en exceso, en cuanto entendió que ello vulnera la doctrina legal que rige en materia de carga probatoria.
Por último, calificó de dogmática la decisión del Tribunal de Alzada en relación a la imposición de las costas, reiterando los agravios expuestos en la apelación.
V. El recurso articulado no puede prosperar (art. 279, CPCC).
V.1. Conforme surge de los antecedentes de la causa la actora se desempeña como médica de guardia especialista en neonatología en el Hospital Municipal del Niño de San Justo, cuyo servicio -entre otros- ha sido declarado insalubre mediante la resolución 11.572/06.
La Cámara interviniente entendió, de acuerdo a las normas implicadas y a los principios constitucionales rectores, que la competencia en materia de insalubridad es de resorte provincial.
La sentencia atacada destacó que la norma municipal que regula la carrera hospitalaria no contiene previsión alguna respecto al régimen de insalubridad, y que conforme las disposiciones de la ley 10.149, la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo la posee la Subsecretaría de Trabajo (arts. 37 y 40, ley cit.).
La contienda se muestra sustancialmente análoga a la causa A. 73.780, "Dávila", sentencia de 26-XII-2018 resuelta recientemente por este Tribunal y, la impugnación deducida por la accionada insuficiente en los términos exigidos por el art. 279 del Código ritual, motivo que me permiten reproducir -en lo pertinente- los lineamientos expuestos en la causa antes citada.
El agravio en torno a la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, no es de recibo.
A la interpretación que efectúa el Tribunal de Alzada para reconocerle a la actora el derecho a la reducción de su jornada laboral en virtud de la declaración de la insalubridad del nosocomio y a la circunstancia que fuera el propio municipio quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo de diversas áreas de salud, la recurrente sólo refiere que el art. 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades entonces vigente (ley 11.757) menciona los sujetos excluidos de su aplicación, entre los que se encuentra el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto.
En tal sentido, afirma que la ley provincial 11.759 no es aplicable a la relación estatutaria que la accionante mantiene con la comuna.
V.2. De una atenta lectura de la pieza recursiva advierto que la recurrente no cumple adecuadamente con la fundamentación de sus agravios, sino que reitera -ante esta instancia extraordinaria- las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueron adecuadamente consideradas -y rechazadas- por el tribunal a quo ; circunstancia que obsta al tratamiento de la queja por parte de este Tribunal.
Es doctrina de esta Suprema Corte que es insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Sobre ese modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013 y A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014).
V.3. Por su parte el recurrente señala que la ordenanza 7.785/84 de manera alguna podría derivar de la ley 11.759, sino de lo dispuesto por la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656) que regulaba el régimen para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, del cual quedaba excluido el personal municipal incluido en otros regímenes, salvo en los aspectos que ellos no hubieren previsto (art. 2 inc. "b").
Tal argumento no merece acogida pues la prestación de los servicios de los profesionales de la salud cuyos lugares han sido declarados insalubres debe diferenciarse de alguna manera de los restantes servicios, contando con un régimen especial.
Adiciono a ello que fue el propio municipio demandado quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo de diversas áreas de salud de la comuna.
V.4. El agravio relativo a la indebida aplicación de la doctrina de los propios actos tampoco es de recibo, pues determinar si corresponde -o no- la aplicación de tal doctrina, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, constituye una cuestión de hecho ajena, en principio, a la revisión de la instancia extraordinaria (conf. causas A. 72.157, cit.; A. 73.613, "Roldán", sent. de 22-III-2016; A. 71.157, "Spinelli", sent. de 30-III-2016; C. 120.235, "Fabbian y Ravena", sent. de 21-XII-2016; e.o.), salvo claro está, la existencia del vicio del absurdo, que en el caso no ha sido alegado, menos aún acreditado.
V.5. No acierta la recurrente al denunciar la vulneración de la doctrina legal en relación al principio de la carga de la prueba que rige para la procedencia del pago de las horas suplementarias por el cual el accionante debió probar la efectiva prestación de tales servicios (art. 365, CPCC).
El agravio no es de recibo, pues esta Corte tiene dicho que resulta inapropiada la invocación de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente alegado (causas A. 68.808, "M., A. y o.", sent. de 20-VI-2007 y A. 68.817, "Bersani", sent. de 20-VI-2007), tal como ocurre en el caso.
Si bien el quejoso individualiza los precedentes cuya doctrina se encontraría vulnerada (causas L. 37.003, "López Pereyra", sent. de 24-II-1987; L. 72.119, "Dure", sent. de 19-II-2002; e.o.), omite manifestar cómo ellos se relacionan con la cuestión debatida en autos.
Esta Corte tiene dicho que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
V.6. Por último, tampoco resulta atendible el cuestionamiento relativo al modo en que fueron fijadas las costas.
Cabe recordar la doctrina legal de esta Suprema Corte que establece que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas L. 51.571, sent. de 26-X-1993; Ac. 88.502, sent. de 31-VIII-2005; Ac. 77.574, sent. de 6-VIII-2003; Ac. 92.476, sent. de 6-IX-2006; e.o.),
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.