Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74433
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.433, "Clair, Marta Susana contra Municipalidad de Bahía Blanca. Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda articulada por la señora Marta Susana Clair contra la Municipalidad de Bahía Blanca, tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la caída que sufriera en la vía pública. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas a la accionante vencida -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 171/182).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 185/194), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 195 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 203) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda promovida por la señora Marta Susana Clair contra la Municipalidad de Bahía Blanca, tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente ocurrido el día 16 de octubre de 2012, en ocasión de haberse caído al suelo al tropezar con los desperfectos que presentaba la vereda emplazada en la calle Brown de la ciudad de Bahía Blanca, en el área lindante con las vías férreas ubicadas en las proximidades de la intersección entre dicha arteria y la calle Montevideo.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Liminarmente -a contrario del temperamento adoptado por el magistrado de grado-, tuvo por acreditada la mecánica del hecho dañoso en la forma que fuera descripta en la demanda.
I.2. Posteriormente, desestimó los factores de atribución de responsabilidad extracontractual endilgados a la comuna demandada con base en los arts. 1.113 y 1.112 del derogado Código Civil, por las siguientes consideraciones:
I.2.a. Por un lado, a la luz del precedente de esa Cámara en la causa "De Cecco" -en la que analizó diferentes antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, descalificó la aplicación del art. 1.113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil, entonces vigente, a efecto de responsabilizar al Estado en aquellos eventos dañosos ocurridos en lugares que se enmarcan en la definición de bienes de dominio público establecida por el art. 2.340 del citado Código.
Agregó que, en estos supuestos, el encuadre normativo aplicable es el art. 1.112 del mismo cuerpo legal, siendo necesario alegar y demostrar la falta de servicio en que incurrió la Administración, esto es la atención irregular, defectuosa o nula al deber de seguridad, que le es exigible como titular o explotador de los bienes de dominio público.
I.2.b. Por otro lado, juzgó no configurado en la especie un supuesto de responsabilidad estatal por falta de servicio (art. 1.112, Cód. Civ.).
Al respecto, destacó lo sostenido por la actora, en cuanto a que los desperfectos e irregularidades que presentaba la vereda en el lugar del accidente, patentizarían la presencia de un incumplimiento de la comuna frente a su obligación de mantener en buen estado de conservación las aceras de la ciudad de Bahía Blanca.
Frente a ello -con cita en precedentes de la Corte federal- indicó que la responsabilidad del Estado por falta de servicio debe entrañar una apreciación en concreto, que tome en cuenta la índole de la actividad, los medios que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño, a fin de evitar generalizaciones que transformen al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier daño.
Luego, enmarcó la cuestión en el ámbito de la responsabilidad estatal por sus comportamientos de abstención y procedió a distinguir detalladamente los diversos tipos de omisión que el esquema jurisprudencial vigente reconoce.
En ese contexto, indicó que mal podría responsabilizarse a la comuna por el daño sufrido por la actora, quién lo imputó a la omisión de ejercer adecuadamente el genérico deber de conservar en buen estado las veredas de la ciudad, ello así, ante la ausencia de aviso dirigido a poner en conocimiento del municipio la existencia de los desperfectos que presentaba la acera en la que tuvo lugar el evento dañoso.
Asimismo, adunó que el extenso entramado urbano que la ciudad de Bahía Blanca posee en la actualidad, dificulta un relevamiento permanente y sistemático del Estado de la totalidad de sus calzadas y aceras, por lo que la colaboración de los ciudadanos en la detección y comunicación de potenciales circunstancias dañosas es una conducta cívica esperable.
Por lo demás, indicó que por regla atañe a la parte actora la carga de acreditar las circunstancias alegadas en la demanda (conf. arts. 375 y concs., CPCC y 77, CCA) y descartó que la recurrente se hubiera encontrado imposibilitada de probar la existencia de un aviso u otra circunstancia que permitiera aseverar que la demandada se hallaba al tanto de las averías en la acera, en razón del carácter de juicio pleno que otorga el proceso contencioso administrativo.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) errónea aplicación de los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil, entonces vigente; b) violación del art. 16 de la Constitución nacional y c) vulneración de la doctrina legal de esta Corte y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
II.1. Liminarmente, insiste en sostener que resulta aplicable al sub lite el factor objetivo de atribución de responsabilidad contemplado en el art. 1.113 -segundo párrafo- del Código Civil, entonces vigente, en tanto éste permitiría ordenar al Estado la reparación de los perjuicios sufridos en lugares de dominio público.
Señala que la Cámara al subsumir el caso en el art. 1.112 del Código Civil y desplazar la aplicación del art. 1.113 del mismo Código, desconoce la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa C. 98.797, "Brandan", como así también, la de la Corte Suprema de Justicia federal sobre la materia.
Cuestiona los antecedentes jurisprudenciales citados por el a quo para fundar su decisión y efectúa consideraciones sobre la interpretación que debe darse a los arts. 1.113 y 1.112 del citado cuerpo legal. Manifiesta que este último, no puede ser utilizado para sustituir la aplicación al caso de la segunda parte del art. 1.113, el cual opera cuando ha intervenido en el hecho dañoso una cosa riesgosa -o viciosa-, sin perjuicio de que en el fallo se formulen consideraciones sobre conductas activas u omisivas de los funcionarios públicos involucrados.
II.2. A todo evento, se agravia de la sentencia en crisis en cuanto juzgó no configurada la responsabilidad estatal con base en una falta de servicio (art. 1.112, Cód. Civ.).
Puntualmente, se queja de la exigencia consistente en que la Municipalidad -dueña de la vereda en mal estado- debió haber sido previamente informada de dicha circunstancia para generar la obligación de reparar los daños. Considera que dicho requisito constituye una exigencia inédita e inequitativa.
Por otro lado, reprocha que el a quo haga recaer la prueba de tal requisito sobre la víctima del daño.
Finalmente, cuestiona la doctrina aplicada por la Cámara en punto a la responsabilidad genérica por omisión, sentada en la causa C. 98.541, "Espíndola", y aduce que, si bien el Estado no puede afianzar que ningún habitante sufra daño, ello no es incompatible con la posibilidad de responsabilizar al Estado por las cosas que pertenecen a su dominio público.
III. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 70.095, "Seras S.A.", sent. de 21-IX-2011; A. 70.148, "Cocci", sent. de 28-III-2012; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016; e.o.).
III.2. Advierto que la recurrente omite atacar idóneamente los fundamentos básicos del fallo.
El embate que propone la interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a indicar la norma que a su criterio rige la materia en litigio -art. 1.113, segundo párrafo del Código Civil, entonces vigente-, pero sin efectuar la crítica concreta del razonamiento desarrollado por el tribunal a quo para descalificar la aplicación de la citada norma y encuadrar la responsabilidad endilgada a la demandada bajo el ámbito de aplicación del art. 1.112 del citado cuerpo legal, marco normativo que, por lo demás, también fue considerado por la recurrente al momento de interponer la demanda (v. fs. 19, segundo párr.). Sus argumentos no van más allá de meros disentimientos personales que no logran demostrar que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente.
En efecto, la Cámara consideró inaplicable el art. 1.113, segunda parte, segundo párrafo del derogado Código Civil, a efectos de responsabilizar al Estado por eventos dañosos ocurridos en un bien de dominio público (art. 2.340, Cód. Civ.) y agregó -con base en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que en estos supuestos, la responsabilidad debe anclarse en la violación o desatención de su obligación de garantizar que dichos bienes posean un mínimo y razonable estado de conservación, debiendo alegarse y probarse la falta de servicio incurrida por la Administración (art. 1.112, Cód. Civ.).
Dichos fundamentos, no recibieron réplica adecuada por parte de la recurrente, quién -en esta instancia- insiste en propiciar un enfoque legal distinto pretendiendo hacer prevalecer su propio criterio al afirmar que la responsabilidad endilgada a la Municipalidad demandada, debió ser analizada bajo la órbita de la responsabilidad objetiva prevista en el art. 1.113 del citado cuerpo legal.
Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia, no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de la responsabilidad estatal frente al evento denunciado, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada respecto al encuadre conferido a tal tópico y a los antecedentes verificados en las actuaciones que le sirvieron de base para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no logra conmover la estructura básica del fallo al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador, partiendo de un punto de vista diferente y omitiendo indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterio- por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué promedia error en el modo como el tribunal de la causa ha visto la controversia (conf. doctr. causas C. 116.630, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 8-IV-2015; C. 117.241, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 16-VIII-2017 y C. 104.866, "Nieva", sent. de 29-VIII-2017).
Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia. Función que no es debidamente cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, como sucede en la especie, la réplica adecuada de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene (conf. causas A. 70.765, "Cabezali", sent. de 4-VI-2014; A. 71.370, "Belardo", sent. de 20-V-2015 y A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
III.3. Tampoco es de recibo la crítica tendiente a cuestionar el fallo en crisis en cuanto no tuvo por configurado el factor de atribución de responsabilidad con base en una supuesta falta de servicio (art. 1.112, Cód. Civ.).
La recurrente, con el argumento de invocar la violación del art. 1.112 del Código Civil, pretende discutir en concreto cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha en el supuesto excepcional de absurdo; causal que en el presente caso no ha sido invocada y menos aún demostrada (conf. doctr. causas C. 112.483, "Municipalidad de Vicente López", sent. de 21-XII-2011; A. 70.488, "Aballay", sent. de 30-III-2016; A. 71.747, "Andrés", sent. de 17-V-2017; e.o.).
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que la atribución de responsabilidad al ente estatal ante un evento dado conforma -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- una típica cuestión de hecho, extraña a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo (conf. causas C. 109.348, "Rodríguez Oliveira de Dalmao", sent. de 24-IV-2013; A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016 y C. 118.322, "Arrechea", sent. de 1-VI-2016).
Este vicio consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que derive en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o es incompatible con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas A. 70.569, "Bottaro", sent. de 26-IX-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica resulta inhábil para demostrar su configuración desde que la recurrente, sin invocarlo, se limita a cuestionar el fallo en crisis en cuanto exige la previa comunicación o denuncia a la comuna demandada en punto al mal estado que presentaba la vereda emplazada en el lugar del siniestro, como así también que la prueba de dicha exigencia recaiga sobre la víctima del daño, en un cometido que revela su sola discrepancia con la labor desarrollada por los magistrados, en uso de potestades que les son privativas, sellando irremediablemente la suerte adversa del intento revisor.
Para más, cabe señalar que la decisión del Tribunal de Alzada se encuentra fundada en precedentes de esta Corte, en donde se han sentado los lineamientos básicos respecto a la responsabilidad del Estado por omisión (causa C. 93.859, "Mansilla", sent. de 14-XI-2007; e.o.), como así también con relación a la carga probatoria en el ámbito del proceso contencioso administrativo (causa B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; e.o.).
III.4. Por otro lado, la expresión genérica de la recurrente en cuanto a que la sentencia en crisis habría quebrantado preceptos constitucionales, en particular la invocada violación del principio de igualdad, no tiene eficacia si no se indica claramente de qué manera el Tribunal incurrió en tal supuesta violación, tarea específica a cargo de la recurrente –en este caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causa A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018).
III.5. Finalmente, corresponde desestimar el agravio referido a la violación de la doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos, ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
En este sentido, esta Corte ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (conf. doctr. causas A. 71.967, "Nestlé Argentina S.A.", sent. de 9-III-2016; A. 69.919, "Perazzo", sent. de 8-IX-2010; e.o.).
A ello, cabe agregar que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por esta Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. doctr. causas A. 72.442 y A. 71.967, cits.; e.o.).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia